Apoyo de los Estados Unidos a los Derechos Humanos y la Democracia en la República Dominicana 2003-2004

Apoyo de los Estados Unidos a los Derechos Humanos y la Democracia en la República Dominicana 2003-2004

La República Dominicana posee un gobierno democráticamente elegido encabezado por Hipólito Mejía. Aunque hubo mejoría en algunas áreas, el desempeño del Gobierno en cuanto a los derechos humanos fue pobre, y persisten serios problemas, agravados por el empeoramiento de las condiciones económicas. A veces las débiles instituciones públicas no lograron proteger los derechos humanos fundamentales, ni hacer cumplir el estado de derecho. Los juicios no se celebraban de manera expedita, debido a lo tedioso de los procedimientos judiciales y a la falta de personal y recursos económicos de las instituciones, en un sistema de justicia carente de jueces calificados y motivados. La policía continuó utilizando la fuerza excesiva, y las ejecuciones extrajudiciales aumentaron. La violencia doméstica continuó siendo un problema grave. Para tratar estas inquietudes, la estrategia de los Estados Unidos en materia de derechos humanos y la democracia procura elevar el respeto a los derechos humanos, fortalecer las instituciones, y promover la celebración de elecciones presidenciales libres y justas. Además, la estrategia aborda la reforma policial, asuntos de trabajo infantil, medidas para combatir la corrupción, el respeto a las normas laborales internacionalmente reconocidas, y programas para combatir el tráfico de personas.

De manera rutinaria los funcionarios estadounidenses a resaltaron las preocupaciones por los derechos humanos, en sus pronunciamientos públicos. En varias ocasiones durante el año, el Embajador Hertell enfatizó la importancia de los derechos humanos en foros públicos y privados. El Sub-Secretario de Estado de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, en un discurso ante el Congreso Dominicano en diciembre del 2003, describió las inquietudes de los Estados Unidos por los derechos humanos, el estado de derecho, el tráfico de personas, la construcción de instituciones democráticas, y la necesidad de elecciones transparentes. El Representante de Estados Unidos para el Comercio Internacional y el Procurador General Asistente para los Derechos Civiles también abordaron estas prioridades en reuniones con funcionarios del gobierno dominicano durante sus visitas a la República Dominicana. Además, en junio la República Dominicana participó activamente en el Diálogo sobre la Democracia auspiciado por la Sub-Secretaria de Estado para Asuntos Globales, Paula Dobiansky. En dicho proyecto de Comunidad de Democracias, la República Dominicana trabajó con otros estados democráticos de África, América Latina, y el Caribe para discutir y desarrollar diálogos, instituciones y estrategias inter-regionales e intra-regionales, para fines de fortalecer el marco global de la democracia.

Los Estados Unidos abordó al Gobierno en cuanto a métodos para reducir las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y la violencia no justificada por parte de los miembros de la Policía Nacional. Una concesión de Fondos para los Derechos Humanos y la Democracia entregada en septiembre del 2003, permitirá la creación de Centros para el Reporte de Abusos Policiales en el 2004. A través de la asistencia estadounidense a las organizaciones no-gubernamentales de derechos humanos (NGOs) y el Instituto de la Policía Nacional para la Dignidad Humana, los ciudadanos podrán depositar querellas sobre el abuso policial en tres centros de reportes, los cuales crearán un sistema de información para registrar y canalizar las quejas y perfilar los abusos de derechos humanos para fines de investigación. Como resultado de dicho proyecto, las violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía serán reducidas, y será sancionado un mayor número de oficiales policiales.

Los Estados Unidos invirtieron más de $500,000 para asistir a la Policía Nacional en el desarrollo de un nuevo currículum para los reclutas y futuros oficiales en las Academias de la Policía. El currículum revisado de la policía incluye el entrenamiento en métodos policiales similares a las normas estadounidenses. Cumpliendo con la enmienda Leahy, el Grupo Militar de Asistencia y Asesoría trabajó estrechamente con las Fuerzas Armadas para depurar las unidades militares para fines de entrenamiento en los Estados Unidos., y los candidatos fueron depurados también por otras oficinas de la embajada.

Los Estados Unidos promovieron el estado de derecho en la República Dominicana apoyando la implementación de reformas judiciales. La asistencia técnica estadounidense apoyó un estudio del costo de la implementación del Código Procesal Penal del 2002, que entrará en plena vigencia a partir de septiembre del 2004. Con la asistencia de los Estados Unidos, en noviembre del 2003 la Suprema Corte de Justicia emitió varias resoluciones que exigen que la Policía Nacional obtenga una orden de arresto reemitida por una autoridad judicial competente, antes de arrestar o detener a un sospechoso, con la excepción de aquellas personas que sean apresadas en el acto de cometer un crimen. También en noviembre la Procuraduría General de la República emitió una resolución que exige que un acusado esté representado por un abogado en todas las fases de los procesos penales, y que la policía y los fiscales les informen a los acusados de sus derechos al momento de su arresto.

La asistencia y el entrenamiento técnicos brindados por los Estados Unidos también fortalecieron la eficiencia y la efectividad del sistema judicial. Para reducir el atraso de casos/expedientes pendientes de conocerse, los Estados Unidos ayudaron a crear un programa de defensa pública mediante el cual el Gobierno designó a 14 defensores del pueblo y a dos investigadores, y procesó unos 1,052 casos en el 2003. Los Estados Unidos proporcionaron asistencia técnica a la Escuela de la Fiscalía para el desarrollo de una Ley de Carrera del Ministerio Público. La ley, publicada en julio del 2003, estableció un mecanismo profesional para la selección de abogados designados a través de un sistema de servicio civil.

En mayo y septiembre del 2003, los Estados Unidos ofrecieron entrenamiento en la persecución de casos de lavado de dinero. El financiamiento por parte de la Oficina de Entrenamiento para la Asistencia del Desarrollo de Fiscales en el Extranjero, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, brindó entrenamiento a unos 60 jueces, fiscales y oficiales de la fuerza pública dominicana.

Para promover prácticas democráticas participativas dentro de los partidos políticos, los Estados Unidos auspiciaron la participación dominicana en programas de intercambio y educación cívica en los Estados Unidos. En febrero y marzo del 2003 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en sociedad con el National Democratic Institute, proporcionó fondos para que cinco jóvenes activistas comunitarios asistieran a un seminario en Washington sobre el liderazgo de partidos políticos. A su regreso a la República Dominicana, los participantes implementaron proyectos locales para reforzar los procesos democráticos dentro de sus respectivos partidos. Los Estados Unidos también financiaron un programa para promover la participación de la mujer en la política. El programa se enfocó en los métodos para promover a las mujeres como votantes y candidatas.

La Embajada estuvo profundamente involucrada en la promoción de la democracia. Los Estados Unidos procura financiar a observadores internacionales de elecciones a través de la Organización de Estados Americanos, para garantizar elecciones transparentes y justas en mayo del 2004. A través de la asistencia estadounidense a ONGs, unos 6,000 voluntarios dominicanos también fueron seleccionados y entrenados para observar las elecciones.

Para abordar el aumento reportado en la violencia doméstica, los Estados Unidos patrocinaron un proyecto para evitar la violencia doméstica y de género en la República Dominicana. La USAID brindó asistencia técnica para ayudar a concientizar al público al respecto. Una vez sea plenamente implementado, el proyecto asistirá a la Secretaría de la Mujer para desarrollar pautas para la acreditación y la regulación de refugios modelo para mujeres. Los Estados Unidos también patrocinó entrenamiento en los Estados Unidos de mujeres dominicanas discapacitadas.

Durante el año los Estados Unidos siguieron promovieron el fuerte apoyo del gobierno en los esfuerzos para eliminar el trabajo infantil, dedicando más de $3 millones durante un período de 5 años a programas de varios años de duración. Un proyecto con fondos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos se concentró en las peores formas de trabajo infantil en la industria del sexo, las provincias productoras de tomates, las zonas cafetaleras, y las provincias con agricultura de riesgo. Los fondos estadounidenses para estos programas también incluyeron un componente de educación para concientizar a los padres y a niños de edad escolar en cuanto a los riesgos físicos y sociológicos del trabajo infantil, y para promover la asistencia escolar. Como resultado de la asistencia de los Estados Unidos, en septiembre la Secretaría de Trabajo declaró una de las zonas enfocadas como “libre de trabajo infantil.”

Los Estados Unidos abordó al Gobierno en una fuerte campaña para combatir el tráfico de personas. La USAID financió a una ONG para que ésta ayudara a redactar una ley amplia contra el tráfico, la cual fue aprobada por el Congreso Dominicano en julio y promulgada por el Presidente Mejía en agosto del 2003. Además, las misiones de la USAID en la República Dominicana y Haití recibieron una concesión de fondos para estudiar el problema de los niños haitianos traficados hacia la República Dominicana. Los Estados Unidos también brindaron apoyo técnico a una recién creada unidad contra el tráfico de personas, de la Policía Nacional. Bajo la exhortación de la Embajada, se creó en la Procuraduría General de la República una unidad contra el tráfico de personas. Además, los Estados Unidos financiaron varios cursos de entrenamiento sobre la implementación de la nueva ley contra el tráfico de personas, para miembros de la Policía Nacional, fiscales y jueces. En septiembre del 2003 se anunció una concesión para desarrollar un currículum en la Escuela de la Judicatura con apoyo de la USAID, para mejorar el procesamiento de casos de tráfico de personas. Los Estados Unidos continuaron reuniéndose con funcionarios clave para promover la persecución de traficantes.