Gracias Sr. Presidente de la Cámara. Me complace ser el Representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por instrucciones del Presidente, en este día, ante el Subcomité de Operaciones Exteriores, del Comité de Presupuestos del Congreso. Sr. Presidente, solicito que la exposición que he redactado sea incluida en el registro de la sesión.

Sr. Presidente, USAID está orgullosa de contribuir a ampliar los objetivos del Gobierno de los Estados Unidos en Colombia debido a que Colombia necesita nuestra ayuda. Colombia está enfrentando disputas sobre su territorio y su futuro con tres organizaciones terroristas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Unificadas de Autodefensa de Colombia, conocidas respectivamente por sus siglas en español de FARC, ELN y AUC. Estas organizaciones se dedican al terrorismo y al tráfico de drogas. Las mismas amenazan a un amplio sector de la seguridad de Estados Unidos, intereses políticos y económicos y constituyen una amenaza a la seguridad y estabilidad hemisférica. Crean un ambiente de inseguridad y restringen los programas de erradicación aérea y desarrollo alternativo.

Ejecutar programas de desarrollo en áreas de conflicto como Colombia es difícil y peligroso, pero creemos que tenemos la experiencia y la capacidad necesarias para lograr el éxito. Algunos han comentado recientemente que los programas de desarrollo alternativo están fallando debido a que los mismos no han demostrado aún niveles adecuados de asistencia a los cultivadores de coca, en las remotas zonas del Sur de Colombia. Sr. Presidente, estoy aquí para manifestarle que estas expresiones son, desde mi punto de vista, exageradas. A pesar de haber experimentado algunos retrocesos, el programa de USAID se encuentra activo y realizando avances. Mi predecesor manifestó en una sesión similar en julio del 2001 que nuestros planes eran eliminar 30.000 hectáreas de coca y 3.000 hectáreas de cultivos de la amapola del opio. Para hacerlo, planeamos trabajar con 17.000 familias productoras de coca y amapola durante un período de cinco años. Hasta el momento, USAID ha comenzado a trabajar con más de 5.000 familias y nos estamos moviendo rápidamente para profundizar y ampliar nuestro alcance, al mismo tiempo de aprender y adaptarnos continuamente a las siempre cambiantes circunstancias y responder a los desafíos que vayan surgiendo.

Desde que asumí el cargo hace dos meses, me he dedicando al proceso de realizar un análisis integral del programa de USAID en Colombia y espero viajar a la región nuevamente en el futuro cercano.

Lo que está claro para mí hasta el momento, es que donde hemos fallado ha sido en la expectación irreal y el mito que algunas personas parecen tener, con respecto al desarrollo alternativo. Es fundamental que abandonemos estas falacias y que entremos nuevamente en contacto con la realidad, de modo que podamos concentrarnos en la tarea que nos corresponde cumplir. Permítanme detallarles brevemente cuatro de estas expectativas y mitos, de modo que podamos dispensar de ellos y continuar hacia delante:

• Cualquiera sea el cultivo, coca o amapola, es posible substituirlo por algún cultivo de renta equivalente.
• Los cultivadores de coca se aferrarán a otros cultivos y no volverán a plantar coca si simplemente cuentan con alternativas.
• Los cultivadores de coca no pueden valerse por sí mismos sin coca.
• La asistencia a gran escala para proveer nuevas fuentes de ingresos económicos a 37.000 familias puede ser identificada, sometida a prueba y entregada en un año.

Sr. Presidente, la realidad en el Sur de Colombia es muy diferente.

En primer lugar, no existe ninguna producción agrícola alternativa que pueda igualar los ingresos económicos obtenidos por la producción de hojas y pasta de coca por parte de un agricultor de mediano porte que trabaja en unos pocos acres de tierra. La verdadera factibilidad de cualquier cultivo de renta alternativo depende de la capacidad de un agricultor de producirlo competitivamente para los principales mercados. Las regiones de cultivo de coca que se encuentran distantes de los mercados urbanos, ambientalmente incompatibles con la agricultura comercial, o que se hallan bajo el control de grupos armados ilegales, poseen una desventaja competitiva ineludible y no pueden sostenerse sin subsidios, que son, política y económicamente, no recomendables.

A pesar de que mucho puede hacerse para ayudar la transición de los cultivadores de coca a otros medios de vida, debemos también enfocarnos en programas más extensos, que puedan crear fuentes de trabajo e ingresos económicos, en áreas donde éstos tengan una posibilidad de trabajar. Muchas veces, esto requiere desarrollar otras formas de ingresos económicos y empleo, además de los cultivos agrícolas, y trabajar alejado de la inmediata vecindad de las plantaciones de coca.

En segundo lugar, las experiencias en otros países, tales como Bolivia y el Perú, han demostrado que los agricultores no abandonan la coca simplemente debido a que se otorgan alternativas a los mismos. De hecho, las evidencias sugieren que ellos pueden aumentar la producción de coca incluso al mismo tiempo de diversificar y realizar otros cultivos. No existe ningún caso significativo del cual tengamos conocimiento en el que los agricultores hayan abandonado la coca simplemente porque fueron otorgadas alternativas. Los agricultores solamente abandonan la coca cuando los gobiernos aplican en forma efectiva una prohibición sobre el cultivo. En Bolivia, la producción de coca creció, junto con los cultivos de renta alternativos en los años 90, hasta que el Gobierno decidió poner en práctica una política de "coca cero". Luego de ser tomada esa decisión y ser adoptadas medidas efectivas de erradicación, la producción de coca paró de crecer y cayó en un 70%. Muchos de los agricultores que USAID ayuda en Bolivia son antiguos cultivadores de coca, pero ellos abandonaron la coca porque esa actividad se volvió muy arriesgada y porque contaban con un apoyo de desarrollo alternativo para amortiguar la transición a cultivos lícitos. El mismo modelo se repitió en el Perú. Allí vimos una reducción del 64% en el cultivo de la coca, a partir de que el Gobierno desactivara las organizaciones terroristas que apoyaban la producción, y bloqueara las rutas tradicionales de comercialización de los productos de cocaína, a través de programas de interdicción.

En tercer lugar, para aquellos que creen que los agricultores en el Sur de Colombia no pueden valerse por sí mismos sin coca, los invito a cruzar el río que constituye la frontera entre Colombia y Ecuador. Exactamente al otro lado del río hallarán a agricultores que viven y trabajan en las mismas condiciones socioeconómicas y ambientales de sus vecinos en Colombia, con una importante diferencia - ellos no cultivan coca. Conocemos a esos agricultores porque trabajamos con ellos en Ecuador. Ellos no cultivan coca y no solicitan ser indemnizados. La razón por la cual no encontramos coca en el Norte de Ecuador es que el Gobierno de Ecuador también implementa en forma muy efectiva una política de "coca cero". Lo que USAID provee en el Ecuador es la infraestructura básica que mejora la calidad de vida y fortalece a los gobiernos comunitarios y a las instituciones. Hemos concluido recientemente una evaluación en el Norte del Ecuador similar a la realizada anteriormente en el Sur de Colombia. Dicha evaluación indica que el Gobierno Ecuatoriano, con nuestro apoyo, ha tenido éxito en contener la amenaza de influencia de Colombia. Esta es una historia de éxito significativa que yo espero poder tratar en mayor detalle en algún momento.

La última falacia, que una economía alternativa para 37.000 familias pueda ser creada en un año, es claramente incongruente con la experiencia de desarrollo en cualquier lugar. Pero algunos parecen creer que fue esto lo que el Gobierno de Colombia acordó hacer cuando firmó los pactos de erradicación con los cultivadores de coca en el Sur de Colombia. De hecho, el Gobierno de Colombia no prometió crear una nueva economía en un año. El Gobierno prometió comenzar un proceso de provisión de asistencia a aquellos que manifestaban un compromiso para erradicar la coca. Esto se realizó y, hasta la fecha, el Gobierno Colombiano informa que ha alcanzado a aproximadamente 8.500 familias. Nosotros estamos ayudando en este proceso y me complace informar que la erradicación manual voluntaria está teniendo lugar. Hablaré más de esto en algún otro momento.

Sr. Presidente, al pretender reducir la producción de la coca, debemos ir donde el negocio de la coca nos lleve. Como con otros negocios delictivos, la industria de la cocaína busca operar donde se puedan minimizar los riesgos de interferencia de la aplicación de las leyes por parte del Gobierno. Hoy en día, gracias en parte al éxito logrado en Bolivia, Perú y Ecuador, constatamos que la producción de la cocaína se ha concentrado en algunas de las zonas más remotas y distantes de Colombia, con la menor presencia gubernamental y, no coincidentemente, con la menor infraestructura y servicios públicos.

Esto significa, Sr. Presidente, que las condiciones reales que favorecen la producción de la coca son las mismas que tornan difíciles los programas de desarrollo y que insumen mucho tiempo. El desarrollo alternativo es necesario como parte de los esfuerzos antinarcóticos del USG (Gobierno de los Estados Unidos) por dos razones principales. Primero, para brindar un apoyo a los agricultores en su transición, de la producción de cultivos para la fabricación de drogas, a otras actividades. Segundo, para fortalecer la economía local y las estructuras de administración de una manera que ayude a asegurar que la replantación a gran escala de cultivos para la fabricación de drogas no tenga lugar luego de la erradicación. Sin esta asistencia, el éxito a corto plazo en la erradicación no será sostenible. El lograr esto no significa que los ingresos económicos generados por la coca deben ser equiparados. Lo que significa es que las comunidades locales deben integrarse a una estructura económica y política nacional más abarcadora. La mayoría de los agricultores sabe que la coca es ilegal y no espera que los ingresos económicos generados de fuentes lícitas se igualen a los generados por la primera. Ellos aún reciben con agrado programas de desarrollo alternativo debido a que han visto las desventajas asociadas a la vida en una zona productora de coca.

La coca podrá proveer mayores ingresos económicos, pero existen graves menoscabos a la vida en una zona controlada por narcotraficantes y terroristas. Factores tales como ausencia de la ley, violencia excesiva, elevado consumo del alcohol, deterioro social, falta de servicios sociales e infraestructuras y un gobierno local y una fuerza policial local que responden a los narcotraficantes o a las guerrillas.

Esta es la razón por la cual, muchas familias están interesadas en una asistencia de desarrollo alternativo, aún sabiendo que sus ingresos económicos se reducirán al diversificar para cultivos lícitos, pero las transformaciones económicas y sociales del tipo descrito precedentemente, toman tiempo y esta es la razón por la cual USAID ha dicho siempre que el desarrollo alternativo es un proceso a largo plazo.

En consecuencia, nos sentimos muy complacidos al ver un reciente informe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno (OCG) 2 sobre desarrollo alternativo, que resumió varias de las lecciones aprendidas de esfuerzos similares en el pasado y llegando a las mismas conclusiones. Este informe resaltó el hecho de que son necesarios años de continua asistencia de los Estados Unidos para que un programa funcione. El informe manifiesta, además, que el desarrollo alternativo requiere un compromiso durable del gobierno anfitrión con respecto a la adopción de medidas contra el narcotráfico y una adecuada seguridad. Finalmente, así como he estado tratando de ilustrar anteriormente, el informe concluye que el desarrollo alternativo por sí mismo no hace que los agricultores erradiquen la coca. Citando literalmente,

"Sin interdicción y erradicación como anuladores de los incentivos, es poco probable que los cultivadores abandonen cultivos de coca más lucrativos y de fácil cuidado en favor de cultivos lícitos de menor rentabilidad y de más difícil cuidado o procuren obtener un empleo lícito."

Nunca disfrutamos de la lujuria de iniciar programas de desarrollo alternativo en ambientes ideales donde existen todas las condiciones para el éxito. En lugar de ello, debemos trabajar bajo todo tipo de condiciones que encontremos allí y procurar influir sobre los eventos de modo que las condiciones que inicialmente no existían vayan siendo establecidas de una manera gradual. En Bolivia y en el Perú, grupos armados controlaban las regiones productoras de cocaína durante gran parte de nuestros esfuerzos iniciales de implementación. Tomó años para que las condiciones de seguridad mejoraran en ambos casos. No nos hemos rendido entonces y no tenemos la intención de rendirnos ahora en Colombia.

Desearía describir ahora lo que USAID está haciendo en Colombia.

Con $122,2 millones provistos bajo el "Plan Colombia", USAID está en pos de tres metas de carácter amplio y de mutuo apoyo:

• Fortalecimiento de la democracia y de los derechos humanos;
• Atención de las necesidades de la gente desplazada por la violencia; y
• Desarrollo alternativo para apoyar la reducción sostenida de cultivos para drogas y la prosperidad económica.

Persiguiendo estas metas, buscamos fortalecer la esperanza e influir sobre cada colombiano que cree que existe un camino de salida, otro sendero, aparte de la aparente espiral descendente que lleva a la dislocación económica, a la violencia y al narcoterrorismo, que ya demasiados colombianos han experimentado en los últimos años. Este "otro camino", como Hernando de Soto, el autor y analista económico de libre mercado internacionalmente reconocido lo denominó, es aquel representado por los ideales y valores de nuestra herencia occidental común.

De este modo, les he dado una breve descripción de los avances logrados hasta ahora en cada una de nuestras metas y les incito a todos a visitar Colombia y palpar estos programas por ustedes mismos.

Democracia y Derechos Humanos

El Programa de Democracia y Derechos Humanos está ayudando al Gobierno de Colombia a mejorar la eficiencia en el sector de la justicia, reforzar y ampliar el respeto por los derechos humanos, fortalecer la administración local, promover la transparencia y responsabilidad en el sector público y apoyar las iniciativas relacionadas con la paz. De los $122,5 millones que el Plan Colombia desembolsó en el Año Fiscal 2000, $47 millones fueron asignados a la democracia y a los derechos humanos. En vista de las actuales tasas de desembolsos, USAID anticipa que la mayor parte de estos fondos serán desembolsados para el 31 de diciembre del 2002.

Reforma Judicial: Colombia experimenta una tasa de homicidios extraordinariamente alta de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes cada año. Sorprendentemente, la mayoría de estas muertes no está relacionada con el conflicto armado o las guerrillas. A diferencia de ello, son el resultado de la violencia relacionada a las drogas, a la debilidad de las instituciones gubernamentales y a la profunda sensación de impunidad ante la ley. La alta tasa de homicidios contribuye significativamente a la inseguridad general, a la falta de confianza en las instituciones gubernamentales y a un creciente número de personas que recurre a la protección extraoficial. La falta de acceso a la solución judicial de disputas es también uno de los principales factores que contribuyen a ello. Esta falta de acceso lleva a la gente a la violencia del tipo "vigilante".

Para enfrentar este problema, USAID, en colaboración con el Ministerio de Justicia, ha establecido el programa de las "Casas de Justicia" altamente eficaces para aumentar el acceso a los servicios de justicia y de resolución de disputas para los colombianos de bajos ingresos y marginados. Estos centros proveen un "local de tramitaciones múltiples " donde los ciudadanos pueden buscar ayuda y volver a considerar una amplia gama de problemas. Cada uno de ellos cuenta con funcionarios gubernamentales de una amplia gama de ministerios y reparticiones y todos están juntos en un lugar para reducir dramáticamente los costos de tramitación a los ciudadanos y permitir derivaciones instantáneas a los expertos o autoridades que sean necesarios.

Han sido establecidas dieciocho de estas Casas de Justicia hasta la fecha. Aproximadamente 1,2 millones de casos han sido resueltos desde que se estableció la primera Casa de Justicia en 1995. La mayoría de estos casos ha beneficiado a personas que no poseen la educación ni los recursos económicos necesarios para resolver disputas a través del sistema judicial formal. Proveyendo una alternativa al uso de la violencia, las Casas de Justicia contribuyen directamente a mejorar la sensación de seguridad, así como también dan una sensación de conexión con el Estado a muchos colombianos. USAID está expandiendo este programa altamente popular y establecerá un total de 40 Casas de Justicia para fines del Año Fiscal 2005. USAID se halla actualmente en proceso de construir cinco nuevas Casas de Justicia, incluyendo una en Puerto Asís, Putumayo, y una en San Vicente del Caguán, principal área urbana en la anterior zona desmilitarizada controlada por las FARC. Estas dos Casas representan un importante avance en el restablecimiento de la presencia del Gobierno en las poblaciones deficientemente servidas.

En el ínterin, el sistema judicial tradicional se ve afectado por los escollos que representan casos no resueltos y centros de detención superpoblados, con personas que están a la espera de ser procesadas. USAID está ayudando a mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial formal ayudando a la transición de Colombia del tradicional sistema de justicia "inquisitorial" a un moderno sistema judicial basado en juicios orales en lugar de los procedimientos escritos. Aparte de ser más transparentes y, por consiguiente, menos susceptibles a la corrupción, los juicios orales son más eficientes en cuanto a costos e insumen menos tiempo. También promueven los derechos humanos, reduciendo los casos no sentenciados en donde las personas son retenidas sin acusación. USAID ha ayudado a crear 13 salas de juicios orales y creará 11 más para fines del Año Fiscal 2005. USAID ha financiado también el adiestramiento a más de 3.400 jueces en las técnicas del juicio oral. Este trabajo se fundamenta en las previas reformas del código de procedimientos civiles anteriormente apoyadas por USAID.

Programas de Derechos Humanos: La presencia de grupos armados en competencia en toda Colombia crea una tragedia en los derechos humanos. Las amenazas contra las personas que rechazan el terrorismo en sus comunidades son graves en muchas áreas, especialmente en aquellas que involucran a las ONGs que representan a los grupos deficientemente servidos o explotados. USAID está ayudando a mejorar la capacidad de las instituciones gubernamentales y de las organizaciones de la sociedad civil a fortalecer la protección de los derechos humanos a través de un enfoque en tres etapas: fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos del Gobierno de Colombia; protección de personas amenazadas por sus esfuerzos en promover los derechos humanos; mejoramiento de la capacidad del Gobierno de Colombia para prevenir matanzas y desplazamientos forzados de civiles de áreas rurales cuando los grupos terroristas armados compiten unos con otros por el control del territorio.

Trabajando a través del Programa de Protección del Ministerio del Interior, la asistencia de USAID hasta la fecha ha ayudado, solamente el año pasado, a aproximadamente 2.000 colombianos cuyas vidas estaban amenazadas. Esto incluye a trabajadores de los derechos humanos, activistas laborales, periodistas y otros. De este total, 1.119 personas recibieron ayuda financiera para ayudarles a evitar el peligro, 603 fueron asistidas a ser reubicadas nacional o internacionalmente, 21 oficinas de ONGs fueron objeto de instalación de blindajes y 260 provistas de teléfonos celulares, uso de vehículos blindados u otros equipos protectores luego de haber sido amenazadas por la guerrilla o grupos paramilitares.

En otro orden de cosas, USAID ha organizado con la Oficina Nacional del "Ombudsman" (Defensor del Pueblo) de Derechos Humanos un "Early Warning System (EWS)" (Sistema de Advertencia Temprana), que provee a los militares colombianos, a la policía nacional y a otras instituciones oficiales, advertencias tempranas sobre situaciones que podrían resultar en matanzas o desalojos forzados. Las señales de una violencia en masa en ciernes están habitualmente bien definidas. Incluyen el arribo de hombres desconocidos y armados, graffitis, intimidaciones de personas y aumento del crimen. El EWS es fundamentalmente un número telefónico 911 donde las organizaciones no gubernamentales (ONGs), las autoridades municipales o las personas pueden llamar a la Oficina Nacional del "Ombudsman" (Defensor del Pueblo) de Derechos Humanos para informar señales de potenciales violencias. La validez y gravedad de la amenaza son evaluadas y, al tener seguridad, se emite una advertencia formal a la policía, a los militares u otras autoridades. Cada advertencia de la Oficina Nacional del "Ombudsman" (Defensor del Pueblo) de Derechos Humanos incluye las acciones recomendadas y se requiere a la policía y a los militares contestar por escrito a las advertencias de amenazas y manifestar cuales fueron las acciones adoptadas como respuesta a la advertencia.

Al 31 de marzo del 2002, fueron emitidas 109 advertencias en total, que resultaron en 75 respuestas o intervenciones por parte de las autoridades oficiales. Un reciente análisis realizado por un contratista de USAID reveló que el EWS será muy efectivo para llamar la atención sobre situaciones peligrosas. A pesar de ser difícil determinar con seguridad, USAID piensa que el EWS ha salvado vidas y, en el proceso, ha fortalecido el vínculo entre las comunidades y las instituciones del Gobierno Central.

Mejoramiento del Gobierno Local: Un gobierno local transparente y efectivo constituye un aspecto fundamental para estructurar la confianza en la democracia y brindar cohesión comunitaria para ayudar a contrarrestar la influencia de los grupos armados y los traficantes de drogas. El programa de gobierno local de USAID está trabajando en estrecha coordinación con el programa de desarrollo alternativo para reforzar la capacidad de 100 gobiernos municipales en áreas donde las actividades de erradicación de la coca y de la amapola del opio están en marcha. La asistencia se centra en aumentar la participación ciudadana en las decisiones del gobierno, fortaleciendo la administración municipal y reduciendo las oportunidades para la corrupción. También se provee de fondos a los proyectos de infraestructuras municipales que benefician a las comunidades locales, al mismo tiempo de fortalecer sus vínculos con las estructuras gubernamentales formales. Más de 62 proyectos de infraestructura municipal han sido identificados y aprobados hasta la fecha. De este total, 32 fueron concluidos al 31 de marzo del 2002 y los otros 30 proyectos están en marcha.

Aumento de la Transparencia y la Responsabilidad: En el ámbito nacional, USAID está promoviendo el uso de procedimientos de administración más transparentes y responsables a través de programas con el Fiscal General, el Auditor Nacional y el Contador General, así como con unidades de control interno en las entidades señaladas del Gobierno de Colombia (GOC). Con la asistencia de USAID, el Contador General ha emitido una Resolución Ejecutiva que requerirá que 3.000 unidades del GOC (Gobierno de Colombia) sigan procesos estandarizados de control interno. El Sr. Presidente de la República de Colombia Andrés Pastrana firmó consecuentemente un decreto estandarizado, el "Sistema Nacional de Controles Internos" y USAID adiestró a más de 600 ciudadanos colombianos, que compartirán su adiestramiento con otros y utilizarán ese conocimiento para combatir la corrupción utilizando los mecanismos constitucionales tales como comités de supervisión ciudadana y audiencias públicas. USAID ha apoyado también mensajes de anticorrupción en la televisión nacional, llegando a aproximadamente 33 millones de colombianos. Este programa contribuye a mejorar la confianza por parte de los colombianos en las instituciones gubernamentales. Además, USAID está trabajando con la Oficina del Procurador General Colombiano para establecer una base nacional de datos conteniendo antecedentes disciplinarios y penales de los funcionarios electos y de los servidores públicos y de las compañías que realizan operaciones comerciales con el Gobierno de Colombia. Esta información ayudará a evitar que personas con antecedentes judiciales y disciplinarios cuestionables sean electas para cargos públicos o sean designadas como servidores públicos en las reparticiones del Gobierno Colombiano.

Apoyo a las Iniciativas de Paz: USAID ha provisto más de $ 1,6 millones a 18 organizaciones del sector privado y público para desarrollar actividades que alienten o promuevan la paz y la reducción de conflictos. Las actividades típicas que han recibido apoyo enfatizan los valores democráticos, la educación a los jóvenes, la resolución de conflictos comunitarios, el adiestramiento institucional para las ONGs, la ayuda a víctimas de la violencia y apoyo a grupos minoritarios, tales como afro-colombianos y la mujer.

Esto completa mi resumen de nuestro programa de democracia y derechos humanos. Ustedes pueden ver que este programa posee una amplia base, siendo de alcance nacional y enfocado a estructurar la efectividad y la credibilidad de las instituciones gubernamentales. A pesar de no estar etiquetados como tales, estos programas contribuyen directamente a nuestras metas de desarrollo alternativo cuando se implementan en regiones productoras de coca. Las instituciones democráticas de Colombia en los últimos años han sido casi avasalladas por la influencia corrupta de la enorme industria de las drogas y el prolongado conflicto civil. Nuestra asistencia enfrenta directamente a estas influencias negativas y ayuda a construir una cohesión más amplia para brindar una solución democrática a los desafíos sociales y políticos de Colombia.

Personas Desplazadas Internamente (PDIs):

El conflicto interno de Colombia ha resultado en el desplazamiento forzado de hasta dos millones de personas. La mayoría de las personas desplazadas proviene de pueblos o poblaciones rurales que son asoladas por los grupos armados ilegales. La mayoría está compuesta por mujeres y niños menores de 18 años de edad, muchos de los cuales han sido testigos del asesinato de parientes y otras atrocidades. Se piensa a menudo que las personas desplazadas son simpatizantes de uno u otro grupo armado y, como resultado, las comunidades establecidas a menudo son cautelosas con respecto a la prestación de ayuda. Este problema se agrava con el hecho que una población de tal magnitud, desplazada, puede causar un enorme impacto en los servicios públicos tales como salud, educación y refugios.

Del financiamiento al Plan Colombia, USAID proveyó $ 30 millones para apoyo de no-emergencia a las personas desplazadas. Casi la totalidad de estos fondos ha sido utilizada y fueron puestos a disposición fondos para actuar como un puente hasta que los recursos del Año Fiscal 2002 puedan ser comprometidos. La mayor parte de la asistencia prestada hasta el momento ha sido para los servicios de salud física y mental, refugios, agua y alcantarillado, educación, creación de empleos y fortalecimiento comunitario. Estos fondos son canalizados a través de cinco experimentadas organizaciones sin fines de lucro, con amplia experiencia en este campo. Más de 330.000 personas desplazadas han recibido la asistencia directa e indirecta de los beneficiarios de USAID hasta la fecha.

Como un proyecto especial, USAID está también proveyendo $ 2,5 millones para apoyar la rehabilitación de niños que fueron anteriormente combatientes. Se estima que entre 3.000 y 7.000 niños soldados están sirviendo en los tres grupos armados de Colombia. Muchos de estos niños fueron reclutados a la fuerza y han sufrido abusos por parte de sus captores. Estos son a menudo analfabetos, tienen pocas habilidades vocacionales aparte del combate, poseen cicatrices físicas y emocionales y son vistos por el sistema judicial colombiano como criminales. Muchos provienen de hogares destruidos y/o abusivos y no pueden volver a sus familias.

USAID está también trabajando con la Organización Internacional de Migración y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para crear mecanismos que puedan ayudar a estos niños a separarse de las facciones armadas ilegales de las que formaron parte e integrarse a la sociedad civil. El programa realiza esto aceptando a niños ex-combatientes en un centro de recepción, brindando tratamiento y refugio a los que no pueden volver a sus hogares. Un total de 272 niños han ingresado al programa hasta la fecha, y recibieron (o está recibiendo) asistencia, permitiendo esto la reintegración de los mismos a la sociedad.

El personal de USAID supervisa continuamente la situación en Colombia para detectar posibles incidentes que pudieran resultar en un desplazamiento a gran escala de personas de sus comunidades. En enero pasado, por ejemplo, se temió que la suspensión por parte del Gobierno de la zona desmilitarizada dada a las guerrillas de las FARC resultara en un gran movimiento de personas desde la zona debido al temor de represalias militares o paramilitares. Para evitar que esta situación se desarrollara, el personal de USAID viajó a la zona en los primeros días de la toma por parte del Gobierno y financió en esa oportunidad los costos de movilización de un equipo especial de 15 miembros de la Oficina Nacional del "Ombudsman" (Defensor del Pueblo) de Derechos Humanos. El equipo estableció rápidamente su presencia en la zona para monitorear la situación e implantó el Sistema de Advertencia Temprana descrito precedentemente. USAID se complace en informar que hasta el momento no ha tenido lugar ningún movimiento masivo de personas.

La asistencia de USAID a personas desplazadas y a niños combatientes es importante para mitigar los efectos económicos y sociales del conflicto en Colombia y para ayudar a crear alternativas para aquellos que se encuentran más afectados. En el proceso, USAID busca fortalecer la capacidad de los actores oficiales y locales en todos los niveles para movilizar sus propios recursos y ayudar en el proceso. Uno de nuestros beneficiarios, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, ha tenido éxito al equiparar las donaciones de USAID conforme a la relación de $ 1,5 dólares por cada dólar provisto por USAID, movilizando con éxito las contribuciones de firmas y compañías del sector privado colombiano e internacional. Este proceso ayuda a nutrir las relaciones público-privadas para enfrentar los costos sociales de los conflictos en Colombia y estructurar cohesiones más efectivas para sobrellevar los problemas sociales.

Desarrollo alternativo:

Un total de $ 42,5 millones fue asignado a USAID para el desarrollo alternativo en septiembre del 2000. Dependiendo de las condiciones de seguridad, esperamos que aproximadamente $ 36 millones de este total sean gastados para fines de diciembre del 2002. La meta de este programa de varios años es que el Sur de Colombia y otras regiones productoras de coca y amapola del opio se liberen gradualmente, y ayudar a cuidar que las reducciones en el cultivo de plantas, para la fabricación de drogas, logradas a través de la erradicación forzada se mantengan. A pesar de que los esfuerzos del Gobierno de Colombia comenzaron de manera más temprana, la implementación del programa financiado por USAID, comenzó en mayo del 2001, con la movilización del equipo de asistencia técnica en Colombia. Del modo mencionado anteriormente en mi testimonio, este programa de USAID no tiene todavía, por consiguiente, un año de vigencia.

El plan inicial, desarrollado con las contrapartes del Gobierno Colombiano, fue que USAID se centrara en los esfuerzos de generación de ingresos económicos a mediano y largo plazo, mientras que la repartición colombiana de ejecución, se centraba en la entrega de asistencia inmediata a los agricultores que firmaban los pactos de reducción de la coca con el Gobierno. A medida que esto se realizaba, la demanda de participación en estos pactos con el gobierno aumentó en un volumen inesperado, pero fue políticamente difícil para el Gobierno limitar su oferta inicial. Como resultado, se informó que aproximadamente 37.000 familias firmaron 33 distintos pactos entre diciembre del 2000 y julio del 2001. Este gran número superó la capacidad del Gobierno Colombiano para entregar asistencia inmediata. Los factores de complicación incluían lo remoto y difícil del acceso a las áreas donde vivían los suscriptores de los pactos y una serie de incidentes de seguridad fue generada por conflictos entre las guerrillas de las FARC y los paramilitares de la AUC en la región. Estos incidentes resultaron en la muerte de dos trabajadores colombianos del desarrollo alternativo en septiembre pasado. La asistencia del Gobierno Colombiano está ahora siendo entregada a los suscriptores de los pactos (se estima que se llegó a aproximadamente 8.500 hasta el momento). El Gobierno ha dado tiempo hasta el 27 de julio del 2002, a los suscriptores de los pactos para concluir la erradicación de sus cultivos de coca. Luego de este punto, tiene la intención de realizar la erradicación aérea de los cultivos de coca restantes.

Una evaluación en el terreno realizada por USAID en octubre-noviembre del 2001 constató que muchos suscriptores de los pactos se mostraban escépticos de que el Gobierno efectuara la entrega oportuna de la asistencia inmediata o reanudara la fumigación luego del 27 de julio del 2002, ocasión en que terminaría el mandato del Presidente Pastrana. Muchos han replantado la coca en las áreas que fueron fumigadas anteriormente. No obstante, otras comunidades han comenzado voluntariamente la erradicación inmediata, en un intercambio por la provisión de asistencia, a través de los beneficiarios de USAID. USAID comenzó a reajustar su plan original en noviembre pasado para comenzar a trabajar directamente con dichas comunidades bajo un programa de "erradicación temprana".

Actualmente (al 31 de marzo del 2002), 50 comunidades, incluyendo a aproximadamente 13.000 familias, han expresado interés en erradicar más de 9.300 hectáreas de coca y la erradicación manual está en marcha. Recientes informes obtenidos en el terreno indican que se han erradicado hasta 1.000 hectáreas bajo este programa, de las cuales 500 han sido verificadas por los trabajadores del desarrollo alternativo, las comunidades y la repartición del Gobierno Colombiano para el desarrollo alternativo (Programa Nacional de Desarrollo Alternativo - PNDA). USAID y la Sección de Temas de Narcóticos de la Embajada están trabajando actualmente para poner en vigencia un acuerdo por el cual la Policía Antinarcóticos Colombiana será capaz de proveer una evaluación oficial de la cantidad efectiva de coca que es erradicada voluntariamente. Hasta entonces, USAID no considerará las cifras indicadas precedentemente como válidas.

A cambio del efectivo avance de la erradicación, las comunidades están recibiendo asistencia en la producción de subsistencia y en algunos cultivos de renta. Además, las comunidades son asistidas con la construcción de infraestructuras locales tales como mejoras de caminos, puentes, escuelas, puestos de salud y casas comunitarias que son seleccionadas por las mismas comunidades.

Para adaptar mejor el programa a las restricciones de seguridad, comercialización y medio ambiente, USAID está realizando ajustes adicionales a su estrategia de implementación como resultado del intenso monitoreo de la situación y juzgando los riesgos y las oportunidades. Estos ajustes incluyen:

• Limitar por el momento, inversiones adicionales en proyectos agro-comerciales de mayor envergadura aparte, de los ya iniciados. Se llevarán a cabo las inversiones planificadas en el desarrollo de productos que ya existen, como palmitos, caucho y productos forestales.
• Estrechamiento de los vínculos entre los proyectos de desarrollo alternativo y del gobierno local e involucrando a los gobiernos locales en los acuerdos de desarrollo alternativo y erradicación de la coca.
• Expansión del alcance de los participantes involucrados en el programa de desarrollo alternativo y utilizando a las ONGs como los instrumentos y contactos con las comunidades locales - especialmente en áreas inseguras.
• Acelerar el plan original de expandir el desarrollo alternativo a áreas seleccionadas aparte del Sur de Colombia. USAID está trabajando actualmente en siete departamentos, aparte de Putumayo y Caquetá.
• Apoyar la construcción de mayores infraestructuras que requieran gran demanda de mano de obra en áreas que estarán sujetas a una intensa fumigación aérea para dar a los trabajadores de la coca empleo e ingresos económicos a corto plazo.

Estos cambios darán a USAID las herramientas y la flexibilidad requeridas para satisfacer las necesidades de las distintas comunidades, al mismo tiempo de crear nuevas oportunidades de empleo de una manera más eficiente en cuanto a costos. La implementación de estos ajustes absorberá el monto total del financiamiento planificado para el Año Fiscal 2002 y el Año Fiscal 2003. A fines de marzo del 2002, aproximadamente 5.000 familias se habrán beneficiado con la asistencia de desarrollo alternativo de USAID. Presumiendo que las condiciones de seguridad lo permitan, USAID anticipa que este número aumentará significativamente en los próximos pocos meses y que la asistencia será suministrada a aproximadamente 13.000 familias debido a que los niveles de desembolsos aumentarán estimativamente a $ 36 millones para fines del Año Fiscal 2002. Implementar el Desarrollo Alternativo en una región insegura y remota es difícil, peligroso y requiere tiempo. Las demoras pueden resultar por muchos factores, incluyendo cambios en la situación de la seguridad; la necesidad de identificar, poner a prueba y desarrollar útiles paquetes de asistencia a agricultores adaptados a las condiciones en la región; y la necesidad de identificar, diseñar, contratar y estructurar proyectos adecuados de infraestructuras. Cambios simples en los patrones climáticos también limitan las actividades agrícolas y de construcción en algunos meses del año cuando las lluvias son importantes.

Es también importante repetir que los programas de ejecución, tales como la erradicación aérea, son parte fundamental de la ecuación. No existen alternativas lícitas a la coca y al procesamiento de la pasta de coca, en el mismo campo, que se puedan acercar, en relación con la generación de ingresos económicos, para los agricultores. Esto hace que los esfuerzos de implementación sean fundamentales para lograr la meta de la reducción de la coca.

Las lecciones obtenidas en Bolivia, Perú y Ecuador, demuestran que la administración, antes que los niveles de ingresos económicos o la pobreza, es el factor subyacente clave, que determina si la industria de la coca se establecerá o no, si crecerá o disminuirá. La administración en este contexto incluye una presencia de implementación del gobierno nacional, gobiernos locales dispuestos a prestar servicios públicos y crear incentivos contra la producción de la coca, comunidades locales cohesivas y un sistema de valores o creencias individuales que rechacen la producción de drogas como medio de vida. Si las comunidades locales trabajaran en conjunto, de manera participativa y estuvieran apoyadas por una presencia visible del gobierno nacional, con un fuerte compromiso hacia la erradicación de cultivos para la fabricación de drogas y una presencia militar capaz, la economía ilícita de la coca podrá ser reducida significativamente.

Conclusiones:

Las tres áreas de los programas de USAID - democracia, personas desplazadas y desarrollo alternativo - contribuyen todas a ampliar los objetivos de los Estados Unidos en Colombia. Sin embargo, debería estar claro sobre la base de mi testimonio precedente, que el éxito final de nuestro programa de desarrollo alternativo depende críticamente de nuestra capacidad para responder rápidamente a las cambiantes condiciones y adaptar el contenido del programa de desarrollo alternativo a las necesidades de comunidades específicas que desean erradicar los cultivos para la fabricación de drogas. El éxito dependerá finalmente de cuatro factores críticos e interrelacionados: seguridad, coordinación con los programas de interdicción y erradicación, flexibilidad y pragmatismo en la instrumentación de todos los programas antinarcóticos y expectativas realistas.

La seguridad es el elemento clave. USAID sabía que la seguridad era un problema potencial cuando el Plan Colombia fue diseñado, pero presumió que el Proceso de Paz sería exitoso y que este éxito resultaría en una seguridad mejorada. El colapso de las Conversaciones de Paz en enero del 2002 demuestra que USAID no puede seguir presumiendo que habrá paz o que habrá seguridad en muchas áreas de Colombia. Las ganancias del tráfico de narcóticos son demasiado grandes y algunos de los combatientes no están realmente interesados en la paz actualmente. Los militares colombianos necesitan fortalecerse significativamente para resolver las restricciones relativas a la seguridad y el respeto por los derechos humanos debe ser incrementado en todos los niveles de la sociedad.

La coordinación con los programas de erradicación e interdicción continúa siendo crítica. Los agricultores no erradican sobre la base del desarrollo alternativo solamente. La erradicación forzada es un poderoso incentivo para unirse a un grupo que erradicará voluntariamente y obtendrá algunos beneficios del desarrollo alternativo. La interdicción efectiva reduce el margen de ganancias a los cultivos para la fabricación de drogas y hace que la asistencia de desarrollo alternativo sea una oportunidad económica mucho más atractiva. Si los agricultores no se alinean para participar en los grupos de desarrollo alternativo, ellos deben ver mejores opciones que la producción de cultivos para la fabricación de drogas. Esto significa que nosotros no hemos alcanzado aún la combinación o equilibrio en forma correcta entre la erradicación y el desarrollo alternativo.

La flexibilidad y el pragmatismo son necesarios para todos los elementos del esfuerzo contra el tráfico colombiano. USAID ha demostrado excepcional flexibilidad y pragmatismo respondiendo rápidamente a las restricciones de seguridad que limitan mucho la efectividad de las empresas agroindustriales como el mecanismo principal para la asistencia de desarrollo alternativo. Una flexibilidad similar podrá ser necesaria por los elementos de erradicación forzada e interdicción de nuestro programa antinarcóticos.

Finalmente, a pesar de que es innegable la importancia de los cuatro factores indicados precedentemente, posiblemente el factor más importante sea el de expectativas realistas. Todo lo que sabemos sobre el desarrollo alternativo nos da a entender que es una empresa a largo plazo. El programa de desarrollo alternativo de USAID, fue diseñado para apoyar la reducción de 30.000 hectáreas de coca y 3.000 hectáreas de amapola del opio, en cinco a siete años, a un costo total de $ 303,5 millones de Dólares. USAID tiene la intención de llevar a término la misión si se le concediere el tiempo y los recursos requeridos para realizar el trabajo. El trauma de los conflictos existentes y el retroceso económico constituyen una amenaza y una oportunidad. La amenaza es que el conflicto actual puede alentar el apoyo a soluciones represivas. La oportunidad es que el temor ayudará a despojarnos de los viejos patrones de pensamiento y ayudará a construir un nuevo consenso alrededor de los valores de una mayor libertad e igualdad individuales. Estados Unidos se preocupa por Colombia. Nuestros programas están en marcha y debemos mantener el empuje hacia delante. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional solicita vuestro continuo apoyo.

Sr. Presidente de la Cámara, con esto concluye mi testimonio. Me complacería poder responder las preguntas de cualquiera de ustedes o del Comité.