19 de diciembre de 2003

Informe anual sobre libertad religiosa en Cuba en 2003

A continuación una traducción extraoficial de la sección sobre Cuba del Informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional en 2003, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos:

(comienza el texto)

Informe anual sobre Libertad Religiosa Internacional en 2003
Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo
Departamento de Estado de Estados Unidos
18 de diciembre de 2003

Cuba

La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de profesar y practicar cualquier credo religioso dentro del marco del respeto a la ley. Sin embargo, en la ley y en la práctica, el gobierno pone restricciones a la libertad de religión.

Durante el período que abarca este informe, no hubo cambio alguno del estado de respeto hacia la libertad religiosa; no obstante, la situación general de los derechos humanos sufrió un grave deterioro como lo demuestra la detención, juicio sumario y encarcelamiento por parte del gobierno de 75 activistas de los derechos humanos y periodistas independientes en marzo y abril de este año, las medidas de castigo más severas en más de dos décadas. Por lo general, los grupos religiosos que no están inscritos siguen experimentando la interferencia, el hostigamiento y represión oficiales en grados diversos. Algunos grupos religiosos no inscritos no sólo fueron objeto de la censura oficial, sino también enfrentaron presiones de los grupos religiosos inscritos. Sigue sin cambios la política del gobierno cubano de permitir que las actividades religiosas apolíticas tengan lugar en lugares autorizados por el gobierno; sin embargo, aquellos ciudadanos que rinden culto en iglesias oficialmente autorizadas con frecuencia fueron sometidos a la vigilancia de las fuerzas de la Seguridad del Estado y continuaron los esfuerzos del gobierno por mantener un fuerte control sobre la religión.

Hubo cierta tensión entre las religiones, a menudo porque algunos grupos religiosos percibían que otros estaban demasiado cerca del gobierno. Las tensiones internas del movimiento pentecostal siguieron empeorando debido a que se establecieron casas de culto, paso que algunas iglesias consideraron divisionista.

El gobierno de Estados Unidos plantea a funcionarios del gobierno cubano cuestiones de derechos humanos, inclusive la discriminación y el hostigamiento por motivos religiosos; sin embargo, el gobierno cubano ha hecho caso omiso de estas preocupaciones. El gobierno de Estados Unidos insta, continuamente, a la presión internacional para que el gobierno cubano cese sus prácticas represivas. La Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana sigue manteniendo contacto asiduo con diversos líderes religiosos.

Sección I. Demografía Religiosa

La superficie total del país es de 110,860 kilómetros cuadrados, y su población es de aproximadamente 11 millones de habitantes. No hay fuentes de información independientes y confiables sobre el tamaño o la composición de las instituciones religiosas y sus afiliados. Aunque una encuesta de 1953 indicó que el 93 por ciento de la población se identificaba como católica romana, hoy se estima que entre el 40 y 45 por ciento de la población se identifica, por lo menos nominalmente, con la Iglesia Católica, según información del Instituto Puebla, con sede en Estados Unidos. Un número importante de ciudadanos comparten o han participado en creencias sincréticas afrocaribeñas, como la santería. Algunas fuentes estiman que hasta el 70 por ciento de la población practica la santería o la regla Lucumí, ambas con raíces en la religión tradicional del Africa Occidental.

Los bautistas, representados en cuatro convenciones distintas, son posiblemente la denominación protestante más grande, seguidos de cerca por las iglesias pentecostales, en particular las Asambleas de Dios. Veintidós denominaciones, entre ellas los presbiterianos, episcopales y metodistas, son miembros del Consejo Cubano de Iglesias (CCI). Casi todos los miembros del CCI son reconocidos por el Estado aunque varias, entre ellas la Iglesia Evangélica Luterana, no están inscritas y sólo son reconocidas mediante su condición de miembros del CCI. Otras 31 denominaciones oficialmente reconocidas, incluyendo a los Testigos de Jehová y una pequeña comunidad judía, no pertenecen al CCI.

Si bien la mayor parte de la población se considera católica romana, históricamente el país ha tenido una sociedad mayormente laica, sin características religiosas particularmente fuertes. Las autoridades de la Iglesia Católica normalmente estiman que un 10 por ciento de los católicos bautizados asisten a misa regularmente. La cifra de miembros en iglesias protestantes se estima en 500.000. No hay cifras disponibles sobre el número de pentecostales; no obstante, los adventistas del Séptimo Día han indicado que sus miembros ascienden a unos 30.000. En años anteriores a 2001 la asistencia a las iglesias había aumentado en algunas denominaciones, y en la Iglesia Católica aumentó bastante después de la visita del papa en enero de 1998. Sin embargo, tanto líderes católicos como protestantes afirman que la asistencia a las iglesias alcanzó su cifra máxima durante 1999 y a principios de 2000.

Actualmente hay unos 320 sacerdotes católicos en el país, 40 diáconos y 650 monjas, menos de la mitad que antes de 1960. Las cifras generales de los funcionarios eclesiásticos son sólo ligeramente superiores a las de antes de la visita papal, ya que la mayoría de los recién llegados reemplazaron a sacerdotes jubilados o a aquellos cuyo período de ministerio en el país había terminado. Los grupos misioneros extranjeros operan en el país a través de las iglesias inscritas.

Sección II. Estado de la libertad religiosa

Marco legal y político

La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos de profesar y practicar cualquier credo religioso dentro del marco del respeto de la ley. Sin embargo, en la ley y la práctica, el gobierno pone restricciones a la libertad de religión. La iglesia y el estado han estado separados constitucionalmente desde principios del siglo XX. En 1992 se enmendó la Constitución y se eliminaron las referencias al materialismo científico y al ateísmo. El gobierno no favorece a ninguna religión o iglesia en particular; sin embargo, parece ser más tolerante con aquellas iglesias que mantienen relaciones estrechas con el estado por medio del CCI.

El gobierno exige que las iglesias y otros grupos religiosos se inscriban en el Registro provincial de Asociaciones, del Ministerio de Justicia, para obtener reconocimiento oficial.

Los procedimientos de inscripción exigen que los grupos identifiquen donde realizarán sus actividades, demuestren que disponen de fondos suficientes para realizar las mismas y obtengan certificación del Registro de Asociaciones que demuestre que no están duplicando las actividades de algún grupo anteriormente inscrito. Aunque durante el período que abarca este informe no se inscribieron nuevas denominaciones, el gobierno ha tolerado algunas nuevas religiones en la isla, como la Fe Baha'i y una pequeña asamblea de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días (Mormones). Sin embargo, en la práctica, el gobierno parece haber interrumpido la inscripción de nuevas denominaciones.

La inscripción facilita la capacidad de los funcionarios eclesiásticos de viajar al extranjero y recibir a visitantes extranjeros, y también les permite recibir impresos religiosos mediante el CCI y reunirse en lugares de culto oficialmente reconocidos. Por el contrario, los miembros de grupos religiosos no inscritos tienen que pedir permisos de salida individuales, obtienen sus materiales religiosos por medios extraoficiales y arriesgan el cierre de sus espacios de reunión que, técnicamente, son "ilegales".

Junto con las iglesias reconocidas, la organización humanitaria Cáritas, de la Iglesia Católica, los masones, grupos de derechos humanos y varias fraternidades o entidades profesionales en surgimiento son las únicas asociaciones fuera del control o influencia del Estado, del Partido Comunista y de sus organizaciones de masa. Las autoridades continuaron ignorando las solicitudes de otros grupos para su reconocimiento legal, y por lo tanto sometieron a sus miembros a posibles acusaciones de asociación ilegal.

El principal contacto del gobierno con las denominaciones religiosas es por medio de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba. El ministerio del Interior sigue participando en tareas de control y vigilancia de las instituciones religiosas del país, lo cual incluye la vigilancia, infiltración y hostigamiento de profesionales religiosos y de laicos. Por ejemplo, en abril el gobierno reveló que un agente del ministerio del Interior había contribuido material a una publicación católica so pretexto de ser un disidente.

El gobierno ha aliviado las restricciones que pesan sobre la mayoría de las denominaciones religiosas reconocidas oficialmente. En 1999, el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias visitó oficialmente el CCI, se reunió con funcionarios del gobierno y dirigió una ceremonia religiosa en la Primera Iglesia Presbiteriana de La Habana. Los Testigos de Jehová, en un tiempo considerados "enemigos activos religiosos de la revolución", tienen permitido hacer proselitismo discreto casa por casa y, por lo general, no son objeto del hostigamiento gubernamental abierto, aunque siguieron habiendo informes esporádicos de hostigamiento por parte de funcionarios locales del Partido Comunista y el gobierno. El gobierno ha autorizado asambleas pequeñas de Testigos de Jehová žen cierta ocasión una enorme reunión de casi 7.000 personas--, la apertura de una oficina central en La Habana y la publicación de la revista del grupo y otros impresos religiosos. Esas actividades continuaron durante el período que abarca el informe.

Los materiales e impresos religiosos tienen que importarse a través de un grupo religioso inscrito y sólo pueden ser distribuidos a los grupos religiosos oficialmente reconocidos. El CCI controla la distribución de Biblias a sus miembros y a otras denominaciones oficialmente reconocidas. El CCI informa que ha distribuido 1,5 millones de biblias desde 1998. Las biblias se distribuyen entre las varias denominaciones según la cifra de miembros de cada iglesia.

Varias diócesis católicas y grupos laicos publican revistas, entre ellas "Palabra Nueva", de la arquidiócesis de la Habana y "Vitral", de la diócesis de Pinar del Río. Ninguna de estas publicaciones no figura inscrita en el Ministerio de Cultura, como se requiere por ley. El gobierno no ha impedido la impresión o distribución de revistas católicas. No obstante, el estado impide el acceso a equipo tipográfico y ha acusado al redactor titular de una revista de exhibir comportamiento subversivo por haber escrito sobre cuestiones políticas y sociales delicadas.

A partir de 1992 el Partido Comunista ha admitido como afiliados a personas que admitieron públicamente su fe religiosa.

El gobierno permitió a 9 sacerdotes y 12 monjas extranjeros ingresar al país en reemplazo de otros sacerdotes y monjas cuyas visas habían vencido; sin embargo, las solicitudes de 60 sacerdotes y 130 monjas siguen pendientes.

Restricciones a la Libertad Religiosa

A principios de la década de los sesenta, la ideología marxista leninista del gobierno provocó fuertes enfrentamientos con las iglesias institucionales. Durante ese período muchos líderes eclesiásticos y profesionales religiosos salieron del país, temiendo ser perseguidos. Más de 130 trabajadores religiosos católicos, incluso sacerdotes, fueron expulsados, y unos cuantos sirvieron prolongadas condenas de prisión. Entre 1965 y 1967 el gobierno obligó a muchos sacerdotes, párrocos y otros "que hacían de la religión una forma de vida" a cumplir labores forzadas en campos denominados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), junto con homosexuales, vagabundos y otros considerados como "lacra social" por el régimen. El sistema UMAP terminó en 1967. Sin embargo, en los 30 años siguientes el gobierno y el Partido Comunista discriminaron sistemáticamente y marginaron a las personas que profesaban abiertamente su fe, al excluirlas de ciertos empleos (por ejemplo, la enseñanza). Aunque a principios de la década de los noventa el gobierno desistió de su ateísmo oficial, para entonces la mayoría de las iglesias habían quedado gravemente debilitadas y la participación activa en los servicios religiosos había disminuido drásticamente.

A principios de 2001, el Partido Comunista en La Habana presentó un documento de crítica a los avances hechos en la sociedad por las iglesias, en particular por la Iglesia Católica, y sugirió maneras en que los funcionarios del partido podían superar el trabajo pastoral de la iglesia. El documento señalaba que las iglesias estaban imponiéndose en la sociedad laica, violando leyes y reglamentos. Las actividades de la Iglesia criticadas en el informe incluían la ayuda a los enfermos y los ancianos.

En febrero de 2003, el arzobispo de La Habana emitió una carta pastoral en la que lamentaba la disolución de las familias cubanas y las presiones exorbitantes por emigrar, y pidió al gobierno que hiciera el cambio de "políticas de venganza" a "políticas de compasión". En marzo de 2003, el gobierno invitó a que estableciera presencia en Cuba una nueva orden católica sin haber coordinado primero con la Iglesia Católica de Cuba; sin embargo, el gobierno no tomó acción alguna en anteriores solicitudes de la Iglesia en relación con otras 15 órdenes religiosas. Muchos observadores vieron en la invitación del gobierno una represalia por las declaraciones críticas hechas en febrero por el arzobispo.

En marzo de 2003 el embajador cubano ante el Vaticano aseveró en un artículo de la revista italiana "30 Giorni" que existía completa libertad religiosa en Cuba e instó a la Iglesia Católica cubana a que inscribiera sus publicaciones en el Ministerio de Cultura. La conferencia cubana de sacerdotes católicos respondió en una carta pública al redactor titular de "30 Giorni" en la que criticaba la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista cubano por ejercer control severo sobre las actividades de la Iglesia Católica, en especial sobre las restricciones gubernamentales de la educación religiosas y el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación de masas. La carta del prelado señalaba que la Iglesia Católica se había negado a inscribir sus publicaciones debido a que el registro significaría ceder al estado control sobre el contenido, número de páginas, frecuencia de la publicación y cantidad de copias de las publicaciones de la Iglesia Católica.

La ley permite la construcción de nuevos templos una vez obtenidos los permisos necesarios. Sin embargo, el gobierno rara vez ha autorizado los permisos de construcción, obligando a muchas iglesias a solicitar permisos para reunirse en domicilios particulares. La mayoría de los grupos religiosos inscritos reciben permiso para rendir culto en domicilios particulares. Los grupos religiosos pueden reedificar y reparar los templos existentes, sin embargo ello también requiere de permiso. El trámite para obtener un permiso y comprar los materiales de construcción de centros del gobierno es un proceso lento y oneroso. En octubre de 2002 el gobierno cubano le dio permiso a la Iglesia Ortodoxa Griega para construir una iglesia en La Habana.

En marzo de 2001 la agencia noticiosa italiana ANSA informó que los dirigentes provinciales del Partido Comunista les habían pedido a las autoridades que limitaran las tareas caritativas y las donaciones de grupos religiosos. Aparentemente, los funcionarios del partido consideraban que las iglesias, en especial la Iglesia Católica, habían logrado el apoyo de la comunidad por medio de esas actividades, lo que amenazaba el mandato continuo del Partido Comunista. Luego de la publicación del artículo, los dirigentes del Partido Comunista de La Habana supuestamente pidieron disculpas a la jerarquía de la Iglesia Católica.

Luego del reclamo en abril de 2000 de los pentecostales en relación a los misioneros extranjeros no autorizados (ver Sección III), el CCI ha seguido pidiendo que las organizaciones eclesiásticas extranjeras los ayuden a controlar a los misioneros extranjeros y les prohíban establecer iglesias pentecostales no autorizadas.

Los funcionarios religiosos tienen permiso para visitar a presos, sin embargo los funcionarios de las cárceles a veces rechazan las visitas a ciertos presos políticos. En julio de 2002, unos funcionarios de cárceles le negaron visitas religiosas a Enrique García Morejón, perteneciente al Movimiento de Liberación Cristiana. Para que pueda tener lugar una visita religiosa, el prisionero debe presentar una solicitud por escrito que debe ser aprobada por el director de la cárcel. En las celdas de castigo los presos tienen prohibidos los materiales de lectura, inclusive las biblias.

El gobierno siguió aplicando la norma que le impide a toda empresa cubana o conjunta (excepto las que tienen autorización específica) vender computadoras, máquinas de facsímil, fotocopiadoras u otro equipo a cualquier iglesia a precios que no sean los precios oficiales al por menor, que son exorbitantes. Además, el gobierno le niega acceso a la Internet a ciertos grupos religiosos, entre ellos la Iglesia Católica.

Los miembros de las fuerzas armadas no asisten a ceremonias religiosas vestidos de uniforme, posiblemente para evitar posibles reprimendas de sus superiores.

La enseñanza es laica, y a las instituciones religiosas no se les permite administrar escuelas. Tampoco está permitida la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Anteriormente, alumnos y maestros infamaban a aquellos estudiantes que manifestaban su creencia religiosa, y eran disciplinados por llevar crucifijos y traer biblias y otros materiales religiosos a la escuela. En algunos casos, a esos estudiantes se les prohibía asistir instituciones de educación superior o estudiar ramos particulares. Sin embargo, desde hace poco, se permite que estudiantes que manifiestan su fe religiosa asistan a instituciones de educación superior.

Las iglesias ofrecen clases de enseñanza religiosa a sus miembros. Los funcionarios de la Iglesia Católica informan que la cantidad de niños que asisten a las clases de catecismo sigue disminuyendo, en su mayor parte debido a otras actividades que normalmente programan las autoridades escolares locales. No hubo ningún informe en que se le hubiera impedido a padres de familia enseñarles religión a sus hijos.

Hay funcionarios eclesiásticos que conocen casos en que personas religiosas han padecido discriminación, debido a la ignorancia o a prejuicios personales de un funcionario. Las personas religiosas tienen problemas por encontrar empleo en ciertas profesiones, como por ejemplo la enseñanza.

A los grupos religiosos se les exige presentar una solicitud al dirigente local del Partido Comunista para recibir permiso para realizar procesiones o actos fuera de edificios religiosos. En septiembre de 2002, por quinto año consecutivo, las autoridades de gobierno local le dieron permiso a la Iglesia Católica para realizar una procesión al aire libre en La Habana para celebrar la festividad de Nuestra Señora de la Caridad. Previo al acto, la policía de seguridad ordenó que varios activistas de derechos humanos en Santiago no asistieran a la procesión. El 8 de septiembre, miles de personas asistieron a varias misas celebradas a lo largo del día en honor de la Virgen de la Caridad, la santa patrona de los presos. Hubo otras procesiones vecinales pequeñas en provincias durante el período que abarca este informe.

Abusos de la Libertad Religiosa

El gobierno vigila a todos los grupos religiosos, inclusive a las instituciones inscritas y ya establecidas. Las autoridades también vigilan las publicaciones que administra la iglesia. Continuó el hostigamiento gubernamental a casas particulares de culto, y las denominaciones evangélicas denunciaron desalojos de casas usadas con ese propósito. Según los funcionarios del CCI, la mayor parte de las casas particulares de culto clausuradas no estaban inscritas, por lo tanto técnicamente eran ilegales.

Hubo informes esporádicos continuos sobre hostigamiento por parte de funcionarios del partido comunista y del gobierno contra los Testigos de Jehová. No obstante, las autoridades eclesiásticas señalaron que la cantidad de incidentes disminuyó.

Funcionarios de seguridad del estado visitaron a algunos sacerdotes y párrocos previamente a actos religiosos importantes, ostensiblemente para advertirles que los disidentes estaban intentando "utilizar a la Iglesia". Sin embargo, algunos críticos afirmaron que las visitas se realizaban con el fin de fomentar la desconfianza entre las iglesias y los activistas de derechos humanos o en pro de la democracia. En los meses de mayo y junio, agentes de la Seguridad del Estado advirtieron que las esposas de varios prisioneros políticos serían detenidas si se unían a otras esposas de prisioneros políticos en una misa en la iglesia católica de Santa Rica en La Habana. Algunas de las mujeres siguieron yendo a misa juntas cada semana, pero comentaron que temían las represalias del gobierno contra sus maridos encarcelados o contra ellas mismas.

El Ministerio del Interior siguió realizando tareas de control y vigilancia de las actividades religiosas, y siguió empleando vigilancia, infiltración y hostigamiento contra grupos religiosos, profesionales religiosos y laicos.

En abril de 2000, uno de los principales directores de una de las revistas de la Iglesia Católica fue calificado de "conocido contrarrevolucionario" en un editorial principal del periódico del Partido Comunista. En abril de 2003, durante los juicios sumarios de 75 prisioneros políticos detenidos en marzo, el gobierno calificó a esta misma revista de "literatura subversiva".

No hubo informes de religiosos presos o detenidos.

Conversión Religiosa Obligatoria

No hubo informes sobre conversiones religiosas obligatorias, inclusive de ciudadanos estadounidenses menores de edad secuestrados o sacados ilegalmente de Estados Unidos, ni informes acerca de que el gobierno rehusara permiso a estos ciudadanos para regresar a Estados Unidos.

Sección III. Posturas sociales

Por lo general, la gente se define católica romana, aunque pocos asisten a misa regularmente. El catolicismo sigue siendo un referente cultural importante desde la época colonial. Tras los 40 años del régimen vigente las posturas sociales, inclusive el modo de concebir la religión, están fuertemente condicionadas por la postura de Fidel Castro y el régimen dirigente. La decisión que tomó el gobierno al permitir e incluso ofrecer cierto apoyo a la visita papal de 1998 estimuló mucho la percepción pública de que manifestar la fe religiosa era nuevamente algo aceptable. Fidel Castro fortaleció aun más este punto de vista, sobre todo entre seguidores del Partido Comunista y funcionarios de gobierno, al afirmar en discursos televisados y transmitidos por radio que la revolución cubana "nunca" había perseguido a creyentes religiosos.

Hubo cierta tensión entre las religiones, a menudo porque algunos grupos religiosos percibían que otros estaban demasiado cerca del gobierno. Las tensiones internas del Movimiento Pentecostal siguieron empeorando debido a que se establecieron casas de culto, paso que algunas iglesias consideraron divisionista, que resultó en medidas gubernamentales contra los fieles pentecostales. Además, los miembros pentecostales del CCI se han quejado de que las actividades de predicación de los misioneros extranjeros no autorizados ha motivado a ciertos miembros de sus iglesias a establecer nuevas denominaciones sin obtener los permisos necesarios. (Ver Sección II).

El CCI es el único cuerpo ecuménico reconocido por el gobierno. Incluye varias denominaciones protestantes y pentecostales y participa en diálogos con la Iglesia Católica y la comunidad judía. El CCI y el gobierno por lo general mantienen una relación de apoyo mutuo.

Sección IV. Política del gobierno de Estados Unidos

La política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba consiste en favorecer una transición a la democracia rápida y pacífica y en promover el respeto a los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa. También, el gobierno de Estados Unidos alienta el desarrollo de la sociedad civil, que incluye el fortalecimiento de las instituciones religiosas. La Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana mantiene contacto regular con los diferentes líderes y comunidades religiosas del país, y apoya las iniciativas de organizaciones no gubernamentales que ayudan a los grupos religiosos. El gobierno de Estados Unidos procura facilitar, de modo regular, la emisión de licencias de viaje para los religiosos y para bienes y materiales donados que en algunos casos se entregan a entidades religiosas. La Sección de Intereses de Estados Unidos les ha planteado a los funcionarios del gobierno cuestiones de derechos humanos, entre ellas de discriminación y hostigamiento por motivos religiosos. Sin embargo, el gobierno cubano ha ignorado estas preocupaciones. El gobierno de Estados Unidos insta, continuamente, a la presión internacional para que el gobierno cubano cese sus prácticas represivas. Publicado el 18 de diciembre de 2003

(termina el texto)

(Distribuido por la Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web: http://usinfo.state.gov/espanol/)

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