GUATEMALA es una república democrática, con separación de poderes y una administración nacional centralizada. La Constitución establece el sufragio universal para la alección de un presidente con un solo mandato y un congreso de una sola cámara. Elecciones para presidente, consideradas por observadores internacionales como libres y justas, fueron celebradas en noviembre y diciembre, y Oscar Berger de la coalición tripartidaria Gran Alianza Nacional (GANA) ganó un mandato de cuatro años. El poder juricial es independiente, pero sufrió de ineficiencia, corrupción e intimidación.

El Ministro de Gobernación es responsable por la Policía Nacional Civil (PNC), primordialmente responsable por la seguridad interna. No hay miembros activos de las fuerzas armadas en la estructura de mando de la policía. Sin embargo, el Gobierno ocasionalmente ordenó al Ejército apoyar a la policía. La ley subordina al personal militar al control de la policía durante patrullajes u operaciones conjuntas. El Ejército es responsable por la seguridad externa, y la Constitución requiere que el Ministro de la Defensa sea un oficial militar. Cierto número de oficiales militares retirados con vínculos con el crimen violento organizado continuaron teniendo influencia significativa dentro del Ejército, la policía, el organismo judicial y el organismo ejecutivo. Algunos miembros de las fuerzas de seguridad cometieron abusos a los derechos humanos.

La economía se basa en el mercado, y la población era de aproximadamente 11.5 millones. Las exportaciones de tejidos y productos agrícolas no tradicionales crecieron rápidamente mientras que el café, el azúcar y el banano constituyeron las principales exportaciones tradicionales. Las remesas de ciudadanos en el extranjero constituyeron la fuente más grande de divisas, y más de 30 porciento de la población dependía de remesas para elevar el nivel de vida por sobre la línea de pobreza. La tasa de crecimiento económico fue de aproximadamente 2 por ciento. Casi el 40 porciento de la fuerza laboral y 60 porciento de los pobres se dedicaba a alguna forma de agricultura. La inflación fue del 6.3 porciento. La distribución de la tierra es altamente asimétrica: el 1 porciento de las fincas contenían más de la tercera partes de toda la tierra cultivada. Hubo una marcada disparidad en la distribución de renta y la pobreza era penetrante, particularmente en la comunidad indígena grande. Aproximadamente el 57% de la población total y el 72% de las personas en las áreas rurales vivían en la pobreza. El desempleo y el subempleo combinados alcanzaron el 18.2 porciento, y el 70 porciento de la población estuvo empleada en el sector informal. La ayuda extranjera constituye parte importante del ingreso nacional.

La actuación del Gobierno en el campo de los derechos humanos fue pobre. Aunque hubo algunas mejoras en algunas áreas, graves abusos presistieron. Hubo denuncias creíbles de asesinatos cometidos por personas vinculadas con las fuerzas de seguridad y de asesinatos motivados por política por actors no del Estado. Hubo denuncias de muertes violentas, asesinatos y "limpieza social" en que personas consideradas como socialmente indeseables (por ejemplo, miembros de pandillas, delincuentes locales, niños de la calle, prostitutas y homosexuales) fueron muertos por asaltantes desconocidos. No hubo denuncias de desapariciones por motivos políticos. La Corte de Constitucionalidad confirmó la condenación en 2001 de tres ex miembros del Ejército y de un sacerdote por el asesinato del Obispo Gerardi en 1998. Un tribunal de apelaciones desestimó la condena en 2002 de Juan Valencia Osorio por el asesinato en 1990 de la atropóloga Myrna Mack Chang. En octubre, el Presidente completó el desmantelamiento del Estado Mayor Presidencial (EMP).

Hubo denuncias creíbles del involucramiento de oficiales de la policía individuales en secuestros. Las fuerzas de seguridad torturaron, abusaron y maltararon a sospechosos y detenidos. Las condiciones carcelarias siguieron siendo duras. En la mayoría de los casos, los sistemas de acusación pública y judicial no aseguraron que hubiera investigaciones plenas y oportunas, juicios justos o debido proceso. El arresto arbitrario y la detenciones previas al juicio siguieron siendo problemas. Jueces y otros oficiales encargados de hacer cumplir la ley fueron objeto de intimidaciones y de corrupción. La impunidad fue penetrante, aunque continuaron esfuerzos por reformar el sistema judicial. Hubo denuncias de que las comunicaciones privadas estaban siendo monitoreadas. Miembros de los medios de comunicación social fueron objeto de ataques, amenazas e intimidación. Los ataques contra las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y activistas de los derechos humanos por personas no identificadas disminuyeron durante el ano. La violencia y la discriminación contra las mujeres persistieron, así como el abuso social de niños y discriminación contra personas con discapacidades e indígenas, que el Gobierno tomó algunos pasos para abordar. Hubo denuncias de represalias de parte de los patronos contra trabajadores que buscaban formar sindicatos y participar en actividades sindicalistas, y el Gobierno no hizo cumplir efectivamente las leyes para proteger a los trabajadores que ejercían sus derechos. Hubo amplio empleo de menores en el sector informal. El tráfico de mujeres y niños fue un problema.

El Gobierno aceptó la propuesta del Procurador de los Derechos Humanos para que una comisión encabezada por las Naciones Unidas investigara posibles vínculos entre grupos clandestinos ilegales o las fuerzas de seguridad con ataques a los defensores de los derechos humanos y con el crimen organizado. A fin de año, el acuerdo esperaba ser sometido al Congreso para ser ratificado en enero de 2004. La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) continuó monitoreando la implementación de los acuerdos de paz y los problemas de derechos humanos, y la ONU prorrogó su mandato hasta fines de 2004, a solicitud del Gobierno.

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1 - Respeto a la Integridad de la Persona, Incluyendo Libertad de:

a. Privación Arbitraria o Ilegal de la Vida

No hubo asesinatos políticos confirmados por actores del Estado. Sin embargo, las fuerzas de seguridad cometieron cierto número de asesinatos. El Gobierno arrestó y llevó a juicio a aquellos reponsables, pero en muchos casos el sistema debil de investigación, ejecución de la ley y de fiscalía evitó que el Gobierno investigara adecuadamente los asesinatos u otros delitos o arrestara y acusara exitosamente a los hechores (ver Secciones 1.c. y 1.e).

En julio, el Procurador Auxiliar de los derechos Humanos en el Departamento de Chimaltenango, Jose Israel Lopez, fue muerto. Los investigadores sospecharon motivos personales más bien que políticos. Para fines de año, nadie había sido arrestado.La Fiscal Especial de Derechos Humanos, Thelma de Lam, quien está investigando el caso, recibió amenazas de muerte y una falta de cooperación de parte de la policía local.

MINUGUA informó que había confirmado 7 asesinatos extrajudiciales entre julio de 2002 y junio de 2003, en comparación con trece de estos asesinatos el año precedente. (MINUGUA considera como extrajudicial cualquier asesinato por un actor del Estado, sea o no por órdenes del Gobierno.) No hubo casos confirmados de personas muertas por órdenes del Gobierno o con su complicidad.

El informe de MINUGUA se refirió a cierto número de muertes por miembros de la policía. Muchos de estos casos fueron de descarga accidental de armas de fuego, mal comportamiento en estado de ebriedad de agentes en y fuera de servicio, técnicas cuestionables de control de masas o juicio pobre de oficiales que perdieron el control de situaciones inestables involucrando muchedumbres iracundas o personas que se resistían a ser arrestadas. En algunos casos, hubo investigación efectiva tanto de parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) de la policía como de los fiscales. En otros, hubo evidencia creíble de encubrimiento de parte de agentes de la policía, la ORP o ambos y, frecuentemente, de investigaciones inadecuadas de parte de la fiscalía. Aunque el número de linchamientos disminuyó, MINUGUA informó que un porcentaje más grande de incidentes tuvo el involucramiento de funcionarios municipales, particularmente alcalde auxiliares.

En abril, el activista de los derechos humanos y sacerdote maya Diego Xon Salazar fue asesinado en Chichicastenango, Quiché. Se informó que Xon Salazar había recibido múltiples amenazas de muerte relacionadas con su su denuncia del resurgimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en El Quiché. Las PAC eran elementos paramilitares reclutados por las fuerzas armadas durante el conflicto interno, responsables por muchas de las ejecuciones sumarias, desapariciones, casos de tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos. En mayo, el sacerdote maya Gerardo Camo Manuel fue muerto durante una ceremonia religiosa en Rabinal, Baja Verapaz, después de, según se informa, recibir amenazas de muerte de uno o más miembros de su comunidad. El 9 de diciembre, las autoridades arrestaron a dos agentes de la policía por el asesinato de Camo Manuel. El juicio estaba pendiente a fines de año.

El 9 de abril, 16 agentes del ex Departamento de Operaciones Anti Narcóticas (DOAN) de la PNC fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato en enero de 2002 de Leonel Diaz Valenzuela y Abnail Cerna, y el 21 de agosto una sala de apelaciones confirmó las sentencias.

No hubo resultados y no se esperaba ninguno en el tiroteo en febrero de 2002 entre miembros del Servicio de Investigaciones Criminalísticas (SIC) de la PNC y personal de inteligencia militar en que dos militares fueron muertos y tres agentes de la policía heridos.

No hubo más progreso en el asesinato en abril de 2002 de Rudy Castillo y Erick Garcia en Sumpango, Sacatepqeuez, dícese que por la policía. El caso contra un agente de la policía acusado de los asesinatos fue cerrado después de la investigación, Los otros sospechos de la PNC están foragidos.

No hubo progreso en el asesinado en abril de 2002 de William Ruando Mayén, hijo de Pascual Mayénen, testigo del caso Bethel Route en que unos 18 individuos fueron muertos por un grupo de ex militares y miembros de las PAC. La evidencia sugería la existencia de vínculos entre los asesinos de Mayén y los asesinatos de Betheln Route.

Durante el año, hubo varios informes de muertes de detenidos o presos durante motines en las diferentes prisiones. La mayoría de los casos de años anteriores no fueron resueltos. En el caso de la muerte en 2000 de Luis Armando Colindres mientras estaba en custodia de la policía, los tribunales liberaron a los tres agentes de policía implicados en su muerte y detenidos por el fiscal después de que pagaron $126 (1,000 quetzales) cada uno.

La mayoría de los casos de asesinatos políticos de años anteriores permanecieron sin resolver, como aquellos del ex candidato presidencial Jorge Carpio en 1993 y, en 2001, de Luis García, testigo del asesinato de Monseñor Gerardi e 1998. Hubo algún progreso en casos de asesinatos extrajudiciales pasados por miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en otros hubo poco o ningún progreso a menudo debido a las tácticas de los abogados defensores que con frecuencia se aprovecharon de un sistema legal que tolera mociones dilatorias para descarrilar juicios pendientes contra sus clientes militares.

El 7 de mayo, una sala de apelaciones desestimó la condena en octubre de 2002 de Juan Valencio Osorio por el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack Chang. El 19 de junio, Helen Mack solicitó a Corte Suprema anular la decisión de la sala, y la solicitud seguía pendiente a finales de año. En febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos oyó el caso Mack. Durante el juicio, el Gobierno admitió responsabilidad del Etado por el asesinato de Myrna Mack Chang. El 19 de diciembre, la Corte econcontró al Estado responsable por la muerte de Myrna Mack Chang y denegación de justicia en su caso. La Corte ordenó al Gobierno a pagar $779,000 (seis millones de quetzales) en compensación y a tomar otros pasos para reconocer su responsabilidad.

El 1 de octubre, la Corte de Constitucionalidad confirmó la condena y sentencia en 2001 de tres oficiales militares a 30 años no conmutables por el asesinato en 1998 del Obispo Juan Gerardi, Coordinador de la ODHAG. El 20 de agosto, a solicitud de ODHAG, el Fiscal General nombró a Jorge Antonio García como nuevo fiscal del caso. MINUGUA continuó confirmando múltiples denuncias de amenazas, actos de intimidación y vigilancia de aquellos involucrados en el caso. El cadáver de un testigo clave, aparentemente muerto en diciembre de 2002, fue encontrado el 21 de enero, y el 5 de octubre, Erick Urízar, testigo de la defensa en el caso, fue muerto a balazos, aunque no está claro si el asesinato de Urízar tuvo móviles políticos (ver Secciones 1.e. y 4).

En agosto, el fiscal del Ministerio Público Mario Leal informó que por lo menos 20 de los 183 individuos listados en el "Diario Militar" (un registro militar presunto de civiles sometidos a la desaparación forzada entre 1983 y 1985) estaban vivos. Leal indicó que se proponía llamar a 6 testigos a dar declaraciones en relación con 75 casos criminales denunciados por familiares de las víctimas contra los militares y la policía, pero afirmó que muchos de los testigos estaban renuentes a comparecer por temor a represalias.

El progreso en algunos casos de masacre que se remontan a los años 1980 permaneció inmóvil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha fijado una fecha para la audiencia en el caso de las masacres de 1982 en Plan de Sánchez, Baja Vereapaz, en que miembros del Ejército y de las PAC presuntamente asesinaron a 268 personas. El Gobierno aun no ha cumplido con un arreglo, incluyendo resarcimiento económico, que la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) prometió en 2000 después de reconocer la responsabilidad del Estado por la masacre.

A pesar de una orden de la Corte Suprema en 2001 de proceder con el juicio de 5 guerrilleros por la masacre en 1988 de 21 civiles en El Aguacate, Chimaltenango, no hubo ningún progreso en el caso.

El 3 de junio, el tribunal de sentencia en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, reabrió el caso de la masacre de Xamán. En el juicio, se acusó a los 16 defendidos (todos soldados) del asesinato de 11 civiles en Chisec, Alta Verapaz. Aproximadamente 30 miembros de la comunidad Aurora 8 de Octubre prestaron declaración en agosto y septiembre. El veredicto estaba pendiente a finales de año.

El caso de la masacre militar en 1982 de 250 civiles en Dos Erres, Petén, estuvo inmovilizado en los tribunales por la presentación de 34 apelaciones de parte de la defensa. En febrero, Familias de los Desparecidos en Guatemala (FAMDEGUA) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDEH) que reabriera el caso si el Gobierno no cumpliía con sus compromisos no cumplidos. El 25 de abril, COPREDEH y la Universidad de San Carlos firmaron un acuerdo para poner en marcha el Proyecto para la Asistencia Psicológica de las Víctimas de la Masacre de Dos Erres, en cumpliminto con parte de los compromisos de resarcimiento. La Décima Sala de Apelaciones continuó analizando una serie de apelaciones en que se solicitaba que se concediera amnistía a los defendidos bajo la Ley de Reconciliación Nacional, mientras que MINUGUA, FAMDEGUA y los fiscales declaraban que el asesinato de la población civil no podía ser considerado una acción militar sino un crimen nefasto que debía ser castigado.

El fiscal Mario leal completó las entrevistas de testigos en relación con demandas presentadas en 2000-2001 en representación de comunidades en que civiles fueron masacrados por fuerzas de seguridad del Gobierno. Leal comparó las declaraciones de los testigos con informes forénsicos de las exhumaciones en 22 comunidades diferentes, que forman la Asociación pro Justicia y Reconciliación, la demandante particular del caso. Las demandas alegan crímenes, incluyendo genocidio, cometidos por el alto mando del ex Presidente Fernando Romeo Lucas García y del ex presidente de facto y Presidente del Congreso, General (retitado) Efraín Ríos Montt. Los casos fueron traslados de los tribunales metropolitanos al tribunal regional en Nebaj, Quiché. Los abogados de derechos humanos que trabajaban en el caso formalmente pidieron que el juez regional de Quiché se recusara, puesto que los casos involucraban delitos cometidos en todo el país. Muchos creen que el traslado de los casos fue una táctica para inmovilizarlos.

Las exhumaciones de fosas comunes secretas continuaron durante el año pero ocasionaron amenazas de muerte. Los equipos de exhumación reportaron que algunas comunidades habían perdido su resolución por participar (ver Sección 4). Los científicos forenses han exhumado más de 2, 335 restos de más de 280 sitios desde que las exhumaciones comenzaron en 1992. Entre enero y diciembre, los científicos forenses exhumaron 363 restos de 79 sitios diferentes. Los equipos de exhumación aumentaron su productividad por diez en la última decada, pero han declarado que la demanda de exhumaciones aumentaron y el trabajo podría continuar por varias décadas más. La mayoría de los restos recuperados eran de civiles, víctimas de asesinatos militares o paramilitares a principios de los años 1980. Los grupos forenses usaron la información obtenida de las exhumaciones para verificar informes de testigos oculares de las masacres - de las cuales la Comisión de Esclarecimiento Histórico registró 669 - y para asignar la responsabilidad, por lo menos en términos generales. Las investigaciones forenses y las pruebas de ADN identificaron algunos de los restos y fueron usados en algunos casos criminales.

En junio, miembros de las familias de las víctomas de las masacres de Rabinal, Alta Verapaz participarón en una nueva reinhumación de aproximadamente 70 restos después del examen de la evidencia forense de parte de la Fundación Guatemalteca de Antropologóa Forense y el Ministerio Público. El Grupo colisionó con una reunión de campaña política del candidado presidencial del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) planificada por el congresista regional del FRG para el mismo día de las inhumaciones, Los participantes en la reinhumación arrojaron piedras a Ríos Montt, que fue obligado a retirarse abruptamente. Los activistas de los derechos humanos en Rabinal informaron de un aumento en las amenazas de muerte y vigilancias después del incidente.

En marzo, la Corte Suprema española dictaminó que tenía jurisdicción sobre los abusos cometidos contra ciudadanos españoles involucrados en la masacre de la Embajada de España y de los cinco sacerdotes españoles muertos en Guatemala a principios de los años 1980. El caso fue elevado a la Corte en 1999 por la Premio Nobel Rogoberta Menchú contra Ríos Montt, el ex Presidente Fernando Lucas García y el ex Presidente de facto Oscar Humberto Mejía Víctores por abusos a los derechos humanos, incluyendo genocidio, tortura y terrorismo cometidos durante el conflicto interno de 36 años. Para fines de año, aun no se había fijado una fecha para el juicio.

El 20 de marzo, el Gobierno anunció que 250,000 ex miembros de la PAC recibirían aproximadamente $660 (5,241 quetzales) cada uno por sus servicios durante el conflicto interno y distribuyó el primer pago de $216 (1,710 quetzales) en abril. La decisión del Gobierno de proporcionar indemnización condujo a protestas de grupos de la sociedad civil y observadores internacionales de los derechos humanos, quienes afrimaron que algunos miembros de las ex PAC estaban implicados en abusos a los derechos humanos y que los familiares de sus víctimas aun no había recibido compensación alguna.

El 9 de mayo, la ley que creó el Plan Nacional de Resarcimiento entró en vigor, creando una Comisión Nacional de Resarcimiento con un presupuesto de $388 millones (3,081 millones de quetzales) a lo largo de 11 años para identificar a las víctimas de la guerra y concederles pagos de resarcimiento.

Hubo alegaciones plausibles de asesinatos políticamente motivados por actores no del Estado durante el año, con disposición limitada de partes de los fiscales para investigar dichos asesinatos. En el período previo a las elecciones de noviembre, hubo por lo menos 29 asesinatos de candidatos de la oposición, aunque la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) reportó que únicamente 2 de los asesinatos estuvieron claramente relacionados con las elecciones (ver Sección 3). En algunos de estos casos, la evidencia no era suficiente para concluir si el asesinato tenía móviles políticos. El 19 de octubre, Hugo García, miembro del Partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fue baleado por dos individuos mientras asistía a una reunión política en la sede de la UNE en Jalapa. Dis sospechos fueron arrestados y a finales de año estaban esperando juicio. El 13 de mayo, Hugo Cal, alcalde miembro del FRG, baleó, dícese, al miembro del Partido Unionista Byron Vladimir Jom en San Crisóbal Verapaz, Alta Verapaz, mientras Jom pegaba carteles de propaganda política. A fines de año, Cal estaba en custodia de la policía, esperando ser enjuiciado.

No hubo progreso en el caso del asesinado en febrero de 2002 de César Rodas, testigo del caso de la Tipografía Nacional de 2001. A pesar de una orden de la CIDEH en 2002 que el Gobierno diera portección policial a cinco de los testigos, quienes reportaron estar siendo seguidos y amenazados por individuos desconocidos, varios de ellos reportaron atentados durante el año.

No hubo progreso en el asesinato en marzo de 2002 de Jorge Rosal, líder regional del Partido Patriota, y no era probable que hubiera.

Ever López Gómez y Billy René Barrios, sospechosos en el asesinato en abril 2002 del contador de la Fundación Menchú, Guillermo Ovalle, permanecían en prisión esperando ser enjuiciados (ver Sección 4).

Hubo varios asesinatos caracterizados de actos de "limpieza social" en que personas consideradas socialmente ideseables fueron muertas. En febrero, el Director de Casa Alianza, Bruce Harris, instó a que se hiciera una investigación a fondo del asesinato de un niño de la calle llamado Oscar García. Harris dijo que únicamente el 5% de los casos de niños de la calle asesinados denunciados al Ministerio Público llegaban a juicio. Los niños de la calle continuaron siendo víctimas de violencia de parte de personas desconocidas (ver Sección 5). Hubo múltiples de mujeres torturadas, desaparecidas y assinadas (ver Sección 1.c. y 5).

No hubo progreso alguno en la investigación del asesinato en 2001 de Sor Barbara Ann Ford. El fiscal no había establecido un móvil.

La policía informó que entre enero y agosto hubo 18 intentos de linchamientos en que 14 personas murieron, comparados con 61 intentos resultando en 25 muertes en todo el año de 2002. MINUGUA continuó verificando casos que estaban planificados o eran premeditados, algunos de los cuales incluían la participación de funcionarios municipales, dirigentes locales, o ex miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil. La gran mayoría de los ataques tuvo lugar en areas rurales predominantemente indígenas en que el sistema de justicia es menos accesible. MINUGUA concluyó que la débil respuesta del Gobierno al crimen condujo a la aceptación parcial de los linchamientos de parte del público.

El 3 de agosto, estalló una pelea entre las dos comunidades de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, por un conflicto de tierras. Cuando la policía y personal del Ejército ingresaron al área en un intento de poner fin al pleito, los aldeanos voltearon sus armas contra ellos. Por lo menos dos agentes de la policía y un soldado fueron muertos.

b. Desapariciones

No hubo denuncias de desapariciones políticamente motivadas. Sin embargo, hubo alegaciones creíbles de la involucración de agentes de policía individuales en secuestros. Entre enero y noviembre, el Ministerio Público abrió siete casos de secuestro contra tres agentes mujeres y cuatro agentes hombres. Seis de los secuestros tuvieron lugar en el Departamento de Guatemala y uno en el Departamento de San Marcos. Las investigaciones permanecían pendientes a fines de año.

No hubo progreso y no se esperaba ninguno en el caso de enero de 2002 en que agentes del DOAN, al efectuar un allanamiento en busca de drogas en Chochón, Izabal, ilegalmente detuvieron a Humberto Orellana Sis, quien luego desapareció y cuyo paradero sigue desconocido (ver Sección 1.a.).

Desapariciones en casos de alto perfil en años pasados siguieron sin ser resueltos a fin de años. En el caso de la desaparación en 2000 de la catedrática de la Universidad de San Carlos y activista social Mayra Gutiérrez, el Ministerio Público identificó a un sospechoso primario y solicitó a la policía que lo capturara. Sin embargo, se cree que el sospecho salió huyendo del país.

El 19 de marzo, el Gobierno formalmente reconoció a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos, actualmente encabezada por la Procuraduría de los Derechos Humanos. La Comisión fue creada por organizaciones de la sociedad civil en 2001. En junio, la Comisión publicó su segundo informe annual, que documentó 575 casos de niños desaparecidos y reportó 43 reunificaciones familiares desde junio de 2002: en los últimos dos años, la Comisión ha documentado 1,000 casos y ha llevado a cabo 60 reunificaciones. La Comisión reportó que el obstáculo principal a su labor fue la negativa del Ejército a darle acceso a sus registros de niños capturados.

En enero, el Gobierno cumplió con parte de la orden de febrero de 2002 de la CIDEH de conceder $498,000 (3,859,500 quetzales) en daños a los sobrevivientes del líder guerrillero desaparecido Efraín Bámaca Velásquez y reconoció públicamente la responsabilidad del Estado por su muerte. Sin embargo, el Gobierno aun no ha localizado sus restos.

La apelación contra la decisión de 2001 de desestimar el caso contra el general retirado y es presidente de facto Oscar Mejía Víctores por su presunto papel en la desaparación en 1984 de Fernando Garciía seguía pendiente a fines de año.

c. Tortura y otro Trato o Castigo Cruel, Inhumano o Degradante

La Constitución vela por la integridad y seguridad de la persona y prohibe la tortura física o psicológica de los presos. Sin embargo, hubo denuncias creíbles de tortura, abuso y otros malos tratos por miembros de la PNC durante el año. Estas quejas típicamente tenían que ver con el uso de fuerza excesiva durante los arrestos, investigaciones u otras operaciones policiales. Detectives del Servicio de Investigaciones Criminalísticas (SIC) continuaron torturando y golpeando a los detenidos durante el interrogatorio a fin de obtener confesiones. El Gobierno y la PNC demostraron poca disposición de investigar, llevar a juicio o de otra forma castigar a los agentes que cometieron abusos. La PNC trasladó algunos casos de tortura alegada a la Fiscalía. Los cadáveres de un número significativo de víctimas mostraban señales de tortura o trato cruel (ver Sección 1.a.).

En agosto, MINUGUA informó que había investigado 83 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano y degradante y confirmó 79 de ellos entre enero y agosto. La policía, particularmente el SIC, cometió la mayoría de las violaciones. La policía en ocasiones castigó la fuerza excesiva o ilegal de parte de sus agentes. Sin embargo, más frecuentemente los ofensores fueron trasladados a otra localidad. En varios casos hubo evidencia creíble de que los agentes de la policía y sus superiores alteraron documentación, falsificaron pruebas, sobornaron e intimidaron a víctimas y testigos, o de otra forma obstruyeron las investigaciones y enjuiciamiento de agentes por mala conducta.

En marzo, miembros del Servicio de Análisis e Información Antinarcóticos, el SIC, el Ministerio Público y el Ejército ilegalmente detuvieron y torturaron a Salvador Hernánez Duarte, Vicente Atilio Mejía Alvarez y Victo Hugo Gil Peña en un operativo antinarcóticos en la Zona Militar 5, Río Hondo, Zacapa. De acuerdo con MINUGUA, las fuerzas de seguridad intentaron obtener información acerca de la ubicación de un embarque de narcóticos usando tratamiento de choque eléctrico en los sujetos detenidos. No se tomó ninguna acción contra los hechores.

Hubo múltiples denuncias de mujeres torturadas, desaparecidas y asesinadas (ver Secciones 1.a. y 5).

En la tortura y asesinato en 2002 de Manuel García de la Cruz, miembro de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONVIGUA), un grupo de derechos humanos, en Joyabaj, Quiché, el equipo investigador arrestó a los sospechos primarios y estaban preparando el juicio a fines de año.

Casa Alianza, una ONG, informó que el número de incidentes de asesinato y abuso de niños de la calle aumentó (ver Secciones 1.a. y 5).

Durante el año, grupos de campesinos continuaron ocupando más de 60 fincas a la fuerza. En la mayoría de los casos, las órdenes de desalojo no fueron cumplidas; en algunos casos, los desalojos fueron llevados acabo pacíficamente. Tambén hubo denuncias aisladas de fuerza excesiva de parte de la policía.

Las condiciones carcelarias suguieron siendo duras. El sistema carcelario continuó sufriendo de una severa falta de recursos, particularmente en las áreas de seguridad carcelaria y servicios médicos. De acuerdo con el registro llevado por el sistema carcelario, había 8,459 reclusos en todo el país, mientras que la capacidad del sistema era de 6,974. El apiñamiento de la cárceles era particularmente severa en el Departamento de Zacapa, donde una cárcel diseñada para 140 reclusos tenía 325, y en las cárceles de Pavón y Preventivo de Ciudad de Guatemala, diseñadas para 2,482, contenían 3,525 reclusos. Aproximadamente el 60 porciento de los reclusos están detenidos en régimen pre-juicio. La relación promedio de guardias a presos era de 1 a 12.

Los reclusos continuaron quejándose de alimentación y atención médica inadecuadas. La corrupción, especialmente relacionadas con drogas, era extensa. Oficiales de las cárceles reportaron frecuentes intentos de fuga y otras manifestaciones de intranquilidad entre los reclusos. El Ejército continuaba prestando seguridad perimetral a varias cárceles.

El caso de la fuga de 70 reclusos en 2001 de la cárcel de máxima seguridad de Escuintla, presuntamente con la colaboración de las autoridades carcelarias, concluyó en octubre, cuando el director de la prisión fue condenado a 16 años de encarcelamiento, el subdirector y 20 guardias a seis años, y dos alcaides fueron absueltos. Todos los condenados apelaron la sentencia, y la apelación permanecía en la 12a Sala de Apelaciones a fin de año. A fines de noviembre, todos los presos que escaparon fueron condenados a 15 años adicionales de cárcel. Ninguno de los presos apeló contra la sentencia.

Las 452 reclusas en el sistema penitenciario continuaron detenidas en instalaciones separadas de los hombres. Sin embargo, las condiciones eran igualmente pobres. Las instalaciones de detención de Migración no siempre mantuvo a las detenidas separadas de la población masculina. Los niños fueron mantenidos separados de los adultos. La Secretaría de Bienestar Social mantiene cuatro Centros de Tratamiento y Orientación de Menores: uno para niñas y tres para niños.

El 18 de julio, el Congreso aprobó una Ley de Protección de Menores, reformando el Sistemas Penitenciario y definiendo los derechos y trato obligatorio de menores detenidos (ver Sección 5).

La gran mayoría de jóvenes detenidos por las autoridades tienen entre 16 y 18 años de edad. Entre agosto de 2002 y julio de 2003, la policía arrestó a 1,450 menores. Aproximadamente 20 por ciento de las capturas fueron por robo y 13 porciento por posesión de drogas.

Los detenidos en espera de juicio con frecuencia no estaban separados de delincuentes condenados. Aquellos que cumplían condenas por infracciones menores a menudo estaban detenidos juntamente con aquellos que habían cometido ofensas graves.

El Gobierno permitió visitas a las cárceles por observadores de derechos humanos indpendientes, defensores públicos, grupos religiosos y miembros de las familias. Dichas visitas tuvieron lugar durante el año.

d. Arresto, Detención y Exilio Arbitrarios

La ley prohibe el arresto y la detención arbitrarias. Sin embargo, hubo frecuentes denuncias de arrestos sin orden judicial, detenciones ilegales e incumplimiento con los tiempos límites prescritos en procedimientos legales. En la práctica, los oficiales que arrestaban dejaban de cumplir con los requisitos legales, particularmente con menores. La Constitución requiere que una orden de captura emitida por un tribunal sea presentada a unsospechoso antes de arresto, a menos que sea sorprendido en el acto de cometer un delito. La policía no podrá detener a un sospechoso por más de 6 horas sin elevar el caso a un juez. Una vez que el sospechoso ha sido formalmente acusado, el fiscal generalmente tiene 3 meses para completar su investigación y presentar el caso en un tribunal o pedir una prórroga formal del período de detención. La ley también establece el acceso a abogados y fianzas para la mayoría de los delitos.

El país está dividido en seis distritos policiales, cada uno subdividido en 28 comisarías. Entre los niveles distrital y de comisaría, hay cuatro unidades especiales, cada una encabezada por oficiales de la policía respecto de información e inteligencia; contranarcóticos; investigaciones; y cumplimiento con leyes ambientales. Un Director General, policía uniformado nombrado por el Presidente, dirige los distritos. Desde sus inicios, la PNC de 21,000 miembros no ha contado con suficiente personal, está inadecuadamente capacitada y con severa falta de recursos económicos. La corrupción policial fue un problema mayor, y hubo denuncias creíbles de involucramiento de parte de agentes individuales en actividades delictuosas, incluyendo secuestros. En vez de disciplinar a sus agentes, la policía con frecuencia los trasladaba a una parte diferente del país. La inmunidad de los agentes que cometen abusos siguió siendo un grave problema.

Todos los miembros de la PNC deberán satsifacer requisitos educativos mínimos, aprobar un examen de ingreso y someterse a una investigación para detectar a los violadores de derechos humanos e involucramiento en actividades criminales. El programa de capacitación para los nuevos reclutas fue reducido de 11 a 6 meses en un esfuerzo urgente de colocar más agentes en las calles. La capacitación de la policía incorporó 35 horas de curso sobre derechos humanos, pero ninguno de los 20,000 agentes capacitados desde 1997 ha recibido capacitación de refrescamiento. El Ejército continuó incorporando capacitación en derechos humanos en su currículo e impartió cursos de derechos humanos con el Procurador de los Derechos Humanos (PHD). Oficiales de Asuntos Civiles en cada comando fueron obligados a planificar y documentar la capacitación en derechos humanos a los soldados. Una oficina de derechos humanos fue abierta dentro del Ministerio de la Defensa para activar la participación de la comunidad de los derechos humanos.

Había 21,180 agentes de la PNC ó 1 por cada 543 personas. La presencia fuera de la capital mejoró. Sin embargo, aproximadamente las dos terceras partes de los distritos seguían con únicamente el 60 a 75 porciento del personal requerido. La PNC reportó que 2,036 de sus agentes era indígenas.

De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, más de 60,000 agentes de seguridad privados trabajaban en el país. De acuerdo con la Asociación Gremial de Seguridad, aproximadamente la mitad trabajaba por empresas que no habían llenado los requisitos legales y eran propiedad de ex militares y ex policías. A pesar de su responsabilidad por regular a las firmas de seguridad privadas, el Ministerio hizo poco para investigar esto.

La ORP conduce investigaciones internas de mala conducta de parte de los oficiales de la policía. La ORP cuenta con un cuerpo fuerte de investigadores y ha demostrado una mejora considerable de profesionalismo. Sin embargo, su independencia y efectividad fueron obstaculizados por la falta de apoyo de la dirigencia de la PNC. En casos aislados, pareció que investigadores de la ORP participaron en encubrimiento de la mala conducta policial. La ORP informó que recibió 1,868 denuncias, incluyendo 40 casos de homicidio, 200 casos de abuso de autoridad, 274 casos de hurto, 214 casos de corrupción o soborno, 179 amenazas y 116 detenciones ilegales. Aquellos casos con suficiente evidencia como para sugerir que se había cometido actos criminales fueron trasladados al Ministerio Público para ulteriores investigaciones y enjuiciamiento. Durante el año, la ORP cerró 1,062 casos y sus investigaciones resultaron en la exoneración de 1,720 agentes de la policía.

Ningún miembro activo de las fuerzas armadas sirve en la estructura de mando de la policía, aunque el Gobierno podrá emplear al Ejército par prestar apoyo a la policía temporalmente en respuestas a las crecientes tasas de criminalidad violenta. De acuerdo con la ley, el personal militar no está claramente subordinado al control de la policía durante los patrullajes y operaciones conjuntas. En julio, en respuest a manifestaciones violentas de gran escala en apoyo de los esfuerzos de Ríos Montt de inscribirse como candidato presidencial, el Presidente Portillo anunció que estaba llamando al Ejército para ayudar a la policía a restablecer el orden. Fue vista únicamente una presencia militar menor en apoyo de la policía durante los siguientes días, lo que provocó numerosas acusaciones de que los militares habían desobedecido una orden presidencial. El Presidente subsiguientemente demitió al General Ríos Sosa, el militar de segundo grado más alto del país e hijo del Presidente del Congreso Ríos Montt.

Las personas que intentaban ingresar ilegalmente al país frecuentemente fueron sometidos a la extorsión y malos tratos por funcionarios de gobierno. Muchos observadores creen que estos malos tratos no son denunciados en su totalidad porque los inmigrantes ilegales rara vez presentan denuncias formales, ya sea con las autoridades o contra ellas, y hay poca asistencia legal disponible a tales personas.

A los detenidos se les permitió acceso pronto a sus abogados. Sin embargo, recursos muy limitados fueron dedicados al sistema de defensoría pública.

Había un sistema de libertad bajo fianza.

No había datos confiables sobre el número de detenciones arbitrarias, aunque la mayoría de los relatos coinciden que las fuerzas de seguridad rutinariamente hicieron caso omiso de mandatos de habeas corpus en casos de detenciones ilegales. En agosto, MINUGUA informó que había investigado 49 casos de detención ilegal o arbitraria y confirmó 41 de ellos entre enero y agosto.

De los 8,459 presos en custodia en septiembre, 3,319 habían sido condenados y sentenciados y los demás esperaban ser enjuiciados. La ley fija un límite de tres meses previo al juicio, pero detenciones más largas ocurrieron rutinariamente, Los presos a menudo fueron detenidos más allá de la fecha de su juicio legal o de puesta en libertad, a veces por años. Los presos no eran liberados de forma oportuna después de cumplir sus sentencias debido a que los jueces no emitían las órdenes necesarias o debido a otros problemas burocráticos.

La Constitución prohibe el exilio, y el Gobierno no hizo uso de él. Sin embargo, el exilio autoimpuesto es respuesta común de ciudadanos que se sienten amenazados o intimidados.

e. Negación a un Juicio Público Justo

La Constitución establece un organismo judicial independiente. Sin embargo, el sistema judicial a menudo dejó de proveer juicios justos debido a la ineficiencia, corrupción, personal y fondos insuficientes e intimidación de jueces, fiscales y testigos. Un informe del mes de mayo de Amnistía Internacional afirmó que la falla del sistema legal en impartir justicia constituía un factor contributivo a las intimidaciones contra la comunidad de los derechos humanos del país y otras que se esforzaban por combatir la impunidad en esta situación. Muchos casos de derechos humanos de alto perfil continuaron pendientes en los tribunales por largos períodos, puesto que los abogados de la defensa emplearon numerosas apelaciaciones y mociones dilatorias. Los tribunales a veces llevaron meses en resolver apelaciones patentemente frívolas. Hubo numerosas alegaciones creíbles de corrupción, manipulación e intimidación en el sistema judicial. Hubo informes creíbles de asesinatos y amenazas de testigos, lo que seguía siendo un problema (ver Secciones 1.a. y 1.c.).

El organismo judicial está compuesto de la Corte Suprema, salas de apelación, tribunales de sentencia y jueces de instrucción (que funcionan como grandes jurados). También tribunales de jurisdicción especial, como juzgados de trabajo y de familia, que también están bajo la jurisdicción de le Corte Suprema. La Corte de Constitucionalidad es independente del resto del sistema judicial. Hay varios juzgados comunitarios en áreas rurales indígenas.

La Constitución requiere que el Congreso elija a todos los magistrados de la Corte Suprema y salas de apelación cada 5 años con base en listas compuestas de magistrados activos, representantes del colegio de abogados, decanos de las facultades de derecho y rectores de las universidades.

Los jueces y fiscales continuaron recibiendo amenazas diseñadas para influir en decisiones pendientes o castigar decisiones pasadas. Las amenazas de muerte e intimidación en el sistema judicial fueron comunes en casos de violaciones de derechos humanos, especialmente cuando los defendidos eran miembros activos o ex miembros del Ejército, comisionados militares o ex miembros de la PAC. Los testigos muy a menudo estaban demasiado temerosos para testificar. Querellantes, testigos, fiscales y juristas involucrados en casos de alto perfil contra miembros del Ejército reportaron amenazas, intimidación y vigilancia. Los fiscales, jueces y testigos asociados con el caso Gerardi reportaron amenazas continuas, a igual que testigos, fiscales y por lo menos un juez en el caso Mack (ver Sección 1.a.). Aquellos que participaron en casos de corrupción en el gobierno también fueron objetivizados, como Karen Fischer y Tatiana Morales, ex Fiscales Especiales Contra la Corrupción, quienes renunciaron después de recibir amenazas y presiones de dentro del Gobierno.

A muchos jueces se les negó el seguro privado de salud y de vida porque sus ocupaciones eran demasiado peligrosas. Entre enero y agosto, el Ministerio Público gastó aproximadamente $170,000 (1.3 millones de quetzales) en su programa de proteción a testigos. Para agosto, el sistema judicial había recibido 80 denuncias de amenazas contra jueces, comparados con 76 en todo el año de 2002. El Fiscal Especial de Delitos Contra Personal Judicial investigó 77 casos pero le hicieron falta personal y recursos necesarios para llevar a cabo su misión.

En enero, el magistrado de la Corte Suprema Héctor Mauricio Rodríguez fue muerto en lo que la policía concluyo era un intento por robarle el automóvil.

En marzo, se hizo estallar un dispositivo explosivo en las afueras de la casa del Magistrado de la Corte Suprema José Rolando Quezada Fernández.

En junio, la Fundación Mack reportó que 114 jueces y 8 fiscales informaron que habían recibido amenazas durante el año.

El Código Procesal Penal estipula presunción de inocencia, el derecho de estar presente en juicio, el derecho a un abogado, acuerdos con el fiscal y la posibilidad de libertad bajo fianza. Las audiencias son públicas, permitiendo a las víctimas, miembros de las familias y grupos de derechos humanos observar el proceso. Mesas de tres jueces rinden el veredicto. El Código Procesal Penal estipula que las audiencias serán orales. Sin embargo, sólo aquellos abogados que se han graduado desde 1994 han tenido verdadera capacitación en juicios orales. El Código también estipula que habrá interpretación de idiomas para aquellos que la requieran. Sin embargo, esta disposición rara vez fue honrada debido a limitaciones presupuestarias y otras (ver Sección 5). A nivel nacional, el Instituto de Defensores Públicos empleó a seis intérpretes, seis asistentes bilingües de los defensores, y cuatro defensores públicas que dominaban idiomas indígenas. La Fiscalía General, o Ministerio Público, que es independiente del organismo ejecutivo, podrá iniciar proceso penal por sí sola o en respuesta a una denuncia. Personas particulares podrán participar en el enjuiciamiento de casos criminales como demandantes adhesivos. Investigaciones largas y mociones procesales frecuentes a menudo provocaron la detención pre-juicio excesivamente larga (ver Sección 1.d.). Los tribunales demostraron poca disposición de rechazar mociones frívolas o patentemente inválidas. Como consecuencia, las partes hacían uso de tales mociones como tácticas dilatorias, inmovilizando losjuicios por meses y hasta por años.

En agosto, el Presidente de la Corte Suprema Carlos Larios Ochaita anunció que el presupuesto de la Corte correspondiente a 2004 era de $166 millones (1.3 mil millones de quetzales), que afirmó ser inadecuado hasta para las necesidades básicas del sistema judicial, sin considerar el nuevo tribunal creado en el Código de Menores.

La Ley de Carreras Judiciales regula el ingreso pecuniario, términos de empleo, ascensos, capacitación, disciplina y otras actividades de jueces y magistrados y ordena un curso de capacitación de 6 meses para los jueces recién nombrados. Durante el año, el Consejo de Carreras Judiciales revisó las evaluaciones de desempeño de 63 jueces. El Consejo revisó numerosos casos y emitió sanciones que fueron de cartas de reprimienda a destituciones. El Consejo es responsable por seleccionar a los jueces así como por disciplinarlos de acuerdo con el criterio de la ley respecto de sanciones.

La Corte Suprema continuó buscando la suspensión de jueces y llevar a cabo investigaciones criminales por impropriedades o irregularidades en los casos bajo su jurisdición, Desde agosto de 2002 hasta julio, la Unidad de Disciplina Judicial 115 de 537 denuncias de infracciones que había recibido, con el resultado de que 66 denuncias fueron encontradas infundadas, 25 jueces fueron sancionados, 22 fueron suspendidos y 8 fueron sancionados con la recomendación de que fueran destituidos.

El Ministerio Público ha sido obstaculizados en sus esfuerzos por investigar delitos y enjuiciar a los ofensores por la inadecuada capacitación e inadecuado equipo, carga de casos excesiva y número insuficiente de investigadores calificados. Los fiscales continuaron siendo susceptibles a la intimidación y a la corrupción. Además, la falla de la ley en delinear la responsabilidad por investigar los delitos entre la PNC y el Ministerio Público ha provocado rivalidades entre estas organizaciones así como la duplicidad de esfuerzos investigativos. El Fiscal General y Jefe del Ministerio Público declaró que la falta de fondos era la fuente de la mayoría de las deficiencias del Ministerio. Sólo un 3% estimado de aproximadamente 250,000 casos denunciados al Ministerio Público anualmente fueron llevados a juicio. El presupuesto del Ministerio Público para el año fue de $50 millones (398 millones de quetzales).

El Gobierno prosiguió sus esfuerzos por reformar el sistema judicial. Quince centros de justicia, que reúnen a jueces, defensores públicos, fiscales, abogados particulares, policía, representantes municipales y de la sociedad civil, en un enfoque de equipo para resolver disputas, prestaron servicio público eficiente. Las oficinas de los oficiales de los tribunales aerodinamizaron el procesamiento de casos, aumentaron la transparencia, mejoraron el servicio al cliente y virtualmente eliminaron la corrupción. Un sistema análogo fue inaugurado en la Ciudad de Guatemala en la Unidad de Recepción de Casos de la Fiscalía. En la Unidad de Víctimas de la Fiscalía en la capital, médicos y enfermeras estuvieron disponibles 24 horas al día para auxiliar a las víctimas de violación y otros crímenes y obtener evidencia para sus casos (ver sección 5) y unidades similares también operaron en cada departamento del país.

No hubo informes de presos políticos, aunque dirigentes sindicalistas afirmaron que Rigoberto Dueñas, un dirigente sindicalista, que había sido capturado el 8 de junio sospecho de estar involucrado en el escándalo de la malversación en el Instituto de Seguridad Social, era preso político.

f. Interferencia Arbitraria con la Privacidad, la Familia, el Hogar, o la Correspondencia

La Constitución establece que el hogar, la correspondencia y los documentos privados son inviolables. Sin embargo, las autoridades alegadamente a veces hicieron caso omiso de estas disposiciones. Elementos militares, especialmente el EMP y la Dirección de Inteligencia Militar, continuaron, según se dice, monitoreando las comunicaciones privadas. Durante el año, la mayoría de las organizaciones de derechos humanos reportaron vigilancia o anomalías telefónicas que sugerían intercepciones (ver Sección 4). No hubo progreso en el caso de 2001 del Ministerio P'ublico contra el Coronel Juan Valencia Osorio, ex director de seguridad del EMP, por espionaje. El 7 de mayo, una sala de apelaciones desestimó la condena de Valencia en 2002 por el asesinato de Myrna mack (ver Sección 1.a.).

Los militares continuaron cumpliendo con la orden presidencial de 1994 de suspender toda conscripción, incluyendo el reclutamiento forzoso. Las fuerzas armadas pudieron reclutar voluntarios de las áreas empobrecidas, usando incentivos de paga y educación.

Durante el año, hubo varios casos de empleados de gobierno siendo obligados a hacer contribuciones al partido gobernante, el FRG, así de convertirse en miembros del partido para obtener o mantenerse en el empleo. Durante los motines del 24 y 25 de julio, hubo informes de que maestros de escuela fueron obligados a participar en las manifestaciones pro FRG para mantenerse en el empleo.

Sección 2 - Respeto por las Libertades Civiles, Incluyendo:

a. Libertad de Expresión y de Prensa

La Constitución garantiza la libertad de expresión, y el Gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. Sin embargo, hubo numerosos informes creíbles de que miembros de los medios de comunicación fueron blanco de ataque, amenazas e intimidación.

Además de la crítica regular y abierta de las políticas de gobierno, los medios impresos dieron publicidad a comunicados de organizaciones de derechos humanos, sindicatos y grupos opuestos al Gobierno o a sus políticas. La Prensa criticó a los militares y otros sectores poderosos y regularmente publicó reportajes sobre presuntos traficantes de drogas, corrupción oficial y redes clandestinas de inteligencia.

El director del diario "El Periódico" José Ruben Zamora informó que una docena de invasores entraron a su casa el 24 de junio y lo mantuvieron a él y a su familia a punta de pistola por varias horas, advirtiéndole que había molestado a alguien "arriba". Cuando Zamora se dio cuenta que aun estaba siendo seguido días después del incidente, envió a su esposa y a sus hijos fuera del país. Muchos otros periodistas informaron haber recibido amenazas. Luis Barilla de "Prensa Libre" informó que su casa fue blanco de una bomba incendiaria Molotov el 4 de julio, días después de haber escrito un artículo sobre el conflicto entre miembros de familias de víctimas de masacres y el candidato presidencial Río Montt. Muchos periodistas independientes también reportaron amenazas y ataques menores.

Los medios fueron objetivo primario de las violentas manifestaciones en apoyo de Ríos Montt el 24 de julio. Héctor Ramírez de Radio Sonora y el programa televisivo Notisiete sufrió un ataque al corazón fatal al ser perseguido por una muchedumbre machete en mano. Juan Carlos Torres de El Periódico fue bañado con gasolina y escapó por poco ser incendiado. Héctor Estrada del programa televisivo Guatevisión fue hospitalizado después de un ataque similar. Varios reporteros de la televisión vieron su equipo roto y fueron víctimas de mal trato físico de parte de la muchedumbre.

El 26 de octubre, ex miembros de las PAC en Huehuetenango plagiaron a cuatro periodistas para protestar contra atrasos en el pago por sus servicios durante el conflicto armado. Fueron puestos en libertad 51 horas después, cuando un equipo negociador del Gobierno aceptó un programa de pagos.

El Gobierno preparó programas de información pública que la radio y la televisión fueron requeridos a difundir. El 25 de noviembre, el Presidente anunció que trasladaría el derecho del Gobierno a dos canales de televisión nacionales a la Academia de Lenguas Mayas y al Congreso.

Las cuatro estaciones de televisión nacionales son propiedad de un ciudadano mexicano, Angel Gónzalez, quien desempeña un papel significativo en la política. Estos canales fueron muy criticados como monopolistas, pro gobierno e interesado en difundir sólo noticias que no fueran controversiales. Sin embargo, un nuevo canal a cable, Guatevisión, inició transmisiones el 20 de marzo. Propiedad de Prensa Libre, ofreció una alternativa a las otras estaciones y tenía fuerte componente de asuntos públicos. Representantes de la sociedad civil, candidatos de la oposición y diplomáticos extranjeros aparacieron en muchos de sus programas de discusión.

Continuaron las investigaciones de la muerte a balazos en 2001 del periodista radial Mynor Alegría Almendaris en Puerto Barrios, Izabal. En agosto, el tribunal de Chiquimula denegó la solicitud del fiscal de una orden de captura contra el congresista y ex alcalde de Puerto Barrios David Pineda por involucramiento en el incidente. El caso permanecía pendiente a fin de año.

El Gobierno no restringió el acceso a Internet ni la libertad académica.

b. b. Libertad de Asamblea y Asociación Pacíficas

Hubo numerosas protestas por una amplia variedad de grupos en todo el país que manifestaban sobre una amplia variedad de cuestiones. Sin embargo, en varias ocasiones las manifestaciones se tornaron violentas. La policía generalmente actuó con moderación. Sin embargo, hubo algunas acusaciones de uso innecesario de la fuerza o, a veces, falta de acción. En enero, el sindicato de los maestros de escuela organizó una huelga nacional en que los miembros bloquearon carreteras y puertos aéreos, organizaron paros de brazos caídos en varios ministerios y exigieron aumento de salario y mejor acceso a recursos. La policía actuó con moderación y no hizo uso de la fuerza para impedir las manifestaciones. La huelga terminó en marzo.

La Constitución garantiza la libertad de asociación y el Gobierno la respetó generalmente en la práctica. Sin embargo, hubo alegaciones de que el Gobierno interfirió con asociaciones políticas a nivel local. Hubo informes de que los pagos a las ex PAC requerían de registro con el partido oficial (ver Sección 1.a.).

c. Libertad de Culto

La Constitución garantiza la libertad de culto y el Gobierno generalmente respetó este derecho en la práctica. Sin embargo, el Gobierno no ha implementado el Acuerdo de 1995 sobre la Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece el respeto a los derechos espirituales del los pueblos indígenas. No hay religión oficial. Sin embargo, la Constitución explicítamente reconoce la condición legal separada de la Iglesia Católica.

El Gobierno no subsidió a grupos religiosos directamente. Miembros de una religión no necesitan registrarse para para practicar el culto juntos. Sin embargo, el Gobierno requiere que las congregaciones religiosas (aparte de la Iglesia Católica) y otras asociaciones no religiosas y ONGs se inscriban como entidades legales en la conducción de negocios.

Aunque no hubo política gubernamental de discriminación, la falta de recursos y voluntad política para hacer cumplir leyes existentes e implementar los Acuerdos de Paz limitan la libre expresión de la práctiva religiosa indígena. Dirigentes indígenas afirmaron que la cultura maya no recibe el reconocimiento oficial a que tiene derecho. El Gobierno no estableció mecanismos de libre acceso a los sitios ceremoniales considerados como sagrados en la cultura indígena ni tomó medidas para la preservación o protección de dichos sitios ceremoniales como sitios arqueológicos. Algunos grupos indígenas consideraron el uso del Gobierno de sitios sagrados como destinos turísticos generadores de ingresos como una afrenta a sus tradiciones espirituales.

El 1 de octubre, la Corte de Constitucionalidad confirmó la condena y sentencia en 2001 de tres oficiales militares a 30 años, no conmutables, por el asesinato en 1998 del Obispo Juan Gerardi, Coordinador de la ODHAG (ver Sección 1.a.).

Para una discusión más detallada, ver el Informe de International Religious Freedom, 2003.

d. Libertad de Locomoción dentro del País, Viajes al Extranjero, Migración y Repatriación.

La Constitución garantiza estos derechos y el Gobierno los respetó generalmente en la práctica.

La ley establece el otrogamiento de condición de refugiado o asilo a aquellas personas que satisfacen la definición de la Convención de la ONU Relacionada con la Condición de Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. En la práctica, el Gobierno otorgó protección contra el rechazo y concedió la condición de refugiado o asilo. El Gobierno colaboró con el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados y otras organizaciones humanitarias en la ayuda a refugiados.

Sección 3 - Respeto por los Derechos Políticos: El Derecho de los Ciudadanos de Cambiar a su Gobierno

La Constitución da a los ciudadanos el derecho de cambiar a su gobierno pacíficamente y los ciudadanos ejercieron este derecho a traves de elecciones periódicas, libres y justas celebrados en base del sufragio universal para aquellos mayores de 18 años. El voto es secreto. Los miembros de las fuerzas armadas y la policía no podrán votar.

En una elección presidencial de segunda vuelta el 28 de diciembre, Oscar Berger de la coalición GANA ganó un mandato de 4 años con aproximadamente 54 porciento de los votos. En el período previo a las elecciones, por lo menos 29 candidatos de la oposición fueron muertos, y ocurrieron muchos incidentes violentos (ver Sección 1.a.). A pesar de algunas irregularidades menores en el Registro Electoral, la misión internacional de observadores de la OEA categorizó a las elecciones como libres y justas, con la comparecencia de 56 porciento del electorado en la primera vuelta y 46 porciento en la segunda.

Los votantes eligen al Congreso de una sola cámara, de 158 diputados, cada cuatro años, de acuerdo con un sistema de representación proporcional basado en consideraciones demográficas, con diputados electos tanto de los departamento como de una lista nacional. Diez partidos ganaron escaños en la legislatura, encabezados por la Gran Alianza Nacional (GANA) con 47 escaños, seguido por el FRG con 43, la UNE con 32, el Partido de Avanzada Nacional con 17, el Partido Unionista con 7, la Alianza de Nación Nueva con 6, la Unión Democrática con 2, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca con 2, y los Partidos de Desarrollo Integral Auténtico y Democracia Cristiana con 1 escaño cada uno. El Congreso puede actuar independientemente del Ejecutivo, y así lo hace.

No hay restricciones legales sobre la participación de la mujer en el proceso político. Aproximadamente 44 porciento de los 5 millones de electores inscritos son mujeres. En noviembre, los electores eligieron a 14 mujeres al Congreso de 158 diputados. Una mujero, Zury Ríos de López, fue Segunda Vice Presidente del Congreso. Las mujeres ocupan dos magistraturas en la Corte Suprema y uno en la Corte de Constitucionalidad. Había tres ministras en el Cabinete: Ministra de Cultura y Deportes, Ministra de Comunicaciones y Obras Públicas y Ministra de Economía.

La Constitición establece derechos iguales para los pueblos indígenas. Algunos alcanzaron altas posiciones como juecces y funcionarios de gobierno, pero los pueblos indígenas aun siguen subrepresentados significativamente en la política debido a oportunidades educaciones limitadas y la penetrante discriminación (ver Sección 5). Hay dos miembros indígenas del Gabinete. Aunque los pueblos indígenas representan el 60 porciento de la población, representan únicamente 1 de 12 ministros y 1 de 12 secretarios presidenciales. De los 158 diputados al Congreso, 18 eran indígenas. Hay 113 alcaldes indígenas en el país, de 331 municipalidades, incluyendo Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande. Había un embajador indígena.

Sección 4 - Actitud del Gobierno Respecto de las Investigaciones Internacionales y No Gubernamentales de Presuntas Violaciones de Derechos Humanos

El Gobierno permite que los grupos locales de derechos humanos operen sin restricciones y numerosos grupos domésticos e internacionales investigaron y reportaron libremente sobre questiones vinculadas a los derechos humanos. Sin embargo, muchas ONGs y trabajadores de los derechos humanos recibieron amenazas de muerte o fueron intimidados por personas no identificadas. Altos funcionarios del Gobierno se reunieron con monitores de los derechos humanos. Sin embargo, algunos funcionarios de gobierno cuestionaron la credibilidad tanto de los trabajadores de derechos humanos como monitores internacionales. Muchos de los trabajadores de derechos humanos eran de la opinión que este cuestionamiento público hacía más osados a aquellos que los amenazaban. Aunque muchas organizaciones internacionales de derechs humanos y sus trabajadores no gozaban de condición legal formal, continuaron operando abiertamente.

El Procurador de los Derechos Humanos Sergio Morales, electo por el Congreso en 2002 por un período de 5 años, reporta al Congreso y monitorea los derechos consagrados en la Constitución. Los dictámenes de la PDH no tienen fuerza de ley. El presupuesto asignado a la PDH por el Congreso, históricamente inadecuado, era de aproximadamente $5 millones (40 millones de quetzales) para las actividades de la procuraduría en toda la nación. Al terminarse el mandato de MINUGUA en 2004, la Procuraduría de Derechos Humanos asumirá la función de verificación de los derechos humanos de MINUGUA.

COPREDEH tiene el encargo de formular y promover la política de derechos humanos del Gobierno, aceptando la responsabilidad del Gobierno por casos de abuso de derechos humanos en el pasado y negociando arreglos amigables de esos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el año, COPREDEH completó parte de las reparaciones ordenadas por la CEDEH en la caso Bámaca con la publicación de detalles de la responsabilidad del Estado en la Prensa. COPREDEH también completó negociaciones entre el Gobierno y la sociedad civil para el establecimiento de un Plan Nacional de Resarcimiento (ver Sección 1). Para fines deaño, COPREDEH implemento las órdenes de CEDEH de brindar protección policial a 14 activistas de los derechos humanos, 2 activistas políticos, 14 jueces, 3 periodistas, 15 antropólogos forenses, y 12 personas portadoras del virus de SIDA.

Hubo un aumento notable en el número de amenazas contra trabajadores de los derechos humanos, así como contra periodistas y personal de los tribunales (ver Secciones 1.a., 1.e. y 2.a.). En agosto, el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan reportó a la Asamblea General que "la seguridad pública se deterioró, la impunidad persistía y el clima de intimación contra defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas…… continuó". Los casos de intimidación, hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos, dijo Annan, "llamaron elevada atención al problema de grupos clandestinos que se cree son responsables por muchos de estos incidentes".

El 27 de septiembre, Eusebio Macario, un organizador comunitario y miembro fundador del Consejo de Comunidades Etnicas (CERJ), fue muerto con arma de fuego en Chichicastenango, Quiché. Macario, se decía, había criticado al candidato a alcalde del FRG como corrupto. El Fiscal Especial del Ministerio Público de Delitos Contra Trabajadores de los Derechos Humanos se encargó del caso, y la investigación continuaba pendiente a fines de año.

Hubo intimidación de trabajadores de los derechos humanos, incluyendo amenazas anónimas por teléfono y escritas, allanamientos y vigilancia de los lugares de trabajo, residencias y movimientos vehiculares. Sin embargo, MINUGUA indicó que el número de estos incidentes ha disminuido desde 2001. Fiscales, jueces y testigos en varios casos de derechos humanos, notablemente en los casos Myrna Mack y Gerardi, reportaron haber sido blanco de varios actos de intimidación (ver Sección 1.e.). Algunos de los ataques mostraron altos grados de sofisticación y conocimientos técnicos. La mayoría de los casos de derechos humanos permanecieron pendientes por largos períodos sin ser investigados o se atascaron en los tribunales conforme abogados de la defensa se aprovechaban del sistema judicial ineficiente y presentaban numerosas mociones y recursos para demorar los juicios.

A través del año, individuos asociados con equipos de antropología forense que invesigaban fosas comunes que se remontaban al conflicto armado recibieron amenazas de muerte específicas y creíbles. La mayoría del personal de FAFG recibió llamadas telefónicas, fueron hostigados y amenazados por hombres armados y reportaron que sus casas estaban bajo vigilancia. En agosto, el fiscal que investigaba las amenzas descrubrió que un automóvil que monitoreaba al FAFG estaba registrado a nombre del EMP. A fines de año, continuaba una investigación de la presencia de dicho automóvil.

La PDH recibió amenazas durante el año. El 22 de agosto, el Departamento de Investigaciones de la PDH fue objeto de allanamiento. Dos computadoras portátiles y documentos fueron robados. En los días siguientes a este incidente, el Ministerio Público arrestó a cuatro sospechosos. El juicio estaba pendiente a fin de año.

El 24 de julio, tres hombres armados entraron por la fuerza a la casa de Norma Maldonado, activista de los derechos humanos y ambientalista que trabajaba por Mamá Maquín, un grupo de mujeres indígenas rurales. Los intrusos destruyeron datos sobre los cuales estaba trabajando Maldonado en relación con los efectos del desarrollo sobre el desarrollo indígena rural.

El Ministerio Público completó la investigación del asesinato en abril de 2002 de Guillermo Ovalle, contador de la Fundación Rigoberta Menchú y sobrino del director. El juicio estaba pendiente a fines de año.

En abril, el activista de los derechos humanos y sacerdote maya Diego Xon fue muerto en Camanchá, Chichicastenango, Quiché. Xon, decíase, criticaba abiertamente los pagos a los ex patrulleros civiles en el Quiché. A fines de año, la investigación de su asesinato continuaba.

El Ministerio Público completó la investigación del asesinato en septiembre de 2002 de Manuel García de la Cruz, miembro de CONAVIGUA de Joyabaj, Quiché. Cinco sospechos estaban detenidos, esperando ser enjuiciados.

En enero, el Procurador de los Derechos Humanos Sergio Morales, juntamente con el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, presentó al Gobierno una propuesta para que una comisión encabezada por la ONU-OEA-Gobierno investigara a los grupos clandestinos (CICIACS). El Gobierno aceptó la propuesta. En marzo, el Ministro de Relaciones Exteriores Edgar Gutiérrez y Morales firmaron un memorandum de entendimiento que esbozaba cómo el Gobierno y la sociedad civil trabajarían conjuntamente para facilitar la formación de CICIACS. El acurdo estaba programado para ser sometido al Congreso para su ratificación en enero de 2004.

En abril, el Fiscal General nombró a Thelma Peláez de Lam como Fiscal Especial de Delitos contra Trabajadores de los Derechos Humanos. A pesar de adelantos alentadores en la investigación de varios casos paradigmáticos, el trabajo de la fiscalía se vio dificultado por constantes amenazas e intimidación así como por falta de cooperación de parte de la policía, cuyo personal constituye la mayoría de sospechos en los casos que la Fiscal Especial está investigando (ver Sección 1.e.).

MINUGUA redujo su presencia significativamente al prepararse a abandonar el país en 2004 pero continuó monitoreando la implementación de las disposiones referentes a derechos humanos contenidas en los Acuerdos de Paz y fortaleciendo las instituciones democráticas. MINUGUA declaró que el Gobierno generalmente cooperaba con sus investigaciones pero citó incidentes aislados ocasionales en que funcionarios o instituciones del Gobierno habían obstruido sus esfuerzos.

En agosto, el Secretario General de la ONU Kofi Annan reportó a la Asamblea General de Naciones Unidas que las amenazas, hostigamientos y violencia contra los activistas de los derechos humanos, jueces, fiscales, abogados, testigos y antropólogos forenses "llamaban altamente la atención al problema de grupos clandestinos que se creen responsables por muchos de estos incidentes".

Sección 5 - Discriminación Basada en Raza, Sexo, Discapacidad, Idioma o Condición Social

La Constitución declara que todas las personas son libres e iguales en dignidad y derechos y que el Estado deberá proteger la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo de todos los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica el Gobierno fue incapaz de hacer cumplir estas disposiciones, debido a recursos inadecuados, corrupción y un sistema judicial disfuncional (ver Secciones 1.c. y 1.e.).

Durante el año, hubo por los menos cinco asesinatos de trabajadores del sexo homosexuales masculinos. No hubo capturas en ninguno de los casos, y la policía que llegó al lugar de los hechos cometió abusos contra los compañeros de la víctima No hubo ningun captura en los asesinatos en 2002 de cinco trabajadores del sexo homosexuales masculinos.

Mujeres

La violencia contra la mujer, incluyendo violencia doméstica, continuó siendo común en todas las clases sociales, y hubo múltiples denuncias de mujeres torturadas, desaparacidas y asesinadas (Ver Sección 1.a. y 1.c.). La Ley de Violencia Doméstica establece que la Fiscalía, la policía nacional, los tribunales de familia, clínicas legales y la Procuraduría de los Derechos Humanos podrán recibir denuncias de violencia doméstica. La ley establece que se emitan inhibitorias contra los presuntos agresores y obliga a la PNC a intervenir en situaciones de violencia doméstica. La Fiscalía General reportó haber recibido 4,580 denuncias de violencia familiar contra mujeres y niños durante el año. Ninguno de los casos llegó a juicio. La Procuraduría de los derechos Humanos estimó que el 90 porciento de los casos no eran denunciados.

La Ley para Prevenir y Sancionar la Violencia Intrafamiliar requiere que la PNC intervenga en situaciones violentas ene el hogar. La Prensa informó que en muchos casos la policía no respondió a las llamadas de auxilio. La Convergencia Político-Cívica de Mujeres informó que los agentes que llegaban a menudo castigaban verbalmente a las mujeres por comportamiento que provocaba la ira de los maridos. El Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar, un programa de gobierno bajo la Secretaría de Obras Sociales de la Primera Dama, reportó que recibía entre 40 y 50 llamadas al día de mujeres y niños golpeados, a través de su línea de emergencia.

La Procuraduría de la Mujer Indígena, encabezada por Juana Catinac, prestó servicios sociales para víctimas de la violencia doméstica o social, así como mediación, resolución de conflictos y servicios legales para mujeres indígenas. También coordinó y promovió acciones de parte de institituciones gubernamentales y ONGs para prevenir la violencia y discriminación contra la mujer indígena. Sin embargo, le hicieron falta recursos humanos y capacidad logística para cumplir con sus funciones a nivel nacional. El presupuesto de la Procuraduría era de $278,000 (2.2 millones de quetzales), un leve aumento sobre años anteriores. Desde 2002, esta oficina se ha encargado de 2,400 casos, incluyendo conflictos laborales y violencia doméstica.

Las delitos sexuales y la prostitución seguían siendo un problema. La Fiscalía reportó haber recibido 431 casos de violación y asalto sexual entre enero y junio. La Oficina de Ateción a la Víctima, una unidad del Ministerio Público, informó que había recibido 4,058 casos de violencia familiar entre enero y julio.

El Código Penal no define el asalto sexual como crimen. Durante el año, la Oficina de Atención a la Víctima recibió 1,642 denuncias de violación. Muchos observadores creen que el aumento en casos de violación reportados no refleja un aumento en el número de violaciones cometidas sino más disposición de parte de las víctimas a comparecer y mejoras en los registros estadísticos. A pesar de este progreso, relativamente pocos casos de violación llegó a los tribunales, en gran parte porque la policía tiene poca capacitación o capacidad investigativa para estos delitos y porque muchas víctimas de violaciones estaban renuentes a denunciar y llevar los casos a los tribunales. La ley permite que un violador sea exonerado cuando la víctima tenga por lo menos 12 años y consienta a casarse con él, pero el Ministerio Público deberá aprobar el matrimonio cuando la víctima tenga menos de 18 años.

La prostitución no es ilegal. Sin embargo, la proxenetismo y el incentivar a la prostitución son delitos que pueden resultar en multas o prisión, con penas mayores si los afectados son menores. El tráfico de mujeres y menores, especialmente para fines de prostitución, es ilegal y era un problema creciente (ver Sección 6.f.).

La Red de No Violencia Contra la Mujer informó que más de 220 mujeres fueron asesinadas, la mayoría con arma de fuego, durante el año, en comparación con 244 en 2002. Entre el 7 de mayo y 22 de agosto, la Procuraduría de Derechos Humanos investigó la tortura y asesinato de 181 mujeres; atribuyó únicamente el 10 porciento de los delitos a actividades pandilleras y el 80 porciento al crimen organizado. La Procuraduría informó que hubo poca cooperación de la policía o del Ministerio Público en la investigación de estos casos.

La Constitución afirma el principio de igualdad de géneros. Sin embargo, las mujeres encararon distriminación en el empleo y era menos probable que llegaran a posiciones gerenciales. La PDH dijo que en general las mujeres recibían significativamente menos pago que los hombres, en muchos casos una cuarta parte a una mitad del salario para el mismo trabajo. Algunas mujeres fueron sometidas a pruebas de embarazo previo a ser empleadas. Las mujeres estaban empleadas primordialmente en puestos de baja paga en la industria textil, la agricultura, el comercio al detalle y el sector público. Más mujeres que hombres estaban empleadas en el sector informal de la economía, donde los emolumentos y las prestaciones eran generalmente menores. La mujeres podrán legalmente ser propietarias, administrar y heredar propiedades en base igual que los hombres.

Más del 50 porciento de las niñas urbanas y el 81 porciento de las niñas rurales abandonaron la escuela y se calcula que el 70 porciento de las mujeres adultas nunca recibieron una educación formal. El informe de 2002 de UNICEF indica que la tasa de alfabetismo de mujeres adultas es el 80 porciento de la tasa de los hombres.

La Secretaría de Asuntos de la Mujer asesora al Presidente en la coordinación de políticas que afectan a las mujeres y su desarrollo. El Consejo Nacional de la Secretaría de Promoción y Desarrollo de la Mujer Guatemalteca y el Plan de Oportunidades Iguales 2001-2006 priorizaron áreas de necesidad crítica para las mujeres, tales como acceso a la salud y a la educación, pero sin recursos, enfocó primordialmente el desarrollo de la cooperacion interinstitucional con programas existentes.

Aproximadamente 400 mujeres sirvieron en todas las ramas del Ejército, representando 16 por ciento de los alistados y 3 porciento de los oficiales y constituían aproximadamente el 10 porciento de estudiantes en la academia militar del país. Aproximadamente el 10 porciento de la policía eran mujeres.

Niños

La Constitución demanda al Gobierno proteger la salud física y mental, así como el bienestar moral, de los menores. Sin embargo, el Gobierno no dedicó suficientes recursos para asegurar servicios educacionales y de salud adecuados para los niños. El gasto gubernamental en educación y salud disminuyó: Aproximadamente el 1.6 porciento del producto nacional bruto fue dedicado a la educación y menos de 1 porciento a la salud.

La Constitución establece la educación obligatoria para todos los niños hasta el sexto grado. Sin embargo, menos de la mitad de la población recibió una educación primaria y únicamente 30% de los alumnos que se iniciaron en la escuela primaria la completaron, con relaciones de completación aun más bajas en las áreas rurales e indígenas. El niño promedio recibió 2.2 años de educación. Sin embargo, entre los niños indígenas el promedio bajó a 1.3 años. El Ministerio de Educación hizo esfuerzo por mejorar estos indicadores con la concesión de becas especiales a niñas o niños que trabajaban o eran huérfanos.

Un informe del 2002 del Centro de Investigación Económica Nacional (CIEN) declaró que a pesar de los esfuerzos del Gobierno por aumentar las matrículas y graduaciones, las tasas de abandono habían aumentado. Las tasas de analfabetismo entre las mujeres permanecieron incambiadas, y un bajo porcentaje de recursos fue dedicado a los niveles posprimarios.

El informe de 2003 de UNICEF estimó que la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años era del 58 por 1,000 nacidos vivos. Análisis de salud pública demostraron que el 60 porciento de los casos de mortalidad infantil y el 76 porciento de los casos de mortalidad materna eran prevenibles con atención a la salud básica y medidas ambientales que han sido descuidadas. Se estima que 1.3 millones de mujeres y niños no tuvieron acceso a servicios básicos de salud durante el año. Los niños y las niñas tienen igual acceso a la atención médica.

El abuso de niños, incluyendo abuso de niños de la calle, siguió siendo un problema grave (ver Secciones 1.c y 6.f.). El Ministerio Público reportó 1,029 casos de abuso infantil durante el año. La mayoría de las víctimas tenían de 2 a 10 años de edad. Una Comisión Permanente para Niños y Adolescentes investigó casos de abuso de niños. La Secretaría Social de Bienestar de los Niños fiscaliza los programas de bienestar de la niñez, tratamiento y capacitación de niños y asistencia especial de educación para ellos. La Secretaría brindó albergue y asistencia a niños víctimas de abuso. Sin embargo, a veces estos niños fueron colocados con otros jóvenes que habían cometido delitos (ver Sección 1.c.).

Un informe de 2002 de Casa Alianza estimaba que había más de 15,000 niños y niñas explotados sexualmente en el país, muchos trabajando en los más de 600 bares y casas nocturnas en la Ciudad de Guatemala. La prostitución infantil era un problema especial en la capital y en las ciudades de Escuintla, Tecún Umán y Cobán. La prostitución infantil en poblados a lo largo de las fronteras con México siguió aumentando. Los migrantes infantiles que no pudieron cruzar la frontera a México a menudo permanecían en el país, recurriendo a la prostitución para sobrevivir. Muchos niños también fueron traídos al país de El Salvador, Nicaragua y Honduras por redes organizadas que obligaron a los niños a la prostitución. Las leyes y los programas para estos migrantes infantiles eran frecuentemente débiles o no existentes, y aquellos tomados en custodia a menudo fueron tratados mal por las autoridades y deportados.

El trabajo infantil fue un problema. UNICEF estimó que el 22 porciento de los niños trabajaban (ver Sección 6 d.).

El conflicto interno dejó aproximadamente 200,000 huérfanos en todo el país. Aproximadamente 10,000 niños eran miembros de pandillas callejeras. Estimaciones creíbles colocan el número de niños de la calle a 6,500 en toda la nación, aproximadamente 4,000 de ellos concentrados en Ciudad de Guatemala.

Entre julio de 2002 y junio, Casa Alianza denunció 10 homicidios, 14 desapariciones forzadas y 14 casos de abuso sexual de niños de la calle. La mayoría de los niños de la calle huyeron de sus hogares después de ser abusados. Criminales, dícese que entre ellos guardias de seguridad privada y policía o personal militar corruptos, con frecuencia reclutaban a estos niños para el robo, prostitución o a pandillas del narcotráfico. Individuos particulares, guardias de seguiridad privada y otros niños de la calle cometieron los mayores actos de violencia contra los niños de la calle.

El Gobierno y cierto número de ONGs operaron centros juveniles. Sin embargo, los fondos dedicados a ellos no eran suficientes para abordar el problema. El Gobierno mantuvo un albergue para niños y otro para niñas en Ciudad de Guatemala. Estos albergues proveyeron vivienda para los desabrigados y encarcelación para ofensores juveniles.

El 18 de julio, el Congreso aprobó una nueva Ley de Protección Integral de Menores, que crea los Tribunales de Menores con jurisdicción sobre delitos cometidos por y contra los menores, establece los derechos individuales de los menores, estipula cuáles son los derechos de los menores y obliga al tratamiento de menores en detención (ver Sección 1 c.).

Personas con Discapacidades

La Constitución llama al Estado a proteger a las persons con discapacidades. Sin embargo, personas con discapacidades físicas sufrieron de discriminación en la educación y prácticas de empleo, y pocos recursos fueron dedicados a combatir el problema. En septiembre, la Primera Dama, Evelyn Morataya de Portillo, estimó que el 10 porciento de la población padecía alguna discapacidad. Las personas con discapacidades tienen acceso limitado a los servicios de salud, facilidades recreativas y oportunidades de trabajo. Los recursos educativos para aquellos con necesidades especiales son escasos y la mayoría de las universidades no son accesibles a los discapacitados. El Hospital Nacional de Salud Mental, el principal proveedor de cuidados de salud a las personas con enfermedades mentales, no tiene suministros básicos, equipo, condiciones de vida higiénicas ni personal profesional adecuado. En 2002, la Prensa informó que únicamente el 30 porciento de los niños con discapacidades recibían apoyo del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación continuó llevando a cabo un programa de concientzación pública en las escuelas públicas para vencer la resistencia de los maestros a la asistencia de alumnos con discapacidades.

La Ley de Protección de los Ancianos y la Ley de Atención a Personas Discapacitadas obligan al acceso igual a las facilidades e instalaciones públicas, prohiben la discriminación basada en la discapacidad y proveen otras formas de protección legal. Estas leyes estipulan oportunidad igual para personas discapacitadas en salud, educación, trabajo, recreo, deportes y actividades culturales. La ley también dispone que todas las personas con discapacidades reciban los beneficios de las leyes laborales y de seguridad social y que tienen derecho a trabajar. Además, la ley exige iguales oportunidades de educación, códigos obligatorios de acceso a los construcciones y el derecho a emolumentos iguales. Sin embargo, los esfuerzos del Gobierno para implementar la legislación fueron débiles.

El Consejo Nacional de Discapacitados, integrado por representantes de ministerios y agencias gubernamentales interesados, se reunió regularmente para discutir iniciativas. Sin embargo, no se dedicaron recursos a la implementación de sus recomendaciones.

Pueblos Indígenas

La Constitución, reconociendo que el país está compuesto de diversos grupos étnicos, obliga al Gobierno a reconocer, respetar y promover los estilos de vida, costumbres, tradiciones, organización social y forma de vestir de los pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas constituyen más de la mitad de la población. Sin embargo, en gran parte permanecían fuera de la corriente política, económica, social y cultural del país. Un informe de 2002 de la ONU indicaba que el 73 porciento de las personas indígenas carecían de posibilidades económicas y tenían acceso limitado a los servicios básicos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD estimó que el 90 porciento de los indígenas eran pobres. Aunque no había ningún solo indicador de condición indígena, había por lo menos 22 grupos étnicos maya, cada uno con su propio idioma. Además, hay una comunidad Xinca de unas 6,000 personas. Los Garifuna, descendientes de africanos traídos a la región del Caribe como esclavos y que más tarde emigraron a Centro y Sud América, eran un grupo minoritario separado.

La mayoría de las disposiciones concernientes a los derechos de los indígenas estaban incompletas en el cronograma de 2000-04 para la implementación de los Acuerdos de Paz. Entre las iniciativas aun pendientes estaban las reformas educacionales que incluyen componentes bilingües e interculturales, promoción del uso de lenguas indígenas y la conservación y protección de los sitios ceremoniales. En mayo, MINUGUA lamentó el progreso mínimo en la implementación del Acuerdo sobre Derechos Indígenas siete años después de su firma.

Las comisiones establecidas para discutir la implementación de las disposiciones constitucionales relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas se reunieron durante el año para formular recomendaciones al Gobierno sobre la protección de la cultura, lenguas, tradiciones, tierras y sitios sagrados indígenas.

El 20 de agosto, el Ministerio de Trabajo creó un Departamento de Pueblos Indígenas para investigar casos de discriminación y promover la implementación de la Convención de la Organización International del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los trabajadores indígenas. El Departamento no tenía su propio presupuesto y contaba con sólo dos empleados. En agosto, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público llegaron a un acuerdo sobre la capacitación de inspectores de trabajo y fiscales sobre los derechos de los trabajadores indígenas. El 24 de octubre, 45 servidores públicos, representantes de grupos indígenas y miembros de los partidos políticos terminaron un diplomado de 6 meses en derechos indígenas. El curso fue una iniciativa del Ministerio de Trabajo en cooperación con el Instituto de Administración Pública.

Los pueblos indígenas rurales tuvieron oportunidades educacionales limitadas y menos oportunidades de empleo. Por esta razón, hombres indígenas constituían un elevado porcentaje de las filas militares. Muchas personas indígenas eran analfabetas o no hablaban español; más de la mitad de las mujeres indígenas eran analfabetas; y un número desproporcionado de niñas indígenas no asistían a la escuela. El Gobierno dedicó pocos recursos a la educación bilingüe, y el Ministerio de Educación todavía ha de implementar las recomendaciones hechas por la Comisión de Reforma Educacional. CIEN observó, en su informe annual sobre la reforma de la educación, que 900,000 niños entre las edades de 6 y 12 hablaban un idioma indígena. Sin embargo, sólo el 22 porciento de esta población recibía instrucción bilingüe. Unicamente el 12 porciento de los amestros de escuela eran bilingües.

La Ley Contra la Discriminación de 2002, abordando la discriminación debido a género, etnicidad, idioma, religión y condición económica, fue criticada por algunos grupos indígenas porque no contemplaba un estatus separado para los derechos indígenas.

Personas indígenas arrestados por delitos con frecuencia se encuentran en desventaja debido a su comprensión limitada del idioma español. El Código Procesal Penal declara que los tribunales deberán proveer la interpretación para cualquiera que requiera estos servicios durante procedimientos penales. Sin embargo, se continuó denunciando que los indígenas no tenían acceso igual al sistema de justicia. El Ministerio Público concentró a 18 intérpretes en las áreas que fueron de conflicto en el país, y la Defensoría Pública empleó 6 defensores públicos bilingües y los envió a regiones donde podían servir de traductores además de defender a sus clientes. El Gobierno realizó esfuerzos por reclutar jueces de paz que fueran bilingües en español y un idioma indígena. Sin embargo, en 561 tribunales en el país sólo había 62 jueces que hablaban idiomas mayas y 22 intérpretes de la corte. Sólo el 9 porciento de agentes de la policía eran indígenas, y se hicieron mejores esfuerzos por asignar a estos agentes a pueblos donde podrían hacer uso de de sus destrezas lingüísticas, y aproximadamente el 75 porciento de ellos trabajaron en el área geográfica de su particular competencia lingistica.

Dos grupos trabajaron para representar cuestiones indígenas. En agosto, un Congreso Nacional del Pueblo Maya decidió crear una Asamblea Nacional de Representantes del Pueblo Maya, que comenzó a seleccionar representantes de 16 departamentos e inició diálogo con el Consejo Nacional de Pueblos Maya para unificar posiciones sobre las demandas indígenas al nuevo Gobierno.

Sección 6 - Derechos de los Trabajadores

a. El Derecho de Asociación

La Constitución y el Código de Trabajo contemplan la libertad de asociación y el derecho de formar y pertenecer a sindicatos. Sin embargo, en la práctica el Gobierno no hizo cumplir efectivamente las leyes laborales para proteger a los trabajadores que ejercían sus derechos. Todos los trabajadores tienen derecho de formar y pertenecer a sindicatos, incluyendo empleados del sector público, con la excepción de miembros de las fuerzas de seguridad. Aproximadamente 3 porciento de la fuerza laboral estaba sindicalizada. El Gobierno no controló a los sindicatos ni interfirió con sus actividades. Reformas al Código de Trabajo nacional, promulgadas en 2001, que la misión de contacto directo de la OIT consideró "un paso significativo hacia adelante en la aplicación de la Convenciones 87 (libertad de asociación) y 98 ( derecho de organizar y negociar colectivamente)", definían la misión del Ministerio de Trabajo como garantizando "el libre ejercicio de los derechos sindicalistas". Las reformas también permitieron sindicatos industriales y sectoriales. El reconocimiento legal de un nuevo sindicato industrial requiere que los miembros constituyan la mitad más uno de los trabajadores en una industria. Los activistas laborales consideraron este requisito como una barrera casi infranqueable en la formación de nuevos sindicatos industriales.

La ley prohibe represalias por formar sindicatos y por participar en actividades sindicalistas; en particular, el Código de Trabajo prohibe que los patronos despidan a los trabajadores por organizar sindicatos y los protege contra ser despedidos por 60 días después de la notificación al Ministro de Trabajo de que se está formando un sindicato. Después de eso, pueden ser despedidos por justa causa, a menos que sean miembros del comité ejecutivo del sindicato. Sin embargo, la ejecución de estas disposiciones era débil. Muchos patronos rutinariamente intentaron circunvenir las disposiciones del Código de Trabajo para resistirse a la sindicalización. Un sistema legal inefectivo y penas inadecuadas por violaciones obstruyó la ejecución del derecho de formar sindicatos y participar en actividades sindicalistas en el pasado y perpetuó la violencia que los trabajadores encaraban si intentaban ejercer sus derechos.

La ley otorga la jurisdicción inicial sobre violaciones a las leyes laborales al Ministerio de Trabajo y establece procedimientos para procesar las denuncias, hacer determinaciones iniciales y multar a los violadores de los derechos laborales. El Ministerio de Trabajo podrá imponer penas sustanciales por violaciones. Durante el año, el Ministerio impuso un total de 4,009 multas equivalentes a $1.6 millones (12.3 millones de quetzales). Sin embargo, el número de multas pagadas en la realidad fue de 535, equivalentes a $194 mil (1.5 millones de quetzales). Las multas individuales eran generalmente bajas porque las empresas pueden recurrir contra las multas del Ministerio por sobre $641 (4,868 quetzales) en los tribunales de trabajo. El sistema de inspección laboral permanece débil y corrupto, a pesar de esfuerzos continuos por mejorarlo. Baja paga, la falta de una fuerte ética de servicio público y la administraciónn inefectiva evitaron que el Ministerio prestara un servicio efectivo.

Represalias, incluyendo el despido, intimidación, puestas en listas negras y a veces la violencia por patronos y otros contra los trabajadores que intentaban ejercer derechos laborales international reconocidos fueron comunes y con frecuencia no fueron objeto de sanciones. Por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Trabajo eran de la opinión que denuncias de puesta en lista negra de miembros del sindicato que anteriormente representaba a trabajadores de la construcción en la planta eléctrica movida a carbón en San José eran creíbles. El Comité de la OIT de Libertad de Asociación continuó monitoreando aproximadamente una docena de alegaciones de graves violencias entre 1995 y 2000 contra individuos por actividades sindicalistas que no fueron creiblemente investigadas y llevadas a juicio. Un Fiscal Special de Delitos contra Sindicalistas y Periodistas, que recibió las denuncias, aceptó cierto número de casos durante el año, y 47 estaban bajo investigación a fines de año. Sólo dos sospechos han sido llevados ante un juez, y sólo uno fue detenido. Los jueces o la Fiscalía determinaron que los demás casos eran faltos de mérito. A contrario de lo que sucedió el año pasado, no hubo asesinatos reportados de dirigentes sindicalistas.

La violación más común de la libertad de asociación fue el despido de trabajadores por actividades sindicalistas. Algunos trabajadores que fueron ilegalmente despedidos llevaron sus casos a los tribunales de trabajo y obtuvieron inhibitorias judiciales y órdenes de reinstalación. Apelaciones y contra apelaciones de parte de los patronos, juntamente con maniobras legales, como la constitución de una entidad diferente, a menudo prolongó el proceso durante años. Los tribunales de trabajo generalmente no destimaron las apelaciones frívolas y tampco fueron cumplidas sus decisiones. De acuerdo con funcionarios del Ministerio de Trabajo, los tribunales de trabajo declararon procedentes la mayoría de las denuncias de los trabajadoes contra los patronos. Sin embargo, los patronos cumplieron con las decisiones de los tribunales únicamente en un pequeño número de casos, creando así un clima de impunidad. A menudo, los patronos no eran disciplinados por hacer caso omiso de órdenes legalmente obligatorias de los tribunales.

Los empleados generalmente estuvieron renuentes a ejercer sus derechos de asociación por temor a represalias de parte de los patronos. Los trabajadores tenían poca confianza de que las instituciones responsables, ejecutivas y judiciales, efectivamente protegerían o defenderían sus derechos si éstos fueran violados, Además, la debilidad de los inspectores de trabajo, las fallas del sistema judicial, la pobreza, el legado de represiones violentas de activistas laborales durante el conflico interno, el clima de impunidad y la enraizada hostilidad del establecimiento empresarial hacia las asociaciones laborales independientes se combinaron para limitar el ejercicio de los derechos de los trabajadores.

En junio, las autoridades recurrieron contra una inhibitoria que protegía a Rosa María González González, a quien sospechaban de estar involucrada en el asesinato en 2001 de Baudilio Cermeño Ramírez, el Secretario de Organización del Sindicato Luz y Fuerza.

Continuaron las investigaciones del asesinato en 2000 de Oswaldo Monzón Lima, el secretario general de los pilotos del transporte de combustibles. El Fiscal Especial reentrevistó a los testigos clave, pero para fines de año no había solicitado una orden de captura.

Dirigentes sindicalistas reportaron amenazas de muerte y otros actos de intimidación. El 25 de abril, Rolando Chacón Escobar, concejal de Nueva Concepción, fue arrestado por el asesinato en 2002 de Carlos Francisco Guzmán Lanuza, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Nueva Concepción y dirigente de un sindicato de trabajadores de la costa sur, y su hermano cerca de Nueva Concepción, Escuintla. A fines de año, Chacón Escobar estaba en prisión esperando ser juzgado bajo acusaciones de corrupción, y la investigación de asesinato continuaba. Las amenazas de muerte que miembros del sindicato municipal en Chichicastenango reportaron recibir en 2002 cesaron después de que el alcalde de Chichicastenago fuera arrestado bajo acusaciones de corrupción. La Confederación General de Trabajadores Guatemaltecos (CGTG) reportó un patrón de amenazas de muerte recibidas por dirigentes sindicalistas que presionaban para que se pagara el salario mínimo en las plantaciones agrícolas. También reportaron haber recibido amenazas de muerte por defender la inocencia de Rigoberto Dueñas, dirigente sindicalista preso. El 17 de enero, el sindicalista de la GGTG Marco Alvaro Tzoc fue herido a bala por el propietario de la Finca "El Arco" donde trabajaba, por robo de productos. El propietario, Julio César Salazar Pivaral, fue arrestad, acusado de asesinato en grado de tentativa, y puesto en libertad bajo fianza.

Un activo movimiento "solidarista" afirma contar con aproximadamente 170,000 miembros en aproximadamente 400 empresas. Los sindicatos podrán operar legalmente en aquellos lugares que tienen asociaciones solidaristas y los trabajadores tienen el derecho de escoger entre ambos o pertenecer a ambos. El Gobierno veía a estas asociaciones como organizaciones cívicas que no necesariamente interferían con el funcionamiento de los sindicatos. El Código de Trabajo establece que los sindicatos tienen derecho exclusivo de negociar condiciones de trabajo en representación de los trabajadores. Sin embargo, los sindicatos acusaban a las gerencias de promover las asociaciones solidaristas para prevenir la formación de sindicatos o para competir con los sindicatos existentes. Representantes de la mayoría de grupos laborales organizados criticaron a estas asociaciones por no permitir huelgas, por tener procedimientos de denuncias inadecuados, y por desplazar a los sindicatos genuinamente independientes con una estructura dominada por los patronos. Hubo informes creíbles de alguna asociaciones no seguían principios democráticos.

Durante el año, el Ministerio de Trabajo concedió estatus legal a 37 sindicatos. Había 1,579 sindicatos registrados (509 en el sector público y 1,070 en el sector privado), con aproximadamente 120,000 miembros o aproximadamente 2.3 porciento de la fuerza laboral. Los sindicatos inscritos eran generalmente independientes de la dominación gubernamental o de partido político.

El 9 de julio, dos sindicatos de las plantas de maquila Choi Shin/Cimatextiles, que habían sufrido de violencia antisindicatos en 2001, llegaron a un pacto colectivo con la gerencia, después de que el Ministerio de Economía amenazara con retirar privilegios de impuestos si no se resolvían las quejas laborales pendientes. El Gobierno inició procedimiento similar contra otras fábricas con violaciones laborales pendientes en septiembre. El Ministerio de Economía puso los privilegios de impuestos a la exportación de 54 empresas exportadoras bajo revisión a la luz de denuncias laborales pendientes con el Ministerio de Trabajo.

El Código de Trabajo establece el derecho de los patronos de despedir a los trabajadores sindicalizados por causa justa, permite a los trabajadores recurrir contra su despido ante los tribunales de trabajo y requiere la reinstalación dentro de 24 horas de cualquier trabajador sindicalizado despedido sin causa justa. El Código de Trabajo también prohibe que los patronos despedidan a cualquier miembros del comité ejecutivo de un sindicato y también los protégé por 12 meses después de terminado su mandato. El patrono podrá despedir a un miembro del comité ejecutivo del sindicato por causa justa únicamente después de juicio en un tribunal de trabajo y la emisión de una resolución del tribunal. Aun en casos claros de despidos ilegales, las leyes laborales no ejecutadas adecuadamente. El 27 de octubre, una maquila de tejidos coreana reinstaló a tres trabajadores despedidos el 16 de octubre por intentar formar un sindicato.

A pesar de los esfuerzos por reestructurar y modernizar el sistema de tribunales laborales, el sistema siguió siendo inefectivo. Hay 20 tribunales de trabajo: 7 en la capital y 13 en otros puntos del país. Nueve tribunales adicionales se encargan de cuestiones laborales, principalmente apelaciones, como parte de su jurisdicción. La debilidad del sistema judicial como un todo, la severa escasez de jueces y personal competentes, la pesada carga atrasada de casos no resueltos y la falta de ejecución de las decisiones de los tribunales, todos contribuyeron a la falta de credibilidad y efectividad de los tribunales de trabajo. El pequeño número de inspectores de trabajo competentes y motivados y la falta de capacitación y recursos dedicadosa a detectar e investigar violaciones al Código de Trabajo agravaron la debilidad de los tribunales de trabajo.

El Ministerio de Trabajo prosiguió con sus esfuerzos por mejorar el sistema de inspección laboral aumentando el número de inspecciones, capacitando y evaluando a los inspectores, despidiendo a algunos inspectores incompetentes o corruptos, computarizando los informes de inspección, cooperando con un estudio de la OIT sobre normas de inspección y creando consejos consultivos nacionales y departamentales para discutir los problemas relacionados con la Inspectoría de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo continuó con su campaña de educación sobre los derechos de los trabajadores, incluyendo una campaña de cuñas radiales y la provisión de materiales educativos en idiomas indígenas. El Ministerio de Trabajo cuenta con siete oficinas regionales para mejorar el cumplimiento del Código de Trabajo fuera de la capital. El personal regional incluye inspectores de trabajo y especialistas en cuestiones femeninas y de lugar de trabajo, relaciones entre la administración y los trabajadores y resolución de conflictos, así como cuestiones de trabajo infantil.

MINUGUA y la Defensoría de los Derechos Laborales de la Procuraduría de Derechos Humanos recibieron quejas de violaciones de los derechos de los trabajadores internacionalmente reconocidos. La Procuraduría de Derechos Humanos puede investigar denuncias de los sindicatos y emitir una declaración. Sin embargo, no tiene el poder de hace cumplir sus decisiones aparte de tratar de resolver la situación a través de la publicidad y la persuasión.

Los sindicatos podrán formar federaciones y confederaciones y afiliarse a organizaciones internacionales, y así lo hacen.

b. El Derecho a Organizar y Negogiar Colectivamente

Los trabajadores tienen el derecho de organizarse y negociar colectivamente. Sin embargo, el pequeño número de trabajadores sindicalizados limitó la práctica de negociar colectivamente. La cultura empresarial prevaleciente hizo caso omiso de contratos laborales debido a que, en la práctica, generalmente no eran ejecutables debido al sistema legal débil, engorroso y a veces corrupto. El Código de Trabajo requiere que la mitad más uno de los miembros del sindicato aprueben un pacto colectivo.

Otros factores que limitan la práctica de las negociaciones colectivas incluían el requisito de que el 25 porciento de los trabajadores en una fábrica o empresa deben ser miembros del sindicato para que tenga lugar una negociación colectiva, la falta de experiencia y la aversión de gerencia de compartir el poder con los trabajos. La administración y los trabajadores cumplieron con los pactos colectivos en algunas firmas. En otras, la gerencia, y a veces los trabajadores, hicieron caso omiso de disposiciones específicas de los pactos colectivos. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, 21 pactos colectivos fueron registrados durante el año. La mayoría de los trabajadores, incluyendo aquellos organizados en sindicatos, no tenían contratos colectivos que documentaran sus salarios y condiciones de trabajo y tampoco tenían contratos individuales como manda la ley. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, sólo el 3.3 porciento de la fuerza laboral tenía un contrato legalmente registrado con el Ministerio.

En enero, un decreto gubernamental que prohibía al ejecutivo permitir que los salarios u otros beneficios monetarios aumentaran bajo cualquier pacto colectivo fue retirado después de que fuera impugnado por grupos laborales y declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad.

Durante los conflictos laborales, los sindicatos con frecuencia solicitan una orden del tribunal de trabajo que prohiba el despido sin la aprobación de un juez hasta que el conflicto sea resuelto (277 solicitudes de esta naturaleza fueron presentadas en 2000, de acuerdo con los datos oficiales más recientes). A pesar de las elevadas penas por desafiar las órdenes de prohibición de los tribunales que fueron adoptadas en 2001, la ejecución de parte del Ministerio seguía siendo problemática. El Ministerio de Trabajo, y su cuerpo de inspectores en particular, continuaron sufriendo de una falta de respeto de parte de los patronos, recursos inadecuados y corrupción (ver Sección 6 a.).

Durante el año, se practiraron 12,589 inspecciones de trabajo más 4,602 inspecciones basadas en denuncias específicas.

Los trabajadores tienen el derecho a la huelga. Sin embargo, el bajísimo nivel de sindicalización y obstáculos procesales hacen que las huelgas legales sean raras. El Código de Trabajo requiere la aprobación de la mitad más uno de los trabajadores de una empresa para declarar una huelga legal. El Código de Trabajo requiere que un tribunal de trabajo considere si los trabajadores se están conduciendo pacíficamente y si han agotado la mediación disponible antes de pronunciarse sobre la legalidad de una huelga. El Código de Trabajo faculta al Presidente y a su gabinete para suspender cualquier huelga considerada "gravemente perjudicial a las actividades esenciales y a los servicios públicos del país". Los patronos podrán suspender o despedir a los trabajadores por ausentarse sin permiso si las autoridades no han reconocido la huelga como legal. El reglamento que rige las huelgas requiere de un arbitraje vinculante si no se llega a un acuerdo después de 30 días de negociaciones.

No hubo huelgas legales durante el año, aunque los maestros y grupos de trabajadores en los sectores del banano, salud y otros declararon paros ilegales o no oficiales.

Las leyes y reglamentos laborales son aplicables en todo el país, incluyendo las pocas zonas de procesamiento para la exportación (ZPE). Las maquilas operan bajo un regimen parecido a las ZPE, aunque no estén localizadas en áreas específicamente establecidas. Existen únicamente dos pactos colectivos (cubriendo a 1,300 trabajadores) entre patronos y algunos de los más de 125,000 trabajadores en las zonas de exportación y el sector de maquila. La falta de éxito de los sindicatos para organizar a los trabajadores en estas zonas está afectada por la intimidación y presiones de los patronos.

c. Prohibición de Trabajo Forzado o Esclavo

La Constitución prohibe el trabajo forzado o esclavo, incluyendo de niños. Sin embargo, algunas mujeres y menores fueron traficados para fines de explotación sexual (ver Sección 6.f.). Hubo denuncias de que a veces los patronos obligaban a los trabajadores a trabajar horas extra, a menudo sin el pago de la correspondiente prima (ver Sección 6.e.). El trabajo forzado o esclavo de niños generalmente no ocurrió. Sin embargo, la OIT reportó que niños trabajan en casas particulares como criados domésticos en "condiciones de esclavitud moderna" y en noviembre hubo una denuncia de trabajo forzado de dos niños (ver Sección 6.d.).

d. Estatus de la Práctica de Trabajo Infantil y la Edad Mínima de Empleo

La Constitución prohibe el empleo de niños menores de 14 años sin el permiso escrito del Ministerio de Trabajo. Un proyecto de reforma al Código de Trabajo presentado por el Ejecutivo al Congreso en mayo para abolir el programa de permisos de trabajo y hacer ilegal todo empleo de menores de 14 años seguía pendiente a fin de año. Sin embargo, los sectores informal y agrícola regularmente emplearon a niños menores, generalmente en pequeñas empresas familiares. La necesidad económica obligó a muchas familias a hacer trabajar a sus hijos para suplementar el ingreso familiar, particularmente en comunidades rurales e indígenas. Un informe conjunto en marzo de la OIT, UNICEF y el Banco Mundial estimaba que el 23 porciento de los menores de 18 años trabajaban, en conparación con el 20 porciento en 2000. El informe estimaba que 507,000 niños de edades entre 7 y 14 años (20 porciento de este grupo etario) trabajaban. La mayoría de menores trabajan en ocupaciones domésticas, en la agricultura de subsistencia y empresas familiares, y en la economía informal.

La ley prohibe que los menores trabajen en establecimientos en que se sirven bebidas alcohólicas o en condiciones insalubres o peligrosas, de noche y horas extraordinarias (el día laboral legal para una persona menor de 14 años es de 6 horas; para aquellas entre 14 y 17 años, es de 7 horas). El informe OIT/UNICEF/Banco Mundial encontró que, a pesar de estas protecciones, los niños trabajaban un promedio de 47 horas semanales.

El Programa Internacional de la OIT sobre la Eliminación del Trabajo Infantil lanzó proyectos para compabir el trabajo infantil en la fabricación de pirotécnicos, en la producción de piedrín, en el cultivo del café y brócoli, en servicio doméstico y la industria comercial del sexo. El Ministerio de Trabajo estimó que entre 3,000 y 5,000 niños estaban empleados en la industria casera ilegal de fuegos artificiales, aproximadamente 10 porciento de ellos en fábricas, mientras que otros, menos de 14 años de edad, típicamente se dedicaban al trabajo a destajo contratado por la familia. Ocurrieron accidentes regularmente en la industria de los pirotécnicos. De acuerdo con informes de prensa, un promedio de 25 personas al año, la mayoría menores, sufrieron quemaduras y amputaciones de accidentes en la fabricación de fuegos artificiales. El 10 de diciembre, tres personas (incluyendo una de 17 años) murieron y otras seis (incluyendo un niño de 10 años) sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado cuando una fábrica de cohetes, legalmente registrada, estalló en San Raymundo, Departamento de Sacatepéquez.

Las leyes que rigen el empleo de menores no se hicieron cumplir efectivamente, debido a la debilidad de los sistemas de inspección de trabajo y tribunales de trabajo. El Ministerio de Trabajo extendió 119 permisos de trabajo para menores de 14 años, en comparación con 124 aprobaciones en 2002. Muchos niños por debajo de la edad de 14 años trabajan sin permiso legal y eran vulnerables a la explotación. Su condición ilegal los hacia ineligibles para prestaciones sociales, seguro social, vacaciones o indemnizaciones y a menudo devengaban salarios por debajo del mínimo.

Un informe de la OIT de 2002 indicaba que 937,530 trabajadores infantiles (38,878 por debajo de la edad de 18 años) trabajaban en tareas domésticas en casas particulares en "condiciones de esclavitud mderna". En la capital, el 75% de los niños trabajaban de 13 a 16 horas y su salario mensual promedio era de aproximadamente $51 (395 quetzales). Muchos de los trabajadores domésticos sufrína de malos tratos psicológicos, incluyendo el abuso sexual.

El 21 de noviembre, la prensa reportó el rescate, el 9 de febrero, de dos niños de un barrio en Ciudad Guatemala donde estaban encadenados, presuntamente para evitar que escaparan de condiciones de trabajo forzado.

La Unidad de Protección del Niño Trabajador del Ministerio de Trabajo hace cumplir restricciones sobre el trabajo infantil y educa a menores, sus padres y empleadores respecto de los derechos de los menores en el mercado laboral. La Comisión Nacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, creada en 2002, desarrolló un plan operacional para implementar el Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de 2000. En julio, el Ministerio de Educación emitió un reglamento incorporando la capacitación básica en derechos laborales en el currículo de las escuelas secundaras.

e. Condiciones Aceptables de Trabajo

Aunque la ley fija salario mínimos, el incumplimiento con estas disposiciones en lo sectores rural e informal era extenso. Una encuesta del Gobierno, en 2001, la más reciente disponible, observó que únicamente el 60 porciento de la población trabajadora recibía el salario mínimo o más. Grupos de abogacía, enfocados en cuestiones del sector rural, estimaron que más de la mitad de los trabajadores dedicados a trabajar todo el día en el sector rural no reciben los salarios, prestaciones y beneficios de la seguridad social requeridos por la ley. Las leyes del salario mínimo y protección de horas de trabajo no se extienden a las trabajadoras domésticas. Sin embargo, en mayo el Presidente presentó al Congreso un proyecto que los haría efectivos. Estaba pendiente a fin de año.

El Ministerio de Trabajo supervisa una comisión tripartita que hace recomendaciones de aumentos en el salario mínimo. En caso que no se llegue a un acuerdo en la comisión tripartita, el Gobierno podrá decretar dichos aumentos con base en recomendaciones del Ministro de Trabajo. El salario mínimo diario era de $4.25 (33 quetzales) en la agricultura y $4.56 (35 quetzales) en el comercio. La ley requiere que se agregue un bono de incentivos a este salario mínimo respecto de todas las horas trabajadas, efectivamente aumentando el salario mínimo diario a $5.58 (43 quetzales) en la agricultura y $5.87 (45 quetzales) en el comercio. En noviembre, el Presidente autorizó un nuevo salario mínimo que entraría en vigor el 1 de enero de 2004, con aumetos del 21 porciento para los trabajadores agrícolas y 16 porciento para los no agrícolas. Para trabajadores diurnos, la semana normal de trabajo de seis días es de 44 horas; paralos nocturnos, es de 36 horas; para trabajadores de turno de tarde, es de 42 horas. Se requiere pago de tiempo y medio por trabajo en horas extraordinarias.

El salario mínimo no era suficiente para proveer un nivel de vida decente para un trabajador y su familia. En su Informe de Desarrollo Humano publicado en septiembre, PNUD estimaba que el 57 porciento de la población vive por debajo de la línea de pobreza y el 21.5 porciento en extrema pobreza. El Ministerio de Trabajo practica inspecciones para monitorear el cumplimiento con las disposiciones de salario mínimo. Sin embargo, faltaban al Ministerio de Trabajo los recursos para hacer cumplir la ley del salario mínimo adecuadamente.

Se estima que un 75 porciento de los trabajadores estaban en el sector informal y por lo tanto completamente sin protecciones laborales. Unicamente el 24.6 porciento de los trabajadores estaban cubiertos por el Seguro Social nacional en 2001, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo.

El día legal de trabajo es de 8 horas y la semana laborable es de 44 horas. Una tradición de horas más largas permanecía en ciertos sectores. Estos límites no son aplicables a las trabajadoras domésticas. Una reforma pendiente en el Congreso aplicaría estas condiciones a las trabajadoras domésticas. El Código de Trabajo requiere un período de descanso semanal remunerado de por lo menos 24 horas. De acuerdo con dirigentes sindicalistas y grupos de derechos humanos, los patronos a veces obligaban a los trabajadoras a trabajar horas extraordinarias, con frecuencia sin el pago de primas. Inspectores de trabajo reportaron haber descubierto numeros casos de estos abusos, pero la falta de multas pesadas o fuertes sanciones regulatorias, así como las ineficiencias en el sistema de tribunales de trabajo y cumplimiento de las órdenes de los tribunales han inhibido una ejecución adecuada de la ley.

Las normas de salud y seguridad ocupacionales eran inadecuadas y la ejecución de las mismas seguía débil. Durante el año, el Ministerio de Trabajo participó en varias iniciativas internacionales regionales cuyo propósito era el se sensibilizar a los patronos y a los trabajadores en cuanto a los riesgos de salud y seguridad en el lugar del trabajo. El Ministerio de Trabajo impartió cursos de capacitación a los inspectores de trabajo en normas de salud y seguridad y dió prioridad a esta capacitación. En diciembre, el Ministerio de Trabajo promovió un seminario con la Cámara de las Industrias de la Construcción y sindicatos para promover la formación de comités de salud y seguridad en el lugar del trabajo, iniciativa ésta incluida en el Plan Nacional de Salud y Seguridad Ocupacionales de 2002.

Al ocurrir accidentes industrales graves o fatales, a menudo las autoridades dejaban de investigar plenamente o asignar la responsabilidad por negligencia. Los patronos rara vez fueron sancionados por dejar de proporcionar un lugar de trabajo seguro. La legislación que requiere a las empresas con más de 50 empleados a brindar facilidades médicas en sus propios locales no se hacía cumplir. Sin embargo, la mayoría de empleadores grandes sí proveyó dichas facilidades para sus empleados. La industria de pirotécnicos es particularmente peligrosa (ver Sección 6 b.). Los trabajadores tienen el derecho legal de retirarse de situaciones peligrosas en el trabajo sin represalias. Sin embargo, pocos trabajadores estaban dispuestos a poner su trabajo en peligro con quejas acerca de condiciones de trabajo inseguras.

Un informe de 2002 de Human Rights Watch (HRW) afirmó que las trabajadoras, particularmente del sector doméstico y en la industria de maquila exportadora, sufrían de discriminación y hostigamiento sexual. En mayo, el Presidente propuso legislación para hacer un delito el hostigamiento sexual en el lugar del trabajo, y la propuesta estaba pendiente a fin de año. Las leyes laborales excluyen a las trabajadoras domésticas del derecho a una jornada de 8 horas y una semana laborable de 44 horas, concede a las trabajadoras domésticas únicamente derechos limitados a los feriados nacionales y al descanso semanal, y niega a estas trabajadoras el derecho al servicio de salud de acuerdo con el sistema nacional de seguridad social. Un decreto ejecutivo excluye a las trabajadoras domésticas de la disposición del Código de Trabajo de que todos los trabajadores tienen derecho al salario mínimo.

El informe de 2002 de HRW afirmaba que las maquilas, que empleaban aproximadamente 100,000 mujeres, a menudo obligaban a las mujeres a revelar si estaban embarazadas como condición de empleo.

f. Tráfico de Personas

La ley específicamente prohibe el tráfico y contrabando de personas. Sin embargo, en tráfico de mujeres y niños fue un problema.

El tráfico de personas para fines de prostitución es punible con condenas a prisión por 1 a 3 años y una multa antre $335 y $2,000 (2,500 y 15,000 quetzales). La multa para la procura de menores es entre $470 (3,500 y 13,000 quetzales). A fin de año había legislación pendiente en el Congreso para aumentar estas sanciones. El Gobierno investigó casos de tráfico y reportó que había iniciado 26 juicios entre enero de 2002 y marzo, y por lo menos dos traficantes fueron condenados a prisión como resultado de los enjuiciamientos durante el año. La mayoría de las víctimas dejaron de formular cargos debido al sistema judicial engorroso y temor a represalias o a la deportación. Algunas condenas a prisión para traficantes son conmutables a multas.

La Defensoría de los Derechos del Niño de la Procuraduría de Derechos Humanos y la nueva Sección de Víctimas Menores de la Fiscalía investigaron casos de tráfico.

ONGs y la Prensa denunciaron creíblemente que algunos oficiales de Migración aceptaban sobornos a cambio de permitir a los traficantes importar niños al país para fines de explotación sexual. La Dirección de Migración reportó que hubo 80 despidos por corrupción y 46 pendientes de procedimientos disciplinarios, en comparación con 126 despidos y 86 procedimientos disciplinarios en 2002.

El país era fuente y punto de tránsito para mujeres y niños traficados para fines de explotación sexual. También hubo tráfico interno y, en algunos casos, el país fue destino para personas traficadas, procedentes principalmente de otros países centroamericanos y del Ecuador. Las víctimas traficadas a Guatemala eran generalmente mujeres jóvenes o menores que eran traficados para la explotación sexual y colocados en ambientes pobres y pagados bajos salarios. Los "puntos de contratación" más comunes se encuentran a lo largo de las fronteras.

El país fue fuente y punto significativo de tránsito para el contrabando de extranjeros, de los países cenroamericanos vecinos y de Ecuador, China, Taiwán y Asia del Sur. Algunos extranjeros fueron traficados a los Estados Unidos.

Aquellos traficados de este país para la explotación sexual eran generalmente menores, tanto niños como niñas, de familias pobres. Los traficantes a menudo se acercaban a estos individuos y les ofrecían empleo lucrativo que les permitiría hacer remesas regulares a sus familiares. Los acercamientos incluían promesas de recompensas económicas, trabajo en cafeterías o salones de belleza o trabajo en otros países. Los medios de promoción incluían volantes, anuncios en la prensa y recomendaciones verbales o personales. Los traficantes también usaban de la fuerza, coerción, fraude y engaño.

La explotación sexual de niños, incluyendo la prostitución infantil y el tráfico de niños para fines de prostitución, era un problema creciente (ver Sección 5).

El Gobierno ayudó a algunas víctimas del tráfico, proveyendo albergues para niños bajo protección por órdenes de los tribunales. Las víctimas no eran tratadas como criminales, aunque a veces eran deportadas.

El Gobierno llevó a cabo campañas contra el tráfico y contra el contrabando. ONGs que enfocan en los derechos de mujeres y niños con frecuencia ayudaron a las víctimas del tráfico y trabajaron para educar a la población acerca de los peligros del tráfico. En octubre, UNICEF lanzó una campaña de relaciones públicas para advertir a los centroamericanos acerca de los riesgos de explotación por traficantes, particularmente para alertar a los padres a los peligros que encaraban los menores no acompañados que intentaran ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. La campaña se basó en cuñas radiales y videos exhibidos en los buses que cruzan las fronteras.