En GUATEMALA se realizaron elecciones abiertas y transparentes en noviembre y diciembre del 2003. Aunque hay grandes avances en los derechos humanos, desde el final del conflicto civil y la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, las instituciones estatales encargadas de aplicar la ley continuan débiles y persisten serios problemas de derechos humanos. Hay informes confiables sobre muertes perpetradas por personas que están vinculadas con las fuerzas de seguridad, y de asesinatos políticos por parte de personas ajenas al gobierno. Las fuerzas de seguridad secuestraron, torturaron, abusaron y maltrataron a personas sospechosas y a personas detenidas. Los arrestos arbitrarios y las prolongadas detenciones previas a los juicios fueron problemas. Los jueces y otros oficiales encargados de aplicar la ley fueron víctimas de intimidación y corrupción. La impunidad fue pervasiva, aunque continuaron los esfuerzos para reformar el organismo judicial. Los miembros de los medios de comunicación fueron víctimas de ataques, amenzas e intimidación. Los ataques a las organizaciones no-gubernamentales (ONGs) y a los activistas de derechos humanos, de parte de personas no identificadas, disminuyeron en el transcurso del año.

La estrategia de derechos humanos y democracia de los Estados Unidos pretende fomentar y apoyar los esfuerzos del nuevo gobierno para fortalecer a las instituciones estatales y a los grupos de la sociedad civil, promocionando los derechos humanos, así como una propuesta inovativa de parte de las Naciones Unidas para investigar a los grupos clandestinos que supuestamente están involucrados en los ataques a los activistas de derechos humanos.

Funcionarios estadounidenses, incluyendo a la Subsecretaria de Estado para Asuntos Globales Dobriansky, y el Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental Noriega, destacaron la preocupación por los derechos humanos durante las reuniones con el Presidente Alfonso Portillo, miembros del Congreso y otros funcionarios de alto nivel. El Gobernador de la Florida, Jebb Bush, también le habló sobre los derechos humanos al Presidente Oscar Berger durante su visita para la transmisión de mando. La Embajada le expresó su interés sobre casos claves a las autoridades encargadas de investigar los abusos a los derechos humanos durante el año. Las autoridades por lo general cooperaron y en varias oportunidades trasladaron recursos para investigar casos de particular preocupación. El Embajador también atendió juicios importantes de derechos humanos y públicamente promocionó a los derechos humanos y a sus defensores en varias ocasiones. Desde su génesis, como una propuesta de la sociedad civil, el Embajador ha apoyado la propuesta Comisión para Investigar Cuerpos Clandestinos (CICIACS) de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos apoyó a las ONGs que integraron una “Coalición a Favor de la CICIACS”, y se firmó un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno para crear la CICIACS, el 7 de enero del 2004. La Comisión utilizará a expertos internacionales para investigar y llevar a juicio los casos que involucran los abusos a los derechos humanos, el crimen organizado, la corrupción oficial y el narcotráfico en los juzgados guatemaltecos. Está pendiente de aprobación del Congreso y de revisión en la Corte de Constitucionalildad.

Después de la publicación del Informe de Minugua de marzo del 2003, documentando las torturas que los agentes del estado le infligieron a tres narcotraficantes en Rio Hondo, el Embajador le urgió al Ministro de Gobernación y al Ministro de la Defensa que investigaran las acusaciones y castigaran a cualquier oficial del gobierno que resultara responsable. Los ministros acordaron tomar medidas para prevenir que se repitiera cualquier tortura, pero no se sabe de ninguna medida para sancionar a los individuos responsables de este incidente.

Los Estados Unidos aportó un total de $2.8 millones y envió a aproximadamente 40 observadores oficiales, con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos, para las rondas de las elecciones generales de noviembre y diciembre del 2003. Los Estados Unidos ahora está considerando proporcionarle apoyo técnico al nuevo Congreso, y ayudar con la negociación de las reformas electorales, para aumentar la participación del votante.

Los Estados Unidos continuó apoyando ($4.2 millones durante tres años) la promoción de los fundamentos mismos de los derechos humanos, incluyendo la capacitación de los promotores locales de los derechos humanos, campañas publicitarias, apoyo dirigido a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (limitado a capacitación y equipo), y apoyo para al Movimiento de Derechos Humanos, una coalición de ONGs de derechos humanos. Un dirigente clave, Frank LaRue, fue nombrado por el Presidente Berger para dirigir la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, en enero del 2004. Es alentador que desde 1996 ha florecido la sociedad civil en Guatemala, y que actualmente es un mayor contribuyente de las políticas de derechos humanos para el nuevo gobierno. Con este programa, los Estados Unidos también aportó $250,000.00, una campaña publicitaria y de ONGs para concientizar sobre las recomendaciones de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, cinco años después de haber publicado su informe. Desde 1999, los Estados Unidos ha financiado negociaciones entre la sociedad civil y el Gobierno para crear un Plan de Resarcimiento Nacional, que fue establecido para compensar a las víctimas del conflicto interno.

Para mejorar el sistema judicial, los Estados Unidos financió la expansión de una red de Centros de Justicia para mejorar el acceso a la justicia y modernizar el sector justicia, implementado el debate oral en audiencias previas al juicio, y reformas administrativas para promover la eficiencia y la transparencia en las operaciones judiciales. Los Estados Unidos le proporcionó apoyo material a la oficina del Fiscal Especial de Crímenes contra los Trabajadores de los Derechos Humanos, de la Oficina del Ministerio Público de Guatemala. La Embajada envió a periodistas, funcionarios de gobierno y líderes de la sociedad civil para participar en programas de Visitantes Internacionales, derechos humanos, democracia y periodismo investigativo, durante el 2003.

En el 2003, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos anunció un proyecto regional de cuatro años, para promover la educación de los derechos laborales y fortalecer las inspectorías de trabajo en Centro América. Los Estados Unidos negoció el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los países de Centro América, que incorpora protecciones de los derechos laborales. Si se ratifica, el TLC sustituirá a las leyes laborales actuales del Sistema General de Preferencias (SGP). Una delegación entre agencias de los Estados Unidos llevó a cabo consultas laborales bilaterales en mayo; el Representante Comercial de los Estados Unidos llevó a cabo audiencias sobre las peticiones laborales del SGP en octubre. En todos estos intercambios, los oficiales de los Estados Unidos expresaron su preocupación sobre la necesidad que el Gobierno de Guatemala investigue de lleno la violencia del pasado contra de los dirigentes sindicales, reforme su sistema de justicia laboral, y reinstalen a los trabajadores ilegalmente despedidos por sus actividades sindicales. En noviembre, la Embajada le expresó su preocupación al Gobierno por el potenial de violencia en una maquila donde un nuevo sindicato, el tercero en el sector, se había organizado. El Gobierno respondió rápidamente evitando la violencia. El Gobierno exitosamente fomentó la negociacion de los acuerdos colectivos en las plantas Choj Shin-Cimatextiles, que fueron los dos primeros acuerdos que se realizaron en este sector.

Los Estados Unidos apoyó la creación de una Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación contra Grupos Indígenas, en el 2002. Los Estados Unidos también apoyó un Congreso Indígena Nacional, que se llevó a cabo en agosto del 2003, y que promocionó la participación del indígena en la política, a través de la creación de una Asamblea Nacional Indígena, actualmente en formación. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) paraticipa en un diálogo de donantes sobre asuntos indígenas para prevenir la duplicación de esfuerzos.

Para fomentar fuerzas de seguridad más profesionales y reducir los abusos contra los derechos humanos, la Embajada y SOUTHCOM alentaron al Ministerio de la Defensa para que incorporara la capacitación sobre los derechos humanos en el curriculum de Asuntos Civiles del Ejército. Parcialmente y como resultado, el Ministro de la Defensa abrió una oficina de derechos humanos, en junio del 2003, con personal fijo. Miembros de la Division de Derechos de Humanos de SOUTHCOM visitaron Guatemala en febrero del 2004 y se reunieron con oficiales de alto nivel guatemaltecos, incluyendo al Ministro de la Defensa, para discutir el compromiso formal de los militares guatemaltecos para implementar una iniciativa de derechos humanos regional. En 2004, la USAID le proporcionará $600,000 al Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para fortalecer las relaciones cívico-militares.

Guatemala calificó como un país Nivel II en el Informe sobre el Tráfico de Personas del Departamento de Estado del 2003 para el Congreso. Los oficiales de los Estados Unidos le explicaron al Gobierno las implicaciones del informe, en julio del 2003, y urgieron al Gobierno para que agilizara sus esfuerzos para prevenir, llevar a juicio y castigar este crimen. En respuesta, el Gobierno formó un grupo inter-institucional, integrado por Ministerios, el Congreso, las Oficinas del Fiscal General y el Organismo Judicial, para coordinar mejor estos esfuerzo. A instancias de la Embajada, el Fiscal General autorizó la creación, en el 2004, de una unidad especial contra el tráfico de personas en la Oficina de la Fiscalía Especial de la Mujer. Los Estados Unidos trabajó de cerca con oficiales de migración guatemaltecos para localizar a las víctimas de los traficantes en los burdeles en la capital, y cerca de la misma. Se encontraron varias víctimas menores de edad, y se capturaron a los traficantes, que todavía están pendientes de juicio. La Embajada ha urgido al Gobierno para que endurezca las sanciones contra los traficantes. Los Estados Unidos ha apoyado una ONG que capacita a las víctimas de los traficantes, y está considerando apoyar una red regional de ONGs que le brindan apoyo a las víctimas.