Los civiles tienen que dirigir a los militares de su país y decidir las cuestiones de defensa nacional, no porque siempre sean más sabios que los militares profesionales, sino porque son los representantes del pueblo y, como tales, se les ha asignado la responsabilidad de tomar esas decisiones y rendir cuentas al respecto.

En una democracia, los militares existen para proteger al país y las libertades de la población. Ellos ni representan ni apoyan puntos de vista políticos o grupos étnicos y sociales; enfocan su lealtad en los ideales más generales de la nación, al estado de derecho y al principio de la democracia misma.

El control civil garantiza que los valores, instituciones y políticas de un país han sido escogidos con libertad por el pueblo y no por los militares. El propósito de éstos es defender a la sociedad, no definir su curso.

Cualquier gobierno democrático valora la pericia y el consejo de los profesionales militares cuando toman decisiones de políticas sobre defensa y seguridad nacional. Los funcionarios civiles recurren a los militares para obtener asesoría experta en esos temas y para poner en práctica las decisiones del gobierno. Pero sólo el liderazgo civil elegido debe tomar las decisiones finales en materia de políticas que los militares implementan después en su esfera de acción.

Por supuesto, los personajes militares pueden participar con plenitud y en plan de igualdad en la vida política de su país, como cualquier otro ciudadano, pero sólo como votantes individuales. Los militares deben retirarse del servicio militar antes de participar en la política; los servicios armados se tienen que mantener al margen de la política. Los militares son los servidores neutrales del estado y los guardianes de la sociedad.