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Actualizada: 12/III/01

El perdón presidencial


Cuando el Presidente Bill Clinton firmó 140 perdones y 36 conmutaciones de pena (varias de ellas controversiales) el último día de su mandato, él estaba siguiendo un procedimiento que tiene sus raíces en los primeros días de la República.

El primer presidente, George Washington, emitió los primeros perdones presidenciales en 1795, al darle amnistía a dos participantes en la Rebelión del Whisky, una serie de protestas el año anterior contra un impuesto a las bebidas alcohólicas. La autorización al Presidente Washington vino de la Constitución el Artículo II, Sección 2 dice: "El presidente estará facultado para otorgar suspensiones temporarles e indultos por delitos cometidos contra los Estados Unidos, salvo en los casos de impugnación".

Aunque los redactores de la Constitución se basaron en el derecho consuetudinario inglés al establecer estas facultades, los perdones ya habían aparecido por primera vez en el Código de Hamurabi, una serie de edictos desarrollados en la antigua Babilonia hace casi 4.000 años.

La misericordia ejecutiva apareció por primera vez en la jurisprudencia inglesa en el siglo VII, fundamentándose en que las ofensas eran cometidas contra la paz del soberano, y como era él quien era injuriado por las disputas en su hogar, sólo él debía poseer el poder del perdón.

Al debatir la cláusula sobre el perdón en la Convención Constitucional de 1787, los redactores consideraron tres cuestiones:

  1. ¿El poder de perdonar se debe establecer formalmente?
  2. ¿Dónde debe residir ese poder?
  3. ¿Cuáles controles se deben incluir o, no se debe incluir ninguno?

Debatiendo a favor del control ejecutivo, Alexander Hamilton, uno de los redactores de la Constitución quien más tarde fué el primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos, escribió en El Federalista: "Es indudable que un individuo prudente y de sentido común es más idóneo, en conjeturas delicadas, para equilibrar los motivos a favor y en contra del perdón de un castigo, que cualquier cuerpo numeroso". Y agregó: "En tiempos de insurrección o de rebelión, a menudo hay momentos críticos, en los cuales una oferta oportuna de perdón para los insurgentes o rebeldes podría restaurar la tranquilidad de la república".

Una vez que se otorgó como poder presidencial, el perdón se convirtió en algo exclusivo de la rama ejecutiva, sin el requisito de consentimiento de ninguna otra rama del gobierno. Se han presentado varios casos ante la Corte Suprema de la nación a través de los años, cuestionando los límites constitucionales dentro de los cuales el perdón se puede utilizar, pero en cada caso la Corte ha decidido que el presidente puede emitir un perdón total o condicional antes, durante o después de una condena y, que ese poder es casi absoluto.

Únicamente se puede cambiar el poder para otorgar perdón presidencial a través de una enmienda constitucional; sin embargo, ese proceso es muy difícil y exige mucho tiempo, por requerir la aprobación de tres cuartas partes de los estados, ya sea a través de la legislatura estatal o por comités de ratificación. Con la excepción de la Declaración de Derechos (las primeras 10 enmiendas a la Constitución), sólo ha habido 17 enmiendas adicionales en más de 200 años.

El uso y la comprensión del poder de perdón se han desarrollado y evolucionado a través de los años. En el año 1865 el gobierno estableció la Oficina del Secretario de Perdones para administrar el proceso de perdones. En 1892 las funciones de esa Oficina fueron trasferidas a la Oficina del Procurador Encargado de los Perdones. Hoy en día esa oficina está bajo la supervisión del Procurador General en el Departamento de Justicia.

El Título 28 de las reglamentaciones nacionales (The Code of Federal Regulations) contiene procedimientos para la presentación, consideración y otorgamiento de perdones, incluyendo una investigación federal del demandante así como la revisión y recomendación de un abogado de perdón al presidente. Sin embargo, estas reglamentaciones son únicamente en calidad de asesoría y por su autoridad constitucional el presidente no tiene que seguirlas.

El Presidente Washington emitió 16 perdones, la menor cantidad otorgada bajo cualquier presidencia, con la excepción de William H. Harrison y James Garfield, quienes murieron antes de otorgar alguno.

Durante la Guerra Civil, e inmediatamente después, Abraham Lincoln y Andrew Johnson otorgaron amnistías a unas 200.000 personas, incluyendo una controversial a Jefferson Davis, presidente de la Confederación de estados separatistas, como un esfuerzo para unir a la nación y sanar las heridas causadas por la guerra.

Franklin D. Roosevelt restauró la ciudadanía a unas 1.500 personas quienes habían cumplido sus condenas por violar el servicio militar o por actos de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial, y también restauró la ciudadanía a miles de ex convictos quienes habían prestado servicio militar y habían sido dados de baja con honores.

Harry Truman perdonó a más de 1.500 personas encarceladas por evadir el servicio militar y a otras 9.000 quienes habían sido condenadas por deserción militar en tiempos de paz.

Gerald Ford y Jimmy Carter concedieron clemencia y amnistía a unas 10.000 personas. El Presidente Ford también generó controversia por perdonar a Richard Nixon por su implicación en el escándalo Watergate, el cual había dividido a la nación. Después de la renuncia del Presidente Nixon, Ford dijo: "La tranquilidad que se la ha restaurado a esta nación por los eventos de las últimas semanas, podría perderse irreparablemente con la perspectiva de enjuiciar a un presidente de los Estados Unidos".

George H. W. Bush emitió 77 perdones durante sus cuatro años como presidente. Ahí también hubo controversia, por el perdón otorgado al ex Secretario de Defensa Caspar Weinberger por cargos relacionados con su papel en el escándalo Irán-Contras.

El total de los perdones otorgados por el Presidente Clinton en sus ocho años en la presidencia fué de 395 perdones y 61 conmutaciones de pena. El más controversial de todos fué el perdón concedido el último día de su mandato al financiero Marc Rich, quien había huido del país hacía 18 años para evitar la posibilidad de ser procesado. El Congreso fijó audiencias en la Comisión Judicial del Senado y en la Comisión de Reforma Gubernamental de la Cámara para investigar si el perdón había sido influenciado por contribuciones financieras. Sin embargo, no importa como fallen los congresistas en las audiencias, el perdón no se podrá revocar porque bajo el Artículo II, Sección 2 de la Constitución , no existen fundamentos para reversarlo ni una autoridad identificada que lo pueda lograr legalmente.



Washington, D.C.
2 de marzo de 2001




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