Trafficking in Persons Report 
Department of State
June 14, 2004
 

ARGENTINA
 

Argentina es principalmente un país de destino para la trata de hombres, mujeres y niños con el propósito de explotación sexual y trabajo forzado.  La mayoría de las víctimas extranjeras son mujeres y niños cuya trata proviene de Paraguay, Bolivia, Brasil y la República Dominicana para proveer el mercado de sexo de la Argentina.   Las víctimas argentinas, de manera similar, son llevadas de zonas rurales a zonas urbanas dentro del país, pero también ha habido trata hacia el exterior, principalmente con fines de prostitución en España.   La trata de bolivianos a la Argentina se realiza con fines de trabajo forzado.   Es la primera vez que se ha incluido a la Argentina en este informe gracias a contar con información más completa que señala un número significativo de víctimas.

El gobierno de Argentina no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata, sin embargo, está haciendo grandes esfuerzos para conseguirla.  Los funcionarios del gobierno deberían reconocer el problema de la trata de personas en la Argentina más firmemente y adoptar políticas nacionales para solucionarlo.  El gobierno también debería reforzar los esfuerzos para ejecutar las leyes y  tratar firmemente a los funcionarios corruptos.  La Argentina debería cooperar más activamente con sus vecinos, en especial Paraguay, para detectar y cortar los círculos de la trata de personas  y procesar firmemente a los traficantes.

Enjuiciamiento

No hay coordinación en la Argentina de los esfuerzos legales para detectar la trata de personas  y la lucha contra la trata.  La corrupción policial es un impedimento para los fiscales.  Más aún, los funcionarios de ejecución de la ley del país no tienen instrucciones claras de parte de los líderes políticos y no cuentan con los recursos para perseguir duramente a los traficantes locales e internacionales.     En virtud de la ausencia de una ley única e integral para la lucha contra la trata de personas, las autoridades deberían ejercer mucho más rigurosamente las leyes existentes sobre conspiración, prostitución infantil, esclavitud sexual, y trabajo forzado.   La ley sobre migración del año 2003 podría usarse contra traficantes y prevé sentencias que van desde 1 año a 8 años de prisión.  En diciembre 2002, los funcionarios iniciaron un proceso legal y enjuiciaron a,  por lo menos, cuatro individuos, que dio como resultado una condena (el acusado recibió una sentencia de prisión de cuatro años y medio).   En un caso similar de soborno, 19 funcionarios públicos, incluyendo oficiales de la policía, fueron acusados y están a la espera del juicio.   Las investigaciones llevadas a cabo en otro caso similar ocurrido a principios de 2004, resultaron en la condena de tres traficantes que recibieron sentencias de entre 3 y 4 años de prisión.  Se espera el juicio de otros dos casos relacionados con la trata para el año 2004, y, por lo menos, hay otros ocho casos pendientes.
 

Protección

La Argentina no tiene una política nacional integral para la protección de las víctimas y, en consecuencia, la atención de las víctimas a veces es deficiente.  Buenos Aires cuenta con un buen programa para la protección de víctimas, que brinda asistencia a docenas de víctimas, y tiene personal del departamento de policía en zonas alejadas que incluye psicólogos para asistir a víctimas y testigos.   Algunas víctimas pueden recibir asistencia federal, pero la mayoría de los funcionarios provinciales no están capacitados para identificar o específicamente asistir a las víctimas de la trata.  El Ministerio de Relaciones Exteriores ha comenzado a capacitar a los funcionarios consulares para asistir a las víctimas argentinas en el exterior, pero no hay datos disponibles en la actualidad sobre el número de posibles víctimas que reciben asistencia.

Prevención

El gobierno nacional no tiene una política integral para prevenir la trata de personas, aunque existen medidas preventivas aisladas.  Los presidentes de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay han firmado un acuerdo con una cláusula que destaca la necesidad de coordinar esfuerzos para combatir la trata.  La actividad sobre prevención más digna de atención se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires, donde el gobierno ha establecido una red para llevar a cabo campañas e identificar las víctimas infantiles.  Asimismo, el gobierno está participando en un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo para prevenir y eliminar el comercio de la explotación sexual de niños en la región fronteriza con Brasil y Paraguay.