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Actualizada: 01/IV/02
Carta de la Embajadora Patterson en respuesta a quejas sobre la erradicación aérea
English version
Sr. Estimado Sr. Bennett: Me da mucho gusto responderle a sus preocupaciones que surgieron en su carta al Secretario de Estado Powell con fecha del 7 de diciembre del 2001 (la cual fue firmada por usted y por miembros de varias otras organizaciones), referentes a nuestro programa de erradicación aérea en Colombia. Le pido disculpas por la demora en responder. Discutimos algunas de las preocupaciones expresadas en su carta y en su informe de nuestras reuniones con las delegaciones Witness for Peace (Testigos para la Paz) el 22 y 25 de enero. Sin embargo, agradezco esta oportunidad, para proporcionar respuestas más detalladas a sus preguntas así como proporcionarle una información más reciente con relación a nuestros continuos esfuerzos de seguimiento e investigación sobre los informes de preocupaciones por seguridad.
Usted expresó preocupación porque las áreas sujetas a pactos sociales, las cosechas de menos de dos hectáreas, y las cosechas de alimentos fueron erradicadas incorrectamente por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia (DIRAN) en las operaciones de erradicación aérea que comenzaron en Putumayo el 13 de noviembre de 2001. Antes de diciembre de 2000, el Gobierno de Colombia permitía soló una erradicación muy limitada en Putumayo. Cómo resultado, el cultivo de coca se disparó, aumentando casi doce veces en un período de ocho años, de 1993 a 2000 (de 4.000 a 47.200 hectáreas). Por eso el Putumayo fue un importante enfoque de los esfuerzos iniciales del Plan Colombia. Las primeras erradicaciones de áreas significativas allá ocurrieron entre diciembre de 2000 y febrero de 2001. Durante los meses siguientes, muchas familias firmaron los pactos sociales a los cuales usted se refirió en su carta e informe. La entrega de los recursos gubernamentales de los pactos finales que iban a ser firmados comenzó el 26 de julio de 2001. Los firmantes tienen doce meses a partir de recibir los recursos para erradicar manualmente su coca. Cualquier coca nueva que se siembre después de esa fecha no está cubierta por los pactos y queda sujeta a la erradicación. Desde el 13 de noviembre de 2001, se comenzó de nuevo la erradicación aérea en Putumayo. El Gobierno de Colombia le permitió a la DIRAN erradicar (1) coca nueva en áreas bajo los pactos sociales sembrada después del 26 de julio de 2001 en violación de los pactos; y (2) toda la coca en las regiones no cubiertas por los pactos sociales. Su informe plantea que no encontró evidencia de que la DIRAN recogiera información sobre la localización de los pactos antes de la erradicación. De hecho, sin embargo, funcionarios colombianos y estadounidenses llevaron a cabo una investigación exhaustiva, teniendo el mayor cuidado de identificar las áreas donde sólo se concentraba la coca nueva, la cual no estaba sujeta a los pactos sociales. En octubre y noviembre de 2001, el asesor colombiano a la Sección de Asuntos de Narcóticos (NAS) para el programa de erradicación aérea, un ingeniero con más de 15 años de experiencia en cultivos y erradicación de coca, y anteriormente auditor ambiental del Gobierno colombiano, participó en dos misiones muy detalladas de reconocimiento sobre el sur occidente de Putumayo con funcionarios de la DIRAN y del Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA). Estos vuelos incluyeron sobrevuelos bajos en un avión de erradicación y en un helicóptero. El equipo observó por lo menos unas 13.000 hectáreas de coca que, por virtud del tamaño de las matas, tenían que haber sido sembradas después de entrar en vigencia el último pacto social, en julio. Las fotografías tomadas durante estos sobrevuelos bajos son dramáticas. La diferencia entre los campos extensos de coca recientemente sembrada y las matas más antiguas es marcada. Además, hay poca evidencia de que se esté sembrando algo más fuera de la coca, aunque se observó una gran cantidad de cultivos simultáneos de coca con maíz y yuca. También se observó una gran cantidad de plantíos, que contenían semilleros de coca listos para la siembra. Adjunto algunas fotografías representativas de coca muy joven. Si usted desea revisar los informes detallados de los dos vuelos de reconocimiento, incluyendo muchas más fotografías, invitamos a sus colegas en el país a visitar la Embajada para que lo hagan. Pienso que encontrará que esclarecen el informe y las fotografías. No tenemos como objetivo erradicar las cosechas de coca de menos de dos hectáreas. Por el contrario, ignoramos los pequeños campos aislados que se demoran más en fumigar. Sin embargo, si varios terrenos pequeños son adyacentes el uno el otro, es imposible identificarlos como lotes individuales pues desde el aire aparecerán como una gran extensión, y se podrán erradicar (si es una zona que hemos recibido permiso para erradicar). Su carta e informe dicen que observó casos en los cuales fueron erradicadas cosechas legítimas de pan coger. Aunque los pilotos de erradicación están muy bien entrenados y creemos que los errores son escasos, inevitablemente habrá error humano en algunos de ellos. En tales casos, a los campesinos se les debe indemnizar justa y rápidamente. Tal como le comentamos a sus colegas en nuestras reuniones con Witness for Peace e el 22 y 25 de enero de 2002, el Gobierno de Colombia siempre ha tenido un proceso por el cual se investigan tales reclamos. Con apoyo de la Embajada, se ha mejorado recientemente este proceso para proporcionar una investigación y resolución más rápida de los reclamos. Si se presenta suficiente evidencia para identificar el sitio y los detalles en cuestión, a los campesinos que hayan sufrido daños a sus cosechas legales se les indemnizará con el valor en el mercado de las cosechas perdidas. Aunque el peso inicial recae sobre el reclamante, de llevar suficiente información para verificar el reclamo, el nivel de la prueba requerida no es indebidamente estricto, y en casos muy reñidos los investigadores van a errar a favor de otorgar compensación. Si usted o sus colegas conocen de tales casos, deben proporcionar la información a la Dirección Nacional de Estupefacientes (Oficina Nacional sobre Drogas Peligrosas, o DNE), la entidad gubernamental de Colombia responsable de manejar el proceso de indemnización. Durante nuestra reunión con Witness for Peace ee 25 de enero de 2002, uno de sus colegas nos presentó uno de esos informes, de un campesino de la vereda Los Angeles en Putumayo, el cual le pasamos a la DNE con una solicitud de investigarlo tan pronto como fuera posible y de informarnos sobre su estado.
Hay abrumadora evidencia científica de la seguridad de la mezcla para la erradicación. El glifosato que utilizamos es uno de los matamalezas más comunes en el mundo. Se utiliza ampliamente en Estados Unidos en la agricultura comercial. El glifosato aplicado en el programa de erradicación de coca y opio es sólo como el 13% del glifosato utilizado en Colombia. En California se usa anualmente como nueve veces la cantidad de glifosato del que utilizamos en nuestro programa de erradicación (y California es un tercio del tamaño de Colombia). El glifosato fue registrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) desde los años 70. La EPA dice que el glifosato es de baja toxicidad, no es carcinógeno, y no causa mutaciones ni defectos de nacimiento. La Organización Mundial de la Salud y el Programa Internacional sobre la Seguridad Química informan sobre hallazgos similares. La fórmula de glifosato que utilizamos consiste de glifosato, agua y una mezcla surfactante. Esta fórmula se mezcla luego con agua y un surfactante de fabricado y aprobado en Colombia, denominado Cosmo-Flux 411F. Los surfactantes ayudan al herbicida a penetrar la superficie cerosa de las hojas de las matas de coca y opio. Aunque el Cosmo-Flux 411F no está registrado en Estados Unidos, la EPA dice que sus ingredientes están dentro de las tolerancias aceptadas para el uso en productos alimenticios. La tasa de aplicación que utilizamos para nuestra mezcla de erradicación está dentro de los limites dictados por los fabricantes. A pesar de esta gran cantidad de evidencia científica que apoya nuestra posición de que los riesgos de la erradicación aérea son mínimos para los humanos y los animales, ha habido quejas de salud contra el programa de erradicación aérea. Debido a nuestro compromiso con la seguridad, hemos tratado de investigarlas. Así como le comentamos a sus colegas en las dos reuniones recientes, investigamos la muerte del niño de 11 meses mencionado en su informe, junto con la de otro de 4 años, apenas se produjeron los informes de esas muertes. Los padres de los niños atribuyeron las muertes a la erradicación aérea cuando informaron de ellas al personero local. Ambos ocurrieron en la vereda de Argelia, en la municipalidad de La Hormiga en Putumayo. Primero revisamos los registros de los vuelos de erradicación que tuvieron lugar en la región de Argelia en las fechas de los reclamos. El 15 de noviembre, fecha en que según se informa el niño de 11 meses quedó expuesto, sí ocurrió erradicación aérea en la municipalidad de La Hormiga, pero no en Argelia. La erradicación más cercana fue a cinco kilómetros. El 21 de noviembre, fecha en que se informó sobre la exposición del niño de cuatro años, la erradicación aérea más cercana fue a más de 32 kilómetros de distancia. Por lo tanto, los niños estaban demasiado lejos para haber quedado expuestos a la erradicación aérea. Sin embargo, aún si fueron expuestos a fórmula arrastrada por corrientes de aire, efectos tan drásticos nunca han sido descritos en la literatura científica sobre el glifosato, aún en los casos de exposiciones más significativas y directas. Por el contrario, la literatura indica que, aunque el glifosato y sus formulas comerciales pueden causar algunos efectos agudos (principalmente irritación de los ojos y la piel), esos efectos duran poco y son reversibles aún cuando se aplica el producto directamente. Uno de los mejores ejemplos de esto son los datos de uno de los estados agrícolas grandes en los Estados Unidos que tiene un régimen de vigilancia ambiental y de salud muy estricto. En más de 6.100 casos de exposición de espectadores a todos los insecticidas durante un período de doce años, solamente 12 (el 0,2%) fueron el resultado de exposición al glifosato. (Los espectadores son personas expuestas indirectamente, por ejemplo a través de la fórmula arrastrada por corrientes de erradicación, en vez de trabajadores que aplican directamente las formulas de glifosato.) Diez de los 12 casos fueron de irritación temporal de la piel o de los ojos y dos fueron casos de jaqueca general y náusea. De todos los casos de exposición (incluyendo la exposición directa de quienes aplicaban la fórmula) que involucraban al glifosato, las hospitalizaciones fueron ambulatorias. Eso fue en un estado donde se aplicaron 4,5 millones de libras en 1999, en contraste con aproximadamente 500.000 libras aplicadas en el programa de erradicación aéra en Colombia el año pasado. Adicionalmente, el curso de la enfermedad de los niños y sus historias médicas fuertemente sugieren otras causas de muerte. Contratamos al Dr. Jorge Botero, un médico quien fue anteriormente jefe de toxicología en el Ministerio de Salud de Colombia, para que investigara las muertes. El habló con el médico que atendió a los niños y revisó los registros médicos. El niño de 11 meses sufrió síntomas de diarrea aguda, deshidratación y fiebre durante 24 horas antes de morir el 16 de noviembre. Sus padres informaron que él se encontraba afuera en su patio el 15 de noviembre cuando pasaron los aviones de erradicación, pero no hubo detalles en cuanto a si realmente quedó expuesto a la erradicación. El Dr. Botero concluyó que la causa más probable de defunción fue la severa deshidratación causada por la diarrea, común en las regiones rurales. Aún si el niño hubiera quedado expuesto, la mezcla tan diluida para la erradicación aérea, no tendría tal efecto. El Dr. Botero dijo que ciertos síntomas neurológicos descritos en los registros del niño (inestabilidad corporal y problemas de visión, sugieren que el niño pudo tener un desequilibrio hidroeléctrico o meningitis incipiente). Finalmente, el hermano y el abuelo del niño habían sufrido los mismos síntomas y, puesto que no había nada que indicara que habían quedado expuestos a la erradicación aérea, el Dr. Botero afirmó que la enfermedad del niño pudo haber sido una infección contagiosa. La segunda muerte fue la de un niño de 4 años que tuvo síntomas de vómito, diarrea y fiebre durante 12 horas antes de su muerte eel 22 de noviembre. No hubo información sobre la naturaleza de su exposición a la erradicación aérea, si la hubo. Se observó en la autopsia una cantidad masiva de parásitos (gusanos). El Dr. Botero dijo que, aunque la causa de defunción no se pudo determinar concluyentemente, de la información disponible en el momento del estudio, él sospecha que los parásitos lo llevaron a una seria infección que causó su muerte. Dijo también que este curso de los síntomas no es consistente con la exposición al glifosato, especialmente la exposición mínima que recibiría un espectador de la erradicación aérea. Se adjunta una copia del informe del Dr. Botero. Estos resultados son similares a casos anteriores que hemos investigado. La mayoría se descartan por simple comparación con los sitios de la erradicación aérea y las fechas con las de las exposiciones reportadas. Por ejemplo, en diciembre de 2000 un periodista holandés escribió de una "epidemia" de dolencias de la piel relacionadas con la erradicación aérea en Aponte, en el sur de Colombia. La Embajada contrató unos médicos expertos para revisar los registros de salud relevantes. Ellos encontraron que la mayoría de las quejas se hicieron antes de comenzar la erradicación aérea o mucho después de terminada. En todos los casos, menos cuatro, las enfermedades fueron de parásitos o bacterianas en su origen. En los otros cuatro casos los síntomas no eran tan serios, y el tratamiento prescrito sugirió que las enfermedades no se relacionaban con la erradicación aérea. Ninguno de los registros médicos mencionó exposición a la erradicación aérea como una posible causa de la condición del paciente. Se adjunta una copia del informe de Aponte. En otro caso, un alcalde de Nariño atribuyó el caso de un niño nacido sin extremidades en la municipalidad de San Bernardo a la erradicación aérea de cultivos ilícitos. Contratamos a la Dra. Adriana Zamora de la Clínica Uribe Cualla, el centro de control de venenos de Colombia, para investigar este caso. Ella se reunió con el alcalde y los padres del niño, revisó los registros médicos relevantes y examinó al niño. Ella también consultó con el Dr. Camilo Uribe Granja, Director de la Clínica Uribe Cualla, y con el Dr. Carlos Martín Restrepo, Jefe de la Unidad de Genética en la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario. La Dra. Zamora verificó que el niño nació el 15 de mayo de 1999, tres meses antes del 14 de agosto de 1999, cuando tuvo lugar la primera erradicación aérea en Nariño. Por lo tanto, cualquier conexión con la erradicación aérea se descartaba con base únicamente en las fechas. Sin embargo, aun si no fuese así, más de 25 años de investigación científica sobre el glifosato y sus formulas comerciales demuestran que estos productos no causan defectos de nacimiento. A pesar de la falta de cualquier vínculo con nuestro programa de erradicación aérea, le solicitamos a la Dra. Zamora que considerara otros agentes causales posibles que le permitieran a los médicos del niño tratarlo mejor. Lamentablemente, sin embargo, ella concluyó que las causas de su condición eran desconocidas. El alcalde y los padres del niño aceptaron fácilmente que no había conexión posible entre su condición médica y la erradicación aérea cuando supieron que no tuvo lugar ninguna erradicación aérea hasta después del nacimiento del niño. Se adjunta una copia del informe de la Dra. Zamora. El triste hecho es que los niños se enferman y mueren todos los días en la Colombia rural, de un sinnúmero de causas. Las condiciones de vida en estas regiones son duras y antihigiénicas. El acceso a los servicios de salud es malo o inexistente. Además, muchas familias, especialmente en Putumayo, están involucradas en cultivos ilícitos y utilizan una amplia variedad de químicos mortales sin tomar ninguna medida de seguridad (a menudo los almacenan en sus hogares). Las familias rurales de Colombia merecen tener atención médica para los muchos problemas reales que enfrentan, y no se les hace ningún bien cuando los reclamos infundados sobre enfermedades o la información errada confunden la búsqueda de las causas verdaderas de sus problemas de salud. Entendemos que alcaldes y otros funcionarios locales en el sur de Colombia le han planteado preocupaciones similares de salud a usted. Por favor tenga en mente que estos funcionarios vienen de áreas desesperadamente pobres en donde mucha gente depende fuertemente del comercio de la coca y donde son limitadas las opciones económicas. Claramente, la gente que vive del cultivo y procesamiento de la coca y del opio se oponen a la erradicación aérea y van a ir muy lejos para generar oposición. Estos esfuerzos incluyen intentos de presión, y aun violencia, contra los funcionarios elegidos. En los últimos 13 años, han sido asesinados 200 alcaldes y ha habido casi 1.000 secuestrados, haciendo de este cargo uno de los más peligrosos del mundo. Por supuesto que hay también una cantidad de personas y grupos, como ustedes, quienes tienen preguntas totalmente legítimas sobre el programa de erradicación aérea. Confío en que a medida que estudia los hechos, usted comprenderá que lo que hacemos es seguro. Me gustaría tocar un asunto adicional que usted no mencionó directamente en su carta o informe, pero que ha sido citado como una causa de preocupación en varios informes de medios y de ONG. Esta es la preocupación sobre que la concentración del glifosato en la mezcla de erradicación aérea puede ser más alta de lo recomendado para uso agrícola. Eso no es así. El concepto erróneo ha surgido de la confusión entre la concentración de la formula principal con base en glifosato y el glifosato mismo. Como se anotó anteriormente, la formula comercial principal con base en glifosato en la mezcla de la erradicación aérea, contiene glifosato, agua y un surfactante. La cantidad de formula que llega a un campo erradicado es de 10,4 litros (2,75 galones) por hectárea. El ingrediente activo (glifosato), sin embargo, es menos de la mitad de esa formula. Sólo 3,74 kilogramos del glifosato llega al campo erradicado. Estas concentraciones están bien dentro de los límites recomendados para matas tipo leñoso. Finalmente, uno tiene que preguntarse porqué han llegado tan pocas quejas de regiones de Colombia o de Estados Unidos donde los herbicidas con base en el glifosato se utilizan en la agricultura comercial. Si los efectos serios de salud fuesen tan comunes como se alega en algunos informes de prensa y otros que hemos visto, seguramente también vendrían de las regiones donde se utilizan productos con base en glifosato en cantidades mucho mayores. Así como los reclamos de salud influndados no deben tener como resultado que no se satisfagan las necesidades médicas, también necesitamos asegurar que el debate sobre el programa de erradicación aérea no confunda la amenaza real del uso de narcóticos, la corrupción relacionada con los narcóticos, y la catástrofe ambiental que ocurre cuando se arrojan millones de galones de químicos para procesar narcóticos a los ríos colombianos cada año y se cortan y se queman vastas áreas de bosque frágil para abrirle camino al cultivo de la coca.
Se debe aclarar algo desde el comienzo. Todo el sistema de pactos sociales para la erradicación voluntaria en Putumayo es un concepto del Gobierno colombiano, desarrollado e implementado por las entidades del Gobierno de Colombia (como el PNDA, los alcaldes municipales) y las comunidades locales en el Putumayo. Los recursos financieros de los bonos de paz colombianos a través de los "Fondos de Inversión Para la Paz," por un total de alrededor de US$30 millones, han sido puestos a disposición a través de cinco ONG contratadas por el Gobierno para las comunidades firmantes de los pactos sociales, para el programa de seguridad alimentaria (semillas, herramientas, animales pequeños). Con la excepción de un programa de gallina ponedora financiado por USAID por US$1 millón, ejecutado con 1.800 firmantes de pactos sociales durante el período de mayo a septiembre de 2001, no hemos proporcionado ninguna financiación complementaria al programa de seguridad alimentaria en Colombia, ni se esperaba que lo hiciéramos. La entrega de seguridad alimentaria inmediata a las 35.000 familias que firmaron pacto sociales siempre ha sido responsabilidad del Gobierno de Colombia y continuará siéndolo en el futuro. En vista de la entrega, en forma más lenta de lo esperado, del programa de seguridad alimentaria a los firmantes de los pactos sociales en Putumayo, por parte del Gobierno de Colombia, la USAID inició un programa de erradicación temprana en concierto con el Gobernador de Putumayo, los alcaldes de nueve municipalidades, el PNDA, y las comunidades locales. Se firmaron acuerdos por US$17,3 millones con comunidades civiles y por US$16,6 millones con comunidades indígenas en diciembre. Requieren la erradicación voluntaria inmediata y la financiación inmediata de actividades productivas y de infraestructura rural para la comunidad. Se espera que estos dos programas nuevos de erradicación temprana ampliarán considerablemente y acelerarán la asistencia a los firmantes de los pactos y la erradicación voluntaria de la coca en los siguientes seis meses. Espero que esta información le sea útil, y confío en que la pondrá a disposición de los muchos otros firmantes de su carta. Con mucho gusto le contestaré cualquier otra pregunta que pueda tener sobre nuestra política antinarcóticos en Colombia. Sinceramente,
Dr. Gabriel Merchán, Director, Dirección Nacional de Estupefacientes Dra. María Inés Restrepo, Directora, Plan Nacional de Desarrollo Alternativo Senador Patrick Leahy Senador Mitch McConnell Senador Russ Feingold Senador Paul Wellstone Representante Cass Ballenger Representante Jim Kolbe Representante Nita Lowey Representante John Conyers Representante James McGovern Representante Jan Schakowsky Representante Christopher Shays Representante William Delahunt
February 22, 2002
Mr. Steven J. Bennett
Dear Mr. Bennett:
I am pleased to respond to the concerns raised in your letter to Secretary of State Powell dated December 7, 2001 (which was signed by you and members of several other organizations), regarding our aerial eradication program in Colombia. I apologize for the delay in responding.
We discussed some of the concerns raised in your letter and report in our meetings with Witness for Peace delegations on January 22 and 25. I welcome this opportunity, however, to provide more detailed responses to your questions as well as to provide you with more recent information regarding our ongoing efforts to monitor and investigate reports of safety concerns.
You expressed concern that areas subject to social pacts, crops of less than two hectares, and food crops were improperly sprayed by the Antinarcotics Directorate of the Colombian National Police (DIRAN) in the spray operations that commenced in Putumayo on November 13, 2001.
Prior to December 2000, the Government of Colombia permitted only very limited spraying in Putumayo. As a result, coca cultivation there skyrocketed, increasing almost twelve-fold over the eight-year period 1993-2000 (from 4,000 to 47,200 hectares). Accordingly, Putumayo was an important focus of initial Plan Colombia efforts. The first significant aerial eradication operations there took place between December, 2000 and February, 2001. During the months that followed, many families signed on to the social pacts to which you referred in your letter and report. Delivery of government resources under the final pacts to be signed began on July 26, 2001. The signers have twelve months from the date that resources were first delivered to manually eradicate their coca. Any new coca planted after that date is not covered by the pacts and is subject to spraying.
Beginning on November 13, 2001, aerial eradication recommenced in Putumayo. The Government of Colombia allowed the DIRAN to spray (1) new coca in areas under social pacts that was planted after July 26, 2001 in violation of the pacts; and (2) all coca in regions not covered by social pacts. Your report states that you found no evidence that the DIRAN gathered information on locations of the pacts prior to the spraying. In fact, however, Colombian and U.S. officials conducted a comprehensive investigation, taking the greatest care to identify areas where only new coca, not subject to the social pacts, was concentrated. In October and November, 2001, the Colombian consultant to the Narcotics Affairs Section (NAS) on the aerial eradication program (an agricultural/environmental engineer with over 12 years of experience with coca cultivation and eradication, and the former Government of Colombia Environmental Auditor) participated in two very detailed reconnaissance missions over southwestern Putumayo with officials from DIRAN and the National Plan for Alternative Development (PNDA). These flights included low-level overflights in a spray plane and helicopter. The team observed at least 13,000 hectares of coca that, by virtue of plant size, had to have been planted after the final social pact went into effect in July.
The photographs taken during these low-level overflights are dramatic. The difference between the extensive fields of recently planted coca and the older plants is marked. Moreover, there is little evidence that anything other than coca is being planted, although a significant amount of inter-cropping of coca with corn and yucca was observed. A great many seedbeds, containing coca seedlings ready to be planted, were also noted. Enclosed are some representative photographs of very young coca. If your in-country colleagues wish to review the detailed reports of the two reconnaissance flights, including many more photographs, we invite them to come to the Embassy to do so. I think you will find the report and photographs illuminating.
We do not target coca crops of less than two hectares in size for spraying. To the contrary, the pilots ignore small isolated fields that take longer to spray. If several small plots are adjacent to one another, however, they are impossible to identify as individual plots but will appear from the air as one large extension, and (if in a zone in which we have received permission to spray) may be sprayed.
Your letter and report state that you observed cases in which legitimate food crops were sprayed. Although the spray pilots are very well-trained, and we believe mistakes are rare, human error will inevitably result in some mistakes. In such cases, the farmers should be compensated fairly and rapidly.
As we told your colleagues in our meetings with Witness for Peace on January 22 and 25, 2002, the Government of Colombia has always had a process by which such claims are investigated. With Embassy support, this process has recently been improved to provide for faster investigation and resolution of complaints. If sufficient evidence is presented to identify the site and details in question, farmers who have suffered damage to legal crops will be compensated for the market value of the lost crops. Although the initial burden is on the claimant to come forward with enough information to verify the complaint, the level of proof required is not unduly strict, and in close cases the investigators will err in favor of awarding compensation. If you or your colleagues are aware of such cases, you should provide the information to the Dirección Nacional de Estupefacientes (National Office on Dangerous Drugs, or DNE), the Government of Colombia entity responsible for managing the compensation process. During our meeting with Witness for Peace on January 25, 2002, one of your colleagues gave us one such report from a farmer in Los Angeles vereda in Putumayo, which we have passed to the DNE with a request that it be investigated as soon as possible and that we be kept informed of its status.
There is overwhelming scientific evidence that the spray mixture is safe. The glyphosate we use is one of the most common weed killers in the world. It is widely used in the United States in commercial agriculture. The glyphosate applied in the coca and opium eradication program is only about 13 percent of the glyphosate applied in Colombia. About nine times as much glyphosate is used annually in just one U.S. state as we use in our spray program (and that state is one-third the size of Colombia). Glyphosate has been registered by the United States Environmental Protection Agency (EPA) since the 1970's. EPA says it is of low toxicity, non-carcinogenic, and does not cause mutations or birth defects. The World Health Organization and the International Programme on Chemical Safety report similar findings.
The glyphosate formulation we use consists of glyphosate, water, and a surfactant blend. This formulation is further mixed with water and a Colombian-manufactured and approved surfactant called Cosmo-Flux 411F. The surfactants help the herbicide penetrate the waxy surface of the leaves of the coca or opium plants. Although Cosmo-Flux 411F is not registered in the United States, the EPA says its ingredients are within accepted tolerances for use on food products. The application rate we use for our spray mixture is within the limits prescribed by the manufacturers.
Despite the large body of scientific evidence that supports our position that spraying risks to humans and animals is minimal, there have been health complaints about the aerial eradication program. Because of our commitment to safety, we have tried to investigate them. As we told your colleagues in the two recent meetings, we investigated the death of the 11-month-old child mentioned in your report, together with that of a 4-year-old child, very shortly after the reports of these deaths were made. The children's parents attributed the deaths to spraying when reporting them to the local "personero." Both occurred in the township of Argelia, in La Hormiga municipality in Putumayo.
We first reviewed the records of the spray flights that took place in the Argelia region on the dates of the claimed exposures. On November 15, the date the 11-month-old was reportedly exposed, spraying did occur in La Hormiga municipality, but not in Argelia - the closest spraying was three miles away. On November 21, the date the four-year-old was reportedly exposed, the closest spraying was more than twenty miles away. Thus, the children were too far away to have been exposed to spraying.
Even if they had been exposed to spray drift, however, such drastic effects have never been described in the scientific literature on glyphosate, even in cases of much more significant and direct exposures. To the contrary, that literature indicates that, although glyphosate and surfactants can cause some acute effects (mainly eye and skin irritation), those effects are short term and reversible even in those who directly apply the product. One of the best examples of this is data from one of the large agricultural states in the U.S. with a very strict environmental and health surveillance regimen. In over 6,100 cases of bystander exposure to all pesticides over a twelve-year period, only 12 (0.2%) were the result of glyphosate exposure. (Bystanders are persons exposed indirectly, for example through spray drift, as opposed to workers who directly apply the glyphosate formulations.) Ten of the 12 cases consisted of temporary skin or eye irritation and two were cases of general headache and nausea. Of all exposure cases involving glyphosate (including direct applicator exposure), none required an overnight hospital stay. This is in a state where 3.5 million pounds were applied in 1999 in contrast to the approximately 500 thousand pounds applied in the eradication program in Colombia last year.
In addition, the course of the children's illnesses and their medical histories strongly suggest other causes of death. We hired Dr. Jorge Botero, a physician who formerly served as chief of toxicology with the Colombian Ministry of Health, to investigate the deaths. He spoke to the physician who treated the children and reviewed the medical records. The 11-month-old child suffered symptoms of acute diarrhea, dehydration, and fever for about 24 hours before his death on November 16. His parents reported that he was outside on their patio on November 15 when the spray planes went by, but there were no details as to whether he was actually exposed to spray. Dr. Botero concluded that the cause of death was most likely the severe dehydration caused by the diarrhea, common in the rural regions. Even if the child had been exposed, the very diluted glyphosate-based spray mix would not have such an effect. Dr. Botero said that certain neurological symptoms described in the child's records (bodily instability and vision problems) suggested that the child may have had a hydroelectrolytic imbalance or incipient meningitis. Finally, the child's brother and grandfather had suffered the same symptoms and, since there was nothing to indicate they may have been exposed to spraying, Dr. Botero stated that the child's illness may have been a contagious infection.
The second death was a 4-year old boy who had symptoms of vomiting, diarrhea, and fever for about 12 hours before his death on November 22. There was no information about the nature of his exposure to spraying, if any. On autopsy, a massive quantity of parasites (worms) was observed. Dr. Botero said that, although the cause of death could not be conclusively determined from the information available at the time of study, he suspects the parasites led to a serious infection that caused death. He said that this manifestation of symptoms is not consistent with glyphosate exposure, especially the minimal exposure that a bystander would get from spraying. A copy of Dr. Botero's report is enclosed.
These results are similar to previous cases that we have investigated. Many are ruled out just by comparison of the spray locations and dates to those of the reported exposures. For example, in December 2000 a Dutch journalist wrote of an "epidemic" of spray-related skin ailments in Aponte in southern Colombia. The Embassy hired medical experts to review the relevant health records. They found that most of the complaints were made before spraying began or long after it ended. In all but four cases, the diseases were parasitic or bacterial in origin. In the other four cases the symptoms were not serious, and the treatments prescribed suggested the illnesses were not spray-related. None of the medical records mentioned exposure to spraying as a possible cause of the patient's condition. A copy of the Aponte report is enclosed.
In another case, a Nariño mayor attributed the case of a child born without limbs in the municipality of San Bernardo to illicit crop spraying. We contracted Dr. Adriana Zamora of Clinica Uribe Cualla, Colombia's national poison control center, to investigate this case. Dr. Zamora met with the mayor and the child's parents, reviewed relevant medical records, and examined the child. She also consulted with Dr. Camilo Uribe Granja, director of Clinica Uribe Cualla, and Dr. Carlos Martín Restrepo, Chief of the Genetics Unit at the University of Rosario Medical School.
Dr. Zamora verified that the child was born on May 15, 1999 -- three full months before aerial eradication first took place in Nariño, on August 14, 1999. Therefore, any connection with aerial eradication was ruled out based on these dates alone. Even if that were not so, however, more than twenty-five years of scientific research on glyphosate and its commercial formulations demonstrates that these products do not cause birth defects. Despite the lack of any link with our spray program, we asked Dr. Zamora to consider other possible causal agents that might enable the child's physicians to better treat him. Unfortunately, she concluded that the causes of his condition were unknown. The mayor and the child's parents readily accepted that there was no possible connection between his medical condition and aerial eradication upon learning that no spraying took place until after he was born. A copy of Dr. Zamora's report is enclosed.
The sad fact is that children become ill and die every day in rural Colombia from a multitude of causes. Living conditions in these remote regions are harsh and unsanitary. Access to health care is poor or nonexistent. Moreover, many families, especially in Putumayo, use a wide variety of deadly chemicals such as paraquat in the cultivation of illegal crops (often storing them in their homes) without taking any safety precautions. Colombia's rural families deserve medical attention for the many real problems they face, and they are not well served when unfounded claims of illness or erroneous information obscure a search for the true causes of their health problems.
We understand that mayors and other local officials in southern Colombia have raised similar health concerns with you. Please keep in mind that these officials come from desperately poor areas where many people depend heavily on the coca trade and where economic options are limited. Clearly, the people who make a living growing and processing coca and opium poppy oppose aerial eradication and will go to great lengths to generate opposition to it. These efforts include attempts to pressure, and even inflict violence, on elected officials. In the last 13 years, two hundred Colombian mayors have been killed and almost 1,000 kidnapped, making this position one of the most dangerous in the world. Of course, there are also a number of people and groups, like yours, who have entirely legitimate questions about the spray program. I am more than happy to answer them, and confident that as you study the facts, you will understand that what we are doing is safe.
I would like to address one additional matter that you did not directly mention in your letter or report, but that has been cited as a cause for concern in a number of media and NGO reports. This is the concern that the concentration of glyphosate in the spray mix may be higher than recommended for agricultural use. This is not the case. The misconception has arisen from confusion between the concentration of the main glyphosate-based formulation and glyphosate itself. As noted above, the main glyphosate-based commercial formulation in the spray mix contains glyphosate, water, and a surfactant. The amount of that formulation that ends up on a sprayed field is 10.4 liters (2.75 gallons) per hectare. The active ingredient (glyphosate), however, is less than half of that formulated product. Only 3.74 kilograms of glyphosate itself ends up on the sprayed field. These concentrations are well within recommended limits for woody plants.
Finally, one has to ask why so few complaints have come from the regions of Colombia or the United States where glyphosate-based herbicides are used in commercial agriculture. If serious health effects were as common as alleged in some of the press and other reports we have seen, surely they would also be coming from the regions where vastly greater amounts of glyphosate-based products are used. Just as unfounded health complaints should not result in real medical needs going unmet, we also need to ensure that the debate over the spray program does not obscure the real threat from narcotics use, narcotics-related corruption, and the environmental catastrophe that occurs as millions of gallons of narcotics processing chemicals are dumped into Colombian rivers each year and vast areas of fragile forest are slashed and burned to make way for coca cultivation.
One thing should be very clear at the outset. The whole system of social pacts for voluntary eradication in Putumayo is a Government of Colombia concept that has been developed and implemented by Government of Colombia institutions (e.g., PNDA, municipal mayors) and local communities in Putumayo. Financial resources from Colombian peace bonds through the "Fondos de Inversion Para la Paz," totaling some $30 million, have been made available through five government-contracted NGO's to pact-signing communities for immediate food security (seeds, tools, small animals). With the exception of a USAID-funded layer hen program for $1 million implemented with 1,800 pact signers during the period May - September 2001, we have not provided any complementary funding to the Colombian food security program, nor were we expected to. The delivery of immediate food security to the 35,000 pact signing families has always been the responsibility of the Government of Colombia and will continue to be into the future.
In light of slower-than-expected delivery of immediate food security assistance to pact signers in Putumayo by the Government of Colombia, USAID initiated an early eradication program in concert with the governor of Putumayo, mayors of nine municipalities, PNDA, and local communities. Agreements for $17.3 million with civilian communities and $16.6 million with indigenous communities were signed in December. They call for immediate voluntary eradication and immediate provision of funding for productive activities and community-based rural infrastructure. It is expected that these two new early eradication programs will considerably expand and accelerate assistance to pact signers and voluntary coca eradication over the ensuing six months.
I hope this information is helpful, and I trust that you will make it available to the many other signatories to your letter. I would be happy to answer any further questions you may have about our counternarcotics policy in Colombia.
Sincerely, |
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