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  Actualizada: 22/VI/04

Memorando de justificación de la certificación de erradicación aérea de coca y amapola en Colombia, 2003

El programa de erradicación aérea en Colombia, 2003

La sección sobre la Iniciativa Andina Antinarcóticos de Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero, Financiación de Exportaciones y Programas Conexos, División E, Resolución sobre Asignaciones Consolidadas, 2003 (P.L.108-7) ("FY 2003 FOAA") establece las condiciones bajo las cuales la asistencia, utilizando fondos apropiados bajo la FOAA, puede estar disponible para la adquisición de químicos para su uso en la erradicación aérea de cultivos ilícitos. En particular, la FOAA dispone que:

Máximo el 20% de los fondos apropiados mediante la Ley que se utilicen para la adquisición de químicos para los programas de asperción aérea de coca y de amapola pueden estar disponibles para tales programas, salvo que, después de consultar con el Director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Secretario de Estado certifique a los Comités para Apropiaciones que:

  1. la mezcla del herbicida se esté utilizando de conformidad con los requerimientos para etiquetas de la EPA para uso comparable en Estados Unidos y cualesquiera controles adicionales recomendados por la EPA para este programa y en conformidad con el Plan de Manejo Ambiental Colombiano para la erradicación aérea;
  2. la mezcla del herbicida, en la forma como se esté utilizando, no signifique riesgos no razonables de efectos adversos para los seres humanos o el ambiente;
  3. quejas sobre daños a la salud o a los cultivos lícitos causados por tal erradicación se evalúen y que una compensación justa se pague por los reclamos que lo merezcan; y tales fondos no pueden estar disponibles para tales fines a menos que los programas sean implementados por la Agencia de Estados Unidos para Desarrollo Internacional, el Gobierno de Colombia u otras organizaciones, después de consultar con las comunidades locales, para proporcionar fuentes alternativas de ingresos en las áreas donde lo permita la seguridad para los pequeños agricultores cuyos cultivos ilícitos son el objetivo de la erradicación.

El presente memorando establece la justificación de la Decisión del Secretario de Estado de que las condiciones de la sección de Iniciativa Andina Antinarcóticos se han cumplido según lo requerido.

El 9 de abril de 2003, el Secretario de Estado escribió al Administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) el señor Whitman para solicitar una consulta por escrito acerca del programa de erradicación en Colombia apoyado por Estados Unidos. Específicamente, se pidió a la EPA avisar al Departamento de Estado si la mezcla del herbicida se está utilizando en conformidad con los requisitos de etiquetado de la EPA para uso comparable en Estados Unidos y cualesquiera controles adicionales recomendados por la EPA para este programa; y de los riesgos de efectos adversos en los seres humanos o en el ambiente provenientes de la mezcla del herbicida, en la forma como se está utilizando.

En 2002, la EPA suministró al Departamento de Estado una revisión técnica completa del uso del glifosato por parte del Departamento de Estado en el programa de aspersión de coca del Gobierno de Colombia. El Departamento de Estado y la EPA determinaron que la EPA debería utilizar el análisis de la EPA del año 2002 como fundamento para la consulta del 2003. Las consultas sobre el trabajo diario del Departamento para con la EPA precedieron la carta del Secretario y continuaron hasta junio. El Departamento se reunió con la EPA para ponerla al tanto de los cambios en el programa de erradicación desde el Análisis de la EPA del 2002 y para discutir la erradicación de amapola que el Congreso no le había solicitado a la EPA tratar en el 2002. La carta del Secretario del 9 de abril le entregó a la EPA un documento escrito: "Informe actualizado del Departamento de Estado sobre los químicos utilizados en el programa de erradicación aérea en Colombia", el cual suministró información adicional sobre los asuntos discutidos en la reunión de actualización.

El 9 de junio, el Subdirector de la EPA Stephen Johnson contestó al Secretario de Estado en nombre de la Directora de la EPA Whitman indicando los resultados de la consulta a la EPA.

Dicha carta y el documento "Programas de la Oficina de Pesticidas, Detalles de la consulta del 2003 sobre el uso por parte del Departamento de Estado de pesticidas para el Programa de erradicación de coca y amapola en Colombia" ("Análisis 2003 de la EPA").

  1. (A) La mezcla del herbicida se está utilizando de conformidad con los requisitos de etiquetado de la EPA para uso comparable en Estados Unidos.

    La EPA no elabora los requisitos de las etiquetas para el uso de pesticidas en Estados Unidos pero revisa y aprueba las recomendaciones para su uso elaboradas por los fabricantes de los pesticidas. Las mezclas para aspersión aérea que se utilizan actualmente en el programa de erradicación aérea tanto de coca como de amapola en Colombia, apoyado por Estados Unidos, contienen tres componentes: agua, una fórmula del herbicida glifosato registrada con la EPA y un surfactante (Cosmo-Flux 411F).

    La formula comercial de glifosato utilizada en la mezcla para la aspersión está registrada con la EPA para venta en Estados Unidos para uso no agrícola. Aunque la EPA no reglamenta el uso de productos adyuvantes que no tienen etiquetas que los denominen como pesticidas, la Oficina de Programas de Pesticidas de la EPA revisó los constituyentes químicos completos de Cosmo-Flux 411F, previa solicitud del Departamento de Estado, en el 2001. Esto le permitió al Departamento de Estado una mejor evaluación de los asuntos de seguridad relacionados con el uso de este producto en el programa de aspersión. La EPA determinó en septiembre de 2001 que todos los ingredientes de Cosmo-Flux 411F están exentos bajo la reglamentación 40CFR180.1001 del requisito de tolerancias cuando se encuentran incluidos en pesticidas aplicados a alimentos, alimentos para animales y ganado.

    Durante las consultas de 2003 con la EPA, el Departamento de Estado reportó a la EPA los componentes de las mezclas para aspersión utilizadas para erradicar la coca y la amapola y las dosis de las aplicaciones utilizadas en cada operativo ("Informe actualizado del Departamento de Estado sobre los químicos utilizados en el programa de erradicación aérea en Colombia", página 5). La EPA contestó (en el Resumen ejecutivo): "La EPA ha determinado que las dosis de las aplicaciones tanto para la erradicación de coca como para la de amapola en Colombia se encuentran dentro de los parámetros listados en las etiquetas de Estados Unidos". Dicha determinación cumple los criterios para que el Secretario pueda certificar que la mezcla del herbicida se está utilizando en conformidad con los requisitos de etiquetado de la EPA para uso comparable en Estados Unidos.

  2. (B) La mezcla del herbicida se está utilizando en conformidad con cualquier control adicional recomendado por la EPA para este programa.

    El Gobierno de Colombia y el Departamento de Estado han implantado varios cambios en el programa para tratar los asuntos que salieron del análisis 2002 de la EPA. Para su referencia, el análisis 2002 de la EPA denominado "Programas de la Oficina de Pesticidas, Detalles de la consulta para el Departamento de Estado: uso de pesticidas para el programa de erradicación de coca en Colombia" ("Análisis 2002 de la EPA"). Las recomendaciones 2002 de la EPA y las respuestas del Departamento de Estado se esbozan a continuación.


Recomendación de la EPA para cambiar el producto glifosato utilizado en el programa

La EPA hizo una recomendación directa al Departamento de Estado, relacionada con los controles del programa de aspersión en el Análisis 2002 de la EPA. La EPA recomendó (en la página 12) que "...debido a la irritación ocular aguda causada por el producto formulado concentrado de glifosato y la falta de datos sobre la toxicidad aguda de la mezcla para el tanque, la Agencia recomienda que el Departamento de Estado considere el uso de un producto de glifosato alterno (con menor posibilidad de toxicidad aguda) en futuros programas de erradicación aérea de coca o amapola." El Departamento de Estado opina que esta recomendación se hizo como precaución para las personas quienes llenan los tanques de aspersión en el avión, quienes corrían el riesgo de salpicar el glifosato sin diluir en los ojos o en la piel. El Departamento de Estado no opina que la recomendación se hizo para indicar cualquier riesgo potencial a las personas expuestas a la mezcla para aspersión que se aplica desde la aeronave.

Cuando la EPA hizo la recomendación, no existían fórmulas de glifosato de reemplazo adecuadas registradas para la venta y uso en Colombia que ofrecieran menor posibilidad de irritación ocular aguda. El Departamento de Estado trabajó con el proveedor de glifosato para el programa en la identificació y registro para la venta y uso en Colombia de una fórmula de glifosato con posibilidad reducida de irritación ocular. Apenas ese producto se pudo registrar para la venta y uso en Colombia, el Departamento de Estado empezó a comprarlo para utilizarlo en el programa de aspersión que inició en septiembre de 2002. Esa es la misma fórmula que se utiliza hoy día.

Así como la formula anterior, la nueva formula se encuentra registrada con la EPA para su venta en Estados Unidos para uso no agrícola. También se compone del 41% de sal de glifosato y del 59% de ingredientes inertes. También como la formula anterior, la fórmula que se utiliza ahora está hecha de un material base (glifosato técnico) que se produce en una fábrica en Estados Unidos. La fórmula de glifosato que se está utilizando se mezcla con agua y surfactante en las mismas proporciones que las de la anterior fórmula para conformar la mezcla para aspersión de coca.

La diferencia entre la fórmula anterior y la nueva es que el producto actual sin diluir goza una clasificación toxicológica general de categoría III ("levemente tóxica") en la escala que utiliza la EPA, mientras que la fórmula de glifosato anteriormente utilizada, sin diluir tiene una clasificación de categoría I ("altamente tóxica"). La reducción en la toxicidad se debe a un cambio en el surfactante utilizado en la fórmula de glifosato. Por supuesto, estas clasificaciones se refieren al perfil toxicológico de las fórmulas de glifosato en sus puntos de venta, sin diluir, más no a la mezcla para aspersión (agua, fórmula de glifosato y surfactante) que sale de la aeronave.

El análisis de 2003 de la EPA brindó la siguiente evaluación de las implicaciones del cambio en el programa de aspersión a la nueva fórmula del herbicida para la aspersión de coca y amapola en Colombia: "En lo que concierne a asuntos de salud humana, la EPA concluye que no existen riesgos importantes para la dieta, los que mezclan/cargan/aplican la mezcla o los trabajadores en el campo, o las personas que se encuentran en las cercanías (incluso a los niños). Las preocupaciones por la irritación ocular en quienes mezclan/cargan la mezcla, mencionadas en los hallazgos de 2002 de la Agencia han sido mitigados por un cambio a un producto con menor toxicidad" ("Análisis 2003 de la EPA" Resumen ejecutivo, página ii).


Asesoría de la EPA sobre el rastreo de informes sobre quejas de salud

El Análisis de 2002 de la EPA (en la página 32) también indicó que: "se recomiendan el rastreo prospectivo de informes de quejas de salud y la documentación de los tiempos de exposición y del inicio de los síntomas durante operativos de aspersión futuros para evaluar cualesquiera efectos potenciales en la salud y reducir o prevenir su ocurrencia." El Departamento de Estado ha incrementado sus esfuerzos en el rastreo de informes sobre quejas de salud y en la investigación sobre cualquier conexión posible entre la aspersión verificada de cultivos ilícitos y supuestos daños en tales quejas.

El programa de aspersión rastrea las quejas de salud humana de varias maneras. La primera forma consiste en iniciar una investigación inmediata, lo que incluye la evaluación clínica del paciente, previa notificación de un problema a la Embajada de Estados Unidos. La Sección de Asuntos Narcóticos (NAS) de la Embajada se entera de los casos mediante cartas dirigidas a la Embajada o a entidades del Gobierno de Colombia, provenientes de comandantes de bases antinarcóticos locales, de miembros de los medios de comunicaciones y de organizaciones no gubernamentales. Para investigar las quejas por exposición tóxica supuestamente causada por la aspersión, la NAS contrata los servicios de dos de los más importantes toxicólogos de Colombia, incluyendo al director del centro nacional de control de venenos de Colombia, el Centro Uribe Cualla de Asesoramiento Toxicológico.

Desde la presentación al Congreso del "Informe sobre asuntos relacionados con la erradicación de coca ilícita en Colombia" del año fiscal 2002, se han reportado cuatro quejas a la Embajada de Estados Unidos. Los detalles de estas quejas y de las evaluaciones médicas de seguimiento se incluyen a continuación.

En septiembre de 2002, la Embajada recibió una queja de múltiples casos de envenen+-amiento por la aspersión de coca en Puerto Asís (departamento de Putumayo). Un toxicólogo contratado por el Departamento de Estado efectuó una visita al hospital allá y entrevistó a los médicos; la conclusión fue que no hubo caso alguno de envenenamiento o de enfermedad atribuible a los químicos utilizados en la aspersión. EL toxicólogo se enteró de dos (2) niños hospitalizados quienes pudieron ser el origen de la queja y revisó sus casos. Uno (1) de los niños sufría de envenenamiento por un insecticida organofosfato. El otro niño sufría de asma. (Versión en inglés del informe del toxicólogo).

    En febrero de 2003, un artículo en el periódico nacional "El Tiempo" atribuyó la expansión de la tuberculosis y los casos de labio leporino y paladar hendido en recién nacidos a la aspersión aérea de coca en Tibú (departamento de Norte de Santander). Una revisión toxicológica comprobó que el paladar hendido y el labio leporino son defectos heredados genéticamente que nunca han sido reportados en seres humanos como consecuencia de la exposición a cualquier sustancia química. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se pasa de persona a persona y no se relaciona tampoco con una exposición posible a los químicos que se utilizan en la aspersión.

    Durante una visita en marzo de 2003 a Pasto (departamento de Nariño), al personal de la Oficina de Prensa de la Embajada se le comentó que en el hospital local había casos de niños quienes sufrían de problemas de salud debido a la aspersión. Un funcionario de la NAS hizo seguimiento del caso y habló con un médico en el hospital quien explicó que no había niños enfermos en el hospital pero que él estaba rastreando varios niños con defectos de nacimiento cuyas madres habían supuestamente estado expuestas a químicos que se utilizan en la aspersión. El médico consintió a que un toxicólogo contratado por la Embajada revisara los archivos de los casos. Carta de la NAS sobre este caso.

    El 2 de Julio de 2003, el noticiero de Caracol TV reportó la muerte de un recolector de hoja de coca supuestamente expuesto a los químicos que se utilizan para la aspersión. El señor había sido hospitalizado en San Pablo (departamento de Bolívar). La investigación del hecho reveló que el señor sufría de una enfermedad infecciosa grave que no se había diagnosticado hasta que fue demasiado tarde. Los funcionarios en San Pablo eventualmente trasladaron al señor a un hospital mejor dotado en Bucaramanga (departamento de Santander) donde murió posteriormente. La autopsia confirmó que el señor había fallecido de neumonía y de una infección meníngea. Una prueba para químicos en sus tejidos pulmonares salió negativa. Informe del toxicólogo sobre esta investigación.

El Gobierno de Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá también han adoptado una estrategia proactiva para investigar las preocupaciones sobre la salud humana en las zonas donde se lleva a cabo la aspersión. Ambos gobiernos han colaborado para crear un Programa Médico de Acción Cívica (Medcap) para investigar casos de daños a la salud supuestamente causados por la aspersión. Estas intervenciones de salud pública se programan para llevarse a cabo en las zonas donde se ha realizado hace poco la erradicación de coca. Toxicólogos colombianos contratados por la Embajada de Estados Unidos hablan con los pacientes y con el personal médico local, buscando casos relacionados con la aspersión. Como se esboza en el cuadro a continuación, un total de 4.779 pacientes se pusieron a disposición del personal médico de Medcap, se les evaluó su condición médica y recibieron cuidados de salud complementarios. Aunque el personal de Medcap ha encontrado casos que se decían relacionados con la aspersión, al revisarlos determinaron que, en cada caso, las condiciones fueron causadas por acontecimientos que no tuvieron relación con la erradicación aérea. Mediante investigaciones de Medcap y otras investigaciones médicas, la Embajada de Estados Unidos no ha encontrado aún una sola instancia de daños a la salud humana relacionados con la aspersión. Medcaps es un programa continuo y se planean varios por el estilo en los meses venideros.


Lugar Fecha Pacientes evaluados
Cartagena del Chairá (Caquetá) 11 de mayo de 2002 250
Solano (Caquetá) 7 de agosto de 2002 120
Santa Ana (Putumayo) 21 de septiembre de 2002 260
Puerto Asís (Putumayo) 9 de noviembre de 2002 250
San Vicente del Caguán (Caquetá) 1º de febrero de 2003 149
Morelia (Caquetá) 20 de julio de 2003 250
Florencia (Caquetá) 18 a 21 de septiembre de 2003 3.500


Adicionalmente, la NAS está brindado colaboración al Instituto Nacional de Salud de Colombia (INS) en un programa para identificar los efectos de los herbicidas y pesticidas en la salud, lo cual incluye el glifosato, en poblaciones ubicadas en regiones de cultivos de coca en todo el país. Un toxicólogo contratado por la NAS ayudó al INS en la preparación y capacitación de médicos y de personal de salud ambiental, quienes atienden a las poblaciones de estas zonas.

La capacitación consiste en un taller de una semana que abarca la toxicología; la clasificación de pesticidas; la prevención, diagnosis y reconocimiento del envenenamiento por pesticidas; la gestión clínica; las consideraciones epidemiológicas y los procedimientos para estudiar un brote; los hechos toxicológicos del glifosato; y una evaluación de riesgos para la población y el ambiente provenientes de la aplicación aérea del glifosato. Se han llevado a cabo dos de estos talleres.


Lugar Fecha Médicos asistentes Técnicos asistentes
Pasto (Nariño) 1º al 5 de septiembre de 2003 32 31
Puerto Asís (Putumayo) 20 al 24 de octubre de 2003 28 26


En Neiva (departamento del Huila) se realizó otro taller del 1º al 5 de diciembre de 2003 para personal de salud pública en las regiones del Huila y del Tolima con cultivos de amapola. La asistencia programada era de 60 médicos y 55 técnicos de salud ambiental. Cuatro talleres adicionales están programados para el primer trimestre de 2004 en los departamentos Meta-Guaviare, Arauca, Norte de Antioquia y Santander/Sur de Bolívar.

El Análisis de 2003 de la EPA reportó que "el Gobierno de Colombia y la Embajada de Estados Unidos en Bogotá han seguido el consejo de la EPA en lo relacionado con el rastreo e investigación de quejas de salud" ("Análisis 2003 de la EPA", página 30). El Análisis de 2003 de la EPA también hizo recomendaciones nuevas para rastrear la salud: "(la EPA) solicita que el Departamento de Estado mejore su definición de envenenamiento de glifosato, suministre documentación adicional acerca de sus investigaciones y de cómo se llevan a cabo y normalice la recolección de datos" ("Análisis 2003 de la EPA", Resumen ejecutivo, página ii).

Actualmente, el Departamento de Estado y el Gobierno de Colombia están implantando las recomendaciones de 2003 de la EPA. La NAS en Bogotá y el INS han desarrollado y distribuido hojas de trabajo para recolección de datos estandarizados y una definición de envenenamiento con glifosato en los talleres mencionados anteriormente.


Observación de la EPA sobre la deriva de la aspersión

Aunque no lo mencionó como recomendación al Departamento de Estado, en su consulta a la EPA también denotó cierta preocupación por la deriva de la aspersión y por la posibilidad de que la vegetación deseable que no es el objetivo podría sufrir de la aspersión de cultivos de coca (o de amapola) cercanos. Informados de la preocupación de la EPA y del Congreso, el Departamento de Estado y el Gobierno de Colombia incorporaron varias medidas al programa de aspersión, para ayudar en la evaluación y control de la deriva de la aspersión.

La primera de estas medidas era reforzar el componente de seguridad ambiental en el entrenamiento para los pilotos quienes llevan a cabo la aspersión. Un Asesor Ambiental de la NAS y expertos en aviación del Área de Aviación del Departamento de Estado diseñaron un currículo para los pilotos sobre el posible impacto negativo que podría tener la aspersión sobre el ambiente y sobre técnicas para minimizar los daños colaterales potenciales a los cultivos lícitos y al ambiente.

Los pilotos recibieron este entrenamiento en diciembre de 2002 y una vez más en junio de 2003. Todos los pilotos, tanto los de las aeronaves para aspersión de ala fija como los pilotos de helicópteros de escolta de ala rotatoria, recibirán esta capacitación que se llevará a cabo dos veces al año (una tercera sesión está programada para diciembre de 2003). En la capacitación se hace énfasis en los aspectos únicos del área de operativos colombiana y se solicita retroalimentación sobre técnicas para maximizar la efectividad de la aplicación y para evitar daños a la vegetación que no es el blanco del operativo (esbozo de la capacitación).

También, a las tripulaciones de helicóptero para búsqueda y rescate que acompañan cada vuelo de aspersión, se les ha ordenado monitorear los patrones de deriva desde arriba. Ahora ellas ayudan en asegurar que la aspersión no deriva más allá de los cultivos objeto y notifican al comandante de la aeronave para aspersión cuando las condiciones podrían ameritar cancelar un vuelo para aspersión. Ver copia de las pautas de la Oficina de Aviación de la Oficina de Asuntos Narcóticos y Ejecución de la Ley (INL) del Departamento de Estado al contratista para la erradicación que formaliza las nuevas normas para la aspersión.

En el 2003 la EPA afirmó que "la Agencia opina que el potencial de fitotoxicidad de la deriva de la aspersión sigue siendo un factor tanto en la aspersión de coca como en la de amapola. La EPA reconoce que el Departamento de Estado está empleando las Mejores Prácticas de Gestión para minimizar la deriva y lo anima a continuar con tales esfuerzos" ("Análisis 2003 de la EPA", Resumen ejecutivo, página ii).

El Departamento de Estado continuará sus esfuerzos para controlar la deriva tal como lo recomienda la EPA. Con base en las respuestas a las recomendaciones de 2002 y de 2003 de la EPA sobre el uso del herbicida, el rastreo en la salud humana y la deriva de aspersión, el Departamento de Estado opina que la mezcla del herbicida se está utilizando de conformidad con cualesquiera controles adicionales recomendados por la EPA para este programa.

  • 1. (C) La mezcla del herbicida se está utilizando en conformidad con el Plan de Manejo Ambiental Colombiano para erradicación aérea. El Plan de Manejo Ambiental del Gobierno de Colombia para erradicación aérea (PMA) fue elaborado e implantado por el Ministerio del Medio Ambiente en 2001. El PMA fue diseñado como documento vivo y ha sido modificado por sendas resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente al finalizarse la anterior administración. Como fue redactado, el PMA era imposible de ejecutar y faltaban líneas claras de responsabilidad para las instituciones del Gobierno de Colombia que debían desarrollar aspectos del PMA.

    En 2003, el Gobierno de Colombia reconoció que hacía falta un trabajo adicional para lograr mayor eficiencia y conformó un comité técnico interinstitucional para revisar el PMA. Dicho comité, que se reunió por primera vez el 8 de mayo de 2003 fue conformado por representantes del Ministerio del Medio Ambiente, de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), de la Policía Antinarcóticos (DIRAN), del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura (ICA), del laboratorio del Ministerio del Medio Ambiente (IDEAM) y de la Sección de Asuntos Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (NAS).

    Después de elaborar la revisión, las recomendaciones del Comité fueron emitidas a los grupos ambientales colombianos después de su publicación formal. Al cabo de quince días, durante los cuales no se recibió ningún comentario en contra, se incorporaron las revisiones al PMA mediante la Resolución 1054 del Ministerio del Medio Ambiente con fecha del 30 de septiembre de 2003. (Versión en inglés del PMA revisado.)

    El cambio más significativo en el PMA es la inclusión de múltiples entidades en el proceso de monitoreo. Bajo el PMA modificado, el monitoreo ambiental es un proceso interinstitucional y cada entidad participante tiene un papel y responsabilidades claras. La asistencia técnica y de equipos brindada por la Oficina de Asuntos Narcóticos y Ejecución de la Ley a muchos de los participantes en el PMA ha permitido a esas instituciones una participación activa en el monitoreo del programa de aspersión y poder asumir las responsabilidades que se les exige. Con los equipos de laboratorio donados por el Departamento de Estado, el Instituto Agustín Codazzi del Gobierno de Colombia realizará un muestreo de suelos y el Ministerio de Salud efectuará el muestreo de aguas, para determinar la persistencia del glifosato en las zonas fumigadas. Igualmente, con la asistencia del Departamento de Estado, el Ministerio de Salud del Gobierno de Colombia está capacitando proveedores de servicios de salud en las zonas en que se llevan a cabo las aspersiones para que reconozcan diferentes formas de envenenamiento por químicos. Una vez capacitados, podrán diferenciar enfermedades causadas por el glifosato y otras formas de envenenamiento por químicos que comúnmente afligen a las personas quienes procesan materias primas para obtener drogas terminadas en sus hogares. La NAS ha asignado US $3 millones del presupuesto para erradicación a mejoras ambientales que incluyen mejorar las instalaciones físicas de las bases, dar capacitación y entrenamiento y dar equipos a las instituciones del Gobierno de Colombia para poder implantar el PMA.

    El asistente principal del Subsecretario de Estado para Asuntos Narcóticos y Ejecución de la Ley , Paul Simons, hizo una visita a Bogotá del 5 al 7 de noviembre para encontrarse con el personal de la NAS en Bogotá y las instituciones del Gobierno de Colombia que participan en el PMA, para discutir sus papeles en el nuevo PMA. Todas estas instituciones se mostraron agradecidas por la asistencia del Departamento de Estado, la cual les ha permitido participar activamente ahora en un PMA que sí funciona. Además de brindar asistencia a las instituciones de PMA de Colombia, la NAS en Bogotá ha contratado cuatro personas para fortalecer la interventoría del programa de erradicación y las iniciativas relacionadas, para asegurar un cumplimiento continuo de las pautas ambientales, lo que incluye el PMA. Estos recursos adicionales son una entidad contratista estadounidense de asesoría ambiental, un asesor ambiental colombiano, un abogado colombiano para colaborar con las investigación de quejas y con la adjudicación y un toxicólogo colombiano.

    Debido al tiempo limitado entre la aprobación de las modificaciones al PMA (el 30 de septiembre) y la presentación del presente informe, la Oficina de Asuntos Narcóticos y Ejecución de la Ley no ha podido cumplir completamente una disposición. Esta disposición, ordena la instalación de equipos para tratamiento de aguas negras y de aguas residuales industriales en todas las localizaciones para adelantar los operativos (las FOL) de erradicación aérea. La NAS en Bogotá ha diseñado y pedido los equipos necesarios; sin embargo, habrá cierto tiempo de espera hasta su entrega e instalación. Esto es inevitable a medida que los operativos de aspersión se trasladan a nuevas zonas y que se instalen nuevas FOL. Aunque este aspecto del PMA no ha sido finalizado, opinamos que la implantación en curso del programa cumple tanto la forma como el fondo del PMA en forma suficiente para que la certificación del Secretario sea apropiada en este momento.

    Carta con fecha del 5 de noviembre del Viceministro del Medio Ambiente del Gobierno de Colombia en la cual certifica que el programa de aspersión se está llevando a cabo en cumplimiento con el Plan de Manejo Ambiental del Gobierno de Colombia. El Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Colombia tiene la responsabilidad integral de la veeduría del Plan de Manejo Ambiental.

  • 2. La mezcla del herbicida, en la forma como se está utilizando, no representa ningún riesgo no razonable para los seres humanos o el ambiente, ni tiene efectos adversos sobre ellos.

    El año pasado el Secretario de Estado certificó que la mezcla del herbicida, en la manera en que se está utilizando, no representa ningún riesgo no razonable para los seres humanos o el ambiente ni tiene afectos adversos sobre ellos. Desde la certificación del 2002, el Departamento ha respondido a las recomendaciones de la EPA (según lo anterior) efectuando ajustes que han fortalecido los controles sobre el programa de aspersión y que aseguran una protección incrementada contra los efectos adversos sobre los seres humanos y el ambiente.

    Después de las consultas con el Departamento de Estado en el 2003, la EPA brindó la siguiente evaluación de las preocupaciones por la salud humana relacionadas con la aspersión de coca y de amapola en Colombia: "En lo que concierne a la salud humana, la EPA ha llegado a la conclusión de que no existen riesgos preocupantes para la dieta, para los que mezclan/cargan/aplican la mezcla ni para los trabajadores en el campo, ni para las personas que se encuentran en las cercanías (incluso los niños). Las preocupaciones por irritación ocular en los que mezclan/cargan la mezcla discutidas en los hallazgos de 2002 de la Agencia han sido mitigadas por un cambio a un producto con menor toxicidad" ("Análisis 2003 de la EPA", Resumen ejecutivo, página ii).

    La EPA también concluyó que el programa de erradicación bajó los riesgos potenciales para la fauna silvestre y toma las medidas adecuadas para minimizar la deriva fuera del objetivo: "La EPA concluye que el cambio a un producto de menor toxicidad tendrá menos riesgos de envenenamiento agudo de la fauna. La Agencia opina que el potencial de fitotoxicidad de la deriva de la aspersión sigue siendo un factor tanto para la aspersión de coca como para la de amapola. La EPA reconoce que el Departamento de Estado está empleando las Mejores Prácticas de Gestión para minimizar la deriva y le anima a continuar con estos esfuerzos" ("Análisis 2003 de la EPA", Resumen ejecutivo, página ii).

    El Departamento de Estado opina que las mejoras en el ultimo año han reducido la probabilidad de impactos adversos provenientes del programa de erradicación sobre seres humanos y el ambiente y que la mezcla del herbicida, como se está utilizando, no pone en riesgo no razonable a los seres humanos o al ambiente ni tiene efectos adversos sobre ellos.

  • 3. (A) Las quejas de daños a la salud o a los cultivos lícitos causados por tal fumigación se evalúan y se paga una justa compensación cuando los reclamos lo ameritan.

    El 4 de octubre de 2001, el Gobierno de Colombia formalmente instituyó un nuevo proceso de compensación para la aspersión errónea de cultivos lícitos. Desde entonces, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) del Gobierno de Colombia, la institución encargada de investigar las quejas, ha recibido 4.329 quejas. Se han determinado válidas cinco de estas quejas y se ha pagado un total de $52 millones de pesos (US $18.400) en compensaciones por los daños a cultivos lícitos.

    El 63% de las quejas (2.740) han sido investigadas y rechazadas por no ser casos válidas. De ellas, el 44% (1.200 quejas) fueron verificadas en el terreno y se encontró que el cultivo en cuestión era coca o que el cultivo estaba mezclado con coca, lo cual la eliminaba de ser candidata para compensación. El 52% (1.425) de las quejas rechazadas se negaron porque no hubo aspersión en la zona durante el marco de tiempo de la queja (al demandante se le da el beneficio de la duda de un día calendario antes o después de la fecha indicada en su queja). El 3% (89) de las quejas rechazadas se negaron porque se radicaron más de dos meses después de la supuesta aspersión. El 1% restante (26) de los casos se cerraron porque, después de una solicitud de información adicional, el demandante no entregó tal información dentro de los 60 días (el plazo permitido para cualquier solicitud de información adicional en un proceso judicial colombiano).

    Aunque casi dos terceras partes de las quejas radicadas se han cerrado, el 37% (1.584) se están procesando y verificando. La solución de quejas es un proceso continuo; las investigaciones in situ continúan y se sigue pagando una compensación a los casos que lo ameritan.

    La verificación en el terreno es sumamente peligrosa y requiere muchos recursos; por ello es un proceso lento. Debido a los riesgos para el personal, los agrónomos y los abogados de la Embajada, los representantes de la DNE, los funcionarios de la Policía Nacional y los representantes de la Defensoría que acompañan en las visitas in situ, prima la seguridad y eso dicta el ritmo de las investigaciones futuras. Aunque las consideraciones logísticas (asuntos de seguridad, disponibilidad de personal y recursos de helicópteros) son parte de la razón por la cual las quejas no pueden resolverse en el terreno con más agilidad, el mayor obstáculo en este sistema es el número de quejas falsas que impiden a los investigadores en el terreno poder cerrar más casos.

    Las quejas falsas (los casos en los cuales los cultivadores se han quejado de que se fumigaron sus cultivos lícitos, pero los investigadores quienes llegaron a los cultivos en cuestión encontraron que eran cultivos de coca o cultivos legítimos mezclados con coca) desperdician los recursos que de lo contrario podrían utilizarse al servicio de los agricultores quienes realmente merecen compensación. De las 1.200 quejas investigadas en el terreno, tan sólo cinco han sido acreditadas. O sea, menos de 1% de los casos que han sido visitados por los equipos de verificación de quejas hasta la fecha han ameritado compensación. No obstante, la Embajada en Bogotá ha tomado medidas para garantizar que la solución de quejas se haga en forma más ágil y sigue con las verificaciones en el terreno cuando la seguridad, el clima y las consideraciones logísticas lo permiten.

    El Ministerio de Justicia de Colombia se encuentra en el proceso de afinar los procedimientos para quejas para agilizar aún más el proceso. Esto incluirá una advertencia que indica que un demandante, a quien se le encuentra coca en los cultivos que fueron indicados como lícitos, quedará sujeto al enjuiciamiento por violación de la ley colombiana que prohíbe reclamaciones falsas. Esto con la intención de disuadir el número enorme de reclamaciones falsas que han inundado el sistema, dificultando bastante la investigación y restitución de las quejas genuinas.

  • 3. (B) Tales fondos no pueden estar disponibles para tales fines a menos que los programas sean implementados por USAID, el Gobierno de Colombia u otras organizaciones, después de consultar con las comunidades locales, para proporcionar fuentes alternativas de ingresos en las áreas donde lo permita la seguridad para los pequeños agricultores cuyos cultivos ilícitos son el blanco de la fumigación.

    De lo cursado del año calendario 2003, el programa colombiano de erradicación aérea ha fumigado coca en los departamentos de Putumayo, Nariño, Guaviare, Meta, Bolívar, Cauca, Norte de Santander, Vichada, Antioquia, Vaupés, Córdoba y Arauca; y amapola en los departamentos de Cauca, Huila, Tolima, Nariño, Cesar y La Guajira. En cada una de esta zonas, USAID, el Gobierno de Colombia, u otras organizaciones están implantando programas de desarrollo alternativo para proporcionar ingresos legales, así generando oportunidades para los agricultores de cultivos ilícitos quienes acuerdan aceptar los beneficios después de dejar erradicar sus cultivos de coca o de amapola.

    Para efectos del presente informe, el Departamento de Estado interpreta el término "zona" como un departamento de Colombia. Esto es consistente con la manera como el programa de aspersión colombiano registra y reporta las actividades de aspersión. Es también la definición más adecuada porque en la experiencia del Departamento de Estado y de la USAID se ha visto que mientras que los programas de desarrollo alternativo deberían ser (y son) coordinados con la aspersión, estos dos componentes no siempre se deberían implantar en cada sitio.

    El desarrollo alternativo no es adecuado en muchos sitios donde hay cultivos ilícitos. A menudo la coca y la amapola se cultivan en zonas remotas de difícil acceso y una infraestructura limitada para el apoyo de cultivos lícitos que tienen menor valor y más altos costos de transporte que la mercancía ilícita. La extensión de actividades de desarrollo a zonas remotas sube los costos y reduce el impacto. Además, muchas de las regiones de producción de drogas tienen suelos tropicales frágiles y pobres en nutrientes y no son adecuadas para una actividad agrícola a gran escala ni aptas para un incremento en la población. Como se reflejó en el lenguaje de la L.P.108-7, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares operan en muchas zonas con cultivos ilícitos y el desarrollo alternativo no es aconsejable en tales sitios. Estos grupos narcoterroristas cosechan utilidades inmensas de este comercio ilegal y ponen en grave peligro al personal de desarrollo además de frenar el progreso de la implantación.

    A pesar de estos obstáculos contra el desarrollo alternativo en Colombia, la USAID y el Gobierno de Colombia están implantando un sólido programa de desarrollo alternativo en las zonas de producción de coca y de amapola. Ahora, en el cuarto año de la coordinación del desarrollo alternativo bajo el Plan Colombia con el Gobierno de Colombia y el tercer año de implantación del proyecto, el programa de desarrollo alternativo de la USAID había apoyado un total de 24.549 hectáreas de cultivos lícitos y finalizado 260 proyectos de infraestructura en zonas de cultivos de coca y de amapola al 31 de marzo de 2003. Estos esfuerzos han beneficiado un total de 22.829 familias. Estos logros en cada categoría han excedido las metas del programa. Igual de importante, la USAID ha fortalecido un total de 30 ONG, cooperativas e instituciones nacionales para permitir una mayor sostenibilidad a las actividades de desarrollo alternativo y de fortalecimiento de las comunidades.

    Los proyectos de desarrollo alternativo que la USAID y las organizaciones del Gobierno de Colombia llevan a cabo en cada zona en la cual el programa de aspersión erradica cultivos ilícitos se describen a continuación.


    Antioquia

    Un proyecto de US $9,1 millones por medio de la Fundación Panamericana de Desarrollo (PADF), para actividades de producción de corto plazo para necesidades inmediatas de ingresos y empleo; cultivos con mayor plazo tales como el caucho y el cacao para brindar sostenibilidad; y una infraestructura productiva complementaria. También funciona en el sur del departamento de Bolívar.

    Un proyecto de US $8,5 millones por medio de Land O'Lakes (LOL), para promover la producción, procesamiento y comercialización de lácteos sostenibles, con la participación de pequeños agricultores. También funciona en el departamento de Nariño.

    Ayuda para Artesanos (ATA por sus siglas en inglés) lleva a cabo un proyecto de US $4,3 millones, para fortalecer la capacidad local de producción y comercialización de artesanías. También funciona en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Nariño, Quindío, Santander, Sucre y Tolima.

    El Programa de Socios en Agroindustria de Colombia (CAPP por sus siglas en inglés) de US $20 millones, implantado por Socios en desarrollo Rural (ARD por sus siglas en inglés) promueve la producción agrícola del sector privado. En Antioquia, el programa apoya a pequeños agricultores en su producción de frutas para su procesamiento en pulpa y la palma africana. También funciona en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Nariño, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.

    El proyecto Desarrollo Empresarial Colombiano (CED por sus siglas en inglés) de US $12 millones, para dar apoyo al desarrollo de las PYMES en las ciudades pequeñas. También funciona en los departamentos de Atlántico, Caldas, Quindío, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Tolima.

    El Proyecto Colombiano de Desarrollo de Bosques (CFDP por sus siglas en inglés) de US $22,7 millones, para dar apoyo a cambios en la política sobre bosques y a una producción, procesamiento y comercialización mejorados de los bosques y de madera, para incrementar los ingresos. También funcionará en los departamentos del Choco, Magdalena y Nariño.

    El Fondo de Inversión para la Paz (FIP) del Gobierno colombiano, una inversión de US $32,2 millones, genera empleo mediante infraestructura, producción de cultivos lícitos (reacondicionamiento del café, agroforestación), entrenamiento en destrezas y asistencia en educación/nutrición para familias pobres.


    Arauca

    El esfuerzo de US $2,4 millones bajo el FIP genera empleo mediante reacondicionamientos viales y de infraestructura, equipos e infraestructura para el gobierno y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres.


    Bolívar

    PADF apoya actividades de producción de corto ciclo para cubrir los requerimientos de ingresos y empleo inmediatos; cultivos a más largo plazo, tales como el caucho y el cacao, para brindar sostenibilidad; e infraestructura productiva complementaria.

    CAPP también promueve la participación del sector privado con los agricultores, para la producción de cacao, palma africana y yuca.

    El FIP también es activo en Bolívar y brinda US $12,8 millones para actividades generadoras de empleo mediante proyectos de infraestructura y de reacondicionamientos viales, la producción de cultivos lícitos (caucho, reforestación, maíz, fríjoles), equipos e infraestructura para los gobiernos y organizaciones comunitarias locales, entrenamiento en destrezas, programa de familias guardabosques y asistencia en educación/nutrición para familias pobres.


    Caquetá

    El proyecto Chemonics-Desarrollo Alternativo en Colombia (CAD por sus siglas en inglés) invierte US $4,5 millones y fomenta la producción de cultivos a corto plazo para la seguridad alimenticia y la generación de ingresos a más largo plazo mediante la producción del caucho.

    El Equipo para la Conservación del Amazonas asiste a las comunidades indígenas colombianas con seguridad alimenticia, salud y gobierno local/manejo de tierras (inversión total: US $1,8 millones). Las actividades bajo este programa también se llevan a cabo en los departamentos del Putumayo y de Vaupés.

    El FIP da apoyo a actividades de generación de empleo mediante proyectos de infraestructura y de reacondicionamientos viales, la producción de cultivos lícitos (reacondicionamiento de café, caña de azúcar, plantaciones de caucho, ganado), equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, con recursos en el monto de US $2 millones.


    Cauca

    Las actividades de Chemonics-CAD, para un total de US $3,9 millones, para mejorar el manejo y las cadenas de producción, procesamiento y comercialización de los bosques tanto como para dar apoyo a una irrigación de pequeña escala para la producción y comercialización de cultivos de temporada corta con alto valor. ACDI/VOCA también promueve la producción, procesamiento y comercialización de cafés gourmet en las zonas de cultivos ilícitos del Cauca.

    El proyecto CAPP apoya inversiones del sector privado en el ají, el yute y en el cacao.

    El Proyecto Ayuda para Artesanos mejora la capacidad local de producción y comercialización de artesanías como alternativas para la generación de ingresos lícitos.

    El FIP da apoyo a actividades de generación de empleo mediante proyectos de infraestructura y de reacondicionamientos viales, la producción de cultivos lícitos (reacondicionamientos de café, árboles frutales, forestación, yuca, hortalizas y ganado), equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, con recursos en un monto total de US $8,6 millones.


    Cesar

    El proyecto Ayuda para Artesanos desarrolla actividades para fortalecer la producción y comercialización de artesanías.

    El programa de ARD/CAPP da apoyo a inversiones del sector privado para pequeños agricultores quienes producen cultivos tales como el cacao, árboles frutales y la palma africana.

    El FIP del Gobierno de Colombia da apoyo a actividades de generación de empleo mediante proyectos de infraestructura y de reacondicionamiento vial, la producción de cultivos lícitos (cacao, reacondicionamiento de café, forestación), equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, con recursos en un monto total de US $3,8 millones.


    Córdoba

    El proyecto Asistencia para Artesanos da apoyo al fortalecimiento de la capacidad local para producir y comercializar artesanías hechas por los artesanos del Departamento.

    El programa ARD/CAPP da apoyo a actividades del sector privado para la producción de cacao y de maracuyá.

    EL FIP brinda US $ 8,6 millones para actividades de generación de empleo mediante proyectos de reacondicionamiento vial y para asistencia en educación/nutrición para familias pobres.


    La Guajira

    EL CAPP da apoyo a actividades del sector privado para cultivos tales como el maracuyá y el cacao.

    El FIP del Gobierno de Colombia brinda US $700.000 para apoyar la generación de empleo mediante actividades de infraestructura, equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres.


    Guaviare

    El FIP del Gobierno de Colombia brinda US $800.000 para apoyar actividades de generación de empleo mediante proyectos de reacondicionamiento vial. Un programa FIP de reacondicionamiento vial para Guaviare y Meta brinda US $3,4 millones para los dos departamentos.


    Huila

    El proyecto Chemonics-CAD da apoyo a una actividad de US $600.000 para promover la producción y la comercialización del maracuyá.

    ACDI/VOCA promueve la producción, procesamiento y comercialización de cafés gourmet en zonas de cultivos de amapola.

    ARD/CAPP da apoyo a la producción de cacao y de frutas.

    El proyecto Ayuda para Artesanos promueve la producción y comercialización de artesanías.

    El FIP apoya actividades de generación de empleo mediante proyectos de reacondicionamiento vial, equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, con US $7,5 millones en recursos del Gobierno de Colombia.


    Meta

    El FIP del Gobierno de Colombia apoya actividades de generación de empleo mediante proyectos de infraestructura y de reacondicionamiento vial, equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, para un total de US $3,6 millones. Adicionalmente, un programa de reacondicionamiento vial para Guaviare y Meta brinda US $3,4 millones para los dos departamentos.

    El programa ARD/CAPP promueve inversiones del sector privado para pequeños agricultores para la producción de palma africana.


    Nariño

    ACDI/VOCA promueve la producción, procesamiento y comercialización de café gourmet en las zonas de cultivos ilícitos de Nariño.

    La Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes (UNODC por sus siglas en inglés) implanta una actividad de US $1,2 millones para fomentar cultivos anuales, agroforestación y la producción de ganado para carne y lácteos. Una actividad de manejo agroforestal en un monto total de US $1,8 millones está programada para iniciarse en diciembre.

    Land O'Lakes promueve la producción, procesamiento y comercialización sostenibles de lácteos para pequeños agricultores.

    El programa ARD/CAPP da apoyo a proyectos del sector privado para pequeños agricultores en la producción del cacao y de la palma africana.

    El proyecto Ayuda para Artesanos desarrolla actividades para promover la producción y comercialización de artesanías en Nariño.

    El Proyecto de Desarrollo de Bosques en Colombia de Chemonics de US $22,7 millones dará apoyo a cambios en la política forestal y desarrollará actividades para una producción, procesamiento y comercialización mejoradas de los bosques y de productos de madera en Nariño tanto como en los departamentos de Antioquia, Chocó y Magdalena.

    El FIP apoya actividades de generación de empleo mediante proyectos de infraestructura y de reacondicionamiento vial, apoyo para la producción de cultivos lícitos (reacondicionamiento de café, árboles frutales, maíz, fríjoles), equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, con recursos por un monto total de US $8,2 millones.


    Norte de Santander

    Una actividad de Chemonics-CAD de US $6,4 millones en cooperación con el FIP del Gobierno de Colombia promueve la producción, procesamiento y comercialización de cacao y de palma africana.

    El FIP apoya actividades de generación de empleo mediante proyectos de reacondicionamiento vial, producción de cultivos lícitos (caucho, cacao, plátano), equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, por un total de US $6 millones.


    Putumayo

    El proyecto Chemonics-CAD brinda US $44,7 millones en Putumayo para la producción de cultivos de corto y mediano plazo para los agricultores y los grupos indígenas, la producción, procesamiento y comercialización de palmito; la producción, procesamiento y comercialización de caucho; manejo de bosques y procesamiento y utilización de los bosques y de los productos de madera con valor agregado; proyectos de infraestructura, lo cual incluye construcción de puentes y reacondicionamiento vial, escuelas e instalaciones de salud. Como parte del desarrollo de las cadenas de producción y comercialización, se da apoyo para que el sector privado participe en las plantas de procesamiento y comercialización de tajadas de yuca, pimienta negra y plátano; flores y hojas tropicales, la producción de vainilla, tanto como la producción de plantas medicinales y aceites esenciales.

    El proyecto de infraestructura de US $6,7 millones de la Unidad de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos desarrolla actividades viales, de alcantarillado y de tratamiento de aguas que generan empleo.

    El proyecto de USD 1,8 millones del Equipo para la Conservación del Amazonas da apoyo a las comunidades indígenas de Colombia en seguridad alimenticia, salud y gobierno local/manejo de tierras.

    El FIP también apoya actividades de generación de empleo mediante proyectos de infraestructura y de reacondicionamiento vial, el programa de familias guardabosques, equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, por un total de US $8,5 millones.


    Tolima

    El proyecto de Chemonics-CAD da apoyo a una actividad de US $1,1 millones para incrementar la producción de cultivos anuales para la seguridad alimenticia y para incrementar la generación de ingresos y de empleo en un plazo más largo mediante la reforestación, el ganado y la producción de frutas de clima frío.

    ACDI/VOCA promueve la producción, procesamiento y comercialización de café gourmet en las zonas de cultivos ilícitos de Tolima.

    El proyecto de Desarrollo Empresarial Colombiano de US $12 millones implantado por la Corporación CARANA apoyará el desarrollo de las PYMES en las ciudades pequeñas de Colombia, incluyendo las de Tolima.

    El proyecto Ayuda para Artesanos desarrolla actividades para promover la producción y comercialización de artesanías en el Departamento.

    ARD/CAPP da apoyo a proyectos del sector privado en la producción de frutas y de cacao.

    El FIP apoya el programa de familias guardabosques, equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres, para un total de US $10,2 millones.


    Vaupés

    El proyecto del Equipo para la Conservación del Amazonas da apoyo a los curanderos y ayuda en fortalecer las organizaciones de comunidades indígenas que también trabajan en el manejo de tierras indígenas.


    Vichada

    El FIP brinda US $200.000 en actividades de generación de empleo mediante proyectos de infraestructura, equipos e infraestructura para gobiernos y organizaciones comunitarias locales y asistencia en educación/nutrición para familias pobres.


    Washington, D.C.
    15 de diciembre de 2003