Funcionario de la USAID declara sobre la
Iniciativa Regional Andina

Michael Deal,
Sub-administrador adjunto de la Oficina para América Latina y el Caribe
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
ante la Subcomisión de Operacionbr>es Extranjeras de la
Comisión de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos

English version

Señor Presidente, miembros de la Subcomisión, estoy muy contento de estar aquí para hablar sobre el papel de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la Iniciativa Regional Andina propuesta por el Gobierno y sobre los progresos hasta la fecha en la implementación del Plan Colombia. El programa de la USAID apoya directamente una aproximación abarcadora e integral a nuestra estrategia antinarcóticos en los Andes al equilibrar los esfuerzos de interceptación y erradicación de otras agencias con la ayuda para el desarrollo social y económico. Nuestra experiencia demuestra que ninguna faceta de nuestro programa antidrogas por sí sola puede ser exitosa sin la aplicación satisfactoria de las otras.

La región andina enfrenta un amplio espectro de retos. Existen crecientes dudas entre importantes sectores de la población de la región sobre si los gobiernos democráticos pueden suministrar servicios esenciales y una vida mejor. Economías estancadas producen desasosiego político que amenaza la democracia y, a su turno, a las débiles instituciones democráticas; la corrupción y la inestabilidad política desalientan la inversión y contribuyen a un lento crecimiento económico. Este círculo vicioso se convierte en tierra fértil para los narcotraficantes y otros grupos ilegales y obliga a grandes segmentos de la población a depender del crimen, la insurgencia y la economía de las drogas para sobrevivir.

La Iniciativa Regional Andina, como nuestro apoyo al Plan Colombia, mantiene la creencia de que los problemas de las drogas y la violencia en la región andina no se solucionarán de manera definitiva a no ser que las causas fundamentales de estos problemas se resuelvan. Las instituciones democráticas en la región deben fortalecerse, deben ser más responsables, más incluyentes y más trasparentes. La presencia del gobierno (tanto nacional como local) en las áreas rurales debe aumentar y proporcionar mejores servicios a los pobres en el campo dándoles una opción para el futuro y mejorando su calidad de vida. El sistema judicial debe ser más accesible y eficiente, debe reducirse la impunidad y el entorno en derechos humanos debe mejorar. Hasta que el problema de la corrupción generalizada no se solucione y se creen oportunidades legales de empleo para absorber la gran cantidad de desempleados, estas causas fundamentales y sus efectos en la región y en los intereses nacionales de Estados Unidos permanecerán con nosotros por mucho tiempo.

Va a tomar tiempo ayudar a enfrentar estos difíciles temas sociales y económicos. Se necesitará un compromiso e interés sostenido por parte del Gobierno de Estados Unidos. La Iniciativa Regional Andina, la cual aumentaría la financiación adicional del año fiscal 2000 para el Plan Colombia, propone que la USAID administre US$390 millones en recursos para el año fiscal 2002. Esta iniciativa amplía muchos de nuestros programas existentes, en respuesta de las circunstancias cambiantes en la región. La ayuda de la USAID será en tres área principales: primero, al fortalecimiento de la democracia; segundo, al crecimiento económico a través del aumento del intercambio comercial y de la reducción de la pobreza; y tercero, al desarrollo alternativo.

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El fortalecimiento de la democracia

Con el fin de fortalecer la democracia en la región, proponemos comprometer US$59,3 millones en el año fiscal 2002. Esto ayudará a abordar los problemas de jóvenes instituciones, inestabilidad política y corrupción que reducen el apoyo popular a la democracia ahora cuando la mayoría de las economías tienen bajo rendimiento.

LA USAID contribuirá a mejorar la administración de justicia al ayudar a que los sistemas judiciales funcionen, volviéndolos más modernos y eficientes, más trasparentes y más accesibles. Un sistema judicial independiente y vigoroso es esencial para el cumplimiento de los derechos humanos, la derrota del narcotráfico y la disminución del crimen callejero y de cuello blanco. Al trabajar con el Departamento de Justicia de EE.UU. en Colombia, por ejemplo, hemos ayudado a pasar de un sistema inquisitorio a un proceso judicial acusatorio más abierto. Hemos fortalecido la administración de los tribunales y capacitando jueces, institucionalizando el sistema de defensor público y trabajando junto con las ONG y otros grupos de interés para suministrar mayor vigilancia y participación en la reforma judicial. Parte de ese programa le permite a la población más pobre de las grandes ciudades el acceso a la justicia a través de oficinas legales llamadas "Casas de Justicia". Estamos haciendo esto en Colombia y en Perú con muy buenos resultados. En Colombia existen hasta el momento 18 Casas de Justicia, cada una atendiendo 150 casos por día y utilizando técnicas alternativas de resolución de conflictos para atender los problemas.

También queremos continuar con un programa que ha sido diseñado para ayudar a mejorar el respeto de los derechos humanos. Estamos fortaleciendo instituciones y grupos de derechos humanos, incrementando su capacidad para documentar casos de abusos en derechos humanos y verificar casos individuales. En Colombia, nuestras actividades están diseñadas para ayudar a prevenir masacres por medio del desarrollo de un sistema de alarma temprana que funciona con la Defensoría del Pueblo para los derechos humanos y que canaliza información hacia las oficinas de administración de justicia y las Fuerzas Militares. También tenemos programas dirigidos especialmente a la protección de los trabajadores de derechos humanos y de sindicalistas. En Perú, continuaremos promoviendo el respeto de los derechos humanos a través de mecanismos informales de resolución de conflictos con apoyo de clínicas legales y centros de conciliación que suministraron asistencia a 145.000 casos en 2000.

Estamos y seguiremos fortaleciendo los gobiernos locales en las áreas rurales de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Panamá donde la ausencia de instituciones básicas y servicios sociales ha marginado a la población rural. Donde el Estado está presente es de manera excesivamente centralizada, con una burocracia que no responde ni trabaja ni entiende los intereses locales de la comunidad. Por eso, estamos capacitando alcaldes y concejales en la identificación y verificación de proyectos, definición de prioridades y manejo de recursos financieros de manera responsable y trasparente. Es una parte muy importante del proceso de llevar la democracia a las áreas rurales. Y es parte indispensable de cualquier programa donde la gobernabilidad local y la posesión de metas nacionales (como en la guerra contra los cultivos ilícitos) se necesitarán para asegurar el continuo respeto de los acuerdos sobre erradicación.

En el proceso de descentralización en Bolivia colaboran gobiernos municipales escogidos, con la ayuda de la USAID. A través del diálogo sobre políticas se formulan y desarrollan planes participativos de acción, involucrando en el proceso a la sociedad civil local y regional. Como resultado, la participación ciudadana en el gobierno ha aumentado y los municipios se han organizado en una Federación Nacional con asociaciones departamentales y una asociación de concejalas.

La corrupción es otro problema muy serio. El continuo escándalo de corrupción en la era Fujimori en Perú ha sacudido la confianza pública en las instituciones gubernamentales del país. Trabajaremos de cerca con la nueva administración para fortalecer las instituciones democráticas y promover el buen gobierno. Se encuentran problemas similares por toda la región, donde trabajamos para fortalecer la capacidad para exponer prácticas corruptas e investigar y procesar funcionarios corruptos y, muy importante, lograr que los ciudadanos se den cuenta que tienen el derecho a exigir trasparencia de sus gobiernos.

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El desarrollo social y económico

La segunda área principal de énfasis en la ayuda de la USAID será la del crecimiento económico, aumento del intercambio comercial y reducción de la pobreza, para lo cual proponemos US$123 millones en recursos durante el año fiscal 2002. Todas las economías de la región han luchado en los últimos años y continúan siendo vulnerables a los retrocesos. Cada uno de los países andinos tiene una división entre una pequeña élite muy rica y una gran clase empobrecida, frecuentemente de origen indígena. Algunos países carecen de políticas conjuntas necesarias para promover el crecimiento. Otros cuentan con políticas constructivas pero no tienen el apoyo popular necesario para mantenerlas a largo plazo.

La ayuda de la USAID apoyará directamente las estrategias de reducción de la pobreza en Ecuador y Bolivia y afrontará políticas macroeconómicas y reforma bancaria en Ecuador. Después de una intensa crisis económica en 1999, los recientes aumentos en los precios del petróleo han ayudado a la economía ecuatoriana y contribuido a la exitosa dolarización que ha recuperado la confianza en la economía. Sin embargo, todavía están pendientes importantes y necesarias reformas estructurales, particularmente en el sistema bancario, para lograr una recuperación sostenida. En ambos países nuestra asistencia promoverá la generación de empleo y el acceso a créditos privados mediante el apoyo a microempresas.

El apoyo al desarrollo de una mejor capacidad comercial será fortalecido para ayudar a estos países a diseñar regímenes de comercio consistentes con la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Administración Bush ha respaldado una extensión de la ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA) y ha mostrado un deseo de moverse agresivamente hacia la creación de un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas para enero de 2005. El administrador de la USAID Natsios ha consultado con el Representante de Comercio Zoellik sobre cómo podemos avanzar las medidas de liberalización del comercio. A principios de junio, mi equipo presentó a los directores de USAID en los países andinos varias opciones para promover el libre comercio. Esperamos poder ayudar a los gobiernos cooperantes a analizar sus regímenes de comercio actuales y prepararse para la discusión de políticas competitivas y otros asuntos. También ayudaremos a los gobiernos cooperantes a lograr que la sociedad civil participe en el proceso para asegurar no sólo que la globalización produzca beneficios de desarrollo social y económico, sino que haya un conocimiento más amplio de esos beneficios.

También continuaremos con programas de salud en Perú y Bolivia y pondremos especial atención a la educación, incluyendo un Centro Andino Regional para la Excelencia que capacitará profesores, como fue anunciado por el Presidente Bush en Quebec durante la Cumbre de las Américas.

También recibirán atención la protección de sus recursos naturales, la preservación de su diversidad ecológica y la rehabilitación ambiental debido al uso de dañinos y persistentes químicos en la producción de drogas. Los cultivos ilícitos tienen un devastador efecto ambiental tanto en las altas montañas donde se cultiva la amapola como en los valles donde se produce la coca. En ambos casos los delicados bosques son despejados y sus frágiles suelos degradados por los cultivos ilícitos. Aun después de eliminar la coca o la amapola la tierra se mantiene expuesta y un sano sistema de producción debe ser adoptado para permitir el crecimiento de pasto o la agricultura sostenible. Como parte de nuestro compromiso con el Amazonas, hemos fomentado la decisión del gobierno de Colombia de apoyar sistemas sólidos de producción ganadera dentro de las zonas de desarrollo alternativo. Nuestro programa "Parques en peligro" se extiende desde México, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, suministrando ayuda práctica en el manejo de las zonas protegidas. También continuamos manejando fondos locales, creados bajo el Fondo de las Américas y la Ley de Conservación de Bosques Tropicales, que aseguran los programas de las ONG ambientales locales.

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El desarrollo alternativo

Nuestra tercera gran área de atención es la expansión de nuestro trabajo en desarrollo alternativo para el cual proponemos US$207,5 millones en el año fiscal 2002. Sabemos que el desarrollo alternativo funciona. Después de una década de trabajo en Bolivia y Perú hemos podido ver de manera concluyente que una estrategia tripartita continua de erradicación, interceptación y desarrollo alternativo redujo dramáticamente los cultivos de coca en ambos países. No hay nada más rentable económicamente que la coca. El incentivo para dejar de cultivar coca de manera voluntaria no es económico. Pero sí lo son la amenaza de la erradicación forzosa o la interceptación porque la producción de droga es ilegal. Debe existir una amenaza creíble y un riesgo continuo al mantenerse en la producción de coca para que nuestra propuesta de desarrollo alternativo funcione.

En Colombia estamos viendo que el riesgo de la producción ilegal de coca es creíble, como se ha evidenciado cuando más de 24.000 campesinos han demostrado interés en firmar pactos para la erradicación de cultivos en sólo los últimos tres meses. Pero este no es el único ingrediente. Una vez erradicados los cultivos ilícitos la producción tiene que terminar. No se debe permitir que vuelvan a cultivarse y los campesinos no pueden trastear sus cultivos. Para que la eliminación sea sostenible los campesinos deben tener alternativas creíbles y los gobiernos y las organizaciones locales deben aplicar presión y ofrecer incentivos a toda la comunidad para mantenerse alejada de los cultivos ilícitos.

Nuestra propuesta de desarrollo alternativo es básicamente la misma en todos los países andinos. Grupos de pequeños campesinos, comunidades o asociaciones campesinas firman pactos con el gobierno, comprometiéndose a reducir voluntariamente sus cultivos de coca a cambio de un paquete de beneficios tanto para el campesino como para la comunidad. Al campesino los beneficios le ayudan a comprometerlo con alternativas legales de ingresos y producción; a la comunidad el gobierno acuerda suministrar infraestructura básica como escuelas, hospitales, acueductos, alcantarillado y vías rurales.

El año pasado la USAID se fijó como meta en Colombia la erradicación voluntaria de 30.000 hectáreas de coca y 3.000 de amapola en un plazo de cinco años. Hemos comenzado en el departamento de Putumayo, el cual representa un situación particularmente desafiante. Comparada con las áreas de coca en Perú y Bolivia, allí el clima es más severo, los suelos son más pobres, el acceso a los mercados es más difícil, la infraestructura no es tan buena y, claro, la situación de seguridad presenta una complicación adicional para la actividad agrícola legítima. A pesar de estos retos, el resultado de los campesinos que han aceptado voluntariamente firmar estos pactos para erradicar la coca ha sido promisorio. Nuestro plan de erradicación de amapola anterior al Plan Colombia ya ha eliminado 675 hectáreas de amapola y ha producido 600 hectáreas de cultivos lícitos productivos, beneficiando a 770 familias en las montañas de Tolima, Huila y Cauca.

En Perú, donde la producción de coca ha disminuido desde 129.000 hectáreas a tan sólo un poco más de 38.000, seguiremos concentrando nuestros esfuerzos en el Valle de Huallaga. Ahí, nosotros pondremos en práctica nuestras creencias con respecto a que la posesión local de las metas de erradicación de coca y el poder local para ltomar decisiones sobre la vida social y económica de la región creará el ambiente para disuadir a una minoría de meterse o volver a la producción de coca. En los valles donde se producía la coca, más de 27.000 hectáreas de cultivos como café, cacao, palmito y piña han generado alrededor de 10.000 empleos de tiempo completo. Industrias especializadas y vínculos globales con grupos internacionales han sido promovidos en áreas de producción de chocolate y café gourmet.

En Bolivia, los cultivos de coca en la anteriormente infame región del Chapare, han sido prácticamente eliminados. Dónde alguna vez crecieron 44.000 hectáreas de coca hoy hay más de 114.000 hectáreas de cultivos lícitos y pastos. Sólo el año pasado el valor de los cultivos lícitos en esta región excedió los US$449 millones. Nuestros programas agrícolas le han permitido a los productos bolivianos como el banano, los palmitos enlatados y las frutas deshidratadas entrar a los mercados de más alta calidad como el alemán, el suizo y el chileno. El año pasado, las exportaciones del Chapare representaron US$5,7 millones, un aumento de 68% sobre el año anterior. Pretendemos consolidar estos éxitos mediante el suministro de los servicios agrícolas que se le han ofrecido a los cultivadores de coca, a otros campesinos que todavía no se han beneficiado del programa pero que están expuestos a las ofertas de las redes del narcotráfico.

En Ecuador, la USAID continuará con dos iniciativas de frontera claves iniciadas con la financiación suplementaria para el Plan Colombia y expandirá la iniciativa del norte a lo largo de la frontera con Colombia. Se dará apoyo a las organizaciones comunitarias que trabajan en la titulación de tierra, servicios sociales y de infraestructura, actividades que creen ingresos, actividades campesinas integrales para poblaciones indígenas, irrigación, agua potable y proyectos sanitarios. Reconociendo que el apoyo a las iniciativas e instituciones locales puede ayudar extender la presencia del Estado y su trasparencia ante los ciudadanos, buscamos introducir actividades que fortalezcan la capacidad de los gobiernos locales tanto en la frontera sur como en todo el país.

Desde que se inició en Ecuador en enero, el Plan Colombia ya ha comenzado la implementación de 23 proyectos valorados en US$5 millones beneficiando a 117.000 personas. Los proyectos incluyen sistemas de agua potable, alcantarillado, puentes, carreteras, titulación de tierra, generación de ingresos y derechos humanos. Tenemos programas especiales con comunidades indígenas en la provincia de Carchi y un enfoque innovador para ayudar a los 24.000 afro-ecuatorianos que viven al noroeste, en la provincia de Esmeraldas.

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La ejecución del Plan Colombia

Señor Presidente y miembros de la Subcomisión:

También quisiera tomar un momento para repasar, específicamente, nuestro progreso en Colombia. Aunque la tarea es compleja, e inclusive peligrosa, y requiere de una extraordinaria coordinación entre muchos actores, estamos satisfechos con nuestras actividades iniciales y con el progreso que hemos logrado hasta hoy.

Debido a nuestra estrecha colaboración con organizaciones internacionales y ONG pudimos firmar contratos casi inmediatamente por US$25 millones de nuestros recursos para desplazados, una vez que los fondos para el Plan Colombia fueron aprobados. Al renegociar algunos contratos financiados anteriormente al Plan Colombia, pudimos iniciar los importantes elementos del programa para el sur de Colombia. Debido al tamaño de otros aspectos del programa y del interés del sector privado de Estados Unidos, nos tomó varios meses establecer competencia y firmar los contratos iniciales. Todos los compromisos de la USAID con contratistas y subcontratistas para reintegrar y asentar a los desplazados han sido completados y a la fecha todos los contratistas han empezado sus actividades. Estos esfuerzos han resultado en éxitos tangibles.

Ya mencioné nuestros éxitos en la erradicación de amapola. En la fase del Plan Colombia de nuestro programa puedo informar que, al 11 de junio de este año, 29 pactos de erradicación manual de coca han sido firmados. En esos pactos familias campesinas prometen al gobierno colombiano erradicar coca a cambio de ayuda a corto y largo plazo en la producción de productos alternativos. Estos 29 pactos representan promesas para erradicar más de 29.000 hectáreas de cultivos de coca para finales del año entrante.

Nuestro esfuerzo en el fortalecimiento de la gobernabilidad local en el sur de Colombia ha apoyado este programa. La USAID y los 13 alcaldes municipales de Putumayo están construyendo escuelas e instalando tuberías para agua potable. Estas actividades de infraestructura social involucran a muchos pequeños campesinos en sus pueblos al sur de Colombia, ofreciéndoles la primera muestra tangible del interés del Gobierno por su desarrollo económico y social. El Gobierno de Colombia también está invirtiendo en Putumayo, pavimentando carreteras, instalando cables eléctricos y readecuando escuelas. El Gobierno colombiano ha enviado alimentos de emergencia a 9.800 familias en Putumayo desde diciembre.

En el fortalecimiento de la democracia, seis de las 12 Casas de Justicia piloto proyectadas han sido establecidas para demostrar la eficiencia y la imparcialidad de los juicios orales, ayudando a Colombia a pasar de un sistema judicial inquisitorio a un sistema acusatorio. La USAID ha apoyado el desarrollo institucional de la Escuela Judicial, la cual ha entrenado 3.400 jueces en defensa oral, recolección de pruebas y procedimiento de administración de tribunales. La USAID también ha colaborado con ONG y otros actores de la sociedad civil para analizar otras reformas que hacen falta, fomentar las alianzas y apoyar la ejecución del proceso de modernización del sector judicial.

En nuestro muy exitoso esfuerzo por promover la justicia a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, 18 de las 40 Casas de Justicia proyectadas ya han sido establecidas. Estas Casas de Justicia son centros judiciales en comunidades con pocos recursos, los cuales que reúnen una variedad de servicios en un solo sitio, dándole a los residentes acceso a todos los servicios judiciales.

La protección de los trabajadores en los derechos humanos continúa siendo un tema de gran preocupación. Además se ha seleccionado un contratista a largo plazo para ayudar a diseñar y ejecutar un sistema de manejo de información para que el Ministerio del Interior verifique los abusos y el progreso. Hasta hoy 197 personas han recibido algún tipo de protección bajo este programa. Nos complace que 38 personas han recibido asistencia bajo el programa para asentarse dentro de Colombia y dos en el extranjero. También hemos hecho donaciones a siete ONG de derechos humanos por un total de US$575.000 para ayudar a mejorar los servicios en derechos humanos.

En relación con nuestros esfuerzos para responder a las necesidades de los desplazados podemos informar que más de 176.000 individuos han recibido o están recibiendo ayuda directa de la USAID en los campos de vivienda, generación de empleo, salud o educación. Esta cifra supera en un 70% nuestra meta de 100.000 desplazados para esta fecha, la cual considerada como optimista durante la planeación de esta actividad tan esencial.

La USAID también apoya un programa por US$2,5 millones para menores ex combatientes, el cual fortalece las iniciativas colombianas para aclarar el estado legal de estos niños, brindarles tratamiento adecuado y suministrar soluciones de reintegración concretas y duraderas. En preparación para la liberación de un gran número de menores soldados por un grupo ilegal armado, la USAID está preparando una red de organizaciones descentralizadas para responder, así como para ayudar en casos individuales de niños que deben ser rehabilitados tras haber sido expuestos a condiciones de combate. El Programa busca beneficiar directamente a 800 menores ex combatientes hasta enero de 2003.

Es importante subrayar el enorme compromiso que los colombianos han demostrado en los diversos esfuerzos que estamos apoyando. Nuestros esfuerzos se complementan con la contribución por US$62 millones que el Gobierno colombiano ha hecho este año mediante la venta de los "Bonos de Paz" y un impuesto de paz adicional. Carreteras principales en Putumayo y que conectan al sur de Colombia con mercados nacionales e internacionales ya están en construcción, así como proyectos sociales y de infraestructura más pequeños como las Casas de Justicia, los hospitales y escuelas. Ha habido problemas en ciertos casos por la necesidad de coordinación entre una gran cantidad de agencias involucradas y los complejos procedimientos de licitación del Gobierno de Colombia. Pero esto no era inesperado y no ha sido un obstáculo serio. Cuando surgen asuntos difíciles hemos colaborado con los colombianos para mejorar los procesos.

Debo mencionar la dedicación especial de la gente en el campo, como por ejemplo los de la oficina del Defensor del Pueblo, quienes también enfrentan graves riesgos a su seguridad personal. Sus esfuerzos también son apoyados por otros miembros de la comunidad internacional. Donantes europeos han prometido más de US$300 millones para contribuir a los esfuerzos colombianos y los japoneses han ofrecido US$175 millones. El Banco Mundial ha ofrecido préstamos por US$1.700 millones.

Permítanme concluir diciendo que así como en Colombia, la Iniciativa Regional Andina debe ser vista como un programa nacional en cada uno de los países afectados, en respuesta a sus prioridades y problemas. Ellos son quienes van a tener que hacer que esto funcione. Nuestro papel es de facilitadores del proceso y estaremos trabajando al lado de ellos durante los próximos años en este esfuerzo.

Washington, D.C.
11 de julio de 2001

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USAID Official Testifies on Andean Regional Initiative

Michael Deal,
Deputy Assistant Administrator of the Bureau for Latin America and the Caribbean,
U.S. Agency for International Development (USAID),
testimony before the U.S. Senate Committee on Appropriations
Subcommittee on Foreign Operations

(In the text, "billion" equals "thousand million")

Versión en español

Mr. Chairman, Members of the Subcommittee, I am pleased to be here to speak about the U.S. Agency for International Development's (USAID) role in the Administration's proposed Andean Regional Initiative and progress to date in implementing Plan Colombia. USAID's program directly supports a comprehensive, integrated approach to our Andean counter-drug strategy by balancing the interdiction and eradication efforts of other agencies with social and economic development assistance. Our experience demonstrates that no single facet of our counter drug program can be successful without the other two also being effectively applied.

The Andean Region faces a wide range of challenges. There are growing doubts among significant numbers of the region's populations whether democratic government can deliver essential services and a better life. Sluggish economies produce political unrest that threatens democracy and, in turn, weak democratic institutions; corruption and political instability discourages investment, and contributes to slow economic growth. This vicious cycle provides fertile ground for drug traffickers and other illegal, groups to flourish, and forces large segments of the population to rely on crime, insurgency and the drug economy to survive.

The Andean Regional Initiative, like our support for Plan Colombia, maintains a belief that the problems of drugs and violence in the Andean region will not be solved in any sustained way unless the fundamental causes of these problems are also addressed. Democratic institutions in the region must become stronger, more responsive, more inclusive and more transparent. The presence of governments (both national and local) in rural areas must increase and provide better services to the rural poor, and give them a; stake in the future, and improve the quality of life. The justice system must be more accessible and efficient, must reduce impunity, and the human rights environment must improve. Unless the problem of widespread corruption is solved, and legal employment opportunities are created to absorb the high number of unemployed, these fundamental causes and their effects on the region and on America's national interests will be with us for a long time to come.

Helping address these tough social and economic issues is going to take time. They will require a sustained commitment and interest on the part of the U.S. Government. The Andean Regional Initiative, which builds upon the FY 2000 supplemental funding for Plan Colombia, proposes that USAID manage $390 million in FY 2002 funds. This initiative expands many of our existing programs in response to the changing circumstances in the region. USAID assistance will be directed in three main areas: first, strengthening democracy; second, economic growth through trade enhancement and poverty reduction; and third, alternative development.

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Strengthening Democracy

In order to strengthen democracy in the region, we propose to commit $59.3 million in FY 2002. This assistance will help address the problems of fledgling institutions, political instability and corruption which lessen popular support for democracy at a time when most economies are under-performing.

USAID will assist in improving the administration of justice by helping to make justice systems work, make them more modern and efficient, more transparent, and more accessible. An independent and vigorous judicial system is vital to the observance of human rights, the defeat of narcotics trafficking, and the decrease of white collar and street crime. Working with the U.S. Department of Justice in Colombia, for example, we are helping move from an inquisitorial to a more open, accusatorial judicial process. We are strengthening court administration and training of judges, institutionalizing the public defender system, and working with NGOs and other interested groups to provide greater oversight and participation in judicial reform. Part of that program provides access to justice for the poor through one-stop legal offices called Casas de Justicia (houses of justice), in the poorer neighborhoods of major cities. We are doing this now in Colombia and Peru with very good results. In Colombia, 18 Casas de Justicia have been established thus far, each hearing 150 cases per day and using alternative dispute resolution techniques to resolve problems.

We also have a program that is designed to help improve the observance of human rights which will continue. We are strengthening human rights institutions and groups, increasing their capacity to document human rights abuses and monitor individual cases. In Colombia, our activities are designed to help prevent killings with the development of an early warning system that works with the human rights ` ombudsman and channels information up the line to law enforcement and the military. We also have programs directly aimed at the protection of human rights workers and union leaders. In Peru, we will continue to promote increased observance of human rights through informal mechanisms for the resolution of disputes, with support to legal clinics and conciliation centers, which provided assistance for 145,000 cases in 2000.

We are and will continue to strengthen local governments in- rural areas of Peru, Ecuador, Bolivia, Colombia and Panama where the lack of basic institutional and social services has marginalized rural populations. Where the state is present, it is in the form of an overly centralized, unresponsive bureaucracy that does not necessarily work or understand the local interests of a community. Thus, we are training mayors and council members in identifying and monitoring projects, setting priorities, and handling financial resources in a more accountable, transparent way. It is a very important part of bringing democracy to rural areas. And it is an indispensable part of any program where local empowerment and ownership of national goals, such as the war against drug cultivation, will be required to assure the continued enforcement of agreed upon eradication agreements.

With USAID assistance and through policy dialogue, the decentralization process in Bolivia helps targeted municipal governments to develop and carry out action plans in a participatory fashion, engaging civil society at the local and regional level in the process. As a result, citizen participation in government has increased, and municipalities have organized themselves into a nationwide Federation, with departmental associations and an association of women council members.

Corruption is another very serious problem. The ongoing corruption scandal from the Fujimori era in Peru has shaken public confidence in the government institutions of the country. We will work closely with the incoming administration to strengthen democratic institutions and promote good government. Similar problems are being encountered throughout the region, where we are working to strengthen the ability to expose corrupt practices and investigate and prosecute corrupt officials and very importantly, make citizens realize they have the right to demand accountability from their governments.

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Social and Economic Development

The second major area of emphasis for USAID assistance will be economic growth, trade enhancement and poverty reduction, for which we propose $123 million in FY 2002 funding. All of the economies in the region have struggled over the last few years, and continue to be vulnerable to setbacks. Each of the Andean countries has a large divide between a small wealthy elite and a large impoverished class, frequently indigenous in origin. Some lack the mix of policies necessary to promote growth. Others have constructive policies, but lack the popular support necessary to sustain them over the long run.

USAID assistance will directly support the poverty reduction strategies of Ecuador and Bolivia, and will also address macroeconomic policy and banking reform in Ecuador. After an intense economic crisis in 1999, recent increases in oil prices have helped Ecuador's economy and contributed to a successful dollarization that has restored confidence in the economy. However, important and necessary structural reforms are still pending, particularly in the banking sector, for a sustainable recovery. In both countries, our assistance will promote employment generation and access to private lending capital through support to microenterprise.

Support for trade capacity development will be strengthened to help these countries develop WTO consistent trade regimes. The Administration has endorsed an extension of the Andean Trade Preference Act and a desire to move aggressively toward creation of a Free Trade Area for the Americas by January 2005. USAID Administrator Natsios has consulted with Trade Representative Zoellick as to how we can advance these trade liberalization measures. Early in June, my staff presented a range of options for promoting free trade to our Andean country Mission Directors. We look forward to helping our cooperating governments analyze their existing trade regimes and prepare themselves for discussion of competition policy and other issues. We will also assist cooperating governments in bringing civil society into the process to ensure, not only that there are economic and social development benefits from globalization, but that there is also a broader understanding of those benefits.

We will also continue health programs in Peru and Bolivia, and we will pay specific attention to education, including an Andean regional Center for Excellence for teacher training as announced by the President in Quebec at the Summit of the Americas.

Protection of their natural resources, preserving their unique ecological diversity, and helping rehabilitate environmental damage from the use of harsh and persistent chemicals for producing illicit drugs will also receive attention. Cultivation of illicit crops has a devastating effect on the environment, both in the high mountains where poppy is grown and in the lower altitudes where coca is produced. In both cases, delicate forests are cleared and their fragile soils degraded by the illegal crop. Even after the coca or poppy is eliminated, the land remains exposed and environmentally sound production systems must be adopted for sustainable conversion to pasture or agriculture. As part of our commitment to the Amazon, we have encouraged the Government of Colombia's decision to support sound livestock production systems within alternative development areas. Our Parks in Peril program extends from Mexico through Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia, providing practical assistance in protected area management. Also, we continue to manage local funds created under the America's Fund and the Tropical Forestry Conservation Act that underwrite the programs of local environmental NGOs.

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Alternative Development

Our third and largest area of attention is expanding our work in alternative development for which we are proposing $207.5 million for FY 2002. We know that alternative development works. After a decade of work in Bolivia and in Peru, we have seen conclusively that a three-pronged strategy of eradication, interdiction, and alternative development has dramatically reduced coca cultivation in both of those countries. There is nothing as economically profitable as coca. The incentive to get out of coca on a voluntary basis is not economic. Rather, it is the threat of involuntary' eradication or interdiction because drug production is illegal. There has to be a credible threat and a risk of continuing to stay in coca in order for our alternative development approach to work.

In Colombia, we are seeing that the risk of illegal coca production is credible, as evidenced by the fact that over 24,000 farmers have lined up to sign coca crop eradication agreements in just the last three months. But this is not the only ingredient. Once eradicated, production has to cease. It cannot be allowed to grow back and farmers cannot move down the road to replant the same crop. To make elimination sustainable, farmers have to have credible alternatives and local governments and organizations have to apply pressure and provide incentives for the entire community to stay out of illicit production.

Our alternative development approach is basically the same in all of the Andean countries. Groups of small farmers, communities, or farmer associations sign agreements with the government, agreeing to voluntarily reduce their coca crop in exchange for a package of benefits both at the farmer level and at the community level. At the farmer level, the benefits help get them involved in legal income-producing alternatives, and at the community level, the Government agrees to provide basic infrastructure such as schools, health clinics, public water systems, and rural roads.

Last year USAID set a target in Colombia for voluntary eradication of 30,000 hectares of coca and 3,000 hectares of opium poppy within five years. We have started in the Department of Putumayo, which presents a particularly challenging situation. Compared to the coca areas in Peru and Bolivia, the climate is harsher, the soils are poorer, the access to markets is more difficult, the infrastructure is not as good, and of course the security situation presents an additional complication for legitimate agricultural activity. Despite these challenges, the turnout of farmers who are voluntarily agreeing to sign these pacts and eradicate coca has been quite promising. Our pre-Plan Colombia opium poppy eradication program has already eliminated 675 hectares of poppy and produced 600 hectares of productive, licit crops benefiting 770 families in the highlands of Tolima, Huila and Cauca.

In Peru, where coca production has dropped from a high of 129,000 hectares to just over 38,000, we will concentrate our efforts in the Huallaga valley. Here we intend to put into practice our beliefs that local ownership of the coca eradication goals and local empowerment to make decisions regarding the economic and social life of the region will create the environment to deter a minority from going into, or back into, coca production. In coca producing valleys, more than 27,000 hectares of crops such as coffee, cacao, palm heart and pineapple have generated around 10,000 full time jobs. Niche industries and global link-ups with international groups have been promoted in the chocolate and specialty coffee areas.

In Bolivia, coca cultivation in the once notorious region of the Chapare has all but been eliminated. Where once over 44,000 hectares of coca grew, there are now over 114,000 hectares of licit crops and pastureland. Last year alone the value of licit crops in this region exceeded $49 million. Our agricultural programs have enabled Bolivian products such as bananas, canned palm hearts and dried fruit to enter the highest quality markets, such as Germany, Switzerland and Chile. Last year, Chapare exports represented $5.7 million, an increase of 68 percent over the previous year. We intend to consolidate these successes by providing agricultural services used for coca growers to other farmers who have not yet benefited from the program but who are susceptible to offers from drug networks.

In Ecuador, USAID will continue two key border initiatives begun with Plan Colombia supplemental funding and expand the northern initiative along the Colombian border. Support will be provided to community organizations working on land-titling, social and infrastructure services, income earning activities, integrated farming activities for indigenous populations, irrigation, potable water and sanitation projects. Recognizing that support for local initiatives and institutions can help extend the presence of the state and its accountability to citizens, we will introduce activities to strengthen the capacity of local governments both on the southern border, as well as throughout the country.

Since beginning work in January, Plan Colombia has already began implementation of 23 projects valued at $5.0 million and benefiting 117,000 people. They include potable water systems, sewers, bridges, roads, land titling, income generation, and human rights. We have special programs with indigenous communities in Carchi province and an innovative approach to assisting the 24,000 Afro-Ecuadorans who live in northwestern Esmereldas province.

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Status of Plan Colombia Implementation

Mr. Chairman and Members of the Subcommittee: I would also like to take a moment to review, specifically, some of our progress in Colombia. While the task is complex, and even dangerous, and requires extraordinary coordination among many actors, we are pleased with our start-up activities and the progress we have made to date.

Because of our close collaboration with international organizations and NGOs prior to receiving Plan Colombia funds, we were able to sign $25 million of our displaced person monies almost immediately upon receiving the funds. By renegotiating certain contracts funded prior to Plan Colombia, we were able to "jump start" the important southern Colombia elements of the program. Because of the size of other aspects of the program and the interest of the U.S. private sector, it took several months to compete and sign our initial contracts. All USAID commitments to contractors and subcontractors for reintegrating and resettling internally displaced persons have been made, and to date, all contractors have mobilized in the field. These efforts have resulted in tangible successes on the ground.

I have already mentioned our successes in opium poppy eradication. In the Plan Colombia phase of our program, I can report that, as of June 11th of this year, 29 coca elimination pacts have been signed. Those pacts are pledges to the Colombian Government by small farm families to eradicate coca in exchange for short and long term assistance in substitute production, and these 29 pacts represent promises to eradicate over 29,000 hectares of illicit coca crops by the end of next year.

Supporting the program has been our local governance strengthening effort in southern Colombia. USAID and the 13 municipal mayors of Putumayo are building schools and laying pipes for potable water. These social infrastructure activities engage scores of small farmers in their villages in southern Colombia, providing many of them with the first tangible evidence of government concern regarding their economic and social development. The Government of Colombia is also investing in Putumayo, paving roads, stringing electric wires, and refurbishing schools. The Colombian Government has delivered food assistance since December to 9,800 families in Putumayo.

In democracy strengthening, 6 of 12 planned pilot courtrooms have been established to demonstrate the efficiency and fairness of oral trials in helping to move Colombia from an inquisitorial to an accusatorial judicial system. USAID has supported institutional development of the national judicial school, which has trained 3,400 judges in oral advocacy, legal evidence gathering, and courtroom management procedures. USAID has also worked with NGOs and other civil society actors to analyze remaining needed reforms, increase coalition building and support full implementation of the modernization process in the justice sector.

In our highly successful effort to promote justice through alternative dispute resolution, 18 of a targeted 40 casas de justicia or houses of justice have been established. These "casas" are neighborhood judicial centers in underserved communities which bring together a variety of services in one location, giving residents "one stop" access to legal services.

Protection of human rights workers remains a major concern. In addition to having selected a long term local contractor to help design and implement 'a management information system for the Ministry of the Interior to monitor abuses and progress, to date 197 individuals have received some sort of protection from the program.

We are pleased to say that 38 individuals received needed relocation assistance within Colombia and two were relocated internationally under the program. We have also made grants to seven human rights NGOs in Colombia totaling over $575,000 to help improve delivery of human rights services.

Concerning our efforts to respond to the needs of displaced persons, we can report that over 176,000 individuals have received or are receiving direct USAID assistance in the areas of housing, employment generation, health-care or education. This figure exceeds by about 70% our target of 100,000 individual recipients by this time, which was considered to be very optimistic during our planning of this vitally important activity.

USAID also supports a $2.5 million program for Ex-Combatant Children which strengthens Colombian initiatives in clarifying the legal status of these children, extend them appropriate treatment and provides concrete and durable reintegration solutions. In preparation for a large-scale release of child soldiers by an illegal armed group, USAID is preparing a network of decentralized organizations to respond to such a release, as well as to assist individual cases where children must be rehabilitated after exposure to combat conditions. The Program aims to benefit directly 800 ex-combatant children through January, 2003.

It is important to underscore the enormous commitment that the Colombians have shown in the various efforts we are supporting. Our efforts are complemented by $62 million that the Colombian Government has contributed this year through the sale of government "peace bonds" and an additional "peace tax". Major roads within Putumayo and connecting southern Colombia to national and international markets are already underway, as are smaller social and infrastructure projects, such as the Casas de Justicia, health clinics and schools. There have been problems at times given the need for coordination with the large number of agencies involved, and the Government of Colombia's complex procurement procedures, but these were not unexpected and have not been serious obstacles. When issues have surfaced, we have worked with the Colombians to improve the process.

I should note the special dedication of the people such as the Ombudsman's office representatives in the field, who face serious risks to their own personal safety as well. Their efforts are also supported by other members of the international community. European donors have pledged over $300 million to assist Colombia's effort, and the Japanese have offered $175 million. The World Bank has offered $1.4 billion and the Interamerican Development Bank has offered $1.7 billion in loans.

Let me conclude by saying that just as in Colombia, the Andean Regional Initiative should be viewed as the national program in each of the affected countries, responding to their priorities and problems. They are the ones that are going to have to make this work. Our role is one of facilitating the process, and we will be working along. with them over the next several years in this effort.

Washington, D.C.
July 11, 2001