Amenaza narcoterrorista en Colombia

Marc Grossman, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos

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En vista de la continua amenaza que los grupos guerrilleros narcoterroristas le plantean a la democracia colombiana, el Presidente Bush cree que es necesario ajustar el enfoque antinarcóticos del apoyo estadounidense a Colombia para incluir el antiterrorismo, dice Marc Grossman, Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos. Al declarar el 24 de abril ante la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental, Cuerpos de Paz y Asuntos de Narcóticos, la cual es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Grossman les dijo a los legisladores que el Presidente trata de obtener nuevas autorizaciones para "atender el problema del terrorismo en Colombia tan vigorosamente como actualmente atendemos (el problema de) los narcóticos".

Colombia se ha visto plagada durante décadas por la guerra civil, que enfrenta a los insurgentes armados, cuyas actividades se financian en gran medida con las ganancias del narcotráfico, con el gobierno democráticamente elegido. Las principales organizaciones narcoterroristas de Colombia son las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombian (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En un esfuerzo para ayudar a las autoridades colombianas, Estados Unidos ha contribuido al Plan Colombia, estrategia general diseñada por el presidente colombiano Andrés Pastrana para restablecer el imperio de la ley, combatir el narcotráfico y reconstruir la despedazada economía de su país.

Un programa de ayuda estadounidense a Colombia de base más amplia, explicó Grossman, "le permitiría a Colombia usar los helicópteros proporcionados por Estados Unidos y la Brigada Antinarcóticos del Plan Colombia para combatir a los terroristas en ciertas ocasiones, según fuera necesario". Recalcó que el pedido del presidente de nuevas autorizaciones no es señal de que Estados Unidos se retira de las preocupaciones que siente ante las violaciones de los derechos humanos en Colombia, puesto que "no interrumpiremos nuestra vigilancia de los derechos humanos en todas las unidades militares colombianas que reciben ayuda de Estados Unidos".

La solicitud no significa tampoco "un compromiso ilimitado de Estados Unidos en Colombia", declaró, al hacer notar que la propuesta de la Casa Blanca "mantendrá el tope de 800 personas para el personal militar y los contratistas estadounidenses que ofrecen entrenamiento y otros servicios en Colombia".

Debido a la creciente violencia de los grupos guerrilleros insurgentes, Pastrana abandonó las conversaciones de paz con las FARC y ordenó a los militares colombianos controlar una zona desmilitarizada que había sido cedida a la guerrilla. "El Presidente Pastrana ha anunciado planes de aumentar el presupuesto de defensa de Colombia, que actualmente llega al 3,2% del PIB, para cubrir el costo de mayores operaciones militares y agregarle 10.000 soldados al ejército", observó Grossman. "También pidió asistencia adicional de Estados Unidos para ayudar a luchar contra la amenaza terrorista en aumento".

Las nuevas autorizaciones legales que trata de obtener la Casa Blanca permitirían que la ayuda estadounidense a Colombia se usara "para apoyar una campaña unificada contra el narcotráfico, las actividades terroristas y otras amenazas" a la seguridad nacional de Colombia, reiteró Grossman. "Estas nuevas autorizaciones reconocen que los problemas de terrorismo y narcotráfico (juntos) amenazan la seguridad, la prosperidad y la democracia de Colombia". De ser aprobadas por el Congreso, las autorizaciones propuestas "nos darán la flexibilidad que necesitamos para ayudar al gobierno de Colombia a atacar esta amenaza (narcoterrorista) con más eficiencia y más efectividad, en el plazo más breve posible, con recursos que ya están en Colombia".

Washington, D.C.
24 de abril de 2002