Aseguran que ayuda de EE.UU. a Colombia beneficiará a ambos países

Grupo de discusión sobre Colombia en la Heritage Foundation

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El paquete de ayuda complementaria propuesto por el Presidente Clinton para Colombia es una buena inversión en el bienestar de todo el Hemisferio Occidental y "es una simple cuestión de sentido común", dice el Representante Republicano Benjamín Gilman, Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes. Gilman, quien participó el 10 de marzo en un grupo de discusión en la Heritage Foundation, instituto de investigación de políticas públicas, en el cual se analizó la situación colombiana, advirtió a su audiencia que no subestimara la gravedad de la creciente crisis interna colombiana. "Colombia, un aliado democrático de Estados Unidos, tiene profundos problemas. Las ganancias de las drogas ilícitas que proceden de los abrumadores niveles de producción de cocaína y heroína en Colombia alientan un conflicto civil violento que desestabiliza al Gobierno de esa nación".

El Gobierno del presidente colombiano Andrés Pastrana, que enfrenta la insurgencia guerrillera y fuerzas paramilitares ampliamente financiadas por traficantes de drogas, ha establecido una estrategia conocida como "Plan Colombia", enfocada en nuevas y emprendedoras medidas antidrogas, reformas políticas y económicas y la negociación de un acuerdo de paz con las facciones rebeldes. Gilman urgió que se dé apoyo bipartidista de Estados Unidos a los esfuerzos de Pastrana, y aseveró que "no debemos abandonar al pueblo ... de Colombia que está decidido a combatir el flagelo de las drogas".

Es más, dijo, el alcance del problema de la droga en Colombia también tiene impacto directo en los ciudadanos de Estados Unidos. "Lo que ocurre en Colombia en el frente de los narcóticos afecta cada escuela, hospital, tribunal de justicia, vecindario y estación de policía en toda Norteamérica". Sólo por esta razón, agregó, Estados Unidos no puede permitirse pasar por alto "la explosiva crisis de la droga en Colombia".

Pero los encargados de establecer las políticas en Estados Unidos también admiten otras razones obligatorias para ayudar a Colombia, indicó. "La suerte del gobierno democrático de Colombia importa a Estados Unidos", y subrayó que el paquete de ayuda propuesta para Colombia favorece simultáneamente dos objetivos críticos. "Al evitar que las drogas ilícitas lleguen a nuestras costas, protegemos a nuestros ciudadanos de ese veneno y recortamos el flujo del dinero de la droga que arma y sostiene a las fuerzas insurgentes que desestabilizan a Colombia", explicó. "El pueblo estadounidense comprenderá plenamente que estos dos objetivos sirven a nuestro interés nacional".

Gilman descartó de plano el temor a que la ayuda de Estados Unidos evolucione hasta llegar a ser una intervención militar en Colombia, e insistió en que Estados Unidos no tiene interés en ese tipo de participación. "Colombia no ha pedido, ni tampoco nosotros debemos ofrecer, tropas estadounidenses", y argumentó que Estados Unidos considera correcto "aportar los equipos y herramientas que los colombianos necesitan para hacer ellos mismos esa tarea".

La solicitud del Presidente Clinton de ayuda complementaria para Colombia "es un paquete legislativo importante" que merece el apoyo general del Congreso, y declaró, "la supervivencia de Colombia como democracia" está en juego.

El Embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, apoyó enérgicamente las conclusiones de Gilman sobre la importancia del paquete de ayuda propuesto por Estados Unidos. Sin embargo, presentó una perspectiva mucho más optimista sobre el futuro democrático de Colombia. Dijo que la respuesta a la pregunta de si la democracia de Colombia está en riesgo, es "un 'no' sin ambigüedades".

Al describir a su país como "la democracia más antigua y resistente de América del Sur", Moreno recordó a la audiencia que en Colombia "nunca se perdieron las libertades fundamentales" y recalcó que Colombia está preparada para proteger esas libertades con la decidida aplicación de la ambiciosa estrategia antinarcóticos de la Administración Pastrana.

Moreno reconoció que los "actuales problemas de Colombia son graves", al destacar que el comercio de las drogas ilegales "impide el desarrollo social y económico y alimenta el cinismo" en Colombia y en todos lados. "Ha quedado en claro que el problema de la droga es verdaderamente internacional", dijo. "Las naciones que producen y consumen drogas deben trabajar juntas, y la propuesta de ayuda de Estados Unidos reconoce esta realidad".

Definió el Plan Colombia como "una estrategia amplia, una guía para fortalecer nuestras instituciones civiles y militares", que tendría efectos profundos en todo su país. El Plan "apunta a establecer la paz con honor" y a "combatir la corrupción y mejorar la trasparencia del gobierno" entre otras cosas.

Colombia también "aplica reformas estructurales para darle un giro completo a su economía", dijo Moreno, "con medidas ya instituidas para privatizar los sectores de la banca, eléctrico y minero". Además, el Gobierno de Pastrana trabaja para mejorar los servicios sociales básicos para los colombianos, aunque admitió que "estas mejoras requieren muchos compromisos presupuestales".

Regresando al tema de los grupos insurgentes adversos al Gobierno, Moreno apuntó que, políticamente, los rebeldes son débiles, incapaces de lograr apoyo popular "más allá del 4%". Aunque las fuerzas insurgentes estén bien financiadas y armadas, destacó que "carecen de una base de poder importante; no pueden derribar nuestra democracia, y nadie sabe ésto mejor que los guerrilleros" mismos.

Las tácticas violentas de los rebeldes han debilitado su posición, agregó Moreno. "El pueblo colombiano demanda paz. Andrés Pastrana hizo campaña sobre la base de un programa político de logro de la paz" y este mensaje ha encontrado eco en los votantes de Colombia. Aunque el proceso de paz llevará tiempo, Moreno expresó confianza en que al final será exitoso.

El Plan Colombia abarca muchos elementos, dijo, incluyendo los esfuerzos de interceptación, erradicación de cultivos ilícitos y mayor protección de los derechos humanos. La decisión de convertir el Plan en acción indica que Estados Unidos y Colombia "están en el camino adecuado, porque sólo si comparten la carga y trabajan juntos como socios" pueden alcanzar su metas, indicó Moreno.

Reiteró que el Gobierno de Pastrana se propone ejercer presión constante sobre los narcotraficantes y que las autoridades colombianas "no se hacen ilusiones sobre los retos que encaran".

Otros dos participantes: el miembro de número principal Michael Shifter, de la Inter-American Dialogue, y Roger Noriega, asistente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se explayaron sobre algunos de esos retos. Shifter elogió a Colombia, al llamarlo un "país que ha demostrado admirable capacidad de recuperación a través de los años", pero expresó preocupación por su "deterioro en todos los frentes en años recientes, especialmente en el frente económico".

Identificó "el problema subyacente" en Colombia como la "debilidad de las instituciones gubernamentales, [y la] falta de autoridad del Gobierno para controlar su territorio. Si no se tiene un estado con cierta autoridad, los problemas se propagan a países vecinos", dijo Shifter. Sin embargo, la falta de una presencia enérgica del estado en Colombia confirma que la ayuda de Estados Unidos es necesaria para apoyar los esfuerzos de Pastrana. "Estados Unidos tiene una función importante que desempeñar, y está en posición de ayudar". Mencionó las reformas militares como meta valiosa de la ayuda complementaria propuesta: "La profesionalización de las fuerzas armadas ayuda al Presidente Pastrana a lograr la paz, y es la única manera efectiva de abordar la cuestión de los derechos humanos".

Shifter declaró también que, en su opinión, "el debate sobre Colombia no debería inclinarse tanto hacia el problema de las drogas, o enfocarse tan estrechamente en él". En vez de eso, "necesitamos examinar si la ayuda de Estados Unidos puede ayudar a apoyar la autoridad institucional en Colombia". En cuanto al problema mismo de las drogas, Shifter afirmó que "la armonía regional para combatir [las drogas ilícitas] es importante; los líderes de los países vecinos necesitan participar" para progresar contra una amenaza común.

Noriega indicó que su jefe, el Senador Jesse Helms (Republicano de Carolina del Norte), "apoya en general [la ayuda complementaria propuesta]" pero criticó a la Administración por no actuar con tanta rapidez como algunos miembros del Congreso querían. Los líderes Republicanos "literalmente le suplicaban hace años" a la Casa Blanca que "ayudara a Colombia" antes de que la crisis empeorara, acusó.

Pero, en general, Noriega estuvo de acuerdo con los objetivos básicos del paquete de ayuda solicitado por el Presidente Clinton. "Creo que nuestra función en el Hemisferio es apoyar la democracia", y hay una base bipartidista "de apoyo al plan en la Cámara y el Senado".

Pero los "colombianos deben estar dispuestos" a hacer su parte, señaló, al indicar que espera ver progresos en la lucha contra la corrupción, en las reformas judiciales y en el respeto por los derechos humanos. Noriega planteó el tema de la extradición, el cual considera "un compromiso bastante drástico" que los colombianos deberían considerar como arma poderosa contra los cabecillas de la droga. Es más, "tiene que ponerse fin a las concesiones multilaterales" a las guerrillas en conversaciones de paz auspiciadas por el Gobierno. Estas concesiones "no han logrado nada, y no gozan de apoyo popular en Colombia. Ningún grupo guerrillero concederá en la mesa de negociaciones lo que no es probable que pierda en el campo de batalla".

Si bien los líderes del Congreso de Estados Unidos están ansiosos "de hacer que esta [ayuda complementaria] dé resultado, y aprobarla", Noriega condenó lo que calificó de "cierta vaguedad y carácter experimental" en la propuesta del Presidente Clinton. Urgió a los funcionarios de la Casa Blanca a "dejar de dar rodeos" y presentar su estrategia en una forma más clara.

El último participante, Dan Fisk, de la Heritage Foundation, repitió la opinión de Moreno, "La democracia colombiana ha demostrado capacidad de supervivencia", pero dijo que le preocupa que los problemas de Colombia tengan ahora "cierta urgencia" debido a "una atmósfera de ilegalidad que está ahora más difundida que nunca" en ese país. "Estados Unidos puede ayudar, en realidad Estados Unidos debería ayudar", reconoció. Pero al final, "la respuesta a la pregunta `¿Está en peligro la democracia colombiana?' radica en el pueblo colombiano y en su voluntad política".

Washington, D.C.
10 de marzo de 2000

U.S. Aid to Colombia will Benefit Both Countries

Panel discussion on Colombia at the Heritage Foundation

Version en español

President Clinton's proposed supplemental aid package to Colombia represents a sound investment in the well-being of the entire Western Hemisphere and "is just plain common sense," says Representative Benjamin Gilman, (Republican, New York), Chairman of the House International Relations Committee. Participating in a March 10, 2000 panel discussion on Colombia at the Heritage Foundation, a public-policy research institute, cautioned his audience not to underestimate the gravity of Colombia's escalating domestic crisis. "Colombia, a democratic ally of the United States, is in deep trouble. Illicit drug profits skimmed from the staggering [levels of cocaine and heroin production] in Colombia are fueling a violent civil conflict that is destabilizing the Government of that nation."

The Administration of Colombian President Andrés Pastrana, battling insurgent guerrilla and paramilitary forces largely financed by drug traffickers, has devised a strategy known as "Plan Colombia" that focuses on the country's newly aggressive anti-drug measures, on political and economic reforms, and on negotiating a peace settlement with rebel factions. Gilman urged U.S. bipartisan support for Pastrana's efforts, asserting that "we must not abandon the good people ... in Colombia who are willing to fight the drug scourge." Furthermore, he said, the scope of the drug problem in Colombia has a direct bearing on U.S. citizens as well. "What happens in Colombia on the narcotics front affects every school, hospital, courtroom, neighborhood and police station across America." For this reason alone, he added, the United States cannot afford to ignore "the exploding drug crisis in Colombia."

But U.S. policy-makers also recognize other compelling reasons to assist Colombia, he indicated. "The fate of Colombia's democratic government is of importance to the United States," Gilman said. And he pointed out that the proposed aid package to Colombia promotes two critical objectives simultaneously. "By preventing illicit drugs from reaching our shores, we protect our citizens from their poison and we undercut the flow of drug money that arms and sustains the insurgent forces that are destabilizing Colombia. The people of the U.S.will fully understand that both of these goals are in our national interest."

Gilman was quick to dismiss fears that U.S. aid might evolve into military intervention in Colombia, insisting that the United States has no interest in this type of involvement. "Colombia is not asking for (nor should we offer) U.S. troops," he said, arguing that the United States considers it appropriate "to provide the equipment and tools that the Colombians need to do the job themselves."

President Clinton's request for supplemental aid to Colombia is an "important legislative package" that deserves widespread support in Congress, Gilman reiterated. In sum, he declared, "Colombia's survival as a democracy" is at stake.

Colombia's ambassador to the United States, Luis Alberto Moreno, emphatically endorsed Gilman's conclusions on the importance of the proposed U.S. aid package. However, he offered a decidedly more optimistic perspective on Colombia's democratic future. The answer to the question of whether Colombia's democracy is at risk, he said, is "an unambiguous no." Describing his country as "South America's oldest and most resilient democracy," Moreno reminded the panel audience that Colombia's "fundamental freedoms have never been lost," and emphasized that Colombia is prepared to safeguard those liberties by swiftly implementing the Pastrana Administration's ambitious counter-narcotics strategy.

Moreno acknowledged that Colombia's "current problems are serious," remarking that the illicit drug trade "impedes social and economic development, and feeds cynicism" in Colombia and elsewhere. "It has become clear that the drug problem is truly international," he said. "The drug-producing and drug-consuming nations must work together, and the [U.S. aid proposal] recognizes this reality."

He defined Plan Colombia as a "sound strategy, a blueprint for strengthening our civil and military institutions" that would have far-reaching effects throughout his country. The Plan "aims to establish peace with honor" and to "combat corruption and improve government transparency," among other things, he said.

Colombia is also "undertaking structural reforms to turn its economy around," Moreno noted, "with steps underway to privatize the banking, energy and mining sectors." Additionally, the Pastrana government is working to improve delivery of basic government services to Colombians, but "these improvements require a lot of [budgetary] commitment," he conceded.

Returning to the subject of anti-government insurgent groups, Moreno noted that the rebels are politically weak, unable to attract popular support "higher than four percent." Though the insurgent forces are well-financed and heavily armed, he pointed out that they "have no significant power base to speak of; they cannot topple our democracy, and no one knows this better than the guerrillas" themselves.

The rebels' violent tactics have undermined their position, Moreno added. "The Colombian people are demanding peace. Andrés Pastrana campaigned on a platform of achieving peace," and this message has resonated with Colombia's voters. Although the peace process will take time, Moreno expressed confidence that it would ultimately prove successful.

Plan Colombia encompasses many elements, he said, including drug interdiction efforts, illicit crop eradication, and increased human-rights protections. A determination to convert the plan into action indicates that the United States and Colombia "are on the right path, [for] only by sharing the burdens and working together as partners" can their common goals be met, Moreno stated. He reiterated that the Pastrana Government intends to exert relentless pressure on narco-traffickers, and that Colombian authorities "maintain no illusions about the challenges ahead."

Two other panelists, senior fellow Michael Shifter of the Inter-American Dialogue, and Roger Noriega, an aide to the Senate Foreign Relations Committee, elaborated on some of those challenges. Shifter praised Colombia as "a country that's shown remarkable resilience over the years," but voiced concern over its "deterioration on all fronts in recent years, particularly the economic front." He pinpointed the "underlying problem" as "the weakness of government institutions, [and] the lack of government authority in controlling its territory" in Colombia. "If you don't have a state with some authority, the problems spill over into neighboring countries," Shifter said. However, the lack of a strong state presence in Colombia confirms that U.S. aid is needed to support Pastrana's efforts, he suggested.

"The United States has a crucial role to play, and is in a position to help," Shifter said. He cited military reforms as a worthy goal of the proposed supplemental funding: "Professionalizing the armed forces helps President Pastrana achieve peace, and is the only effective way to address the human-rights issue." Shifter also declared that, in his opinion, "the debate on Colombia shouldn't be so heavily weighted toward, or narrowly focused on, the drug problem." Instead, "we need to examine whether U.S. aid can help support institutional authority in Colombia." As for the drug problem itself, Shifter argued that "regional consistency in dealing with [illicit drugs] is important; leaders of neighboring countries need to get on board" to make progress against a common threat.

Noriega indicated that his boss, Senator Jesse Helms (Republican, North Carolina), "supports [the proposed supplemental aid] in general," but was critical of the Clinton Administration for not acting as swiftly as some members of Congress had wished. Republican leaders "were literally begging" the White House "to help Colombia years ago" before Colombia's predicament worsened, he charged. But overall, Noriega agreed with the basic objectives of the assistance package requested by President Clinton. "I happen to think that our role in the Hemisphere is to support democracy," and there is a bipartisan "foundation of support for the plan in the House and the Senate."

But "Colombians must be willing" to do their part, he pointed out. He said that he hoped to see advances in fighting corruption, in judicial reforms, and in upholding human rights. Noriega raised the subject of extradition, which he deemed "a rather dramatic commitment" that Colombians should consider as a powerful weapon against drug lords. Furthermore, he said, "there has to be an end to unilateral concessions" to guerrillas in government-sponsored peace talks. These concessions "have achieved nothing, and don't enjoy popular support in Colombia," he asserted. "No guerrilla group will surrender at the negotiating table what it isn't likely to lose on the battlefield." While leaders in the U.S. Congress are anxious "to make this [supplemental aid] work, and to pass it," Noriega decried what he termed "a certain vagueness and tentativeness" in President Clinton's proposal. He urged White House officials "to come out from behind the bushes" and lay out their strategy more clearly.

The final panelist, Dan Fisk of the Heritage Foundation, echoed Moreno's view that "Colombian democracy has shown survival skills." But he worried that Colombia's problems now have "a certain urgency," due to "an atmosphere of lawlessness that is more pervasive than ever" in that country. "The United States can help, and in fact the United States should help," he concurred. Yet ultimately, Fisk said, "the answer to, 'Is Colombian democracy at risk?' resides with the Colombian people and their political will."

Washington, D.C.
March 10, 2000