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Actualizada: 9/XI/01
Apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia
Logros de diciembre de 2000 a septiembre de 2001
Hasta el 1º de septiembre de 2001, se habín firmado 33 pactos de desarrollo social con más de 33.000 pequeños cultivadores quienes han aceptado, de manera voluntaria, eliminar cerca de 38.000 hectáreas de coca. El primer proyecto de ayuda a corto plazo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para apoyar a los signatarios de estos pactos es una contribución de un millón de dólares para un programa de gallinas ponedoras. Las primeras actividades en apoyo de los signatarios de pactos de desarrollo social se iniciaron con comunidades en Puerto Asís, Putumayo el 18 de mayo. Esto proporcionó material para la construcción de gallineros, capacitación en cría de gallinas ponedoras, entrega de las gallinas y suministro de un mes de abastecimiento de comida para aves. Para el 3 de julio de 2001, 480 familias habían sido capacitadas y 200 habían recibido 50 gallinas cada una, para un total de 10.000 gallinas. A finales de julio de 2001, 520 familias adicionales en Puerto Asís, 500 familias en Orito y 300 familias en San Miguel habían recibido capacitación. Un total de 1.800 familias han recibido asistencia y capacitación; ahora manejan 90.000 gallinas ponedoras. En julio de 2001, se inició otro proyecto piloto a corto plazo de asistencia a huertas familiares, con casi 500 signatarios de pactos de desarrollo social. Actualmente la USAID está suministrando US$100.000 a cinco comunidades indígenas (alrededor de 1.000 familias) en Puerto Asís, para consolidar su producción de agricultura de subsistencia. La USAID está revisando una contribución de US$340.000 (la cual complementa una contribución de US$350.000 de la CICAD) a la federación indígena Cofán, compuesta por 2.500 familias en Orito, el Valle del Guamuéz y San Miguel en el sur de Putumayo. El proyecto de la USAID ayudará a los miembros de la federación a recuperar su producción de alimentos de subsistencia e iniciar la producción de pimienta blanca y hierbas medicinales para mercadeo. La USAID ha iniciado su primer proyecto de desarrollo alternativo con cultivos de palmito. Ya se terminó la instalación de los equipos en la planta de procesamiento de palmito en Puerto Asís y se encuentra en funcionamiento. Al lado de la planta se tienen listos los semilleros para el cultivo de 200 hectáreas de palmito. Esto servirá a 250 pequeños cultivadores en cinco pactos de desarrollo social de Puerto Asís, Caicedo, Orito y el Valle del Guamuéz. Están siendo identificados por un equipo de contrataciones de la USAID, las comunidades y los alcaldes municipales, los proyectos sociales de infraestructura rural (como escuelas, centros de salud, carreteras) en áreas de pactos de desarrollo social. Un equipo de contrataciones de la USAID está estableciendo una oficina en Puerto Asís para coordinar con todas las entidades departamentales del gobierno colombiano responsables de suministrar asistencia bajo el Plan Colombia. El equipo de contrataciones también examinará posibles oportunidades adicionales de producción de subsistencia a corto plazo. La USAID está implementando un proyecto de mejoras en carreteras en Puerto Guzmán por US$69.000, que ayudará a 660 familias campesinas. En junio de 2001 la USAID inició un proyecto de ganadería en Caquetá por US$5 millones, conjunto con las Naciones Unidas, para eliminar 1.250 hectáreas de coca. También en junio de 2001 la USAID comenzó un proyecto de cultivo de yuca por US$435.000 con 2.850 pequeños cultivadores en el norte del Cauca. En junio de 2001 la USAID aprobó un proyecto de cultivo de maracuyá por US$361.000 con 381 pequeños cultivadores del Huila, para eliminar 75 hectáreas de cultivos de amapola. En ese mismo mes la USAID aprobó un proyecto de cultivo de café gourmet por US$117.000 con 252 pequeños cultivadores de Nariño, para erradicar 102 hectáreas de amapola.
La USAID ha ayudado a casi 222.500 desplazados y personas vulnerables por medio de vivienda, servicios de salud y educación. La USAID ha contratado con dos importantes organizaciones internacionales la administración de los programas de asistencia a los desplazados en Putumayo. Estas organizaciones internacionales están mejorando escuelas y suministrando asistencia en salud a los desplazados. La asistencia a las escuelas incluye mejoras de bajo costo en infraestructura, uniformes y pupitres. La organización internacional también trabaja a través de programas de voluntariado con jóvenes entre los 14 y 18 años para capacitarlos como líderes de grupo en recuperación sicosocial. La asistencia en salud incluye tratamiento sicosocial para madres y niños hasta de cinco años. Estas organizaciones internacionales tienen 28 proyectos aprobados o iniciados en Putumayo, con 45.894 beneficiarios. Estos proyectos proporcionan una amplia gama de asistencia en Putumayo, incluyendo:
Estas mismas organizaciones internacionales están apoyando programas interdepartamentales en seis departamentos de Colombia, incluyendo Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Estos programas están fortaleciendo los sistemas de registro de desplazados, ayudando a incluir el tema de los desplazados en los planes municipales; suministrando investigación sobre desplazamiento a través de programas académicos y entrenamiento vocacional; y apoyando la formación de proyectos de vivienda para desplazados. Los proyectos interdepartamentales tienen 40.615 beneficiarios directos. Dos organizaciones privadas estadounidenses de voluntarios y una ONG colombiana están suministrando asistencia a desplazados en otras partes de Colombia. Una de las organizaciones con sede en Estados Unidos está apoyando 50 proyectos en 13 departamentos, entre ellos Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Meta, Sucre y Tolima. Las actividades enfocan la generación de ingresos y empleo. Estas actividades han beneficiado a 12.700 desplazados e individuos vulnerables. Otra organización con sede en Estados Unidos opera en áreas más urbanas, incluyendo a Bogotá, Cali, Montería y Bucaramanga. El apoyo enfoca las necesidades familiares e incluye programas de trabajo por comida, suministro de útiles escolares y materiales para higiene personal, actividades nutricionales, asistencia para la creación de oportunidades de generación de ingresos y entrenamiento vocacional. Para finales de mayo de 2001 estos programas habían beneficiado a 2.637 familias, es decir, 13.185 individuos. La USAID también autorizó una actividad única de ayuda de emergencia en Popayán, administrada por la oficina de Cali, para 379 familias. La ONG colombiana, financiada por la USAID, ha creado 30 hospitales en 21 departamentos de Colombia, incluyendo Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca (Bogotá), Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Estos hospitales proporcionan asistencia médica y servicios de salud así como consultas e información. A finales de mayo de 2001 estos hospitales habían ayudado a 47.699 desplazados y a otras personas vulnerables. Para mediados de agosto de 2001, cerca de 213.189 desplazados reciben ayuda de organizaciones financiadas por la USAID en 156 comunidades.
Programa de protección con el Ministerio del Interior En respuesta a las solicitudes del Ministerio del Interior de una "fuerte" protección a los colombianos directamente amenazados por trabajar en defensa de los derechos humanos, la USAID se ha comprometido a proporcionar en los próximos dos meses, 12 carros para trabajadores de derechos humanos y líderes sindicales; así como medidas de protección física (puertas blindadas, detectores de metales, cámaras de circuito cerrado) para 21 oficinas de organizaciones de derechos humanos y sindicatos. La USAID ha suministrado protección "blanda" para cerca de 500 trabajadores de derechos humanos, periodistas y líderes sindicales. Esta asistencia ha incluido:
La USAID está colaborando con la Defensoría del Pueblo para establecer un Sistema de Alarma Temprana que identifique con anticipación los posibles ataques a comunidades rurales en Colombia. La información se pasa de la Defensoría del Pueblo a las fuerzas de seguridad públicas para dar una respuesta temprana y prevenir abusos de los derechos humanos a gran escala por parte de los actores ilegales armados. El sistema de alarma temprana está operando a nivel central, en Bogotá. Están programados para entrar totalmente en funcionamiento dos centros regionales adicionales por año (dos para diciembre de 2001, dos para diciembre de 2003 y dos más para diciembre de 2004), para un total de seis centros regionales. Desde que comenzó a operar en junio de 2001, el sistema de alarma temprana ha alertado de posibles ataques o amenazas en 22 comunidades:
13 de junio de 2001 en Puerto Concordia, Meta 15 de junio de 2001 en Arauca 22 de junio de 2001 en Buenos Aires, Cauca 26 de junio de 2001 en San Calixto, Norte de Santander 4 de julio de 2001 en Mistrató, Risaralda 4 de julio de 2001 en Morales, San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur en el sur de Bolívar 4 de julio de 2001 en Peque, Antioquia 9 de julio de 2001 en Buenos Aires, Cauca 10 de julio de 2001 en San Calixto, El Tarra en Norte de Santander 17 de julio de 2001 en Carmen del Darién, Ríosucio en Chocó 18 de julio de 2001 en Chámeza, Casanare 23 de julio de 2001 en San Pablo, Simití, Morales, Santa Rosa del Sur, Cantagallo en el sur de Bolívar 26 de julio de 2001 en Dabeiba y Uramita en Antioquia 30 de julio de 2001 en Apartadó, Antioquia 31 de julio de 2001 en Ituango, Antioquia 9 de agosto de 2001 en San Onofre, Sucre 9 de agosto de 2001 en Corozal, Sucre 9 de agosto de 2001 en Buenaventura, Valle del Cauca
La USAID ha suministrado amplio entrenamiento a líderes comunitarios de paz en áreas claves de derechos humanos fundamentales. Las áreas de entrenamiento incluyen principios democráticos y derechos humanos, acciones populares, violencia intrafamiliar, autoridades públicas y derechos humanos, derecho internacional humanitario, participación ciudadana y derechos humanos y resolución de conflictos. La USAID también ha suministrado herramientas didácticas para la promoción de los derechos humanos en esas áreas. Como parte de este programa, la USAID ha dado entrenamiento a 1.741 promotores de derechos humanos y a 84 funcionarios de las oficinas regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo. Adicionalmente, USAID les ha proporcionado a 880 defensores públicos de la oficina nacional del Defensor del Pueblo asistencia técnica, capacitación, y ayuda para el desarrollo y la diseminación de un plan de estudios en derechos humanos.
El gobierno de Estados Unidos ha trabajado estrechamente con siete ONG colombianas para promover el respeto de los derechos humanos a través de la sociedad civil y los programas de resolución no-violenta de conflictos. El gobierno estadounidense ha proporcionado casi US$600.000 para apoyar estos programas en los años fiscales de 2000 y 2001. Estados Unidos le ha suministrado US$85.000 al una ONG para examinar en la historia reciente de Colombia los bandos armados y las implicaciones para el proceso de negociación, así como para fortalecer su banco de datos sobre derechos humanos y violencia política en Colombia.
La USAID también está colaborando con una ONG para extender los programas de capacitación para los líderes de la comunidad y fortalecer su trabajo en derechos humanos, así como con otra para proteger y promover los derechos humanos de los periodistas colombianos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado un programa de capacitación para Unidades de Derechos Humanos en Colombia. Usando como modelo las exitosas fuerzas de tarea sobre crimen organizado de Estados Unidos, las fuerzas de tarea de administración de justicia colombianas se componen de fiscales especializados e investigadores que trabajan en un ambiente de fuerza de tarea para investigar y enjuiciar a quienes presuntamente han cometido o dirigido graves abusos contra los derechos humanos o crímenes relacionados. La unidad nacional de la Fiscalía se estableció inicialmente a mediados de los años 90. El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a ayudar a esta unidad en 1999. La Fiscalía ha demostrado interés en establecer 11 unidades satélite por todo el país, para poder responder rápidamente a situaciones en las cuales hay sospechas de violaciones de los derechos humanos. Desde el que se inició el Plan Colombia, se han establecido cuatro unidades satélite, localizadas en Cali (dos), Neiva y Villavicencio. Las personas asignadas a estas unidades han recibido capacitación en nuevas metodologías bajo el sistema acusatorio, legislación del derechos internacional humanitario y legislación de derechos humanos en Colombia, en conducción de juicios verbales, capacitación técnica en medicina legal e identificación forense, y en técnicas de la entrevista criminal e investigación en la escena del crimen.
Se calcula que existen en Colombia de 3.000 a 7.000 niños enlistados en grupos armados ilegales. Todos los actores armados utilizan a combatientes menores de edad (definidos como menores de 18 años). La USAID firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones por US$2,5 millones, con destino al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que esta entidad expanda y mejore su programa piloto que proporciona asistencia a los menores ex guerrilleros. La organización internacional de Inglaterra, "Save the Children UK" y otras instituciones están prestando asistencia técnica. La asistencia por parte de la USAID incluye la apertura de dos nuevos centros especializados para menores ex guerrilleros. Actualmente, el ICBF opera cuatro centros y eventualmente aumentará a un total de seis centros. Cada centro atiende unos 20 menores por un período que varía entre tres meses y un año. La USAID financia el fortalecimiento institucional del ICBF y de los centros, así como la asistencia para definir la situación legal de los menores ex guerrilleros. La USAID y el ICBF dan apoyo a los niños y sus familias después de egresar de los centros especializados. Son aproximadamente 120 los beneficiados con el programa. En los centros especializados de ICBF hay cien. Otros veinte menores son atendidos en hogares de paso financiados por la USAID hasta la apertura de los nuevos centros. Una vez que los seis centros estén operando, atenderán a 120 menores simultáneamente y de 180 a 200 menores anualmente.
Se habían establecido dieciocho Casas de Justicia hasta el 30 de julio de 2001. Las Casas de Justicia atienden un promedio de 100 casos por día. Aproximadamente un millón de personas han tenido acceso al aparato judicial a través de las Casas de Justicia. Desde hace siete años han estado operando dos Casas de Justicia; seis han operado por cuatro años; diez han operado por un año. Las Casas de Justicia están ubicadas en Bogotá, Neiva, Cartagena, Barranquilla, Popayán, Riohacha, Medellín, Quibdó, Pasto, Armenia y Cali. Una de las 18 Casas de Justicia funciona en Mocoa (Putumayo). Una segunda Casa de Justicia en Putumayo debe entrar en funcionamiento en Puerto Asís a fines de 2001.
Se han establecido nueve salas de audiencia. Se han realizado más de sesenta juicios orales en estas salas de audiencia: treinta juicios orales en Cali (comenzó a operar en mayo); quince juicios orales en Cartagena (también comenzó operaciones en mayo); diez juicios orales en Manizales (operando desde junio) y cinco juicios orales en Medellín (también opera desde junio). Han recibido entrenamiento para las salas de audiencia 3.705 jueces y 1.200 defensores públicos.
En Caquetá, la USAID firmó acuerdos de donación con los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, El Doncello, El Paujíl, Florencia, La Montañita, Morelia, Puerto Milán, Puerto Rico, San José del Fragua, Solano, Solita y Valparaíso. En Putumayo, la USAID firmó acuerdos de donación con los municipios de Colón, Mocoa, Puerto Leguízamo y Villa Garzón. Están pendientes los acuerdos de donación en Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, San Francisco, San Miguel, Santiago, Sibundoy y Valle del Guamuéz. En Tolima, la USAID está preparando acuerdos de donación con los municipios de Flandes, Rovira, Cajamarca, Chaparral y Ortega. Además, la USAID ha firmado 31 memorandos de entendimiento con trece municipios del Putumayo, 13 municipios de Caquetá y cinco municipios del Tolima para identificar el tipo de capacitación u otra clase de asistencia requerida por esos municipios. Los memorandos de entendimiento proporcionarán capacitación y asistencia en gestión financiera y presupuestal, administración pública, y formulación y ejecución de proyectos. La USAID ha dispuesto dos tipos de apoyo a la infraestructura municipal. La USAID está apoyando un número de proyectos de infraestructura física, tales como acueductos, rehabilitación de escuelas, redes de servicios públicos (agua, luz, alcantarillado). La USAID también está apoyando proyectos para promover el desarrollo de la economía local, tales como la producción de café gourmet, la producción y el procesamiento de alimentos, y las granjas piscícolas. Cada proyecto tiene un costo cercano a los US$25.000 que cuenta con contribuciones en especie de los municipios y posibles aportes financieros del gobierno colombiano. El presupuesto total para proyectos de infraestructura en Putumayo, Caquetá y Tolima es de US$1,2 millones. La primera ronda de proyectos se inició en junio de 2001 en Putumayo y Caquetá. Una segunda ronda de proyectos se iniciará en octubre de 2001. Estos proyectos se concluirán en febrero de 2002. En el Tolima, una primera ronda de proyectos se iniciará en septiembre de 2001 y se debe terminar en mayo de 2002. La USAID también ayuda a los municipios a mejorar sus planes agrarios para incluir las inquietudes ambientales, la prevención de desastres, y el desarrollo sostenible. Como parte de este esfuerzo, se están estableciendo los catastros municipales para ayudar a aumentar los recaudos por impuestos prediales. Los programas de la USAID en estas áreas promueven la participación de comités de ciudadanos como los comités de planeación municipal, los comités de desarrollo rural y las juntas de acción comunal. La asistencia técnica y la capacitación a esos grupos aumentarán su participación en la toma de decisiones municipales y generarán más trasparencia y responsabilidad por parte de los gobiernos locales. Treinta y dos alcaldes de Putumayo, Caquetá y Tolima han recibido capacitación y estos representan a todos los municipios seleccionados. Estos alcaldes participaron en programas de capacitación en administración municipal y desarrollo de proyectos. Otros cursos de capacitación más especializados están dirigidos a otros funcionarios locales cuyos períodos normalmente son más largos que los tres años de los alcaldes. La USAID ha capacitado aproximadamente a unos 80 funcionarios locales, entre ellos los jefes de departamentos de planeación municipal, de oficinas de desarrollo agrario, funcionarios financieros y administradores de servicios públicos en 20 municipios de Putumayo y Caquetá. La USAID espera continuar colaborando con estos 80 funcionarios y con otros 60 funcionarios locales en los programas anticorrupción de esos departamentos. En cada uno de los 31 municipios en los cuales la USAID está trabajando, los funcionarios locales participan en un programa de inducción sobre trasparencia en gobiernos locales. A los funcionarios locales se les exige cumplir la legislación existente sobre trasparencia en licitaciones gubernamentales y presupuestos. Estos 31 municipios también están ejecutando auditorías ciudadanas de todas las actividades financiadas por la USAID. La USAID proporciona a los ciudadanos capacitación en mecanismos anticorrupción en esos municipios. Recientemente 126 representantes de 36 entidades públicas y 41 ONG de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Putumayo y Caquetá asistieron a un programa de capacitación en Pasto.
La USAID ha proporcionado financiación por US$264.000 a la Universidad de Georgetown para investigar, formar grupos de estudio y llevar a cabo talleres sobre democratización, desarrollo social y el proceso de paz. La USAID ha proporcionado US$274.700 a una ONG para la diseminación de información a grupos selectos de jóvenes, fomentando así la participación por medio del programa de televisión a nivel nacional, "Francisco el matemático", así como a través de talleres de seguimiento. La USAID ha proporcionado US$211.000 a una ONG para crear mecanismos de seguridad alimentaria para comunidades pobres en zonas de conflicto. Hasta ahora, mil familias se han beneficiado de este programa.
Desde el 19 de diciembre de 2000, se han destruido 59.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en Colombia, a través del programa de erradicación aérea. También a través de este programa, desde enero de 2001 se han destruido 57.000 hectáreas de cultivos ilícitos de coca, 30.000 en Putumayo y 27.000 en otros departamentos.
Estados Unidos ha proporcionado seis helicópteros UH-60L (Blackhawk); tres en julio, tres en agosto, dos de ellos para la Policía Nacional y cuatro para el Ejército. Antes de finalizar 2001 llegarán otros 10 helicópteros Blackhawk para las fuerzas públicas de Colombia. Hay 25 helicópteros Huey II programados para ser entregados alrededor de enero de 2002. Las entregas de helicópteros aumentarán la movilidad táctica aérea de las fuerzas públicas colombianas en operaciones antinarcóticos. Para diciembre de 1999 las fuerzas militares de Estados Unidos habían ayudado a entrenar al Primer Batallón Antinarcóticos de 931 soldados; para diciembre de 2000, el Segundo Batallón Antinarcóticos de 798 soldados además del personal de la Brigada Antinarcóticos (nueve oficiales y tres suboficiales); y para mayo de 2001 el Tercer Batallón Antinarcóticos de 798 soldados. Desde que estas fuerzas comenzaron sus operaciones, han destruido:
10 laboratorios de hidrocloruro de cocaína 117 kilos de cocaína pura 1.485 galones de cocaína líquida 2.744 kilos de base de coca 138.695 galones de precursores líquidos 220.626 kilos de precursores sólidos
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