Mejor gobernabilidad y reforma del sistema judicial
Uno de los principales objetivos del apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia es ayudar a Colombia en sus esfuerzos por lograr un sistema judicial más efectivo, responsible e imparcial. Un sistema judicial independiente y vigoroso es vital para la observancia de los derechos humanos, la derrota del narcotráfico, y la disminución de otros tipos de crímenes violentos y no violentos. La USAID y las oficinas del Departamento de Justicia están ayudando a Colombia en el proceso de cambiar el sistema inquisitivo por un proceso judicial acusatorio más abierto. Oficinas del Gobierno de Estados Unidos están colaborando con las colombianas para fortalecer la administración de las cortes y el entrenamiento de jueces, institucionalizar el sistema del defensor público y proporcionar mayor cubrimiento y participación mediante la reforma a la justicia.
El apoyo de Estados Unidos contribuirá a expandir el programa altamente exitoso de Casas de Justicia. Las Casas de Justicia son centros comunitarios de justicia en comunidades pobres que permiten reunir una serie de servicios en un sólo sitio. Ellas prestan a los residentes un mayor acceso a los servicios legales. En el momento hay once Casas de Justicia en Colombia. Existen planes de tener 30 para finales de 2001. Más de 300.000 casos han sido resueltos por el sistema de Casas de Justicia desde que el programa fue inaugurado. Cuando todas las Casas entren en funcionamiento, se estima que se procesarán más de un millón de casos al año.
El gobierno municipal juega un papel fundamental en acercar a los ciudadanos a un gobierno efectivo, trasparente y responsable. La ayuda de Estados Unidos apoyará cerca de cien pueblos y municipios para fortalecer la participación ciudadana en el gobierno local, para mejorar la trasparencia presupuestal y programática, y para aumentar el suministro de servicios públicos.
Apoyo adicional de oficinas del Departamento de Justicia y del Departamento del Tesoro proveerán entrenamiento y otra ayuda a las entidades colombianas dedicadas al cumplimiento de la ley y a los esfuerzos anticorrupción del Gobierno colombiano.
Desarrollo alternativo |
Desplazados | Derechos humanos |
Gobernabilidad | Componente social
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Hechos y cifras de la protección de los derechos humanos, mejor gobernabilidad y reforma del sistema judicial
Derechos humanos
Establecimiento de grupos de trabajo en derechos humanos: US$25 millones
Estas unidades, moldeadas a partir de grupos de trabajo contra el crimen en Estados Unidos, consistirán en unidades de fiscales e investigadores especialmente entrenados que trabajarán en grupos de trabajo para investigar y procesar a presuntos infractores por haber cometido o dirigido serios abusos de los derechos humanos. El primero de estos grupos de trabajo ha comenzado a operar recientemente en Bogotá y está compuesto por 26 fiscales y 45 investigadores, aproximadamente. Unidades adicionales se establecerán en toda Colombia.
Fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos: US$7,0 millones
Este programa proporcionará asistencia técnica y apoyo logístico a las agencias gubernamentales colombianas y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia. En el área de la prevención, se dará apoyo para mejorar la capacidad para crear y operar sistemas de alerta temprana y respuesta rápida, y para informar a los ciudadanos de sus derechos y responsabilidades y cómo tomar acciones preventivas o de recurso en caso de violaciones. En el área de verificación, el programa promoverá esfuerzos en el desarrollo de políticas; coordinación de liderazgo nacional y la verificación del Gobierno colombiano; información local y asistencia ciudadana en casos de abuso; y verificación e información de abusos de derechos humanos.
Aumento de la protección de los derechos humanos de los trabajadores: US$4,0 millones
Este programa proporciona protección para aquellos individuos, grupos y organizaciones enfrentados a amenazas reales o potenciales de violencia física por su trabajo en la promoción de los derechos humanos. El programa se trabajará con el Ministerio del Interior y sus contrapartes para mejorar la administración y la operatividad del programa de protección del Gobierno colombiano actual. Adicionalmente, protección "suave", como salvaguardas, redes de radiocomunicación, apoyo para los defensores obligados al exilio temporal, y protección "fuerte", como chalecos antibalas y carros blindados.
Seguridad judicial y a testigos en casos de derechos humanos: US$15 millones
Gastos operacionales y casos de derechos humanos
El principal enfoque de estos programas será el apoyo directo operacional para la seguridad y la protección de las actividades de testigos y oficiales judiciales, especialmente aquellos relacionados con los casos de derechos humanos. La asistencia incluye apoyo a un amplio rango de recursos operacionales necesarios, entre ellos apoyo financiero directo para las operaciones de protección y seguridad y equipos especializados.
Mejoramiento de programas
Este programa evaluará los requisitos generales más urgentes en Colombia para la protección efectiva de testigos y funcionarios judiciales actualmente en riesgo. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y otras agencias estadounidenses ayudarán a las autoridades colombianas en la conducción de evaluaciones de amenazas, revisión de nuevos programas y desarrollo e implementación de un amplio programa para la protección de testigos y personal judicial. El apoyo incluye compartir pericias esenciales, el diseño y desarrollo de programas de protección y el suministro de equipos y entrenamiento.
Rehabilitación de niños soldados: US$2.5 millones
Este programa apoya la administración y la implementación de actividades de desmovilización y rehabilitación para niños soldados en Colombia.
Verificación de derechos humanos:US$1.5 millones
Estos fondos permitirán nuevos contratos de personal en la Embajada de Estados Unidos en Colombia y en el Departamento de Estado para intensificar las capacidades de verificación e informes en derechos humanos.
Apoyo a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: US$1,0 millón
Estos fondos apoyarán a la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá. Serán utilizados para concientizar y verificar la situación de derechos humanos, fortalecer el desempeño y las capacidades de la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Refugiados (UNHCR), y aumentar sus contribuciones en la promoción de la protección de los derechos humanos y el imperio de la ley.
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Mejor gobernabilidad y reforma del sistema judicial
Entrenamiento de fiscales: US$4,0 millones
La oficina del Fiscal General de Colombia ha aceptado un programa de entrenamiento amplio para sus fiscales y la policía judicial con un enfoque de trabajo en grupo para análisis de casos. La Fiscalía entrenará a los fiscales en:
- técnicas de entrevista efectivas,
- trabajo en equipo con investigadores,
- planificación investigativa efectiva para que las acusaciones se presenten oportunamente, basadas en la causa probable y
- capacitación en litigación oral y sobre las reglas probatorias para llevar a cabo juicios orales como lo ordenan las reglamentaciones del Consejo Superior de la Judicatura.
Juicios públicos acusatorios orales y entrenamiento de jueces: US$3,5 millones
Este programa apoya los esfuerzos del Gobierno colombiano para hacer que el sistema judicial sea más trasparente, responsable y acorde con las reglamentaciones y leyes colombianas, a través del uso de juicios públicos acusatorios orales. El Consejo Superior de la Judicatura está preparando reglamentaciones de procedimiento para el funcionamiento de estos tribunales. Aspectos procesales de la puesta en práctica de los juicios públicos acusatorios orales serán coordinados con la Fiscalía General, bajo la asistencia técnica del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A medida que se adelanta el desarrollo procesal, este programa ayudará al Consejo Superior de la Judicatura a seleccionar y renovar los recintos de los tribunales de manera que puedan iniciarse los juicios acusatorios orales. Además, el entrenamiento en juicios acusatorios orales será coordinado con jueces, defensores públicos y fiscales.
Defensores públicos: US$2,0 millones
Este programa está dirigido a ayudar al Gobierno colombiano a mejorar la imparcialidad del sistema judicial asegurando el debido proceso y una adecuada representación de los acusados de escasos recursos mediante la figura del defensor público. El programa ayudará en el entrenamiento de los defensores públicos tanto en representación legal como en la garantización de los derechos humanos. El programa dará capacitación adicional al grupo de defensores públicos entrenados y ayudará al Gobierno colombiano a fortalecer formalmente la base institucional del defensor público para mejorar sus capacidades técnicas y administrativas.
Casas de Justicia: US$1,0 millón
Las Casas de Justicia son centros de mediación y asistencia legal gratuita, creados en 1995 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de Justicia de Colombia. Las Casas de Justicia facilitan el acceso de los ciudadanos a la justicia, especialmente a los de comunidades marginales, para expresar sus problemas cotidianos y de violencia. La estrategia contribuye con los esfuerzos por crear una cultura social de solución de conflictos a través de mecanismos no violentos. Este programa inter-institucional incluye un defensor público, un fiscal local, conciliadores y mediadores calificados y representantes de la Oficina del Procurador General, del Instituto de Bienestar Familiar, del Instituto de Medicina Legal, de la Superintendencia de Notariado y Registro, de la Oficina de Desarrollo Comunitario e Inspección de Policía, entre otros.
Reformas de políticas -- Código Penal: US$1,5 millones de dólares
En apoyo a la transición en Colombia de la justicia criminal a un moderno sistema judicial acusatorio, este programa asistirá en la puesta en práctica y modificación necesarias del Código de Procedimiento Penal recién promulgado, el Código Penal y otros estatutos. También se apoyarán programas de educación a través de entidades gubernamentales y no gubernamentales para asegurar el proceso y la transparencia.
Ambiente habilitador de reformas de políticas: US$1,0 millón
Este programa promoverá el diálogo sobre políticas y el debate público necesarios para permitir las reformas del sistema judicial e incrementar la confianza en la justicia. Además del trabajo directo con el Gobierno colombiano, el programa también promueve la participación de universidades y de organizaciones no gubernamentales colombianas en la promoción de reformas políticas, cambios en procedimientos y reinterpretación de la ley actual.
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Apoyo adicional para la ejecución de la ley colombiana
Grupos de trabajo para extinción de dominio de bienes/ Lavado de dinero/ Programa anticorrupción/ Programa de administración de bienes/ Programa contra el delito financiero/Unidades investigativas antinarcóticos: US$15 millones
Este proyecto ayudará al Gobierno colombiano en la formación de grupos de trabajo especialmente entrenados en el desarrollo de sistemas efectivos para la administración y uso de bienes incautados y en el fortalecimiento de los esfuerzos para respaldar un gobierno responsable y trasparente.
Contra el delito financiero organizado: US$14 millones
Amplio programa para investigar y procesar delitos financieros relacionados con narcotráfico, incluyendo el llamado "mercado negro de divisas".
Seguridad de prisiones: US$4,5 millones
El programa mejora el entrenamiento del personal de prisiones, comenzando por la puesta en práctica de procedimientos y políticas en la nueva prisión de Valledupar.
Escuela de entrenamiento de la Policía Judicial: US$3,0 millones
Este programa apoyará el desarrollo de una escuela unificada de adiestramiento en ejecución de la ley para todos los investigadores de la Policía de Colombia. Este programa incluye la selección de una sede apropiada y el diseño de un establecimiento para entrenamiento; el siguiente paso sería poner en práctica un programa de estudios con instructores y recursos apropiados.
Iniciativa para casos multilaterales: US$3,0 millones
Este programa apoya y amplía la iniciativa colombo-americana de investigar, procesar y capturar narcotraficantes y lavadores de dinero trasnacionales, así como coordinar actividades con otras naciones latinoamericanas y caribeñas.
Asistencia en supervisión bancaria, asistencia para mejorar ingresos fiscales: US$1,5 millones
Este programa suministra asistencia técnica y entrenamiento al Gobierno colombiano para mejorar la supervisión del sector financiero.
Ejecución de la ley marítima y seguridad portuaria: US$2,5 millones
Este proyecto proporciona asistencia para un amplio programa marítimo y de seguridad portuaria que incluye la coordinación con el grupo de trabajo antinarcóticos, la Policía Aduanera y la Unidad de Inteligencia Financiera. Este programa también apoya los esfuerzos gubernamentales de verificar y revisar las relaciones entre la Fiscalía y la Armada de Colombia respecto a la recolección, trasferencia y preservación de pruebas.
Entrenamiento de la Policía Aduanera y asistencia en entrenamiento aduanero: US$3,0 millones
Este programa apoya el desarrollo de un programa de estudios y evaluación de necesidades para el entrenamiento de miembros de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esto incluye el desarrollo de programas de entrenamiento y evaluación de las necesidades de recursos para lograr capacidades investigativas, así como inspecciones y controles fronterizos. Este programa también financia el entrenamiento y el apoyo para la Policía Aduanera de Colombia afiliada al Servicio Colombiano Aduanero, a tiempo que apoya el sistema de recolección de impuestos aduaneros.
Reforma legal y de derechos humanos en las fuerzas armadas: US$1,5 millones
Estos fondos se utilizarán para entrenar y apoyar las actividades de un escuadrón de militares colombianos en derechos humanos y ley de guerra. Estos entrenadores viajarán a todas las unidades militares colombianas para implementar un programa de entrenamiento normalizado en derechos humanos y ley de guerra. El entrenamiento tendrá lugar en la Escuela de Auditoría del Ejército en Estados Unidos y en Colombia.
Estrategia antisecuestro: US$1,0 millón
Este programa fortalecerá la capacidad del Gobierno colombiano para investigar y procesar casos de secuestro y extorsión. El programa será multifacético e incluirá el desarrollo de un centro de operaciones para coordinar y compartir información de inteligencia y el desarrollo de un grupo de trabajo para investigar y enjuiciar este tipo de delitos.
Escuela de Auditoría del Ejército: US$1,0 millón
Estos fondos se utilizarán para trabajar de manera conjunta con las Fuerzas Armadas colombianas para empezar a desarrollar una nueva escuela de auditoría.
Total de apoyo de EE.UU. al Plan Colombia en protección de los derechos humanos, mejor gobernabilidad y reforma del sistema judicial: US$119 millones
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Apoyo al proceso de paz y apoyo a la región
Apoyo al proceso de paz:US$3,0 millones
Estados Unidos concuerda totalmente con el Gobierno colombiano en que la única solución permanente a los problemas de Colombia es la paz permanente. El gobierno de EE.UU. respalda completamente el proceso de paz y está de acuerdo con la apreciación hecha por el presidente Pastrana en el sentido de que una solución al conflicto civil colombiano es esencial para la solución de todos los demás problemas que afronta el país.
El apoyo de EE.UU. al Plan Colombia incluye un programa de asistencia al gobierno de Colombia para evaluar las estrategias de negociación y refinar los enfoques de los numerosos temas sociales y económicos que rodean las negociaciones, así como fomentar compromiso futuro para el establecimiento de la paz en Colombia. En apoyo a estas iniciativas, se harán donaciones a una variedad de instituciones colombianas y estadounidenses, incluyendo universidades, ONG y otras organizaciones de la sociedad civil, para adelantar investigación local, talleres, conferencias, entrenamiento, proyectos operacionales y pasantías.
Apoyo regional
El éxito obtenido en un área tiende a dirigir la atención a otros países, del mismo modo que, si no se toman precauciones con anticipación, los logros alcanzados en Colombia harán que el centro de producción se traslade selva adentro y hacia los países fronterizos.
Por consiguiente, el apoyo de EE.UU. al Plan Colombia contempla desarrollo alternativo y económico para Ecuador y Bolivia. En Ecuador, la USAID destinará US$8 millones para infraestructura local y apoyo a la sociedad civil a lo largo de la frontera norte con Colombia, los cuales complementarían otros fondos ya asignados, así como la financiación para programas de interdicción. En Bolivia, la USAID tiene previsto emplear US$85 millones para iniciar desarrollo alternativo en la zona de Yungas y ampliar al programa de desarrollo alternativo en el Chapare. El apoyo de EE.UU. al Plan Colombia también comprende fondos adicionales para continuar con los esfuerzos de interdicción en la región.
Desarrollo económico alternativo
Bolivia -- Desarrollo alternativo: US$85 millones
Ecuador -- Desarrollo alternativo/frontera norte:US$8,0 millones
Interdicción regional
Ecuador: $ 12 millones
Bolivia: $ 25 millones
Otros Países: $ 18 millones
Total: $ 55 millones
Helicópteros Kmax: $ 32 millones
Total de la ayuda de EE.UU. al Plan Colombia en apoyo al proceso de paz y a la región: US$183 millones
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Apoyo al sur de Colombia, erradicación y apoyo a la Policía Nacional de Colombia
Durante los primeros dos años del Plan Colombia el apoyo de EE.UU. se centrará primordialmente en el sur de Colombia donde están localizadas la mayoría de las 120.000 hectáreas de coca. La asistencia de EE.UU. empezará con una rápida expansión de los programas dirigidos a la acción social y al fortalecimiento institucional.
Las actividades de erradicación en el Putumayo serán abordadas de dos maneras diferentes basadas en las características del cultivo de coca en la región. En las áreas donde predominan los pequeños agricultores productores de coca, y que se extienden a lo largo de la carretera norte-sur más poblada del Putumayo, el gobierno colombiano ofrecerá a los cultivadores de coca la oportunidad de erradicar voluntariamente esas áreas de producción de coca. A cambio, recibirán el compromiso del gobierno colombiano de no realizar fumigación aérea al menos por 12 meses. También recibirán programas de asistencia social y técnica para ayudarlos a realizar actividades legales. Los programas de desarrollo alternativo y otros programas se extenderán luego a otros departamentos vecinos.
Mientras tanto, la fumigación aérea de cultivos ilícitos agroindustriales y de plantaciones a gran escala continuará y se intensificará. Un programa intenso de coordinación para la erradicación aérea comenzó en diciembre de 2000 en el sur de Colombia, para que coincida con la época de verano, para mayor efectividad. Esta fecha también coincidirá con la terminación del entrenamiento del Segundo Batallón Antinarcóticos del Ejército de Colombia y con la llegada de los helicópteros UH-1N que se requieren para transporte tanto en éste como en el Primer Batallón Antinarcóticos.
Después de los primeros doce meses del programa de erradicación aérea en otras partes del Putumayo, aquellas comunidades localizadas en la zona de desarrollo alternativo que escogieron no participar en el programa de erradicación voluntaria podrán estar sujetas a posible erradicación aérea. Esto no significa que las operaciones de fumigación se iniciarán inmediatamente al finalizar el período de los doce meses, pero deja a las autoridades colombianas la opción de utilizar la erradicación aérea para combatir los cultivos de coca.
El único químico utilizado para la erradicaión aérea bajo el apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia será el glifosato.
El glifosato es uno de los herbicidas menos dañinos disponibles en el mercado mundial. Ingresa a la planta a través del contacto con las hojas y sólo mata las plantas que se encuentran por encima del suelo en el momento de la fumigación. Su acción como herbicida se detiene al entrar en contacto con la tierra, ya que el glifosato es fuerte y rápidamente penetra la tierra. Inmediatamente allí se descompone por la acción de microorganismos y se biodegrada completamente. Por lo tanto, el proceso de recuperación de las plantas (por medios naturales o nueva siembra) podrá iniciarse inmediatamente después de la fumigación. El glifosato se adhiere fuertemente a la tierra, en consecuencia es mínimo lo que se va a las fuentes de agua.
El glifosato ha sido probado, evaluado y aprobado para su venta en Estados Unidos, Colombia y otros países. Mundialmente se encuentra entre los herbicidas más utilizados, por volumen. Actualmente se emplea con diversos fines agrícolas en más de cien países y en la jardinería doméstica. El glifosato es utilizado para conservar la vegetación tradicional en miles de hectáreas en Estados Unidos, Argentina y Brasil. Es empleado por cultivadores de café en Colombia para prevenir la erosión en terreno inclinado. De hecho, el 90% de todo el glifosato utilizado en Colombia es para usos agrícolas legítimos.
El apoyo de EE.UU. a los esfuerzos de erradicación en el sur de Colombia incluye un importante programa de asistencia para el entrenamiento de los tres batallones antinarcóticos del Ejército y del personal de la Brigada Antinarcóticos. El entrenamiento del primer batallón concluyó a finales de 1999; el entrenamiento del segundo a finales de 2000. El entrenamiento del tercero se iniciará a principios de 2001. La Brigada Antinarcóticos tendrá su sede en Tres Esquinas.
El apoyo de EE.UU. al Plan Colombia tiene un componente poderoso en derechos humanos. El entrenamiento en protección de los derechos humanos es una parte primordial e integral de todos los aspectos del entrenamiento que imparten los militares estadounidenses al personal tanto de los batallones como de la Brigada Antinarcóticos. Más aún, toda la asistencia de EE.UU. a las Fuerzas Armadas de Colombia se entrega estrictamente en concordancia con la "Enmienda Leahy", la cual exige que no se entregue asistencia a ninguna unidad de las fuerzas de seguridad donde existan pruebas creíbles de violación de derechos humanos. El Gobierno de EE.UU. está firmemente comprometido con esta norma de la ley estadounidense y tiene un proceso riguroso en marcha para verificar las acciones de las unidades que reciben ayuda de EE.UU.
El apoyo de EE.UU. al Plan Colombia incluye una importante financiación para la adquisición de helicópteros y apoyo a helicópteros de las Fuerzas Militares colombianas y de la Policía Nacional. Estos helicópteros dotan a las Fuerzas Armadas con la capacidad de transporte aéreo rápido para destruir laboratorios de droga, proteger misiones de erradicación y adelantar acciones de interdicción contra el narcotráfico. El apoyo estadounidense al Plan Colombia también incluye fondos para infraestructura y para mejorar el apoyo logístico a helicópteros, así como entrenamiento para pilotos y otros entrenamientos de helicópteros.
El apoyo de EE.UU. al Plan Colombia proporciona recursos significativos adicionales para la Policía Nacional de Colombia, la principal entidad del Gobierno colombiano encargada de ejecutar la ley, con funciones en erradicación de cultivos ilícitos y captura de narcotraficantes. Los recursos estadounidenses incluyen mayor apoyo a helicópteros y un avión adicional para erradicación, así como entrenamiento relacionado y apoyo en infraestructura.
La ayuda de EE.UU. al Plan Colombia apoya los esfuerzos colombianos en las áreas de erradicación de cultivos ilícitos y de interdicción. La ayuda de EE.UU. no incluye apoyo a la lucha contra la insurgencia en Colombia. El Secretario de Defensa de Estados Unidos ha dado órdenes claras a su personal prohibiendo cualquier participación en operaciones de combate. El Congreso de Estados Unidos ha limitado el número de personal militar estadounidense permitido en Colombia a un máximo de 500 en cualquier momento. De manera similar, el Congreso de Estados Unidos ha limitado el personal civil contratado en apoyo al Plan Colombia a 300. El personal militar de Estados Unidos proporciona entrenamiento, equipo y apoyo de inteligencia a las Fuerzas colombianas.
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Hechos y cifras en erradicación, apoyo al sur de Colombia y a la Policía Nacional de Colombia
Apoyo de EE.UU. a erradicación, incluyendo al sur de Colombia