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Actualizada: 13/VII/01
Importancia de la Iniciativa Regional Andina
Primero, quisiera suministrar unos antecedentes del origen de la Iniciativa presidencial. En julio de 2000, el Congreso aprobó una asignación suplementaria de US$1,3 billones para ampliar las actividades antinarcóticos en la región andina. De esa suma, aproximadamente un millardo, de los recursos de la Función 150 a través del Departamento de Estado, fue el aporte de Estados Unidos a lo que se ha conocido como Plan Colombia, un plan de acción colombiano abarcador e integrado, para abordar los complejos e interrelacionados problemas colombianos. La fase inicial de dos años del Plan Colombia se enfocó en la parte sur del país. Comenzó con una intensa ofensiva antinarcóticos en el sur del país, junto con la expansión de los programas sociales, de fortalecimiento institucional y de desarrollo alternativo. El Plan Colombia está bien adelantado y mostrando buenos y tempranos resultados. Además de controlar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, nuestra asistencia busca apoyar las reformas institucional y judicial, así como el progreso económico en una de las democracias más antiguas del Hemisferio. Miembros de Congreso, la comunidad de las ONG y otros observadores interesados habían expresado con anterioridad sus preocupaciones sobre aspectos relacionados con el apoyo del gobierno de Estados Unidos al Plan Colombia. Estas preocupaciones enfocaban particularmente en tres áreas: que no consultamos ampliamente al diseñar nuestro paquete de apoyo; que nos enfocamos demasiado en la seguridad y la administración de justicia y no suficiente en el desarrollo y la reforma institucional; y que nuestra asistencia estaba demasiado orientada hacia Colombia en comparación con el resto de la región. La Administración ha tomado en serio estas preocupaciones al formular la propuesta presidencial de la Iniciativa Regional Andina . La Iniciativa Regional Andina es el producto de consultas con los miembros de las comisiones y miembros del Congreso, con los gobiernos de la región y con otros países que son donantes potenciales e instituciones financieras internacionales. La Iniciativa Regional Andina aborda los tres temas que son la base de los retos que enfrenta la región: la democracia, el desarrollo y las drogas. LA Iniciativa Regional Andina equilibra la necesidad de abordar los retos que tiene Colombia con la prioridad de colaborar con el resto de la región para prevenir mayor propagación de los problemas colombianos o una recaída en áreas donde ya se ha logrado progreso. El Presidente ha propuesto US$882 millones entre los programas de la Función 150 para la Iniciativa Regional Andina . De los US$882 millones, US$731 millones son para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL) del Departamento de Estado, para financiar la Iniciativa Andina contra las Drogas. La Iniciativa Regional Andina también incluye financiación para programas relacionados como Fondos de Apoyo Económico (ESF), Ayuda para el Desarrollo (DA) y Supervivencia y Enfermedad Infantil (CSD), más una pequeña cantidad para el programa Financiación Militar en el Extranjero (FMF). La Iniciativa Regional Andina cubre programas en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, así como los programas y áreas en Panamá y Brasil más afectados por los problemas de la región y aquéllos en los cuales nuestra ayuda puede ser importante. Además de su equilibrio geográfico, nuestro presupuesto también tendrá equilibrio programático. Cerca del 50% del presupuesto de la Iniciativa Regional Andina será destinado a programas enfocados hacia el desarrollo y el apoyo a las instituciones democráticas. También son parte importante de la Iniciativa Regional Andina los programas de desarrollo económico y de creación de empleo mediante la expansión de oportunidades comerciales. El Área de Libre Comercio de las Américas (FTAA) puede ayudar a toda la región mediante el aumento de la inversión y la creación de empleo. De manera inmediata, la renovación y ampliación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA) puede suministrar a los campesinos y trabajadores alternativas reales a la producción y tráfico de droga, quienes se encuentran desesperados por encontrar medios para sostener a sus familias. Nuestro apoyo al Plan Colombia fue el primer paso para responder a la crisis en Colombia. La Iniciativa Regional Andina es la siguiente etapa del esfuerzo a largo plazo para combatir la amenaza de los narcóticos y enfrentar las causas subyacentes de la industria de las drogas y la violencia en Colombia, mientras se ayuda a los vecinos de Colombia a detener esos problemas en sus propios países. Su éxito es esencial para nuestros intereses nacionales en la promoción de instituciones democráticas fuertes, el aumento del comercio y las oportunidades de inversión para empresas y trabajadores estadounidenses y la reducción de la producción y tráfico de drogas que amenazan a nuestra sociedad. Mi colega de la USAID describirá en detalle el estado de nuestros proyectos en desarrollo alternativo. Sin embargo, quiero señalar que el desarrollo alternativo es una parte integral de nuestro plan para eliminar los cultivos ilícitos de coca y amapola en los Andes. Hemos tenido grandes programas de desarrollo alternativo en Bolivia y Perú por varios años y han sido bastante exitosos, combinados con programas agresivos de erradicación e interceptación, para producir una disminución de los cultivos de coca en esos países. Colombia está intentando repetir esos éxitos en el Plan Colombia al combinar la extensión de programas en desarrollo alternativo con erradicación aérea y actividades de interceptación en el sur del país, donde actualmente se encuentra la mayor concentración de cultivos de coca en el mundo. Es muy grato para mi informar que el Departamento de Estado está actuando rápidamente para llevar a cabo el apoyo al Plan Colombia. Trataré el tema del suministro de helicópteros, aeronaves para erradicación aérea y otros equipos, que se está ejecutando sin tropiezos. También describiré nuestro apoyo al programa de erradicación aérea del gobierno colombiano. Después quisiera tratar la propuesta que hemos presentado en la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2002, de incluir US$731 millones para la Iniciativa Andina Antinarcóticos de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos (INL), como parte de los US$882 millones de la Iniciativa Regional Andina. Esta iniciativa aborda de manera integral el flagelo de las drogas a los largo de la región andina, suministrando asistencia para el desarrollo social y económico así como para los esfuerzos antinarcóticos y de seguridad. Esperamos que este enfoque integral elimine el "efecto de globo" que observamos cuando se desarrollan programas país por país. Finalmente, explicaré nuestro apoyo la Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA).
En menos de un año, el Departamento de Estado ha comprometido aproximadamente el 75% de los US$1.018 millones de la asignación suplementaria para dos años al Plan Colombia. Al decir "comprometido" queremos decir que hemos contratado equipos o servicios, firmado acuerdos reembolsables con otras agencias u oficinas dentro del Departamento de Estado y contribuido a las Naciones Unidas. En conjunto, suman más de US$760 millones de la asignación suplementaria.
Pasando ahora a las entregas de equipos, puedo decir que se han hecho sin tropiezos, generalmente a tiempo. Inclusive algunos se han entregado antes de lo anticipado. Para el 10 de julio de 2001, el estado de las entregas de los helicópteros UH-60, UH-1N, Huey II y las aeronaves para erradicación aérea era el siguiente:
Las operaciones de erradicación del Plan Colombia se iniciaron el 19 de diciembre de 2000 en el departamento sureño de Caquetá y luego siguieron en el vecino departamento de Putumayo el 22 de diciembre. Luego las operaciones se trasladaron a zonas al norte y oriente del país. Algunos alegan que el glifosato usado en el programa de erradicación aérea ha tenido efectos secundarios sobre la salud de poblaciones expuestas. Primero, permítanme subrayar que el glifosato es uno de los herbicidas menos dañinos disponibles en el mercado mundial. El glifosato ha sido objeto de un exhaustivos estudios científicos que han demostrado que no es un riesgo para la salud humana. Es utilizado en Estados Unidos y en más de 100 países y ha sido rigurosamente comprobado como seguro para la salud de animales y humanos. Sin embargo, nos sentimos obligados a examinar esas afirmaciones que aseguran que está enfermando a la gente. La Oficina de Asuntos Narcóticos (NAS) con la colaboración del representante de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) en la Embajada en Lima está patrocinando un estudio sobre el tema. Un médico contratado por NAS (el toxicólogo más importante de Colombia) completó la evaluación y tratamiento de varios centenares de individuos en Putumayo el 20 de julio. Su informe no es completo, debido a que las evaluaciones son tan recientes. Sin embargo, el mismo doctor completó en mayo un estudio similar en el departamento de Nariño sobre los mismos presuntos tipos de problemas de salud en Putumayo, y encontró que los casos son inconsistentes con la exposición a glifosato. También descubrió que, de hecho, muchos de esos casos fueron reportados con mucha anterioridad a cualquier aspersión llevada a cabo en esa área. La escogencia de las fechas de operaciones de erradicación en Putumayo se basó en varios factores. Algunos factores eran las preocupaciones de tipo operativo como las condiciones climáticas. También se buscó que se desalentara el regreso de la fuerza migratoria de trabajo (los recolectores de hoja de coca llamados "raspachines") que generalmente pasa las fiestas de diciembre en sus hogares en otras partes del país. De manera importante, la escogencia de las fechas también correspondió a los esfuerzos para reclutar comunidades que quisieran participar en los programas de desarrollo alternativo. Aunque la intención del Gobierno colombiano de iniciar la erradicación en el sur del país fue bastante publicitada, las comunidades cocaleras en la región inicialmente mostraron muy poco interés en participar en los programas de desarrollo, prefiriendo continuar en la actividad ilícita. Las comunidades expresaron verdadero interés por abandonar sus actividades ilegales a cambio de ayuda, sólo después de los primeros esfuerzos de erradicación en Putumayo, los cuales demostraron la voluntad del Gobierno de Colombia por enfrentar el creciente problema de los cultivos de coca en la región. La financiación para estos programas ya estaba lista en el momento en que las fumigaciones comenzaron y, a medida que las comunidades se inscribieron en el programa, el proceso comenzó a diseñar paquetes de asistencia específicos para la comunidad. Se han incorporadp muchas salvaguardas a la selección de zonas que se erradicarán y constantemente se introducen mejoras al sistema. Y aunque el Departamento de Estado no selecciona las áreas para erradicar(esas decisiones son tomadas por el gobierno de Colombia), el Departamento, a través de la Oficina de Asuntos Narcóticos (NAS) de la Embajada en Bogotá, sí coordina esa selección y apoya los esfuerzos de la Policía Nacional. Según la ley colombiana, un Comité Técnico Interinstitucional de funcionarios del gobierno colombiano determina cuáles áreas del país pueden o no ser erradicadas. La Policía Nacional genera informes trimestrales de cálculos de cultivos ilícitos, sobrevolando las áreas buscando nuevos cultivos. Esta información es analizada para mayor exactitud por auditores técnico/ambientalistas y enviada al Comité Técnico Interinstitucional. La Dirección Nacional de Estupefacientes preside el Comité, que incluye representantes de la Policía Antinarcóticos, el Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Agricultura, el Programa Nacional de Desarrollo Alternativo, agencias ambientales regionales y auditores técnico/ambientales. La Policía Nacional notifica a la oficina de aviación de la NAS sus decisiones sobre cuáles áreas no pueden ser erradicadas. Las operaciones de erradicación luego son coordinadas y ejecutadas únicamente en las áreas aprobadas. Generalmente, se llevan a cabo vuelos de reconocimiento sobre áreas identificadas por la Policía Nacional en sus cálculos trimestrales de cultivos de coca. Con la ayuda del SATLOC, un sistema de posicionamiento global en aeronaves, estos vuelos identifican las coordenadas geográficas precisas donde se cultiva la coca. Las áreas con grandes concentraciones de coca son puestas en una mesa de navegación y un programa de computador define las líneas precisas de vuelo, calibrando el ancho de la aspersión y del tipo de avión que se debe utilizar. Una vez que el gobierno de Colombia aprueba la erradicación en ciertas áreas, los pilotos vuelan por las líneas predeterminadas y erradican la coca localizada allí. También se hacen todos los esfuerzos por proteger la agricultura legítima de daños causados por el programa de erradicación aérea. Las aeronaves de erradicaciónaplican el glifosato a baja altura sobre campos predeterminados, identificados por vuelos de reconocimiento anteriores. Las aeronaves llevan equipos de posicionamiento global para verificación computarizada, los cuales graban sus posiciones y el uso de los equipos de erradicación. Este sistema sirve para verificar que el glifosato está siendo aplicado de manera adecuada sobre las áreas propuestas. Después de erradicar, equipos conjuntos de Estados Unidos y Colombia visitan campos escogidos al azar, si lo permiten las condiciones de seguridad, para verificar que las plantas afectadas eran efectivamente de coca. Para mayor ayuda en la identificación de campos que no están sujetos a la erradicación aérea, el Gobierno de Colombia está actualmente produciendo un mapa integral digitalizado, el cual indicará las áreas exentas de erradicación. Aun más, el Gobierno de Colombia mantiene un sistema para compensar a los campesinos por daños causados por el programa. En los últimos meses, hemos alentado al gobierno colombiano a hacer más fluido el proceso y los esfuerzos han comenzado para educar mejor al público sobre esta opción. Visitas de campo recientes encontraron evidencia de que los cultivadores de coca en el sur de Colombia están utilizando químicos muy peligrosos como el paraquat. Esto nos preocupa ya que es un gran riesgo para las personas de la región. La indiferencia de los narcotraficantes por la salud humana y la seguridad ambiental de la industria ilegal de drogas va mucho más allá de los obvios ejemplos sobre envenenamiento de millones de consumidores con sus productos ilícitos. Incluye el arrasamiento de los bosques tropicales, la contaminación de los suelos y fuentes de agua con ácidos y sales químicas, la exposición de sus trabajadores y de ellos mismos a químicos potencialmente mortales, todo a nombre de las ganancias. Por ejemplo, la expansión de los cultivos, la producción y el tráfico de coca en Perú, Bolivia y Colombia ha tenido como resultado la destrucción de un mínimo de 2,4 millones de hectáreas de frágiles bosques tropicales en la región andina durante los últimos 20 años. Adicionalmente, el acto de refinación de la hoja de coca a cocaína crea daños ambientales significativos debido a la eliminación en forma irresponsable de grandes cantidades de químicos tóxicos utilizados en el proceso. Un estudio adelantado por la Administración para Control de Drogas (DEA) en 1993 sobre la producción de cocaína en la región del Chapare en Bolivia demostró que la producción de un kilo de base de cocaína requería el uso de tres litros de ácido sulfúrico concentrado, 10 kilos de cal, de 60 a 80 litros de kerosén, 200 gramos de permanganato de potasio y un litro de amoníaco concentrado. Los procesadores eliminan indiscriminadamente estos productos venenosos, con frecuencia vertiéndolos al río más cercano donde el potencial de daño aumenta. También eliminan estos químicos en el suelo, donde pueden filtrarse hacia las fuentes de agua. Un informe de la Universidad Nacional Agraria en Lima, Perú calculó que alrededor de 600 millones de litros de los llamados precursores químicos son usados anualmente en América del Sur para la producción de cocaína. Esto se traduce en más de dos toneladas métricas de desperdicios generados por cada hectárea de coca procesada para producir cocaína. Estas preocupaciones ambientales son otra razón por la cual debemos continuar con los esfuerzos por ayudar a los gobiernos de la región andina en su continua lucha contra la industria del narcotráfico.
En la incapacidad del gobierno de Colombia para prevenir la violencia de los grupos ilegales armados (las FARC, el ELN y las paramilitares, AUC), es el origen de los problemas de derechos humanos en Colombia. A pesar de continuas debilidades institucionales, la administración Pastrana ha hecho un esfuerzo mayor que gobiernos anteriores para mejorar el desempeño del Estado en materia de derechos humanos. El Gobierno de Colombia ha establecido mayor responsabilidad al personal militar por crímenes contra los derechos humanos. Ha asumido el reto de cortar los nexos secretos entre miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares. Recientemente, las fuerzas de seguridad lograron éxitos significativos contra los paramilitares, destruyendo columnas armadas, arrestando líderes claves e investigando a quienes han ofrecido respaldo financiero a las AUC. Ciertamente, estos éxitos colombianos pueden haber ocasionado las recientes disputas internas dentro de las AUC, entre quienes proponen mayor retaliación contra el gobierno de Colombia y quienes prefieren continuar con la práctica general de las AUC de no atacar las tropas, policía y funcionarios colombianos. El jefe de las AUC, Carlos Castaño, renunció como líder militar y se convirtió en co-líder del brazo político, posiblemente queriendo distanciarse de las continuas atrocidades cometidas por elementos de las AUC. A pesar de algunos éxitos recientes contra los paramilitares, es necesario un continuo compromiso del gobierno de Colombia contra la impunidad de los paramilitares y sobre otros temas de derechos humanos. El nombramiento hecho por el presidente Pastrana del vicepresidente Gustavo Bell como Ministro de Defensa fue aclamado por muchos, incluyendo a Estados Unidos, debido a la experiencia del Vicepresidente Bell en la coordinación de la política de derechos humanos. Sin embargo, dada su relativa poca experiencia en asuntos militares, la efectividad general de Bell falta por verse.
La región andina representa un reto y una gran oportunidad para la política exterior de Estados Unidos en los próximos años. Importantes intereses nacionales de Estados Unidos están en riesgo. La democracia se encuentra bajo presión en todos los países andinos. El desarrollo económico es lento y el progreso hacia la liberalización es inconsistente. En los Andes se produce virtualmente toda la cocaína del mundo y una creciente cantidad de heroína; por lo tanto representan una amenaza directa a nuestra salud pública y nuestra seguridad nacional. Todos estos problemas están interrelacionados. Las economías estancadas producen desórdenes políticos que amenazan la democracia y suministran mano de obra para los narcotraficantes y los grupos armados ilegales. Las instituciones democráticas débiles, la corrupción y la inestabilidad política desalientan la inversión, contribuyen al lento crecimiento económico y son tierra fértil para que narcotraficantes y otros grupos al margen de la ley florezcan. El narcotráfico tiene una influencia corruptora que socava las instituciones democráticas, alimenta a los grupos armados ilegales y distorsiona la economía, desalentando la inversión legítima. Ninguno de los problemas de la región puede enfrentarse de manera aislada. De los US$882 millones solicitados para la Iniciativa Regional Andina, US$731 millones son para la Iniciativa Andina Antinarcóticos de la INL. Nuestras metas en los Andes son:
Ninguna nación de esta región está libre del narcotráfico o de los daños relacionados de otras formas de crimen y corrupción. Para combatir estos problemas nosotros proponemos una política regional versus una política centrada en Colombia y un paquete integral que reúne la democracia y el desarrollo, así como iniciativas antidrogas. Por esta razón, planeamos asignar casi la mitad de los US$731 millones de esta Iniciativa en países diferentes a Colombia. Al hacerlo buscamos reforzar los esfuerzos exitosos y el tremendo progreso antinarcóticos en países como Perú y Bolivia, mientas se previene una mayor expansión del problema del narcotráfico hacia otros países de la región como Brasil, Panamá, Venezuela y Ecuador. Además de asegurar un balance regional, la Iniciativa Regional Antinarcóticos abarca también nuestras tres metas señaladas: antinarcóticos, desarrollo económico y apoyo a las instituciones democráticas. El presupuesto total de la Iniciativa Regional Andina de US$882 millones se divide por mitades aproximadamente entre programas antinarcóticos y programas de desarrollo alternativo y apoyo a las instituciones democráticas. El componente de la Iniciativa Andina Antinarcóticos (US$731 millones) se divide 60/40 entre actividades antinarcóticos y actividades de desarrollo/democracia. US$293 millones del presupuesto de la Iniciativa Andina Antinarcóticos se destinarán a programas de desarrollo alternativo y de apoyo a las instituciones democráticas. Todos los vecinos de Colombia se encuentran preocupados por la posibilidad de un "derrame", específicamente, que la presión ejercida por el Gobierno de Colombia en el sur del país tenga como resultado la huida de refugiados, guerrilleros, paramilitares y/o narcotraficantes a través de la fronteras porosas hacia otros países. Trabajaremos con los países de la región para fortalecer su capacidad de enfrentar estos potenciales "derrames". Trabajaremos con los gobiernos de Perú y Bolivia para continuar con la reducción de cultivos de coca a través de una combinación de erradicación, interceptación y desarrollo alternativo. En todos los países trabajaremos por fortalecer las instituciones democráticas y locales para atacar las redes de tráfico que mueven precursores químicos, dinero, documentos falsos y personas. Debido a que creemos que el Plan Colombia tendrá como resultado la interrupción masiva de la industria de la cocaína, el enfoque regional de la Iniciativa Andina Antinarcóticos se convierte cada vez más en un imperativo. Los traficantes intentarán, indudablemente, reubicarse a medida que sus operaciones en el sur de Colombia se destruyen. Creemos que ellos tratarán primero de reorganizarse en otras áreas de Colombia; luego tratarán de volver a las áreas tradicionales de cultivo en Perú y Bolivia. Y si estas opciones son interceptadas, ellos seguramente intentarán trasladar más cultivos, procesamiento y/o rutas de tráfico hacia otros países como Ecuador, Brasil o Venezuela. Las naciones de la región ya están fuertemente comprometidas con las principales áreas de preocupación: democratización, desarrollo económico y antinarcóticos. Todas han destinado porcentajes significativos de sus presupuestos anuales a estas áreas y están dispuestas a colaborar con nosotros en el diseño e integración de programas exitosos. Es imposible conseguir cifras exactas, pero las naciones de la región están destinando miles de millones de dólares en esfuerzos para el desarrollo económico, la democratización y la lucha antinarcóticos. Por ejemplo, Ecuador ha establecido una Iniciativa de la Frontera Norte para promover mayor seguridad y desarrollo en la zona fronteriza con Colombia. Brasil ha lanzado la Operación Cobra que es un esfuerzo de administración de justicia concentrado en la región noroeste limítrofe con Colombia. Bolivia ha estado atacando la producción de drogas a través de su Plan Dignidad y está desarrollando una estrategia integral de reducción de la pobreza. Colombia continúa en la búsqueda de cumplir sus objetivos bajo Plan Colombia. Panamá ha tomado medidas específicas para mejorar la seguridad y el desarrollo en la región del Darién. El nuevo gobierno peruano ha hecho de las reformas a sus instituciones democráticas su prioridad nacional y continúa adelantando de manera agresiva sus misiones antinarcóticos. En Venezuela, las autoridades locales han cooperado admirablemente en operaciones de interceptación de drogas, ilustrado por la cifra récord de incautaciones logradas el año pasado durante la Operación Orinoco. La Iniciativa Andina Antinarcóticos también incorporará programas para suministrar ayuda humanitaria a desplazados, para ayudar a los pequeños agricultores y a los trabajadores rasos de coca a encontrar alternativas legítimas al comercio de drogas y para fortalecer la gobernabilidad, el imperio de la ley y los derechos humanos.
La renovación de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina (ATPA) es quizá la mayor contribución a corto plazo para el crecimiento económico y la prosperidad en los Andes. Al renovar el ATPA y expandir sus beneficios, podemos continuar suministrando alternativas económicas al narcotráfico en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. El ATPA ya ha tenido éxito en esos campos sin un impacto económico negativo para Estados Unidos. La justificación original para esa legislación todavía existe, pero la Ley vence en diciembre y, claramente, debería ser renovada lo antes posible. La renovación del ATPA serviría para fortalecer la credibilidad de los gobiernos democráticamente elegidos de la región y suministrarles claras demostraciones de los beneficios de continuar cooperando en la lucha antinarcóticos. También detendría el potencialmente dañino éxodo de industrias estadounidenses que se habían trasladado a la región cuando el ATPA se estableció. Agradezco la oportunidad que me han brindado para hablar ante ustedes hoy y deseo responder a las preguntas que los miembros de la Comisión puedan tener.
(In the text, "billion" equals "thousand million")
First, I'd like to provide you background on the origin of the
President's Initiative. In July 2000, Congress approved a $1.3 billion
supplemental appropriation to carry out enhanced counternarcotics
activities in the Andean region. Of that amount, approximately $1
billion in Function 150 funding through the State Department was the
U.S. contribution to what has become known as Plan Colombia, a
comprehensive, integrated, Colombian action plan to address Colombia's
complex and interrelated problems. The initial two-year phase of Plan
Colombia focused on the southern part of the country. It began with an
intensive counternarcotics push into southern Colombia, along with the
expansion of programs aimed at social action and institutional
strengthening, and alternative development. Plan Colombia is now well
underway and showing good early results. In addition to stemming the
flow of narcotics entering the U.S., our assistance is intended to
support institutional and judicial reform, as well as economic
advancement, in one of this hemisphere's oldest democracies.
Members of Congress, the NGO community, and other interested observers
had previously expressed concerns regarding aspects of U.S. government
support to Plan Colombia. Those concerns focused particularly on three
areas: that we did not consult widely enough in putting together our
support package; that we focused too much on security and law
enforcement, and not enough on development and institutional reform;
and that our assistance was too heavily oriented toward Colombia as
compared to the rest of the region.
The Administration has taken to heart those concerns in formulating
the President's proposed Andean Regional Initiative (ARI). ARI is the
product of consultations with the staffs of committees and Members of
Congress, with the governments of the region, and with other potential
donor countries and international financial institutions. ARI
addresses the three issues that lie at the heart of the challenges
facing the region: democracy, development, and drugs. ARI balances the
need to address the continuing challenges in Colombia with the
competing priority of working with the rest of the region to prevent a
further spreading of Colombia's problems or backsliding in areas where
progress already has been made.
The President has proposed $882 million in Function 150 programs for
the ARI. $73 1 million of the $882 million in ARI is for the
Department's Bureau for International Narcotics and Law Enforcement
Affairs (INL) funding of the Andean Counterdrug Initiative (ACI). The
ARI also includes funding for relevant Economic Support Funds (ESF),
Developmental Assistance (DA), and Child Survival and Disease (CSD)
programs, plus a small amount of Foreign Military Financing (FMF). The
ARI covers programs in Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, and
Venezuela, and those areas and programs in Panama and Brazil most
affected by the region's problems and those where our assistance can
best make a difference. In addition to being balanced geographically,
our budget will likewise be balanced programmatically. About 50
percent of the ARI budget will be devoted to programs focused on
development and support for democratic institutions. Integral to ARI
as well are the economic development and job creation afforded by
expanded trade opportunities. The Free Trade Area of the Americas
(FTAA) can help the entire region through increased investment and job
creation. More immediately, renewal and enhancement of the Andean
Trade Preferences Act (ATPA) can provide real alternatives to drug
production and trafficking for farmers and workers desperate for the
means to support their families.
Our support to Plan Colombia was the first step in responding to the
crisis underway in Colombia. The Andean Regional Initiative is the
next stage of along-term effort to address the threat of narcotics and
the underlying causes of the narcotics industry and violence in
Colombia, while assisting Colombia's neighbors to ward off those same
dangers in their own countries. Their success is vital to our own
national interests in promoting the spread of strong democratic
institutions, the enhancement of trade and investment opportunities
for U.S. businesses and workers, and the reduction of narcotics
production and trafficking that threaten our society.
My USAID colleague will describe in detail the status of our
alternative development projects. However, I want to point out that
alternative development is an integral part of our plan for weeding
out illicit coca and poppy cultivation in the Andes. We have had large
alternative development programs in Bolivia and Peru for many years,
and they have been quite successful, combining with aggressive
eradication and interdiction programs to produce significant declines
in the coca crops of those countries. Colombia is trying to replicate
that success in Plan Colombia, combining a substantially expanded
alternative development program with aerial eradication and
interdiction activities in southern Colombia, currently the largest
concentration of coca cultivation in the world.
I am pleased to report that the Department is moving quickly to
implement our support to Plan Colombia. Below, I will discuss delivery
of helicopters, aerial spray aircraft, and other equipment, which is
proceeding smoothly. I will also describe our support for the
Colombian government's aerial spraying program.
I'd then like to discuss the proposal we .have submitted in our FY
2002 budget request for INL's $731 million Andean Counterdrug
Initiative (ACI), as part of the larger $882 million ARI. This
initiative addresses holistically (providing assistance for social
and economic development as well as for counternarcotics and security
efforts) the narcotics scourge throughout the Andean region. We are
hopeful that this macro-approach will eliminate the "balloon effect"
which we observe when programs are developed country by country.
Finally, I will note our support for the ATPA.
In less than one year, the Department has "committed" approximately 75
percent of the $1.018 billion two-year Plan Colombia Supplemental. By
"committed," we mean that we have contracted for equipment or
services, signed reimbursable agreements with other agencies or
bureaus within the Department, and contributed to the UN. Taken
together, these "commitments" total more than $760 million of the
Supplemental.
Turning now to our equipment deliveries, I can say that they have
proceeded smoothly, generally adhering to the anticipated schedules.
Some have even been accelerated from their original estimates. As of
July 10, 2001, the status of UH-60, UH-1N, Huey-II and spray planes is
as follows:
Plan Colombia-related aerial spray operations began on December 19,
2000 in the southern department of Caqueta and moved into neighboring
Putumayo on December 22. Operations later shifted to the northern and
eastern parts of the country.
Some allege that the glyphosate used in the spray program results in
health side-effects to exposed populations. First, let me stress that
glyphosate is one of the least harmful herbicides available on the
world market. Glyphosate has been the subject of an exhaustive body of
scientific literature which has shown that it is not a health risk to
humans. It is used throughout the United States and over 100 other
countries and has been rigorously tested for safety for animals and
humans. Nonetheless, we feel compelled to probe assertions that it is
making people sick. The NAS, with assistance from our regional EPA
representative in Embassy Lima, is sponsoring a study on the issue. A
NAS contracted physician (Colombia's leading toxicologist)
completed evaluation and treatment of several hundred individuals in
Putumayo on June 20. His report is not complete, since the evaluations
were so recently done. However, the same physician completed a similar
study in Nariño Department in May, concerning the same types of health
problems as alleged in Putumayo, and found the several cases that he
reviewed to be inconsistent with glyphosate exposure. He also
discovered that, in fact, many of the cases were reported well before
any aerial spraying was conducted in the area.
The timing of spray operations in Putumayo was based on a number of
factors. Some were operational concerns, such as seasonal weather
conditions. The timing of operations was also meant to discourage the
return of an itinerant labor pool (coca leaf pickers or raspachines)
who generally spend the December holidays at their homes in other
parts of the country. Importantly, the timing also corresponded with
efforts to recruit communities to enroll in development programs.
While the intent of the Colombian government to conduct eradication in
southern Colombia was well publicized, coca growing communities in the
region initially showed little interest in participating in
development programs, preferring instead to continue their illicit
activity. Only after those initial spray efforts in Putumayo, which
demonstrated the government of Colombia's resolve to address the
growing problem of coca cultivation in the region, did these
communities express real interest in abandoning their illegal
activities in exchange for assistance. Funding was already in place
for these programs at the time spray operations began and, as each
community signed up for the program, the process began to tailor
community-specific assistance packages.
Many safeguards are built into the selection of spray targets and
further improvements are constantly being made to the system. And
while the Department of State does not select the spray locations,
(those decisions are made by the government of Colombia), the
Department, through the Narcotics Affairs Section (NAS) of U.S.
Embassy Bogota, does consult on the selection and supports the
Colombian National Police (CNP) efforts.
According to Colombian law, an Inter-Institutional Technical Committee
(ITC) of Colombian government officials determines what areas of the
country may or may not be sprayed. The CNP generates quarterly
estimates of the illicit coca crop by flying over coca growing regions
on at least a quarterly basis to search for new growth and to generate
an estimate of the illicit coca crop. This information is reviewed for
accuracy by technical/environmental auditors and is passed on to the
ITC. The Directorate of Dangerous Drugs (DNE) chairs the ITC, which
includes representatives from the Anti-Narcotics Police, Ministry of
the Environment, the National Institute of Health, the National
Institute of Agriculture, the National Plan for Alternative
Development (PLANTE), regional environmental agencies, and
technical/environmental auditors. The CNP notifies the NAS Aviation
Office of all decisions as to which areas may not be sprayed. Spray
operations are then coordinated and conducted in approved areas only.
Generally, reconnaissance flights are conducted over areas identified
by the CNP in their quarterly coca crop estimates. With the use of
SATLOC, an aircraft-mounted global positioning system, these flights
identify the precise geographical coordinates where coca is being
grown. Areas with large concentrations of coca are then plotted, and a
computer program sets up precise flight lines; calibrated for the
width of the spray swath of the spray plane to be used. Once the
government of Colombia has approved spraying in a given area, spray
pilots then fly down those prescribed flight lines and spray the coca
located there.
Also, every effort is made to protect legitimate farming operations
from possible damage from the aerial spray program. The spray aircraft
apply glyphosate at low altitude against predetermined fields,
identified by earlier reconnaissance. The planes carry computerized
GPS monitoring equipment that records their position and the use of
the spray equipment. This system serves to verify that glyphosate is
being accurately applied to intended areas. After spraying, combined
U.S.-Colombian teams also visit randomly chosen fields, security
permitting, to verify that the treated plants were indeed coca. To
further aid in the identification of fields not subject to aerial
eradication, the government of Colombia is currently working to
produce a comprehensive digitized map indicating exempted areas.
Furthermore, the government of Colombia maintains a system to
compensate farmers for damages caused by the program. Over the past
few months, we have encouraged the Colombian government to streamline
the process and efforts have begun to better educate the public about
that option.
Recent field visits encountered evidence that coca growers in southern
Colombia are using dangerous chemicals, such as paraquat. That is a
concern to us as it presents a very real risk to the people of the
region. The traffickers' utter disregard for human health and
environmental security that pervades the illegal drug industry goes
beyond the obvious examples of poisoning millions of drug consumers
with their illegal products. It includes the clear cutting of rain
forest; the contamination of soil and watersheds with acids and
chemical salts; and the exposure of their workers and themselves to
potentially deadly chemicals, all in the name of profit.
For example, the expansion of coca cultivation, production, and
trafficking in Peru, Bolivia and Colombia has resulted in the
destruction of, at an absolute minimum, 2.4 million hectares of the
fragile tropical forest in the Andean region over the last 20 years.
In addition, the very act of refining raw coca leaves into finished
cocaine creates significant environmental damage because of the
irresponsible disposal of large amounts of toxic chemicals used in the
process. A study conducted by the U.S. Drug Enforcement Administration
(DEA) in 1993 of cocaine production in the Chapare region of Bolivia
showed that production of one kilo of cocaine base required the use of
three liters of concentrated sulfuric acid, ten kilos of lime, 60 to
80 liters of kerosene, 200 grams of potassium permanganate, and one
liter of concentrated ammonia. Processors discard these poisonous
waste products indiscriminately, often dumping them into the nearest
waterway, where the extent of damage is greatly increased. They also
may dump these chemicals on the ground, where as point sources, they
may infiltrate through the soil to groundwater. A report from the
National Agrarian University in Lima Peru estimated that as much as
600 million liters of so-called precursor chemicals are used annually
in South America for cocaine production. This translates to more than
two metric tons of chemical waste generated for each hectare of coca
processed to produce cocaine.
These environmental concerns are another reason why we must continue
in our efforts to help the governments of the Andean region in their
ongoing struggle against the narcotics industry.
The Government of Colombia's inability to prevent violence by the
three illegal armed groups (the FARC, ELN and the paramilitary AUC),
is at the root of Colombia's human rights woes. Despite continuing
institutional weakness, the Pastrana Administration has made a far
greater effort than previous governments to improve the state's human
rights performance. The Government of Colombia has instituted greater
human rights accountability for human rights crimes committed by
military personnel. It has tackled the challenge of severing covert
links between security force personnel and paramilitaries. Recently,
Colombian security forces have scored significant successes against
paramilitaries, shattering armed columns, arresting key leaders, and
targeting major AUC financial backers for investigation. Indeed, these
Colombian successes may have provoked recent AUC internal discord
between those factions advocating retaliation against the Government
of Colombia, and those which prefer to continue the AUC's general
practice of not targeting Colombian troops, police, or officials. AUC
leader Carlos Castano resigned from overall military command of the
AUC to become the co-leader of its political arm, possibly hoping to
distance himself from continuing atrocities by AUC elements.
In spite of some significant recent successes against the
paramilitaries, continued engagement with the Government of Colombia
on paramilitary impunity and other human rights issues is necessary.
Pastrana's appointment of Vice President Gustavo Bell to serve
concurrently as Defense Minister received plaudits from many,
including the U.S. due to Bell's vice presidential experience
coordinating Colombian human rights policy. Still, given his relative
inexperience with military matters, Bell's overall effectiveness
remains to be seen.
The Andean region represents a significant challenge and opportunity
for U.S. foreign policy in the next few years. Important U.S. national
interests are at stake. Democracy is under pressure in all of the
countries of the Andes. Economic development is slow and progress
towards liberalization is inconsistent. The Andes produces virtually
all of the world's cocaine, and an increasing amount of heroin; thus
representing a direct threat to our public health and national
security. All of these problems are inter-related. Sluggish economics
produce political unrest that threatens democracy and provides ready
manpower for narcotics traffickers and illegal armed groups. Weak
democratic institutions, corruption and political instability
discourage investment, contribute to slow economic growth and provide
fertile ground for drug traffickers and other outlaw groups to
flourish. The drug trade has a corrupting influence that undermines
democratic institutions, fuels illegal armed groups and distorts the
economy, discouraging legitimate investment. None of the region's
problems can be addressed in isolation.
Of the $882 million Andean Regional Initiative (ARI) request, $731
million is for INL's Andean Counterdrug Initiative (ACI). Our goals in
the Andes are to:
No nation in the region is free of trafficking or the attendant ills
of other crime forms and corruption. To combat these ills, we propose
a regional versus Colombia-centric policy and a comprehensive and
integrated package that brings together: democracy and development as
well as drug initiatives.
For this reason, we plan to allocate almost one-half of the requested
$731 million for this initiative to countries other than Colombia. In
so doing, we intend to bolster the successful efforts and tremendous
progress we have made in counter-narcotics in countries such as Peru
and Bolivia, while preventing the further expansion of the drug
trafficking problem into other countries of the region, such as
Brazil, Panama, Venezuela and Ecuador.
In addition to ensuring regional balance, the ACI also spans all three
of our stated goals - counter-narcotics, economic development, and
support for democratic institutions. The full ARI budget of $882
million breaks into an approximately 50/50 split between
counter-narcotics and alternative development/institution-building
programs. Its ACI component ($731 million) breaks into a 60/40
(counter-narcotics vs. development/democracy) split. $293 million of
the ACI budget will be devoted to programs focused on alternative
development and support for democratic institutions.
All of Colombia's neighbors are worried about the possibility of
"spillover," specifically that the pressure applied by the government
of Colombia (GOC) in southern Colombia will result in the flight of
refugees, guerrillas, paramilitaries and/or narcotics traffickers
across porous borders into other countries. We will work with the
countries of the region to strengthen their capacity to cope with
potential outflows. In Peru and Bolivia, we will work with those
governments to continue their reductions in coca through a combination
of eradication, interdiction, and alternative development. In all
countries, we will work to strengthen democracy and local institutions
in order to attack trafficking networks which move precursors, money,
fraudulent documents and people.
Since we believe Plan Colombia will result in major disruption of the
cocaine industry, ACI's regional approach becomes even more of an
imperative. Traffickers will undoubtedly try to relocate as their
operations in southern Colombia are disrupted. We believe they will
first try to migrate to other areas inside Colombia, then try to
return to traditional growing areas in Peru and Bolivia. But if those
options are forestalled, they may well seek to move more cultivation,
processing and/or trafficking routes into other countries such as
Ecuador, Brazil or Venezuela.
The nations of the region are already heavily committed in all three
of the major areas of concern: democratization, economic development
and counter-narcotics. All devote significant percentages of their
annual budgets to these areas, and are willing to work with us in the
design and integration of successful programs. Exact figures are
impossible to come by, but the nations of the region in total are
committing billions of dollars to economic development,
democratization and counter-narcotics efforts. For example; Ecuador
has established a Northern Border Initiative to promote better
security and development in the region bordering Colombia. Brazil has
launched Operation Cobra, a law enforcement effort concentrated in the
Dog's Head region bordering Colombia. Bolivia has been attacking drug
production through its Dignity Plan and is developing a comprehensive
poverty reduction strategy. Colombia continues to pursue its
commitments under Plan Colombia. Panama has taken concrete steps to
improve security and development in the Darien region. The new
Peruvian government has made reform of democratic institutions a
national priority, and continues to pursue aggressively the
counter-narcotics missions. In Venezuela, local authorities have
cooperated admirably on drug interdiction, exemplified by last year's
record multi-ton seizure during Operation Orinoco.
Programs to provide humanitarian relief for displaced persons, to help
small farmers and low-level coca workers find legitimate alternatives
to the drug trade, and to strengthen governance, the rule of law, and
human rights will also be incorporated into the ACI.
Renewal of the Andean Trade Preferences Act (ATPA) is perhaps the
single largest short-term contribution to economic growth and
prosperity in the Andes. By renewing the Act and expanding its
benefits, we can continue to provide economic alternatives to
narcotics trafficking in Bolivia, Peru, Ecuador and Colombia. The Act
has already succeeded in doing so without adverse economic impact for
the U.S., The original justification for the legislation still stands,
but it expires at the end of the year, and should clearly be renewed
at the earliest possible date. ATPA renewal would serve to strengthen
the credibility of democratically-elected governments in the region
and provide them with a clear demonstration of the benefits of
continuing to cooperate on counter-narcotics. It would also halt a
potentially crippling exodus of U.S. industries that relocated to the
region when ATPA was established.
I appreciate the opportunity you have given me to speak to you today,
and I look forward to responding to questions which members of the
Committee may have. |
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