La política antinarcóticos de EE.UU. en Colombia procura ayudar a los derechos humanos

William Brownfield
Vicesecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental
publicado el 30 de abril de 2001 en el Philadelphia Inquirer

Colombia atraviesa una grave crisis. Un conflicto civil que perdura desde hace décadas, ahora alimentado por los enormes ingresos provenientes de las drogas ilícitas, socava la democracia y la estabilidad. Las ganancias procedentes de los narcóticos llenan las arcas de la guerrilla y los paramilitares responsables, de la gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos. La economía se ha venido abajo por culpa de la violencia, del desempleo, de la confianza decreciente de los inversionistas y de la inestabilidad.

Para resolver esos problemas, el presidente colombiano Andrés Pastrana elaboró un amplio plan para la paz y el desarrollo, denominado "Plan Colombia". Estados Unidos respalda enérgicamente ese esfuerzo, siendo el componente básico de nuestra ayuda un paquete de US$1.300 millones, aprobado el año pasado por el Congreso con amplio respaldo bipartidista.

El apoyo de Estados Unidos busca la reducción sustancial de la producción y tráfico de cocaína y heroína originarias de Colombia, pero también contiene unos US$230 millones en ayuda para mejorar la protección de los derechos humanos y la administración de justicia, la preservación ambiental y el fomento del desarrollo económico.

Con frecuencia el apoyo de Estados Unidos a Colombia se ha interpretado mal. Algunos críticos han dicho que la erradicación aérea de los cultivos ilícitos es indiscriminada, que afecta a la gente, mata animales y hace daño ambiental. Otros lanzan la acusación de que las políticas de Estados Unidos agravan los problemas de derechos humanos y han resultado en una enorme cantidad de desplazados. Estas versiones carecen de veracidad.

El Plan Colombia es un plan a favor de la paz y el desarrollo; Estados Unidos apoya firmemente esas metas, tal como lo señaló el Presidente Bush en su reunión del 27 de febrero con el Presidente Pastrana. No puede haber solución militar a los males de Colombia. Más bien, los factores que fomentan la violencia y el incumplimiento de la ley (las drogas ilícitas, la pobreza, el conflicto civil y las débiles instituciones gubernamentales) deben ser enfrentados simultáneamente.

Una importante faceta del Plan Colombia involucra el esfuerzo para erradicar los cultivos de coca y la amapola, materias primas de la cocaína y la heroína que llegan ilegalmente a Estados Unidos. Se prefiere el enfoque de que quienes hacen esos cultivos erradiquen voluntariamente sus cosechas. Si no lo hacen, se requiere la erradicación aérea, un esfuerzo con ayuda de Estados Unidos.

Las áreas de erradicación aérea se seleccionan cuidadosamente, y se controlan estrictamente. La erradicación aérea se concentra en los cultivos a escala industrial, no en quienes cultivan en pequeña escala. El agente utilizado para la erradicación aérea es el herbicida glifosato. En 1974, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) aprobó el uso general del glifosato y actualmente se emplea en más de 100 países, incluyendo el nuestro. Es uno de los herbicidas menos perjudiciales que hay en el mercado mundial.;no contamina el agua. Las versiones que dicen que el glifosato causa daños humanos, animales y ambientales no tienen fundamento.

Irónicamente, el daño ambiental que se ha hecho en Colombia (como en Perú y Bolivia) no se debe a los esfuerzos contra las drogas ilícitas, sino a los mismos narcotraficantes. Miles de hectáreas de bosques tropicales han sido arrasadas y quemadas para despejar terreno para cultivos de coca y amapola. Año tras año, los traficantes vierten en los ríos y arroyos de la región toneladas de productos químicos altamente tóxicos usados para procesar la cocaína.

Los esfuerzos contra las drogas ilícitas han resultado en el desplazamiento de muy poca gente desde que comenzó la campaña de erradicación aérea en el sur de Colombia. La violencia de la guerrilla y los paramilitares, por otro lado, ha causado el desplazamiento interno de cientos de miles de colombianos.

El apoyo de Estados Unidos al Plan Colombia tiene el propósito de mejorar la deficiente situación de los derechos humanos en ese país. Nuestro paquete de ayuda incluye US$119 millones para proteger los derechos humanos y reformar el sistema judicial. Los programas contra las drogas ilícitas no solamente atacan a los narcóticos sino también a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos causadas por ellos. Es más, ninguna ayuda de Estados Unidos puede entregársele a una unidad militar o de la policía colombiana sobre la cual pesen denuncias creíbles de graves violaciones de los derechos humanos.

El Plan Colombia y el apoyo de Estados Unidos van más allá de las medidas contra las drogas ilícitas. Pero es importante que los estadoounidenses reconozcan los vínculos que hay entre las drogas ilícitas, la violencia y el terrible costo que significa la violencia para los derechos y el bienestar de todos los colombianos. Por ser un vecino democrático, Colombia merece nuestro apoyo.

Philadelphia, Pennsylvania
30 de abril de 2001