Inauguración de la Oficina Piloto de Defensa Pública y Sala de Capacitación

El Defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez Ortiz, y el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia, Mike Deal, participaron hoy en la inauguración de la Oficina Piloto de Defensa Pública y Sala de Capacitación. Este proyecto del Plan Colombia, es un esfuerzo conjunto de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, a través de la USAID.

Desde que se inició el Plan Colombia en el año 2000, Estados Unidos ha asignado más de US $450 millones a programas para apoyar la democracia, el desarrollo alternativo y brindarle ayuda a los desplazados y a otros grupos vulnerables. En el área de la democracia, ya se han comprometido US $49 millones para mejorar la administración de justicia, el respeto de los derechos humanos, la trasparencia y la responsabilidad en el gobierno y para apoyar iniciativas que promuevan la paz.

Como parte del programa de justicia, estas instalaciones permitirán por primera vez en el país, la aplicación cotidiana del proyecto de Sistema Nacional de Defensoría Pública y la capacitación continua para la Defensoría Pública en el nuevo sistema acusatorio. El Acto Legislativo 03 de 2002 establece las bases fundamentales para la adopción del Sistema Penal Acusatorio en el país; impone, al mismo tiempo, modificaciones al esquema tradicional de investigación y juzgamiento en materia penal, con el fin de salvaguardar el derecho a una defensa técnica, según lo establecido en tratados internacionales a los cuales se ha adherido Colombia.

La Oficina Piloto de Defensa Pública está compuesta por un supervisor, 15 defensores públicos, un investigador, dos asistentes administrativos y ocho abogados. Además, la sala de capacitación servirá para simulación de una sala de justicia y como salon de clases para entrenar defensores públicos y a otros, en procedimientos acusatorios y para practicar técnicas adversariales.

Durante la inauguración el director Deal dijo que “El precepto fundamental de este sistema acusatorio es el equilibrio, el cual exige la igualdad entre todos los actores del proceso penal: los jueces, los fiscales, los procuradores y, por supuesto, los defensores públicos. Ese equilibrio será lo único que garantice el armonioso funcionamiento del sistema y la protección de los derechos y garantías procesales que les corresponden a todos los ciudadanos”.

Bogotá, D.C.,
1 de diciembre de 2003