31 individuos acusados en una investigación en curso sobre el lavado de narco-dineros provenientes de la industria cambiaria

Roslynn R. Mauskopf, Procuradora de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York; Martin D. Ficke, agente especial encargado (Nueva York) de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (Bureau of Immigration and Customs Enforcement, ICE) y Paul L. Machalek, agente especial de la Oficina de Impuestos del Departamento del Tesoro (IRS), Investigación Criminal, Nueva York, anunciaron la apertura de cargos contra 31 acusados por el lavado de más de US$1,5 millones de narco-dineros provenientes de compañías de fachada ubicadas en Queens y Long Island. Los fondos fueron enviados directamente a Colombia a través de giros electrónicos, o fueron cambiados por giros postales. Los acusados arrestados comparecerán en una audiencia preliminar programada ante el Juez William D. Wall, Magistrado de Estados Unidos, en el Palacio de Justicia de Estados Unidos, Federal Plaza, Central Islip, Nueva York.

Antecedentes

Los cargos y los arrestos forman parte de una investigación en curso que se le realiza a los dineros de la industria cambiaria y al uso que le dan los narcotraficantes para el lavado de las ganancias provenientes de los estupefacientes. La investigación original se inició a mediados de la década del 90 cuando el gobierno determinó que los cambistas estaban lavando anualmente a Colombia cientos de millones de dólares provenientes de ganancias por la venta de estupefacientes. Por lo general, un cambista recibe dinero de un cliente para enviarlo a un destino específico. Los principales clientes de los cambistas honestos son los inmigrantes, personas que no tienen acceso a cuentas bancarias y quienes usan los servicios de los cambistas para girar dinero a sus familiares. Las primeras investigaciones, encabezadas por la Fuerza de Trabajo de El Dorado (conformada por representantes de los Departamentos de la Seguridad del Territorio Nacional, antiguamente el Servicio de Aduanas de Estados Unidos; la Oficina de Impuestos del Departamento del Tesoro; el Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York; y la policía del estado de Nueva York, entre otros) reveló que la industria en Nueva York había sido convertida, primordialmente por los narcotraficantes, en un vehículo para el envío de las ganancias obtenidas de los estupefacientes a los países fuente de la droga, primordialmente Colombia. El dinero de los estupefacientes era entregado al cambista, depositado en cuentas corrientes, dividido en sumas inferiores a US$3.000 (comúnmente conocido como “estructurado”) y luego girado a Colombia y al mundo. La investigación reveló que, para esconder el origen de los fondos de los estupefacientes, los cambistas habitualmente creaban documentos de identificación falsos para que pareciera que los inmigrantes sólo enviaban dinero a sus familiares.

Las primeras investigaciones dieron como resultado la condena de 32 individuos y dos cambistas autorizados en el Distrito Este de Nueva York, varios decomisos de dinero en efectivo, y la promulgación de una Orden Geográfica bajo el Departamento del Tesoro, el 5 de agosto de 1996, que exigía que los cambistas autorizados diligenciaran y presentaran informes especiales de cambistas (Special Remittance Reports) para los giros en efectivo enviados a Colombia superiores a los US$750. Inmediatamente después de expedirse esta Orden, la industria cambiaria presentó una caída vertiginosa en la suma de dineros enviados a Colombia, en algunos casos hasta del 90%.

Operación Wiredrill

Los cargos y los arrestos ponen fin a una investigación de 18 meses denominada Operación Wiredrill, la cual abordó el reciente resurgimiento del uso de cambistas para enviar narco-dineros a Colombia. La investigación se valió de agentes encubiertos e informantes confidenciales quienes, posando como narcotraficantes, llevaron más de US$1,5 millones en efectivo a los acusados en casas de cambio en Queens y Long Island, para ser enviados a Colombia o cambiados por giros postales. Durante las conversaciones con los acusados, agentes e informantes pretendieron que el dinero que estaban enviando eran las ganancias de la venta de estupefacientes y le ofrecieron dinero a los acusados a cambio de su ayuda para lavar el dinero. Para evitar cumplir con los requisitos de identificación federal y el diligenciamiento del Informe, los acusados manejaron las transacciones para que pareciera como si varios clientes legítimos hubieran adquirido giros postales o enviado giros electrónicos.

En el caso de los giros electrónicos, los agentes e informantes entregaron a los acusados una lista con nombres ficticios de las personas que supuestamente enviaban y quienes recibían en Colombia. Luego, los acusados crearon facturas fraudulentas para que pareciera que los remitentes en la lista efectivamente habían entregado dinero a los cambistas, para ser enviado a familiares y amigos en Colombia. Por último, los acusados depositaban el dinero en cuentas bancarias y trasferían el dinero a los verdaderos destinatarios en Colombia.

En el caso de los giros postales, los acusados emitieron miles de ellos, normalmente por la suma de US$500 (monto máximo permitido por giro) y con el nombre ‘pagadero’ en blanco. Los giros son tan buenos como el efectivo, y más fácil de transportar a Colombia que sumas equivalentes en billetes de denominaciones de US$20 y US$100. Los acusados nunca emitieron más de cinco giros postales a la vez, evitando así el requisito de identificación necesario en el caso de transacciones superiores a los US$3.000. Cuando los agentes encubiertos y los informantes recogían los giros postales, le pagaban a los acusados una tarifa, así como una propina por el lavado de las ganancias provenientes de los estupefacientes.

Al anunciar estos arrestos, la Procuradora de Estados Unidos Mauskopf declaró: “La venta de estupefacientes genera grandes sumas de dinero que los traficantes deben lavar. Estos acusados hicieron de la industria cambiaria una herramienta del narcotráfico para lograr este objetivo y, en el proceso, convirtieron una industria diseñada para ayudar al inmigrante honesto, en una empresa ilegal. Continuaremos vigilando cuidadosamente esta industria para garantizar que los narco-dineros y otros fondos ilícitos se mantengan fuera del negocio cambiario”.

El agente especial encargado Ficke de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas declaró: “Estos arrestos continúan representando el éxito y la efectividad de la Fuerza de Trabajo de El Dorado en la identificación de sistemas financieros que están siendo constantemente explotados por organizaciones internacionales de lavado de dinero. Continuaremos enfocándonos en todas las organizaciones delictivas que intenten corromper los negocios de servicios financiero legítimos”.

El agente especial Machalek de la Oficina de Impuestos del Departamento del Tesoro (IRS) señaló: “Los cambistas que participaron en este tipo de actividad de lavado de dineros debilitan nuestra economía al ayudar a que los estupefacientes están al alcance de los niños en nuestra comunidad. Los investigadores criminales de la Oficina de Impuestos del Departamento del Tesoro protegen a los niños de Estados Unidos, evitando que los dineros provenientes de la venta de estupefacientes regresen a manos de los narcotraficantes, y desmantelándoles sus operaciones”.

Si son declarados culpables, los acusados enfrentarán cada uno una sentencia máxima de 20 años en prisión, tres años de libertad condicional y una multa de US$500.000 o dos veces el valor de los fondos lavados, la que sea mayor.

El caso del gobierno está siendo procesado por la Procuradora Adjunta de Estados Unidos Bonnie S. Klapper.

Bogotá, D.C.
09 de junio de 2003