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Actualizada: 20/IX/04 Democracia, seguridad y derechos humanos: el desafío de Colombia
Palabras del Embajador John F. Maisto
Agradezco el poder estar con ustedes hoy en Cartagena, una ciudad cuya fascinante historia y sitios históricos son muestra de la resistencia y visión de los colombianos. En verdad, los fuertes al lado de la bahía de esta ciudad histórica son un recuerdo vivo, de no sólo de su pasado, cuando las agresiones foráneas trataron de reprimir su progreso, sino de la tenacidad y valor del pueblo colombiano de hoy. En esta nueva era, el pueblo enfrenta nuevas agresiones desde adentro, de fuerzas no menos foráneas en el contexto del mundo actual. Hoy, ese espíritu de fortaleza, de decisión contra el terrorismo, de perseverancia ante los tiempos difíciles, se yergue enérgico nuevamente para garantizar que el sueño de paz perdurable, prosperidad, libertad y estabilidad sea posible para todos los colombianos. No hay mejor forma de comprender el profundo compromiso de los colombianos en la defensa de su democracia, que visitando a Colombia, y me honra sobremanera estar aquí en representación de mi Gobierno. La Serie Houston Agradezco mucho la invitación a participar en este importantísimo foro internacional, la Serie Houston, un seminario que en unos pocos años ha llegado a tener un papel esencial en Colombia. Ha logrado prominencia al estar en el mismo centro de los esfuerzos por fomentar debate e intercambio de ideas sobre la mejor manera cómo Colombia puede hacer avanzar la causa de la paz y de la estabilidad; de cómo puede enfrentar los problemas enraizados que le han planteado grandes desafíos en su lucha continua contra el terrorismo; de cómo abordar la necesidad de un consenso nacional entre todos los sectores de la sociedad; y de cómo enfrentar los asuntos críticos por venir. Los logros sólidos y significativos de Colombia en los últimos años subrayan la importancia de este seminario para abordar la política de seguridad democrática de Colombia, y el por qué es clave que tales foros continúen a medida que esa política se despliega. El espíritu de diálogo, reflexión y análisis de la Serie Houston, con la vigorosa participación de una amplia muestra representativa de la sociedad civil, es esencial para fomentar un panorama común y un sentimiento renovado de propósito. También es esencial para explorar nuevas ideas sobre cómo abordar los muchos asuntos complejos relacionados con la promoción y preservación de la democracia colombiana. Progreso y logros Hoy, aunque quedan muchos desafíos, debemos reconocer los muchos logros de los colombianos. Los éxitos son testigo de los que se puede lograr trabajando, tanto de forma bilateral como multilateral, para abordar las amenazas comunes que la región enfrenta, y que nos afectan a todos. Gracias a la perseverancia y a la ingeniosidad de los colombianos y al liderazgo del presidente Alvaro Uribe, Colombia, que es un importante aliado hemisférico, avanza hacia la prosperidad y la victoria en una lucha de varias décadas contra el narcoterrorismo. Los éxitos no se pueden negar y hay razón para sentir gran satisfacción, y optimismo por el futuro. El presidente Uribe se ha comprometido a extender la presencia estatal a todo el territorio, fortaleciendo las instituciones y la confianza en el gobierno. Después de casi dos años bajo el liderazgo del presidente Uribe, la seguridad en Colombia ha mejorado de forma mensurable. En particular, al comparar los últimos dos años con el período de 2000 a 2002, por ejemplo:
Los militares están librando en el centro-sur del país, la mayor ofensiva que Colombia ha librado, contra los últimos baluartes de las FARC. El Gobierno de Colombia está involucrado en las negociaciones preliminares que apuntan hacia un proceso de paz con el ELN, con el gobierno de México como facilitador. Los grupos terroristas colombianos están a la defensiva, y uno de los tres grupos terroristas, las AUC, está en la mesa de negociación y se ha desmovilizado parcialmente.
Hoy en día, el gobierno colombiano está recuperando el control de su territorio y ha restablecido su presencia en regiones que anteriormente eran de propiedad exclusiva de los bandidos y de la anarquía. Y el pueblo colombiano tiene más optimismo y confianza en el futuro de su país. La política estadounidense Estados Unidos ha estado, y seguirá estando, al lado de Colombia, ayudándole a dar un giro, por medio del suministro de recursos esenciales y apoyo político. El apoyo y el compromiso continuo de Estados Unidos son esenciales para cristalizar los difíciles logros de Colombia. Yo estoy aquí para garantizarles el compromiso y la decisión de mi gobierno respecto a la asistencia para el gobierno y el pueblo colombiano. La asistencia de Estados Unidos se enfoca en el apoyo a la campaña unificada de Colombia contra el narcotráfico y el terrorismo. Estos programas proporcionan entrenamiento y equipos como vehículos, aeronaves y equipos de comunicaciones. Con la Ley de Asignaciones Suplementarias de 2002 el Congreso de Estados Unidos reconoció los vínculos profundos entre el terrorismo y el narcotráfico, y aprobó autorizaciones que nos permiten utilizar el entrenamiento, los equipos y el apoyo de inteligencia en una campaña unificada contra el narcotráfico y el terrorismo. Desde el año 2000 Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente US $3,5 bmillardos en asistencia a Colombia. Nuestra asistencia empezó a aumentar como parte de nuestro apoyo a los programas del Plan Colombia. El presidente Uribe amplió y fortaleció esos programas con el apoyo bipartidista de Estados Unidos, según lo manifestado por el Congreso estadounidense a través de la Iniciativa Andina contra las Drogas. Durante el período entre 2000 y nuestra solicitud al Congreso para 2005, aproximadamente el 70% de la asistencia del Departamento de Estado ha sido para seguridad y proyectos militares, mientras aproximadamente el 30% ha sido para desarrollo social, económico y democrático. De acuerdo con la presentación original del Plan Colombia, la contribución de Estados Unidos debía pesar más del lado antinarcóticos, mientras se esperaba que los demás donantes internacionales entregarían una cantidad proporcionalmente mayor para el desarrollo social y económico. La Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero de 2004 proporciona US $574,6 millones para estos programas. De esa cantidad, US $150 millones promueven el imperio de la ley, el progreso social y económico, y el desarrollo alternativo. El apoyo para las fuerzas militares y la policía de Colombia es de US $424,6 millones. El propósito de la política de Estados Unidos hacia Colombia es apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano en la defensa y fortalecimiento de sus instituciones democráticas, promover el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley, intensificar los esfuerzos antinarcóticos, fomentar el desarrollo socioeconómico y la inversión, abordar las necesidades humanitarias inmediatas, y acabar con las amenazas del narcotráfico y del terrorismo contra la democracia y la paz. Es importante subrayar que esta política refleja el apoyo bipartidista continuado del Congreso estadounidense para nuestros programas en Colombia. El presidente Bush está comprometido con el mantenimiento de esta sólida asociación. El presidente Uribe es un amigo y un aliado clave en la lucha contra las drogas y el terrorismo. Esperamos que nuestra fuerte relación bilateral con Colombia siga prosperando. Quienes han conocido al presidente Uribe y saben del gran progreso que ha logrado en los últimos dos años, también reconocen su valioso liderazgo en esta lucha. Su fuerte carácter, su valor y su visión proporcionan la base de los éxitos de su administración. Los logros de la administración Uribe y la asociación entre nuestros dos países, cuentan la historia del progreso firme y resonante. Los resultados de nuestra lucha conjunta contra los narcotraficantes son notables: desde 2002, equipos colombo-americanos han erradicado cerca de 304.000 hectáreas de coca, y los cultivos de coca han disminuido dramáticamente cada año. Los cultivos de amapola disminuyeron en un 10% en 2003, y, como saben, siempre estamos buscando formas de encontrar esos cultivos y acabar con ellos. La administración Bush cree firmemente que una Colombia próspera es clave para la reducción significativa del narcotráfico. El libre comercio ampliará las oportunidades para los colombianos emprendedores y llevará al crecimiento económico sostenible. Las empresas estadounidenses invirtieron US $3,7 millardos en Colombia en 2003, y el comercio entre nuestros países se acercó a los US $10 millardos el año pasado. El compromiso de Estados Unidos es especialmente importante porque un aumento en las exportaciones, si va de la mano con más empleo para los colombianos, tendrá como resultado una disminución en la producción de cultivos ilícitos así como del tráfico hacia nuestras costas. Estados Unidos reconoce, a través de dos políticas, que el libre comercio, la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo tienen que acompañar nuestra asociación antinarcóticos con Colombia. Hemos apoyado la recuperación económica de Colombia por medio de las negociaciones para un Acuerdo de Libre Comercio para fortalecer nuestros lazos económicos, y en 2002 con la renovación y ampliación del ATPA. La nueva Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA), ha ayudado a impulsar la economía colombiana. El mercado estadounidense actualmente recibe el 44% de las exportaciones colombianas y aproximadamente el 70% de ellas ingresa libre de aranceles bajo la ATPDEA. Colombia ha estado envuelto en un conflicto civil por más de 50 años y el pueblo ha sufrido tremendamente. Las causas de este terrible conflicto están incrustadas en el pasado del país y no se resolverán fácilmente. No obstante, los problemas de Colombia no son incurables. Estados Unidos debe y continuará proporcionando el apoyo y los recursos para garantizar que el destino del pueblo colombiano sea próspero y democrático. Y creemos que esto sucederá si Colombia continúa siendo gobernada democráticamente y bajo las normas de liderazgo competente que su Presidente ha establecido. Derechos humanos Dada la agenda del día, me gustaría hablarles un poco más sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. La promoción de la protección de los derechos humanos siempre ha sido y será parte central de nuestra política hacia Colombia y lo es ahora más que nunca. En primer lugar, creemos que Colombia está progresando bastante en el área de derechos humanos. El presidente Uribe y el Gobierno de Colombia merecen mucho crédito por la mayor seguridad, la cual ha conllevado una mejor vida diaria para los todos los colombianos. Ese es el más básico de los derechos humanos. También merecen crédito por el valor de invertir la agresión contra las instituciones nacionales que llevaba varias décadas. Desde la toma de posesión del presidente Uribe, ha habido una disminución significativa en el número de actos criminales cometidos contra los líderes de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y la población civil inocente. Y aunque la violencia contra los civiles continúa entre las mayores del mundo, se ha reducido dramáticamente. Los colombianos no le temen al gobierno. Le piden apoyo y solidaridad. Tanto la Policía como las fuerzas armadas gozan de apoyo popular sin antecedentes. Además, el presidente Uribe ha dicho repetidamente que no tolerará la colaboración entre los militares y los paramilitares. Bajo su liderazgo hemos notado que los arrestos, las operaciones de combate y las actividades de inteligencia de las fuerzas armadas contra los paramilitares aumentaron en 2003. Sin embargo, el gran reto de las autoridades colombianas asegurar que los vínculos entre ciertas organizaciones gubernamentales y grupos ilegales armados terminen completamente. Es claro que hay más por hacerse. Los derechos humanos continúan siendo un desafío significativo para la administración Uribe. La situación de los derechos humanos puede y debe mejorar. Es imperativo, como dijo el Secretario de Estado Colin Powell hace poco, que el progreso en Colombia se logre de forma "consistente con las normas aceptables de derechos humanos". Creemos que hay más por hacerse particularmente en relación con el problema de la impunidad. La rendición de cuentas por parte de quienes violan los derechos humanos tiene que ser de máxima prioridad para garantizar reparación para las víctimas, un sistema judicial justo y equitativo, y finalmente, la reconciliación y la estabilidad. En las democracias, los gobiernos rinden cuentas, incluso los militares. Los militares colombianos enfrentan un desafío al cual todos los militares en las sociedades democráticas deben hacerle frente: el de garantizar la rendición de cuentas por sus acciones. Nosotros entendemos esto. Las fuerzas militares de Estados Unidos han enfrentado esa prueba en el pasado y actualmente la enfrentan en algunas partes del mundo. Respecto a esto, es imperativo que la investigación de la Fiscalía General sobre el incidente del 5 de agosto en el cual murieron tres dirigentes sindicales en Arauca, así como otras situaciones que exigen justicia, sean conducidas con total transparencia. A ese fin, Estados Unidos continúa comprometido con el apoyo a los funcionarios colombianos y de ONG cuyo trabajo es garantizar el respeto de los derechos humanos en Colombia. Estados Unidos se ha comprometido a trabajar muy de cerca con Colombia para fortalecer y aumentar el acceso al sistema judicial, y promover el imperio de la ley. En 2003 el gobierno de Estados Unidos proporcionó US $60 millones para asistencia a los desplazados y aproximadamente US $30 millones para apoyo a la administración de justicia, fortalecimiento de las instituciones democráticas, programas de protección de los derechos humanos, iniciativas de paz, y programas laborales. El gobierno de Estados Unidos apoya 37 Casas de Justicia, las cuales han proporcionado asistencia legal a más de un 1,6 millones de colombianos de escasos recursos; ha colaborado con el Ministerio del Interior y Justicia para proporcionarles protección a más de 2.700 personas amenazadas (entre ellas activistas de derechos humanos, líderes laborales y periodistas); y continuó apoyando el Sistema de Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, el cual alerta a las fuerzas de seguridad sobre potenciales masacres o desplazamientos forzados. La asistencia estadounidense también ha apoyado el trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia; ha protegido líderes laborales y de derechos humanos en riesgo; ha fortalecido y ampliado el alcance de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, estableciendo unidades satélites móviles por todo el país; y ha apalancado las reformas necesarias en la Fiscalía General. Los esfuerzos para fortalecer el compromiso del gobierno colombiano con la mejora de los derechos humanos y de la seguridad personal en Colombia están dando dividendos. Además, continuaremos nuestros esfuerzos por mejorar la capacidad del gobierno para abordar los problemas de criminalidad y de institucionalizar el imperio de la ley, estableciendo la presencia policial, entrenando y equipando a las unidades anti-explosivos de la Policía Nacional; asistiendo en la reforma penitenciaria, apoyando al Gobierno de Colombia en su transición a un sistema acusatorio; proporcionándole asistencia a la Fiscalía General, incluso las unidades de derechos humanos, la reforma de los códigos, la capacitación de los fiscales; la fuerza de trabajo de extinción de dominio y lavado de activos, y la interceptación marítima. Colombia todavía sufre de la más alta tasa de secuestros en el mundo, con más de 2.000 casos en 2003. Para enfrentar el problema, en agosto de 2003 se inauguró la iniciativa anti-secuestro apoyada por Estados Unidos, la cual ha entrenado y equipado unidades anti-secuestro militares y de la Policía. Estas unidades ya han logrado varias operaciones de rescate exitosas, liberando a los secuestrados y desmantelando las redes de secuestradores. Esta iniciativa complementa otra asistencia anti-terrorismo del gobierno de Estados Unidos. Finalmente, el diálogo sobre derechos humanos entre nuestros gobiernos y con ONG de derechos humanos colombianas y estadounidenses, así como nuestro apoyo para el desarrollo del sistema judicial colombiano y la infraestructura de derechos humanos, continuarán para mantener las mejoras e impulsar el imperio de la ley en Colombia. Este es un esfuerzo en curso, el cual es esencial para mantener y ampliar el apoyo de Colombia en Estados Unidos. Visión hemisférica: democracia, prosperidad y seguridad Es importante subrayar que la política de mi gobierno proviene de una visión hemisférica compartida de promoción de la democracia, la prosperidad y la seguridad para todos los pueblos de las Américas. Este objetivo hemisférico de democracia, prosperidad y seguridad para cada ciudadano, acordado en la Cumbre de las Américas en Québec en 2001 por los 34 jefes de estado y de gobierno elegidos democráticamente, como el esquema para el futuro de la región, es la piedra angular de nuestra agenda hemisférica, y la razón por la cual es imperativo que ayudemos al pueblo de Colombia. Porque en el mundo de hoy, la democracia, la prosperidad y la seguridad se sostienen entre sí. A medida que los peligros de la Guerra Fría desaparecían, nuevas amenazas y realidades han emergido en el Hemisferio, las cuales necesitan respuestas coordinadas, cooperativas y multilaterales. Esas amenazas requieren respuestas multilaterales comunes de nuestros gobiernos, porque ningún Estado puede abordarlas sólo. O sea, la cooperación para la seguridad en nuestros países y entre ellos, debe ser coordinada e intensificada. De acuerdo con esta realidad, Estados Unidos se ha comprometido a construir un hemisferio más seguro, en el cual todos podamos prosperar. A todo el Hemisferio le interesa (no sólo a Estados Unidos) que el pueblo de Colombia logre éxito en sus esfuerzos por acabar con el narco-terrorismo. La democracia colombiana tiene que ganar esta guerra por el bien del país, de la región andina y del continente. A medida que luchamos contra el terrorismo, nuestro objetivo es lograr vecinos fuertes y democráticos que colaboren con nosotros en la defensa de nuestros intereses y valores compartidos a los niveles nacional e internacional. Debemos construir una comunidad interamericana más fuerte, unida por el compromiso compartido con la libertad, fortalecida por el imperio de la ley, y prosperando a través del libre comercio. No hay tarea más importante y desafiante que la de construir, por todo el Hemisferio, instituciones democráticas sensibles, mercados competitivos, sistemas judiciales efectivos, y sistemas educativos y sociales sólidos. Mi gobierno, como otros de la región, quiere socios económicos prósperos, democráticos y estables. Nosotros, como todos, queremos fronteras seguras y vecinos que cooperen. Y, queremos una comunidad de naciones libres que trabajen unidas para hacer avanzar los valores políticos y económicos comunes en el mundo. O sea, es de interés para Estados Unidos y el Hemisferio que la democracia colombiana tenga éxito.
El papel de la OEA y la seguridad hemisférica Para que avance la visión de cooperación regional, nunca había sido tan relevante el papel de la OEA para abordar estos asuntos claves para el Hemisferio. Desde 1995, la OEA ha logrado un récord impresionante en el campo de la seguridad. Más recientemente, en octubre de 2003 en Ciudad de México, los miembros de la OEA adoptaron la Declaración sobre Seguridad en las Américas, estableciendo un enfoque multidimensional a la seguridad y reafirmando su compromiso de combatir el terrorismo en su fuente. Esta fuerte declaración se basa en marcos existentes de seguridad y los complementa con un enfoque hemisférico cooperativo de seguridad, el cual abordará efectivamente tanto las amenazas, inquietudes y desafíos regionales tradicionales como los nuevos. El significado supremo de este documento es el consenso de que estas amenazas, inquietudes y desafíos son de "naturaleza diversa y de alcance multidimensional", y que el "enfoque y el concepto tradicional debe ampliarse para incluir las amenazas nuevas y no tradicionales, las cuales incluyen los aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales". La Declaración reafirmaba que "la base y propósito de la seguridad es la protección de los seres humanos" y que "la seguridad se fortalece cuando profundizamos la dimensión humana". Por eso "las condiciones para la seguridad humana mejoran a través del respeto total por la dignidad humana, los derechos humanos, y las libertades fundamentales, así como la promoción del desarrollo social y económico, la inclusión social, la educación, y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre". A sabiendas de que el conflicto en Colombia proporciona el escenario clásico de estos principios, y de que por eso la resolución del conflicto en Colombia es un elemento esencial del avance de la agenda de seguridad del Hemisferio, los países reunidos también aprobaron la Declaración sobre la Situación en Colombia. Esta declaración expresó la solidaridad hemisférica y el apoyo hacia Colombia, y le pidió a la comunidad internacional apoyar el pronto inicio de las negociaciones y los programas de desmovilización, reconciliación, desarme y reinserción necesarios para lograr este objetivo de manera justa y transparente. Además de la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica en Ciudad de México, la OEA también ha iniciado otras acciones sustanciales. Ha sido líder en los programas de desminado humanitario, en fortalecer los mecanismos de cooperación a través de las medidas para mejorar la confianza y la seguridad, y en la adopción de convenciones interamericanas sobre el tráfico ilegal de armas, la transparencia en las compras de armas convencionales, y el terrorismo. Por medio de acciones y hechos en vez de sólo palabras, el trabajo del sistema interamericano define nuestra seguridad hemisférica actual. En la guerra contra el terrorismo, el Comité Interamericano contra el Terrorismo fue establecido en octubre de 1999 para coordinar las actividades antiterrorismo de los Estados miembros, incluso facilitar el intercambio de información, el compartir de las mejores prácticas y de la creación de capacidad antiterrorismo a través de la capacitación y la asistencia técnica. El Comité Interamericano contra el Terrorismo busca fortalecer los controles fronterizos y financieros, aumentar la cooperación de las entidades de ejecución de la ley, y abordar las amenazas a los aeropuertos, puertos marítimos y cibernética. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 los Estados miembros de la OEA lideraron con pasos dramáticos y efectivos para coordinar la respuesta regional antiterrorismo en las Américas. Estos ataques brutales despertaron inquietudes hemisféricas sobre el tema, llevando a acciones para abordar el terrorismo de manera total, con la meta de fortalecer la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo en el Hemisferio. En respuesta a los ataques del 11 de septiembre se invocó el Tratado de Río, declarando que éstos fueron "ataques contra todos los Estados americanos" y se prometió asistencia. Hoy, aunque han cumplido más de cincuenta años, la Carta de la OEA y el Tratado de Río con su poder legal, siguen siendo relevantes. Al enfrentar una amenaza común a nuestra seguridad y prosperidad, en junio de 2002 en la Asamblea General de la OEA en Barbados, se adoptó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, la cual amplía nuestras obligaciones legales para trabajar en la prevención de y respuesta a las actividades terroristas. Y en 2001 la OEA fortaleció aún más la democracia en las Américas por medio de la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la cual nos compromete a defender y promover la democracia, unidos, a través de medidas preventivas para evitar rupturas del orden democrático constitucional. Este compromiso con la democracia es central a la misión de la OEA, la cual declara: "Los pueblos de las Américas tienen el derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla". Y como la democracia y los derechos humanos van de la mano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA continúa recibiendo casos relacionados con acusaciones sobre violaciones de los derechos humanos y emitiendo recomendaciones a los gobiernos de los Estados miembros y refiriendo casos a la Corte Interamericana. En general, nuestro marco de seguridad actual es dinámico, adaptable, aborda no sólo los conflictos entre Estados, sino también los desafíos del siglo veintiuno, los cuales incluyen el terrorismo y sus implicaciones, como son el lavado de activos, el tráfico ilícito de narcóticos, de armas y de personas, y las amenazas al transporte y a la infraestructura crítica, el crimen organizado trasnacional, la seguridad cibernética, y el acceso de los terroristas a las armas de destrucción masiva. La OEA y Colombia Con este telón de fondo de una OEA lista para enfrentar los problemas sustanciales de las naciones del Hemisferio, es esencial que ésta continúe comprometida para garantizar que se logra la paz en Colombia de manera consistente con la justicia y la rendición de cuentas. Un proceso de paz transparente, verificado internacionalmente, que tenga como resultado el cese de hostilidades y la desmovilización, el desarme y la reinserción de las organizaciones armadas al margen de la ley, es un medio importante de promover los derechos humanos para todos los Colombianos. Y el camino hacia la paz tiene que incluir justicia para las víctimas y rendición de cuentas para quienes violaron los derechos humanos o participaron en el narcotráfico. Tanto la Asamblea General y las acciones del Consejo Permanente de la OEA, a través de las resoluciones 837 y 859 son señales claras del compromiso y de la cooperación de la organización hacia el avance de las iniciativas colombianas para lograr una paz firme y perdurable. En realidad, las acciones de la OEA contra las actividades terroristas que tratan de debilitar la sociedad colombiana, han sido inequívocas. La Resolución 837, aprobada el 12 de febrero de 2003 condena categóricamente los actos terroristas de los grupos armados al margen de la ley en Colombia, e invoca la Carta Democrática Interamericana, declarando que "ningún Estado democrático puede ser indiferente a la clara amenaza del terrorismo para las libertades e instituciones democráticas". Reconociendo que la situación en Colombia es un asunto de preocupación hemisférica, la Resolución 837 expresa firmemente su "repudio por los ataques terroristas despreciables" de estos grupos, y que se debe aplicar los mecanismos antiterrorismo de la Convención Interamericana contra el Terrorismo para intensificar el intercambio de información sobre las actividades de los grupos terroristas, fortalecer los controles fronterizos para prevenir su traslado, y suprimir la financiación de tales grupos. En febrero de 2004, en respuesta a la solicitud de apoyo del presidente Uribe, el Consejo Permanente de la OEA adoptó la Resolución 859. Esta medida autorizó la Misión para Apoyar el Proceso de Paz en Colombia como marco para permitirle a la OEA proporcionar asesoría y apoyo técnico para la verificación del cese del fuego y de hostilidades, la desmovilización, el desarme, las iniciativas de reinserción, lo cual constituye una reafirmación del compromiso de la OEA. Además, esta Resolución contiene varias disposiciones importantes para garantizar que la Misión de la OEA agregue transparencia y rendición de cuentas al proceso. En particular, invita a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a proporcionar asesoría a la misión para que se lleve a cabo consonante con las normas internacionales de derechos humanos, esenciales para su credibilidad. Es clave subrayar que todas estas resoluciones y declaraciones expresan su apoyo total a las acciones del presidente Uribe dirigidas a la restauración de la seguridad, la tranquilidad y el bienestar del pueblo colombiano, y reconocen el progreso logrado para acabar con el conflicto interno en Colombia. Desafíos futuros Pero, a pesar de todo el progreso y los logros hasta la fecha, todavía quedan muchos desafíos por delante. No tengo que recordarles que la democracia es realmente una empresa difícil. Requiere mucho trabajo y vigilancia constante. Seamos claros, todos los lados tienen responsabilidades y obligaciones que se deben satisfacer.
Conclusión Las naciones de nuestro hemisferio están unidas por una historia común. El patrimonio de nuestra civilización se ha forjado por la búsqueda del respeto para la dignidad humana y por la convicción de que cada individuo tiene el derecho de nacer libre. Lo que está en juego hoy en Colombia es nada menos que el futuro de esa visión. Nos unimos a los colombianos en la búsqueda de esa visión a través del diálogo abierto y del respeto por los distintos puntos de vista, en un marco democrático, en el espíritu de la Serie Houston y de sus contribuciones hacia la promesa de democracia en Colombia.
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