Corte Suprema de EE.UU. rechaza impugnación legal al NAFTA

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una impugnación legal presentada por un sindicato estadounidense de trabajadores del acero contra el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), firmado en 1992 por Estados Unidos, Canadá y México. El 26 de noviembre de 2001, el tribunal se negó a recibir el caso y, por lo tanto, dejó en pie el dictamen de un tribunal de apelaciones emitido en febrero de 2001, que declaró sin lugar la demanda del United Steelworkers of America (USWA) contra el acuerdo comercial.

La demanda fue planteada en 1998 por USWA y otros opositores al NAFTA, quienes argumentaron que el acuerdo debía ser declarado inconstitucional porque nunca fue ratificado por dos tercios de votos en el Senado, tal como lo exige la Constitución para todos los tratados. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos argumentó que el NAFTA es un acuerdo ejecutivo que no requiere ratificación del Senado, como ocurre con los tratados. El NAFTA fue aprobado en 1993 por mayorías simples en el Senado y la Cámara de Representantes.

Un juez federal de Alabama, donde se presentó inicialmente la demanda, falló a favor del gobierno en 1999, y concluyó que el presidente estaba autorizado para negociar y llevar a conclusión el NAFTA según la llamada autorización de "vía rápida" que le había concedido el Congreso. El juez dictaminó también que aunque se presumiera que el NAFTA es un "tratado" en toda la extensión del término, la cláusula contractual de la Constitución de Estados Unidos no es el único medio para aprobar acuerdos comerciales internacionales. Mencionó los poderes del Congreso para reglamentar el comercio exterior y la autoridad del presidente para administrar los asuntos exteriores del país. De ese modo, el tribunal sostuvo que la aprobación del NAFTA en 1993, por mayoría simple de ambas cámaras del Congreso, era constitucionalmente válida.

El USWA apeló la decisión, pero una corte federal de apelaciones declaró sin lugar la demanda al dictaminar que el caso presentaba una cuestión política que no podía ser decidida por el poder judicial. "La cuestión de qué es exactamente lo que constituye un `tratado' que requiere la ratificación del Senado, plantea una cuestión política que no depende de la justicia", dijo la corte.

El sindicato de trabajadores del acero apeló a la Corte Suprema, argumentando que el dictamen restringía de modo impropio la autoridad de los tribunales federales de interpretar y aplicar las cláusulas constitucionales.

La administración Bush dijo que el fallo de la corte inferior era correcto y no justificaba la revisión de la Corte Suprema. "Particularmente si se considera que no hay disputa entre las ramas ejecutiva y legislativa en cuanto a los procedimientos utilizados para aprobar el NAFTA, la abstención judicial es apropiada", dijeron en un informe los abogados del gobierno.

La negativa de la Corte Suprema de ver el caso no estuvo acompañada de comentarios ni opiniones disidentes.

Washington, D.C.
26 de noviembre de 2001