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Actualizada: 9/VIII/96
La política antidrogas de Estados Unidos David Scott Palmer
Profesor de Política Latinoamericana y Política Exterior de Estados Unidos, en la Universidad de Boston.
Con esto quieren decir que el dinero no se está gastando en su mayor parte en casa (donde se consumen las drogas) en prevención, rehabilitación, y acciones policiales. Más bien, la mayoría de este dinero se va al exterior (donde se producen las drogas) y es gastado en actividades como la erradicación de cultivos, la sustitución de los mismos, e interdicción. Este "hecho" no es nuevo. Ha sido expresado durante muchos años. Sólo han cambiado las cifras, por mil millones o dos al año. Los gastos del gobierno federal para enfrentar el problema de narcóticos del país se han incrementado durante la última década; de cerca de US$4 mil millones a mediados de los años 80 a los US$15 mil millones que fueron solicitados para 1997. Y a cierto nivel, este "hecho" es cierto. Estas son las cifras correctas del presupuesto, y estos son los programas en los cuales se gastan. Sin embargo, a otros dos niveles, un hecho tan básico esconde más de lo que muestra. En primer lugar, esta cifra se refiere únicamente al total de los gastos directos del gobierno federal, aunque la mayor parte de las campañas contra las drogas en Estados Unidos han sido libradas y continúan siéndolo por gobiernos estatales y locales (municipales). Los colegios, la policía, las cárceles, los hospitales, y las clínicas son en su mayoría de responsabilidad estatal y local. Estas instituciones son financiadas primordialmente por recursos públicos de los gobiernos estatales y locales, y no por el gobierno federal en Washington. Estimativos a grandes rasgos de los gastos contra las drogas de los 50 estados son por lo menos el doble del presupuesto federal asignado, y los 38 mil condados, ciudades y pueblos gastan más de cuatro veces la asignación federal. Por lo tanto, como nación, incluyendo todos los niveles de gobierno, estamos gastando alrededor de US$100 mil millones al año para enfrentar nuestro hábito de drogas ilegales. De ese total, sólo una porción pequeña, menos del 10%, es dirigido al lado de la oferta. En segundo lugar, la política exterior, bajo la Constitución, es únicamente responsabilidad del gobierno federal. Toda la cocaína y heroína que se consume en Estados Unidos, y mucha de la marihuana también, es producida en el exterior. Por eso, es tan lógico como apropiado que la mayor parte de la asignación presupuestal del gobierno federal para enfrentar el problema de las drogas del país se gaste en el lado de la oferta, el cual incluye a Perú, México, Bolivia, Colombia, Tailandia, Camboya, las Filipinas, Turquía, Pakistán, y Uzbekistán. Unicamente el gobierno federal puede gastar en política exterior. La reducción de la producción y el flujo de drogas ilegales de otros países ha sido y continúa siendo una alta prioridad de la diplomacia norteamericana, y así debe permanecer. Hay muchas razones para formular fuertes críticas a las políticas antidrogas actuales. La prevención y la rehabilitación deberían recibir más énfasis. La interdicción es demostrablemente más efectiva que el mandato congresional sobre iniciativas de erradicación y sustitución de cultivos. Programas militares de apoyo antidrogas arriesgan que haya consecuencias indeseadas e inintencionales relacionadas con fuerzas armadas fortalecidas en naciones recientemente democratizadas. Y finalmente, el uso enérgico del Presidente y el zar de las drogas como predicadores intimidantes contra el abuso de sustancias ilegales se ha hecho notar por su infrecuencia durante los últimos cuatro años. Lo que deberíamos estar haciendo, sin embargo, es dirigir nuestras críticas hacia los "hechos" que engañan y esconden en vez de aclarar y enseñar.
Reimpreso con autorización The Christian Science Monitor |
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