Palabras del Embajador William B. Wood en reunión con ONG de derechos humanos

Hotel Radisson, Salón Robles
Bogotá, 19 de diciembre de 2003, 11:00AM

English version

Buenos días.

Para mí es un placer estar con ustedes en este día, en compañía de tantas organizaciones con quienes Estados Unidos trabaja tan de cerca para mejorar la vida de tantos colombianos.
Estados Unidos toma muy en serio el tema de los derechos humanos y el papel de la sociedad civil, y así lo ha hecho desde los inicios de su historia. La Constitución no habría sido ratificada sin las diez enmiendas, que ahora conocemos como Bill of Rights, especificando, por primera vez en un documento nacional de tanta trascendencia, las libertades civiles y sociales del individuo que no pueden ser resumidas en leyes posteriores. Como tal, sirvió de modelo para muchos otros estatutos, incluyendo la Constitución de Colombia.
Pero la Constitución también incluyó una falla fundamental en el área de los derechos humanos. Sancionó la esclavitud en los Estados Unidos, un trato diabólico que durante los dos siglos siguientes en la vida de mi nación, cobró más vidas, creó más divisiones y ocasionó más daño a individuos, blancos y negros, que cualquier otro asunto. A esos individuos que comprometen los derechos humanos por una conveniencia política imaginaria o beneficio personal: a ellos les pido que le den una mirada a la experiencia estadounidense, ¡y que lo piensen bien!
La Constitución también establece el marco para una sociedad civil vibrante en Estados Unidos. Pocas décadas después de su ratificación, Alexis de Tocqueville, un observador francés muy perspicaz, se maravilló no sólo de las libertades y las garantías de la libertad en la nueva sociedad norteamericana, sino también de la determinación energética e independiente de la gente para aceptar las cargas que, en otras sociedades, hubieran sido puestas en manos del gobierno para decidir su suerte.

El espíritu de la acción social privada y cooperativa, en especial en lo que se refiere a los derechos y el bienestar de los ciudadanos, es una de nuestras mejores exportaciones al mundo, y se desarrolla mejor cuando el concepto de la democracia también prospera.

Esto no es nada fácil.

Con frecuencia, hombres y mujeres de buena voluntad no están de acuerdo. El desacuerdo en sí jamás debería ser tomado como falta de buena voluntad. Más bien, implica la necesidad de un diálogo constructivo para identificar los puntos de concordancia y explorar posibles vínculos donde las diferencias sean irreconciliables.

Con frecuencia los hechos no quedan claros y están sujetos a la falta de información reunida en circunstancias poco idóneas. Los hechos que no concuerdan deberían ser probados tanto como sea posible para eliminar errores.

Frecuentemente las interpretaciones difieren y éste es un problema que incrementa a medida que los acuerdos y los comentarios sobre los temas de derechos humanos se extienden. Este pensamiento puede complicar la discusión de temas individuales, e incluso darle al tema más humano de todos, una apariencia árida y técnica. Pero deberíamos aceptarlo como algo enriquecedor que puede profundizar el diálogo social de los derechos humanos, mientras que a la vez mantenemos un ojo puesto en lo básico, en lo que no desacordamos, sobre todo, la protección de los civiles colombianos.

Un posible paso adelante sería que el gobierno, las ONG, la comunidad internacional y la iglesia, entre otros, intentaran comparar las definiciones y las interpretaciones con el objetivo, en primera instancia, de comprender por qué los que no están de acuerdo piensan como lo hacen y, en segunda instancia, intentar llegar a un acuerdo sobre algunos enfoques de sentido común a estos problemas. La clave por todas partes es la transparencia. Tanto en Colombia como en Estados Unidos, es crítico que la sociedad civil pueda hacer las preguntas difíciles del gobierno, y reciba respuestas claras. También es crucial que la confusión sobre la terminología, las aseveraciones sin pruebas, y las interpretaciones no compliquen ese diálogo.

En Colombia, el respeto por los derechos humanos no es lo que debería ser. La violencia que los subversivos, los terroristas o los delincuentes ejercen contra los civiles es algo corriente. Tan sólo esta semana en Barranquilla, tres bombas cobraron la vida de ciudadanos inocentes. Al azar. Sin rencores contra nadie en particular, sólo por el hecho de aterrorizar e intimidar. Ninguna definición de derechos humanos puede excluir estos horripilantes actos de ser importantes y aún así afirmar que es relevante a la situación en Colombia o a la deliberación de los líderes nacionales que la deben acatar.

Por esta misma razón, la brutalidad de las autodenominadas fuerzas de autodefensa también es inaceptable. Como lo he dicho muchas, muchas veces, en el caso de las autodefensas, el enemigo de nuestro enemigo no es nuestro amigo. La imagen que ofrecen de Colombia de criminalidad, narcoterrorismo y violencia, es una que todos los amigos de Colombia, y todos los que respaldan los derechos humanos, deben rechazar, no sólo con palabras sino también con acciones.

Es fuente de continua preocupación que algunos elementos del gobierno, desafiando no sólo la declaratoria sino también la política real del gobierno, continúen tolerando e incluso, en algunos casos, coordinando con los elementos paramilitares. El presidente Uribe ha sido muy claro que eso va contra la política y en contra de sus objetivos de 'seguridad democrática', la cual define como 'seguridad para todos'.

En su discurso del 5 de diciembre con ocasión del ascenso de varios oficiales del alto mando de la cúpula militar, el presiente Uribe presentó una agenda ambiciosa para las Fuerzas Públicas. En este aspecto hizo énfasis en que, y cito: "quienes portan las armas de la República no pueden incurrir en colusión con los delincuentes, ni por omisión ni por acción". Y quizás aún más importante, ordenó a las Fuerzas Públicas: "La ciudadanía perdona el error pero no el ocultamiento.... Hay que escuchar al campesino y al citadino, y responder con prontitud a sus demandas para que confien in las Fuerzas".

La administración Uribe ha mejorado el respeto por los derechos humanos. Muchos de los principales indicadores de los derechos humanos, incluyendo los relacionados con los desplazamientos masivos y los asesinatos de los dirigentes sindicales, han mejorado en forma considerable. El desplazamiento interno disminuyó casi un 46 por ciento. Hasta septiembre de 2003 los asesinatos de sindicalistas habían disminuido el 63 por ciento. En octubre se llevaron a cabo un referendo totalmente democrático y unas elecciones regionales libres y justas; el debate público estuvo animado y los elementos de la oposición lograron considerables avances.

Más importante, cada indicador que conozco muestra que el pueblo de Colombia no le teme al gobierno. En cambio, lo buscan para que los guíe, los proteja de sus enemigos narcoterroristas, y los ayude en momentos difíciles. El presidente Uribe, el ejército y la policía, continúan siendo tan populares como nunca. Es mi experiencia que los pueblos saben quiénes son sus enemigos y en quién pueden confiar.

En pocas palabras estoy convencido, y Estados Unidos está convencido, que el gobierno del presidente Uribe no es parte del problema, sino parte de la solución a la falta de respeto pleno por los derechos humanos.

Pero el gobierno es sólo parte de la solución. Colombia se ha visto bendecida en los últimos años por heróicos defensores de los derechos humanos: periodistas, dirigentes sindicalistas democráticos, obreros humanitarios, líderes eclesiásticos y organizaciones no gubernamentales dedicadas al mejoramiento social basado en la democracia y el respeto por los derechos humanos. Conocen las dificultades mejor que yo, conocen mejor los peligros y las pérdidas que estos defensores de derechos humanos han sufrido con el correr de los años.

Estados Unidos está suministrando asistencia y respaldo financiero al gobierno colombiano y a las organizaciones no gubernamentales para ayudarlos a prevenir los abusos contra los derechos humanos, para ayudarlos a proteger a los defensores de los derechos humanos y para ayudarlos a mejorar la respuesta a los informes sobre abusos.

Estos programas respaldan el programa del Ministerio del Interior para la protección de defensores de derechos humanos; el Sistema de Alarmas Tempranas para identificar posibles situaciones peligrosas; la reubicación de los desplazados; la reintegración de los soldados menores; y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. También continuamos apoyando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Se asignaron aproximadamente tres y medio millones de dólares para respaldar las organizaciones no gubernamentales colombianas en la formulación de políticas, el monitoreo de casos y la educación en derechos humanos, con el propósito de mejorar la protección y la promoción de los derechos humanos.

Hemos hecho un énfasis especial en el mejoramiento del clima de los derechos humanos para las comunidades indígenas y afro-colombianas, poblaciones vulnerables en las áreas de conflicto, y la población pobre del campo.

A través de nuestras becas entregadas a organizaciones como la Organización Indígena de Cauca -ONIC-, AFRODES, Reiniciar y Ceicos, esperamos mejorar el respeto por los derechos humanos, salvaguardar a los defensores de los derechos humanos, y fortalecer la habilidad de los grupos indígenas para organizarse y coordinarse en defensa de sus perspectivas económicas, sociales y culturales exclusivas.

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- ha llevado a cabo programas de capacitación en derechos humanos en 111 municipios de todo el país. Nos complace que la Fundación para la Comunicación Popular del Cauca -FUNCOP- esté trabajando para crear siete comités municipales de derechos humanos que respondan a los llamados sobre violaciones a los derechos humanos.

Felicito a los grupos ya mencionado y a los que no tuve oportunidad de mencionar por falta de tiempo, por su labor invaluable. Puedo asegurarles que Estados Unidos continuará poniendo de su parte.

Gracias por su atención.

Bogotá, D.C.
19 de diciembre de 2003

Remarks by Ambassador William B. Wood at Human Rights NGO Meeting

Radisson Hotel, Robles Conference Room
Bogotá, December 19, 2003, 11:00AM

Versión en español

I am delighted to be here with you today, in the company of so many organizations with whom the United States works so closely to improve the lives of so many Colombians.

The United States takes human rights, and the role of civil society seriously, and has done so from its earliest days. The Constitution could not have been ratified without the ten amendments we now know as the Bill of Rights, specifying for the first time in such a fundamental national document civil and social freedoms of the individual which cannot be abridged by subsequent law. As such, it served as a model for many other national charters, including that of Colombia.

But the Constitution also contained a fundamental flaw in the area of human rights. It sanctioned slavery in the United States, a devil's bargain that in the subsequent two centuries of the life of my nation has cost more lives, created more division, and damaged more individual citizens (white and black) than any other issue. To those who would compromise human rights in the name of some imagined political expediency or personal benefit, I urge you to look at the American experience. And think again.

The Constitution also established the framework for a vibrant civil society in the United States. Just a few decades after its ratification, Alexis de Tocqueville, an acute French observer, marveled not only at the freedoms, and guarantees of freedom, in the new North American society, but also at the energetic and independent determination of private citizens to take on burdens that, in other societies, would have been passively left to government to do or to decide.

This spirit of cooperative private social action, especially regarding the rights and welfare of citizens, is one of our best exports to the world, and thrives best wherever the concept of democracy also thrives.

This is not an easy process.

Men and women of good will often disagree. Disagreement alone should never be taken for lack of good will. Rather it implies the need for constructive dialogue to identify points of agreement and to probe for possible bridges where differences are irreconcilable.

Often, the facts are murky and subject to all the flaws of information gathered in less than ideal circumstances. Differing facts should be tested as far as possible to eliminate errors.

Often, interpretations differ, a problem that has increased as agreements and commentaries on human rights issues have expanded. This expanded body of thought may complicate discussion of individual issues, and even give what should be the most human of topics an arid, technical appearance. But we should embrace it, as enriching and deepening the social dialogue on human rights, while simultaneously keeping our eye firmly on the fundamentals about which there is no disagreement, above all, protection of Colombian civilians.

One possible step forward would be for the government, NGOs, the international community, the church and others to try to compare definitions and interpretations with the goal, in the first instance, of understanding why those in disagreement think they way they do and, in the second instance, of trying to reach agreement about some common-sense approaches to these problems. Transparency on all sides is key. It is critical, in Colombia as in the United States, that civil society be able to ask the tough questions of the government and receive clear answers. It is also critical that confusion over terminology, untested assertions, and interpretations not cloud that dialogue.

In Colombia, respect for human rights is not what it should be. Violence against civilians arising from subversive, terrorist, or criminal motives is a commonplace. Just this week bombs left in shopping centers took the lives of innocent citizens in Barranquilla. Randomly. Without individual rancor, solely for the purpose of terror and intimidation. No definition of human rights can exclude such horrible acts from consideration and still claim to be relevant to the situation in Colombia or to the deliberations of the national leaders who must respond to it.

By the same token, the brutality of the self-proclaimed "self-defense" forces is equally unacceptable. As I have said many, many times, in the case of the self-defense forces, the enemy of our enemy is not our friend. The vision of Colombia they offer (of lawlessness, narcoterrorism, and violence) is one that all friends of Colombia, and all supporters of human rights, must reject, not only with words but with actions.

It is a source of continuing concern that some elements of the government, in defiance of not only the declaratory but also the real policy of the government, continue to tolerate and, in some cases, coordinate with, paramilitary elements. President Uribe has made crystal clear that such action is contrary to policy and in direct contravention of his objective of "democratic security," which he defines as "security for all."

In his December 5 speech on the occasion of the promotion of a number of senior military officers, President Uribe laid out an ambitious agenda for the Public Forces. In this regard, stressed that, and I quote "quienes portan las armas de la República no pueden incurrir en colusión con los delincuentes, ni por omisión ni por acción" (those who carry the weapons of the Republic cannot conspire with criminals, neither by omission nor by action). And perhaps even more importantly, he instructed the Public Forces: "La ciudadanía perdona el error pero no el ocultamiento.... Hay que escuchar al campesino y al citadino, y responder con prontitud a sus demandas para que confien in las fuerzas" (The people forgive mistakes, but not the hiding of them.…Everyone from peasants to city dwellers must be heard, and their demands must be promptly answered in order for them to trust our efforts).

The Uribe administration has made progress. Many of the country's leading human rights indicators, including those regarding mass displacements and murders of union leaders, have improved significantly. Internal displacement has fallen by nearly 46 percent. Murders of trade unionists decreased 63 percent through September 2003. A fully democratic referendum, and free and fair regional elections were held in October; the public debate was lively and opposition elements scored important gains.

Most importantly, every indicator that I am aware of indicates that the people of Colombia do not fear the government. Instead, they look to it for leadership, protection from their narcoterrorist enemies, and assistance in difficult times. There continues to be record popular support for President Uribe, the military, and the police. It is my experience that people know who are their enemies and in whom they should trust.

In short, I am convinced, and the United States is convinced, that the government of President Uribe is part of the solution, not part of the problem.

But the government is only part of the solution. Colombia has been blessed in recent years by many heroic defenders of human rights: journalists, democratic trade union leaders, humanitarian workers, church leaders, and non-governmental organizations dedicated to social improvement based on democracy and respect for human rights. You know better than I the difficulties and dangers, and the losses suffered over the years by these defenders of human rights.

The United States is providing assistance and financial support to the Colombian government and to non-governmental organizations to help prevent human rights abuse, to help protect human rights defenders, and to improve response to reports of abuse.

These programs provide support to the Ministry of Interior's program to protect human rights defenders, to the Early Warning System to identify potentially dangerous situations; to settle the internally displaced, to reintegrate child soldiers, and to the Office of the High Commissioner for Peace. We also continue our support for the office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Approximately $3.5 million has been set aside to support Colombian non-governmental organizations in policy formulation, case monitoring, and human rights education - with the goal of improving the protection and promotion of human rights.

We have placed special emphasis on improving the human rights climate for indigenous persons and Afro-Colombians, vulnerable populations in conflict areas, and the poor rural population.

Through our grants to organizations like the Organización Indígena del Cauca (ONIC), AFRODES, Reiniciar, and Ceicos, we hope to help improve respect for human rights, safeguard human rights defenders, and strengthen the ability of indigenous groups to organize and coordinate in defense of their unique economic, social, and cultural perspectives.

The National Association of Peasant Users (ANUC) has conducted human rights training programs in rural areas in 111 municipalities throughout the country. We are pleased that FUNCOP, the Fundación para la Comunicación Popular del Cauca, is working to create seven human rights municipal committees to respond to instances of human rights violations.

I congratulate these and many other groups that time did not allow me to honor, for their invaluable work. I can assure you that the United States will continue to do its part.

Thank you for your attention.

Bogota, D.C.
December 19, 2003