Componente social del apoyo al Plan Colombia social support

Desarrollo alternativo (erradicación voluntaria): US$30 millones
Ayuda a los pequeños agricultores que cultivan coca (tres hectáreas o menos) a obtener un ingreso lícito de la agricultura, la explotación forestal o la producción y venta de ganado. La actividad se concentra en cuatro áreas:
1. investigación aplicada de cultivos con mercados identificados;
2. extensión de un paquete de ayuda a los grupos de agricultores;
3. crédito y titulación de tierras;
4. infraestructura productiva, tales como cobertizos para empaque, sistemas de almacenamiento y drenaje, etc.
Programas ambientales: US$2,5 millones
Para proteger la biodiversidad de Colombia la cual tiene importancia mundial, haciendo hincapié en particular en la compensación del daño ecológico causado por la producción de coca y adormidera en la Amazonia colombiana, y mejorar los ambientes urbanos mediante la protección de las vertientes vecinas. Les presenta alternativas económicas a la deforestación a las comunidades que viven en zonas de absorción en torno a áreas protegidas.
Gobernabilidad local (fortalecimiento del gobierno local): US$12 millones
En aproximadamente 100 municipios involucrados en el esfuerzo de erradicación de drogas o interesados en atender el problema de las personas desplazadas, este programa estimulará las prácticas de participación en la decisión de prioridades de inversión, y en llegar a acuerdos sobre el uso de fondos de desarrollo social, incluyendo el establecimiento de supervisión y observación.
Asistencia a los desplazados internamente (dentro del país) -- Proyectos de infraestructura pequeños: US$22,5 millones
Se identificarán en el norte de Colombia hasta 50 municipios para establecer servicios conjuntos para desplazados. El apoyo a plazo medio para los desplazados se pondrá en práctica en cooperación con organizaciones internacionales a través de subsidios para proyectos de infraestructura pública tales como aulas, acueductos, construcción o reparación de carreteras o puentes o cobertizos para mercados. Las propias comunidades seleccionarán los proyectos, siempre que satisfagan los criterios de participación en el desarrollo de decisiones municipales, trasparencia en la administración financiera y participación activa en el desarrollo alternativo u otras actividades del ejercicio del gobierno. Aproximadamente 100.000 desplazados se beneficiarán de algunos o de todos los elementos del programa.
Desarrollo alternativo (Proyectos de infraestructura pequeños para comunidades existentes): US$10 millones
Mejorar la situación socioeconómica de una comunidad ayuda también a fortalecer la determinación de resistirse al cultivo adicional de drogas una vez que han sido erradicadas. El elemento socioeconómico se conseguirá mediante la administración de subsidios para proyectos de infraestructura pública tales como aulas, acueductos, construcción o reparación de carreteras o puentes o cobertizos para mercados.
Gastos de operación de la USAID: US$4 millones
Total: US$81 millones

II. SUR DE COLOMBIA

Desarrollo alternativo: US$10 millones
Ofrece paquetes de asistencia técnica y apoyo material al fortalecimiento de los gobiernos municipales y organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, servicios sociales locales tales como la educación, la salud y acueducto, y tecnología, extensión, insumos agrícolas y apoyo al mercadeo. A cambio de esto, unos 2.000 agricultores, a través de las asociaciones de agricultores, firman acuerdos para abandonar voluntariamente la producción de coca (4.600 hectáreas). La totalidad de la zona de desarrollo alternativo, que comprende 8 municipios y 20.000 familias, se beneficiará de un programa suplementario de fortalecimiento municipal y un programa de inversiónes social.
Asistencia de emergencia: US$15 millones
Asistencia hasta por seis meses (alimentación y alojamiento temporales) para familias desplazadas por el conflicto y la erradicación de la coca.
Total: US$25 millones

III. MEJORAR LA GOBERNABILIDAD

III-A. DERECHOS HUMANOS

Protección (mejorar la protección a los encargados de derechos humanos): US$4 millones
Apoyo al programa de protección del Gobierno de Colombia de hasta 86 ONG mediante la provisión de vehículos blindados, puertas de seguridad, vidrio a prueba de balas, detectores de metales y radios.
Fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos: US$7 millones
Apoyo a las ONG nacionales e internacionales para documentar incidentes y tendencias de supuestas colusión y cooperación entre elementos estatales y paramilitares. Ayudará a fortalecer el Gobierno de Colombia para que condene públicamente agresiones y violaciones (de derechos humanos), instituya investigaciones de amenazas a los derechos humanos y estructure casos para encausar a funcionarios gubernamentales que violen los derechos humanos. Apoyo a las ONG colombianas de derechos humanos para que desarrollen una red de alcance general que intercambie información entre sí y con ONG internacionales, coordinen los esfuerzos de educación y extensión y colaboren más efectivamente con las ONG para desarrollar una estrategia nacional de derechos humanos.
Establecimiento de grupos de trabajo de derechos humanos: US$25 millones
Estas unidades, creadas según modelos de grupos de trabajo contra el crimen organizado estadounidenses que han resultado exitosos, estarán conformadas por fiscales e investigadores especialmente entrenados quienes actúan en un grupo de trabajo para investigar y encausar a aquéllos acusados de haber cometido o dirigido violaciones graves de los derechos humanos. El primero de estos grupos de trabajo ha comenzado recientemente a operar desde Bogotá y está compuesto de aproximadamente 26 fiscales y 45 investigadores. Se establecerán en todo el país unidades adicionales.
Rehabilitación de los niños soldados: US$2,5 millones
Seguridad de testigos y judicial en casos de derechos humanos: US$10 millones
Apoyo a la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: US$1 millón
Monitoreo por parte del gobierno de Estados Unidos: US$1,5 millones

Subir

III-B. ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Ambiente habilitador de reformas de políticas: US$1 millón
Estimulo a reformas en el sistema judicial para aumentar sustancialmente la confianza pública. Ayuda a los tribunales a reconocer como pruebas válidas los resultados de las investigaciones técnicas. También, como un paso para mejorar el manejo de casos, el Ministerio de Justicia encargará una evaluación anual de la condición y disposición de casos llevados ante el sistema judicial.
Reformas de políticas - código penal: US$1,5 millones
Asistencia a los representantes de las ramas ejecutiva y judicial, junto con miembros de los círculos académicos y otros grupos de la sociedad civil, para reformar el código penal de Colombia. Esto incluirá la definición de los elementos de culpabilidad, normas de prueba y procedimientos para presentar diferentes tipos de pruebas en casos penales. Asistencia a las ONG colombianas y a la rama ejecutiva para asegurar que el público esté al tanto de las directrices utilizadas por el sector judicial. Esta campaña pública es especialmente importante en áreas de desarrollo alternativo y entre los desplazados internos, donde las reglas del procedimiento legal no se comprenden bien y el proceso en sí está estableciéndose.
Entrenamiento de fiscales: US$4 millones
La oficina del Fiscal General de Colombia ha aceptado un programa de entrenamiento amplio para sus fiscales y la policía judicial con un enfoque de trabajo en grupo para análisis de casos. La Fiscalía entrenará a los fiscales en:
1. técnicas de entrevista efectivas,
2. trabajo en equipo con investigadores,
3. planificación investigativa efectiva para que las acusaciones se presenten oportunamente, basadas en la causa probable y
4. capacitación en litigación oral y sobre las reglas probatorias para llevar a cabo juicios orales como lo ordenan las reglamentaciones del Consejo Superior de la Judicatura.
Juicios públicos acusatorios orales (entrenamiento de jueces): US$3,5 millones
Asistencia al Gobierno de Colombia a que el sistema judicial, mediante el uso de juicios públicos acusatorios orales sea más trasparente, responsable y observe mejor la reglamentación y la ley colombianas. El Consejo Superior de la Judicatura prepara reglamentaciones de procedimiento para el funcionamiento de estos tribunales. Los aspectos procesales de la puesta en práctica de los juicios públicos acusatorios orales se coordinará con la oficina del Procurador General, con asistencia técnica del Departamento de Justicia de Estados Unidos. A medida que se desenvuelve el desarrollo procesal, asistencia al Consejo Superior de la Judicatura para seleccionar y restaurar los recintos de los tribunales de modo que puedan iniciarse los juicios acusatorios orales.
Casas de Justicia: US$1 millón
Para que los servicios judiciales estén ampliamente disponibles para todos los colombianos, la USAID comenzó en 1995 a ayudar al Ministerio de Justicia a instalar centros judiciales multiagenciales, llamados Casas de Justicia, en nueve municipios marginales. Estos centros incluyen un defensor público, un defensor del ciudadano (ombudsman), un mediador público, un fiscal y, en ciertos casos, oficiales de servicios sociales. La intención es poner al alcance de personas que, de otro modo, no podrían o no querrían beneficiarse de los tribunales, adjudicación formal y anexa al tribunal de casos menores civiles y penales. El Ministerio de Justicia se propone instalar quince Casas de Justicia entre 2000 y 2001.
Defensores públicos: US$2 millones
Para mejorar la equidad del sistema judicial, asistencia al Gobierno de Colombia para asegurar, mediante defensores públicos, el debido proceso y la representación adecuada de los acusados pobres. Asistencia para entrenar a estas personas tanto en la representación legal como en sus obligaciones de derechos humanos. Para retener el conjunto de defensores públicos adiestrados y colocarlos dentro de una estructura que asegure un desempeño de calidad, ayuda también al Gobierno de Colombia a emplear formalmente defensores públicos como empleados civiles, en lugar de contratar abogados de medio tiempo, como es el caso actualmente.

Subir

III-C. EJECUCIÓN DE LA LEY

Confiscación de bienes; grupo de trabajo contra el lavado de dinero; programa de administración de bienes (confiscados); programa contra el crimen financiero; unidades investigativas antinarcóticos: US$15 millones
Combina en uno, puntos que anteriormente estaban separados. Asistencia para la formación de grupos de trabajo especialmente entrenados, el desarrollo de sistemas efectivos para administrar y disponer de bienes confiscados, fortalece los esfuerzos para apoyar la responsabilidad y la trasparencia en el gobierno.
Estrategia contra el secuestro: US$1 millón
Un programa para investigar y enjuiciar el secuestro y la extorsión. El programa sería multifacético, incluyendo el desarrollo de un centro para coordinar el intercambio de inteligencia e información y el desarrollo de un grupo de trabajo para investigar y enjuiciar estos tipos de delitos, inteligencia e información financiera y apoyar el intercambio de información entre Colombia y sus contrapartes.
Academia de entrenamiento de la policía judicial: US$3 millones
Apoyo al desarrollo de una academia unificada de adiestramiento en ejecución de la ley para todos los investigadores de la policía colombiana, con el fin de poner en práctica un programa de estudios normalizado. Los pasos iniciales requerirían la selección de un sitio y el diseño apropiado de una instalación de entrenamiento. El siguiente paso sería poner en práctica un programa de estudios con instructores y recursos apropiados.
Seguridad de testigos y seguridad judicial: US$5 millones
Brinda apoyo tanto a los testigos como a los funcionarios judiciales que ahora corren peligro, y apoya el desarrollo de un programa de seguridad de testigos y seguridad judicial en curso. Evaluación de testigos y programas de seguridad judicial y asistencia en el desarrollo de políticas y procedimientos apropiados.
Adiestramiento de la Policía Aduanera: US$2 millones
Estados Unidos apoyará el desarrollo de un programa de estudios y evaluación de necesidades para el entrenamiento de la Policía Aduanera asociada al Servicio de Aduanas de Colombia (DIAN), incluyendo el desarrollo de programas de entrenamiento y evaluación de recursos necesarios para desarrollar capacidades investigativas al igual que inspecciones y controles fronterizos.
Ejecución de la ley marítima y seguridad portuaria: US$2,5 millones
Apoyo y asistencia en capacitación para un programa abarcador de seguridad marítima y portuaria que incluye la coordinación con el Grupo de Trabajo Antinarcóticos, la Policía Aduanera y la Unidad de Inteligencia Financiera. Este programa también observará y revisará la relación entre la oficina del fiscal colombiano y la Armada colombiana respecto de la recopilación, trasferencia y preservación de pruebas.
Iniciativa de casos multilaterales: US$3 millones
Apoyo y ampliación de la iniciativa colombo-americana para investigar, enjuiciar y arrestar a los traficantes de narcóticos y lavadores de dinero trasnacionales, coordinando actividades con otras naciones latinoamericanas y caribeñas. Ya han tenido lugar reuniones iniciales entre funcionarios de ejecución de la ley estadounidenses, colombianos y dominicanos.
Seguridad de prisiones: US$4,5 millones
Mejorar el entrenamiento del personal correccional, comenzando por la aplicación de procedimientos y políticas en una nueva prisión situada en Valledupar, cerca de Barranquilla. El programa extendería luego los modelos exitosos a todo el sistema.
Asistencia en supervisión bancaria, asistencia para mejorar los ingresos fiscales y para la capacitación aduanera: US$2.5 millones
Ofrece al Gobierno de Colombia asistencia técnica y entrenamiento para mejor supervisión del sector financiero. Financia también la capacitación de la Policía Aduanera colombiana asociada al Servicio de Aduanas de Colombia y le presta asistencia, y apoya la recolección de ingresos fiscales.
Crimen financiero organizado: US$14 millones
Programa abarcador para investigar y enjuiciar por delitos financieros relacionados con los narcóticos, inclusive el llamado mercado negro del divisas.
Reforma legal y de derechos humanos en las fuerzas armadas: US$1,5 millones
Escuela de Auditoría del Ejército: US$1 millón
Total: US$119 millones

Subir

IV. APOYO AL PROCESO DE PAZ

Seminarios y análisis (manejo de conflictos y proceso de paz comparativo): US$3 millones
Si bien Estados Unidos no desempeña un papel directo en el proceso de paz, este programa ayudará al Gobierno de Colombia a evaluar sus estrategias de negociación y refinar los enfoques de las numerosas cuestiones sociales y económicas que rodean las negociaciones con las FARC, el ELN y los diversos grupos económicos y sociales de la ciudadanía colombiana. La ayuda la proveerán universidades y otros grupos de la sociedad civil para recopilar datos con el fin de suministrar información para discutir problemas y hacer evaluaciones informales sobre cómo podría ponerse en práctica la paz después de un arreglo negociado.

V. DESARROLLO ECONÓMICO ALTERNATIVO REGIONAL

Ecuador -- Desarrollo alternativo/frontera norte: US$8 millones

GRAN TOTAL DEL COMPONENTE SOCIAL DEL APOYO DE ESTADOS UNIDOS AL PLAN COLOMBIA: US$321 millones

The Social Side of U.S. Support for Plan Colombia

Quick Reference Breakdown

Versión en español

Department of State
Office of Western Hemisphere Affairs

COLOMBIA

Alternative Development and other social/economic programs

II. Alternative Development and other social/economic programs (southern Colombia only): $25M

III. Improve Governing Capacity: $119M

IV. Support for the Peace Process: $3M

COLOMBIA TOTAL: $228M

V. Regional Alternative Development Total: $93M

...GRAND TOTAL U.S. SOCIAL SUPPORT: $321M

Top

I. ALTERNATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT AND RESETTLEMENT

Alternative Development (Voluntary Eradication): $30M
To assist small farmers who grow coca (three hectares or less) to obtain a licit income from agricultural, forestry, or livestock production and marketing. The activity concentrates in four areas:
1. applied research on crops with identified markets;
2. extension of an assistance package to farmer groups;
3. credit and land titling;
4. productive infrastructure, such as packing sheds, storage and drainage systems, etc.
Environmental Programs: $2.5M
To protect Colombia's globally important biological diversity, with particular emphasis on offsetting ecological damage done by coca and poppy production in the Colombian Amazon, and to improve urban environments by protecting neighboring watersheds. Introduces economic alternatives to deforestation for communities living in buffer zones around protected areas.
Local Governance (Local Government Strengthening): $12M
In approximately 100 municipalities involved in the drug eradication effort or interested in addressing the problems of displaced persons, this program will encourage participatory practices in deciding on priority investments, reaching agreement on the use of social development funds, including establishing oversight and monitoring.
Assist Internally Displaced Persons (IDPs) -- Small Infrastructure Projects: $22.5M
Up to 50 municipalities will be identified in northern Colombia for establishment of co-located services for IDPs. Medium term support for displaced persons will be implemented in cooperation with international organizations through grants for public infrastructure projects such as schoolrooms, water systems, road or bridge construction or repair, or market shelters. The communities themselves will select the projects, provided that they meet criteria for participation in the development of municipal decisions, transparency in financial management, and active participation in alternative development or other governance activities. Approximately 100,000 displaced persons will benefit from some or all of the program elements.
Alternative Development (Small Infrastructure Projects for existing Communities): $10M
Improving the socio-economic situation of a community also helps strengthen resolve to resist additional drug cultivation once eradicated. The socio-economic element will be accomplished through management of grants for public infrastructure projects such as schoolrooms, water systems, road or bridge construction or repair, and market shelters.
USAID Operating Expenses: $4M
Total: $81M

Top

II. SOUTHERN COLOMBIA

Alternative Development: $10M
Provides package of technical assistance and material support for municipal government and local NGO strengthening, local social services such as education, health and water, and technology, extension, agricultural inputs and marketing support. In exchange, some 2,000 farmers, through farmer associations, sign agreements to voluntarily abandon coca production (4,600ha). The entire Alternative Development zone, comprising 8 municipalities and 20,000 families, will benefit from a supplemental program of municipal strengthening and a social investment program.
Emergency Assistance: $15M
Assistance for up to six months (temporary food and shelter) for families displaced by conflict and coca eradication.
Total: $25M

III. IMPROVING GOVERNING CAPACITY

III-A. HUMAN RIGHTS

Protection (Enhance Protection of HR Workers): $4M
Support of the GOC protection program for up to 86 NGOs though the provision of armored vehicles, reinforced doors, bulletproof glass, metal detectors, and radios.
Strengthen Human Rights Institutions: $7M
Support domestic and international NGOs to document incidents and patterns of alleged state-paramilitary collusion and cooperation. It will help strengthen the GOC to publicly condemn attacks and violations, institute investigations of human rights threats, and build cases for the prosecution of government officials who violate human rights. Support Colombian human rights NGOs to develop an umbrella network to share information with each other and with international NGOs, coordinate education and outreach efforts, and collaborate more effectively with the GOC to develop a national human rights strategy.
Establish Human Rights Task Forces: $25M
These units, modeled after successful U.S. organized crime task forces, will consist of specially trained prosecutors and investigators who work in a task force to investigate and prosecute those alleged to have committed or directed serious human rights abuses. The first such task force has recently begun operating from Bogota and is made up of approximately 26 prosecutors and approximately 45 investigators. Additional units will be established around the country.
Child Soldier Rehabilitation: $2.5M
Witness/Judicial Security in Human Rights Cases: $10M
Support for U.N. Human Rights Office: $1M
USG Monitoring: $1.5M

Top

III-B. ADMINISTRATION OF JUSTICE

Policy Reform-Enabling Environment: $1M
Encourage reforms in the judicial system to substantially increase public trust. Assist the courts to recognize the results of technical investigations as valid evidence. Also, as a step towards improved case management, the Ministry of Justice will commission an annual evaluation of the status and disposition of cases brought before the judicial system.
Policy Reform-Criminal Code: $1.5M
Assist executive and judicial branch representatives together with academics and other civil society groups to reform Colombia's criminal code. This will include definition of the elements of guilt, standards of proof, and procedures for presenting different types of evidence in criminal cases. Assist Colombian NGOs and the Executive Branch to ensure that the public becomes aware of the guidelines used by judicial sector actors. This public campaign is particularly important in alternative development areas and among the internally displaced, where the rules of the legal process are not well understood and the process itself is being established.
Prosecutor Training: $4M
The Colombian Prosecutor's Office has agreed to across-the-board retraining of its prosecutors and police investigators in a team approach to case work. The Colombian prosecutor's office will train all prosecutors in 1) effective interview techniques, 2) team work with investigators, 3) effective investigative planning so that indictments will be brought on a timely basis based on probable cause, and 4) oral advocacy skills and training in the rules of evidence to conduct oral trial as mandated by the regulations of the Superior Judicial Council.
Oral Accusatory Public Trials (Judge Training): $3.5M
Assist the GOC to make the judicial system more transparent, accountable and compliant with Colombian regulation and law through use of oral, accusatory public trials. The Superior Judiciary Council is preparing procedural regulations for the conduct of these courts. Prosecutorial aspects of the implementation of oral accusatory public trials will be coordinated with the office of the Prosecutor General, with technical assistance from the U.S. Department of Justice. As the procedural development takes place, assist the Superior Judiciary Council in selecting and refurbishing courtrooms so that oral accusatory trials can begin.
Casas de Justicia: $1M
To make judicial services broadly available to all Colombians, USAID began in 1995 to assist the Ministry of Justice to install multi-agency judicial centers called Casas de Justicia in nine marginal municipalities. These centers include a public defender, an ombudsman, a public mediator, a prosecutor, and in some cases, social service officers. The intent is to bring formal, court-annexed adjudication of minor civil and criminal cases into the reach of persons who would otherwise be unable or unwilling to take advantage of the courts. The Ministry of Justice intends to install fifteen Casas in both 2000 and 2001.
Public Defenders: $2M
To improve the fairness of the judicial system, assist the GOC to assure due process of law and adequate representation of poor defendants by public defenders. Assist in training these persons in both legal representation and in their human rights duties. To retain the trained cadre of public defenders and to place them within a framework that ensures quality performance, also assist the GOC to formally employ public defenders as civil employees instead of using part-time contract lawyers, which is now the case.

Top

III-C. LAW ENFORCEMENT

Asset Forfeiture/Money-Laundering Task Force/Anti-corruption program/Asset Management Program/Financial Crime Program Counternarcotics Investigative Units: $15M
Combines previous separate line items into one. Assist in formation of specially trained task forces, development of effective systems for managing and disposing of seized assets, strengthen efforts to support accountable and transparent government.
Anti-Kidnapping Strategy: $1M
A program to investigate and prosecute kidnapping and extortion. The program would be multi-faceted, including the development of an operations center to coordinate intelligence and information sharing and the development of a task force to investigate and prosecute these types of crimes, financial intelligence and information, and support for information exchange between Colombia and counterparts.
Judicial Police Training Academy: $3M
Support for the development of a unified law enforcement training academy for all Colombian police investigators in order to implement a standard curriculum. Initial steps would require appropriate site selection and design for a training facility. The next step would be to implement a curriculum with appropriate instructors and resources.
Witness and Judicial Security: $5M
Provides support both for witnesses and judicial officials now in danger and support for the development of an ongoing witness and judicial security program. Evaluation of witness and judicial security programs and assistance in developing appropriate policies and procedures.
Train Customs Police: $2M
The U.S. will support curriculum development and needs assessment for training of Customs Police affiliated with Colombian Customs Service (DIAN), including development of training programs and evaluation of resource needs to develop investigative capacities as well as border inspections and controls.
Maritime Enforcement and Port Security: $2.5M
Supports and provides training assistance for a comprehensive maritime and port security program, including coordination with the Counter-narcotics Task Force, the Customs Police and the Financial Intelligence Unit. This program also will monitor and revise the relationship between the Colombian prosecutor's office and the Colombian Navy with respect to the collection, transfer and preservation of evidence.
Multilateral Case Initiative: $3M
Supports and expands U.S./Colombian initiative to investigate, prosecute, and arrest transnational narcotics traffickers and money launders, coordinating activities with other Latin American and Caribbean nations. Initial meetings have already taken place between U.S., Colombian and Dominican law enforcement officials.
Prison Security: $4.5M
Enhances training of correction staff, beginning by implementing procedures and policies at a new prison located at Valledupar near Barranquilla. The program would then expand successful models to the system as a whole.
Banking Supervision Assistance, Revenue Enhancement Assistance, and Customs Training Assistance: $2.5M
Provides technical assistance and training to the GOC for improved supervision of the financial sector. Also funds training and support for Colombian Customs police affiliated with the Colombian Customs Service as well as support for revenue collection.
Organized Financial Crime: $14M
A comprehensive program to investigate and prosecute narcotics-related financial crimes, including the so-called Black Market Peso Exchange.
Military HR & Legal Reform: $1.5M
Army JAG School: $1M
Total: $119M

Top

IV. SUPPORT FOR THE PEACE PROCESS

Seminars and Analysis (Conflict Management and Comparative Peace Process): $3M
While the United States has no direct role in the peace process, this program will assist the Government of Colombia to evaluate its negotiation strategies and refine approaches to the numerous social and economic issues that surround the negotiations with the FARC, the ELN, and the various Colombian economic and social constituency groups. Assistance will be provided to universities and other civil society groups to gather data to inform the discussion of issues and to make informal assessment of how a peace might be implemented after the negotiated settlement.

V. REGIONAL ALTERNATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT

Ecuador -- Alternative Development/Northern Border: $8M

GRAND TOTAL, SOCIAL SIDE OF U.S. SUPPORT FOR PLAN COLOMBIA: $321 million

Top Subir

Washington, D.C.
10 de julio de 2000

Documentos de la Administración Clinton