Funcionarios de EE.UU. declaran sobre
Iniciativa Regional Andina

Dos funcionarios de Estados Unidos encargados de coordinar la estrategia de la Administración Bush para la región andina dicen que la atención de la amplia gama de desafíos que enfrenta el área debe fortalecer la democracia, proveer para el desarrollo económico y social y reducir en la fuente la oferta de drogas ilícitas destinadas hacia Estados Unidos.

Al declarar el 11 de julio ante una subcomisión del Senado, Rand Beers, secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, dijo que la propuesta de US$882 millones para la Iniciativa Regional Andina (ARI) reconoce que ninguna nación del área "esta libre del narcotráfico o de las consecuencias enfermantes de otras formas de crímenes y de la corrupción". Para combatir esas enfermedades, dijo, la Administración propone un política regional en lugar de una política "centrada en Colombia" y un amplio e integrado paquete de ayuda que ligue la democracia con el desarrollo y también con las iniciativas contra las drogas ilícitas.

Beers afirmó que el Plan Colombia, el plan del gobierno colombiano para enfrentar los complejos problemas de esa nación, ya "está bastante avanzado y va dando buenos resultados iniciales". Además de frenar el flujo de narcóticos que entran a Estados Unidos, el paquete de ayuda estadounidense a Colombia, por un total de US$1,3 millardos, tiene la intención de apoyar las reformas institucionales y judiciales, así como el avance económico de la nación.

Beers le explicó a la Subcomisión de Asignaciones del Senado para Operaciones en el Extranjero que de los US$882 millones para la ARI, US$731 millones irán a combatir las drogas ilícitas según la llamada Iniciativa Andina contra las Drogas Ilícitas. La mitad de esos US$731 millones será para los otros países andinos, además de Colombia. Beers dijo que al seguir este curso "queremos impulsar los esfuerzos exitosos y el tremendo progreso que hemos logrado contra los narcóticos en países como Perú y Bolivia, impidiendo al mismo tiempo una mayor expansión del problema del narcotráfico a otras áreas de la región, como Brasil, Panamá, Venezuela y Ecuador.

Beers también reiteró que el glifosato, utilizado en las operaciones de erradicación aérea de los cultivos de coca que prescribe el Plan Colombia, es uno de los herbicidas menos dañinos disponibles actualmente en el mercado mundial. Como lo ha hecho antes en numerosas ocasiones, Beers refutó las denuncias de que el glifosato es un riesgo para la salud de los seres humanos, y dijo que es utilizado en Estados Unidos y en más de 100 países, y que ha sido examinado rigurosamente para asegurarse de su innocuidad.

Sin embargo, Beers apuntó que "nos sentimos obligados a comprobar las versiones de que enferma a la gente". En ese sentido, el Gobierno de Estados Unidos patrocina un estudio sobre el tema. Agregó que se hacen "todos los esfuerzos" para proteger las operaciones agrícolas legítimas de posibles daños provocados por el programa de erradicación aérea.

Mientras tanto, Michael Deal, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dijo que la ARI opera sobre la premisa de que los problemas de la región, causados por las drogas ilícitas y la violencia, "no se resolverán de modo sostenible a menos que las causas fundamentales de esos problemas también sean atendidas". En ese sentido, dijo que las instituciones democráticas de la región deben fortalecerse, que los gobiernos locales y municipales deben aumentar su presencia en las áreas rurales y proporcionar mejores servicios a los pobres de las áreas rurales, y que el sistema de justicia debe ser más accesible y eficiente. Además, declaró que la protección de los derechos humanos debe mejorar en la región.

Deal, viceadministrador adjunto de USAID para América Latina y el Caribe, dijo que después de una década de trabajo en Bolivia y Perú, Estados Unidos percibe que una "estrategia de tres elementos: erradicación, interceptación y desarrollo alternativo ha reducido drásticamente el cultivo de la coca en ambos países". Dijo también que los programas de desarrollo alternativo dan resultados al animar a los agricultores a emprender cultivos legales en lugar de continuar con la coca. Pero para que el desarrollo alternativo dé resultados, los agricultores necesitan alternativas creíbles, y los gobiernos y organizaciones locales deben aplicar presión y proporcionar incentivos para que toda la comunidad se mantenga apartada de los cultivos ilícitos.

Deal informó que en Colombia, a pesar de grandes desafíos, el número de agricultores que están de acuerdo en participar voluntariamente en programas de desarrollo alternativo y erradicar la coca ha sido "bastante prometedor". Un programa de erradicación de la amapola en Colombia la ha eliminado ya en 675 hectáreas y ha resultado en 600 hectáreas de cultivos productivos legales que benefician a 770 familias en las zonas montañosas de Tolima, Huila y Cauca. Dijo además, que en los valles de Perú donde se cultiva coca, más de 27.000 hectáreas de cultivos legales como café, cacao, palmito y piña han generado cerca de 10.000 empleos de tiempo completo, mientras que en la región del Chapare, en Bolivia, donde una vez se cultivaban 44.000 hectáreas de coca, ahora hay más de 114.000 hectáreas de cosechas legales y pastos.

Señaló Deal que a la ARI se la debe considerar como "el programa nacional en cada uno de los países afectados, que responde a sus prioridades y problemas", y agregó que: "Ellos son los que tendrán que hacer este trabajo. Nuestro papel es el de facilitar el proceso, trabajando con ellos durante los próximos años en este esfuerzo".

Beers y Deal declararon ante el escepticismo de varios miembros de la Subcomisión, sobre si los esfuerzos de la Administración en la región andina tienen éxito. Por ejemplo, el Presidente de la Subcomisión, el senador Patrick Leahy (demócrata de Vermont) dijo que "no obstante las buenas intenciones, la iniciativa andina contra las drogas no reducirá de manera apreciable el flujo de narcóticos de la región, este año o en el futuro". El miembro Republicano de más alto rango en la Subcomisión, el senador Mitch McConnell (de Kentucky) dijo que aunque la IRA aborda la propagación del narcotráfico de Colombia hacia los países vecinos, "debe hacerse mucho más para promover consultas regionales, coordinación de actividades de aplicación de la ley así como compartir inteligencia y experiencia".

Los funcionarios declararón el día siguiente a la aprobación de US$676 millones para la Iniciativa Andina contra las Drogas en la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, US$55 millones menos de lo solicitado por la Administración Bush. La medida fue parte del proyecto de ley de US$15.200 millones que la Comisión aprobó para la ayuda exterior de Estados Unidos durante el año fiscal 2002.

Washington, D.C.
11 de julio de 2001